por Carol Zardetto
elPeriódico (11 dic 09)
Estamos casi al final del año y al hacer recuento de su legado, no debemos olvidar el terrible dato: más de cien linchamientos fueron orquestados en diversos lugares del país.
Las especulaciones sobre las razones de este fenómeno son abundantes: algunos lo atribuyen a la implementación de la justicia maya, otros a una oscura orquestación de los poderes paralelos interesados en desestabilizar el país. La mayoría parece estar de acuerdo en que refleja el hartazgo de la población ante la inseguridad.
La cuestión es confusa y quizá difícil de dilucidar del todo, pero hay ciertos temas estrechamente vinculados que debemos considerar, pues los linchamientos son solamente una de las formas que toma un fenómeno más grande. Cada vez con mayor frecuencia y con incidencias más graves, los ciudadanos ocupan el vacío que está dejando el Estado con su inercia e ineficacia. Con el objetivo de patrullar las calles y combatir la criminalidad, los pobladores de diversos lugares se organizan para formar grupos armados. Juntas Locales de Seguridad Ciudadana han dado en llamarse en algunos sitios. Estos grupos son conocidos por cometer una serie de abusos amparados en la labor que realizan. Muchos se dedican impunemente a la limpieza social o simplemente a ejecutar ‘vendettas’ personales. De hecho, hay sindicaciones de que son estas juntas las que en muchos casos organizan los linchamientos. En San Juan Cotzal, por ejemplo, los miembros de una de estas agrupaciones lincharon a dos miembros de la PNC.
A raíz de la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala, se redujo el Ejército en número de efectivos, pero también en términos de poder e influencia. Tenía sentido si la concentración de poder se hubiera trasladado a instituciones civiles, sin embargo no sucedió. Por el contrario, la PNC está cada vez más debilitada debido a la amplia corrupción que la embarga y el sistema de justicia no responde. Así, el Estado ha perdido el poder de coerción para mantener el país en orden y, para colmo de males, le ha trasladado a la población esa responsabilidad. Si la situación se sigue saliendo de control, estamos cerca de ver a ejércitos “informales” tomar el lugar que debería ocupar el Estado.
El vacío de poder es peligroso y debe atenderse sin demora. Es por ello que, desmantelar la organización criminal dentro de la PNC, resolver la corrupción en el sistema penitenciario y hacer del sistema de justicia un mecanismo eficaz son tareas que no admiten demora. Si el Gobierno continúa en estado de inercia e imperturbabilidad, nos corresponde a los ciudadanos empujarlo. No veamos el espectáculo macabro de las turbas linchando delincuentes con complacencia. El caos que anuncian estos acontecimientos pude arrastrarnos a todos.
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