Editorial de Prensa Libre (08 dic 09)
A lo largo del año que está por terminar han sido linchadas 44 personas, con un repunte muy dramático en los últimas dos semanas, que registran un total de ocho muertos en circunstancias parecidas.
En cada caso reportado se observa un patrón similar, que es el de grupos comunitarios que pretenden aplicar justicia por su propia mano, sin mediar acusación ni mucho menos el debido proceso para los supuestos delincuentes, quienes terminan sufriendo el linchamiento sin que se les haya probado responsabilidad en los delitos imputados.
Es un cuadro dramático el que estamos viviendo, pero hay que reconocer que hay un trasfondo de peso, y es que la población sigue sin recuperar la confianza en las fuerzas de seguridad y en las autoridades judiciales.
Algunas versiones emanadas del Ministerio de Gobernación pretenden endosar estos hechos a dirigentes políticos de oposición, hasta ahora sin presentar pruebas, lo que pareciera más una rebuscada justificación, mientras que a la vista está que se trata de un problema que se ha arrastrado desde hace años en diversas comunidades y que ahora muestra una penosa agudización.
Los linchamientos no tienen ninguna razón de ser. Se trata de una respuesta violenta a la inseguridad y a la falta de un eficiente estado de Derecho en el país, que además no hace más que aumentar el problema de ingobernabilidad y, sin duda, crece el temor en la población a reacciones incontroladas con brutal violencia en los lugares en donde estos hechos se han registrado.
El turismo, tanto local como extranjero, también se abstiene de visitar sitios que reportan este tipo de sucesos, ya que el grado de inseguridad aumenta, pues se teme no solo a los delincuentes que puedan estar operando localmente, sino a los pobladores que puedan mostrar esa violencia sin que prive un criterio jurídico en sus acusaciones, ya que muchas veces ni siquiera se tienen todas las pruebas como para que se explique una agresión a los supuestos responsables de hechos delictivos.
Estamos también ante otra demostración del grado de descomposición social al que hemos llegado, por todos los factores mencionados. Ciertamente el Gobierno ha sido incapaz de contrarrestar los secuestros, las extorsiones, los robos y asaltos, mientras que el Ministerio Público y los tribunales no muestran una actitud de firme y pronta aplicación de justicia, pero ello no justifica que la población se considere a sí misma como juez y verdugo al mismo tiempo.
Como hemos señalado, el tema no es nuevo, pero es necesario contar con una política para ponerle fin, pues, de lo contrario, se seguirá informando, nacional e internacionalmente, de la forma irracional en que los guatemaltecos reaccionamos ante situaciones sensibles.
La impunidad no se combate con más violencia. Adicional a eso hay que recordar que la aplicación de la justicia debe llegar también a los responsables de estos linchamientos, porque se trata de un crimen quizá más condenable que el que se pretende castigar.
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