Por L. Reynolds y J.M. Castillo
elPeriódico (08 dic 09)
Ciento nueve linchamientos en lo que va de 2009 con un saldo de 41 muertos y 211 heridos contabiliza un monitoreo realizado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siendo Guatemala, Petén, Quiché y Huehuetenango los departamentos con el mayor número de casos.
El último incidente se registró el domingo en Panajachel, Sololá, donde Walter González García, de 30 años, sindicado de robar Q7 mil y unas escrituras, murió tras ser vapuleado por una turba.
Nora Silda Vicente Castillo, Yanet González García y Silvia González García se salvaron de morir tras la intervención de las fuerzas de seguridad y se produjo un enfrentamiento entre estas y los pobladores dejando cuatro patrullas y la subestación de la PNC quemadas, varios vehículos particulares dañados.
Este es el segundo ajusticiamiento registrado en Sololá en las últimas dos semanas. El primero ocurrió el 27 de noviembre cuando tres presuntos extorsionistas fueron linchados en la cabecera departamental. Anoche, se conoció sobre la retención de una persona a quienes los pobladores de Santiago Chimaltenango, Huehuetenango, acusaban de secuestro. Al cierre de la edición los pobladores lo mantenían retenido.
ESTADO DÉBIL
“Cuando sucede un linchamiento hay una ola de gente que hace lo mismo, como por imitación. Esto se da porque no ha habido una respuesta frontal del Estado para combatir estos hechos”, afirma Carmen Rosa de León Escribano, directora del Instituto de Enseñanza Para el Desarrollo Sostenible (Iepades).
Para Carmen Aída Ibarra, analista del Movimiento Pro Justicia, los linchamientos deben interpretarse como “movilizaciones comunitarias al margen de los límites que establece la Constitución que pueden responder a la desesperación de la población y una pérdida de gobernabilidad”. Sin embargo, De León señala que es difícil establecer una correlación entre altos índices de criminalidad y el linchamiento como respuesta ya que Sololá es uno de los departamentos del país donde menos homicidios se registran en el país.
“El Estado y los medios de comunicación siempre dicen que la gente cansada de esperar justicia recurre a eso, lo cual crea una exculpación de este tipo de acciones. En vez de rechazar este tipo de acciones parece que se les tolera y se les impulsa”.
CRIMENES SIN CASTIGO
De León atribuye el efecto de “ola” o imitación que caracteriza el fenómeno del linchamiento a la falta de acciones punitivas contra los autores intelectuales y materiales de estos crímenes.
Guillermo Melgar, vocero del Organismo Judicial (OJ), afirma que parte del problema es el hecho de que “actuar en un grupo no está tipificado en el Código Penal, es decir, nuestra legislación no puede seguir a toda la muchedumbre”. Por ello, actualmente existe un proyecto de ley en el Congreso que busca tipificar el linchamiento como delito.
GRUPOS PARALELOS
De León afirma que es necesario preguntarse quién se beneficia de la destrucción de la infraestructura estatal –subestación de la PNC, gobernación departamental– en los municipios como Sololá y afirma que grupos vinculados al crimen organizado podrían estar detrás de la última ola de ejecuciones.
Iduvina Hernández, directora de Seguridad en Democracia, coincide con De León y agrega que podría haber actores políticos interesados en crear una situación de ingobernabilidad en el lugar. “Hay algunos que se benefician de atacar procesos de acción social participativa en esas comunidades”.
Sin embargo, Ibarra afirma que “hay lugares donde el crimen organizado usa los linchamientos para limpiar el área donde operan, pero por lo general suelen hacerlo mediante el sicariato”.
Fracasan esfuerzos de prevención
En 1999 el OJ creó la Comisión Nacional de Prevención de Linchamientos, organismo que integra a 20 entidades estatales y de la sociedad civil, incluyendo el Ministerio Público, la PNC y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
Esta última se encarga de alertar a líderes comunitarios que puedan actuar como mediadores en el momento en que empieza a fraguarse un linchamiento. Sin embargo, Guillermo Melgar, reconoce que “este trabajo no está siendo del todo efectivo” y afirma que en el episodio de Sololá la población hizo caso omiso de los líderes comunitarios que integran la comisión y que muchos de estos “preferían no participar porque corría peligro su vida”.
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Nota similar en Prensa Libre: Preocupa falta de interés en prevenir linchamientos
Entrevista en Emisoras Unidas: "La Asociación de Organizaciones Indígenas de Guatemala se pronunció en contra de los linchamientos que suceden en el país, a través de su portavoz, Ricardo Cajas, quien dejo en claro que esta práctica nos es parte del derecho indígena."
Seguimiento de noticia en elPeriódico (entrevista), 9 dic 09: AQUÍ
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