Interpretación política de los linchamientos

por Carlos A. Mendoza
Chicago, IL (07 dic 09)

Ya llevo varios años insistiendo en la necesidad de comprender correctamente la naturaleza de los linchamientos para poder evitarlos. Pero debido a la falta de información sobre el fenómeno, recopilada sistemáticamente por parte del mismo Estado, y a la emisión de diversas hipótesis sin suficiente fundamento empirico, las autoridades siguen perdidas respecto a cómo evitar la difusión geográfica de este tipo de violencia colectiva.

Hace pocos días ocurrió un linchamiento en Sololá, cabecera departamental, y ayer ocurrió otro en Panajachel, pueblo a orillas del Lago de Atitlán, a pocos kilómetros de Sololá. Las características de ambos son similares: se da voz de alarma sobre supuestos criminales, la comunidad reacciona rápidamente para capturarlos, la policía toma custodia de los sospechosos, quienes después son reclamados por la turba. La diferencia es que, en el último caso, las mujeres fueron suficientemente protegidas por la policía, que les salvó la vida. No corrieron la misma suerte los capturados en Sololá.

Interpretación oficial

Lo que me preocupa, además de la frecuencia con la que nuevamente se están dando los linchamientos, es que las máximas autoridades salgan con excusas de tipo político, que únicamente reflejan su ignorancia sobre el tema. La nota publicada hoy por Prensa Libre (por Julajuj, Lara, López y Sáenz) deja testimonio de ello:

Raúl Velásquez, ministro de Gobernación, afirmó que los recientes linchamientos, además de ser un delito, pueden llegar a tener “tinte político”. “No puedo señalar a ningún partido político, pero sí puedo decir que líderes locales que han participado en política han estado involucrados”. [fin de la cita]

Es cierto que persiste la discusión sobre si los linchamientos son cien por ciento espontáneos o si, por el contrario, son planificados previamente por instigadores con objetivos inconfesables. Yo he dicho que los datos de la MINUGUA apoyan más la primera hipótesis que la segunda. Pero no niego que puedan darse algunos casos de abierta manipulación sobre la población. Lo importante es comprender las condiciones que facilitan esa movilización violenta, sin importar tanto el contexto particular.

La declaración del Ministro de Gobernación parece un intento de responsabilizar a otros y, de esta manera, liberar de responsabilidad al Gobierno de la República ante su evidente incapacidad. Su ineficacia en la prevención del delito es doble. Primero, para disminuir las tasas de delincuencia que desesperan a la población, lo cual facilitan su movilización. Segundo, para garantizar la integridad física y el debido proceso de los capturados por supuestos delitos.

En lo que sí coincido con el Ministro, es en la segunda parte de su declaración:

"Agregó que el problema es que las poblaciones reclaman que la PNC hace capturas y a los pocos días los sindicados están en la calle, pero no comprenden que esa no es responsabilidad de Gobernación, sino de los tribunales."

Aunque aquí también asume una actitud de evasión de responsabilidad, es cierto que la población está cansada de la impunidad de la que gozan los criminales y delincuentes. Esto genera gran frustación que también facilita la movilización violenta contra aquellos considerados una amenaza para la población.

Lo que ocurre en el caso de los ataques violentos contra las fuerzas de seguridad del Estado, es que son el primer eslabón en la cadena de la justicia, y los que están en contacto directo con la población, que además los percibe como fácilmente corruptibles. De tal forma que su presencia física (agentes, radiopatrullas, estaciones) no resuelve el problema de la ausencia del Estado. Están allí, pero no hay justicia ni seguridad.

De tal forma que los pobladores la emprenden no sólo contra los supuestos criminales, sino que también expresan su resentimiento ante ese Estado que durante siglos les ha extraído recursos sin devolverlos para beneficio de la comunidad (e incluso ha sido su peor enemigo en distintos momentos de la historia), especialmente en forma de bienes públicos muy apreciados como justicia, orden y seguridad.