por Myke Castillo
Prensa Libre (09 dic 09)
Directivos de organizaciones sociales y representantes de la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos, en Huehuetenango, responsabilizan a las autoridades por los linchamientos que se han registrado en los últimos días en ese departamento.
Urgen al Gobierno que tome acciones inmediatas para evitar que este tipo de prácticas fuera de la ley continúen, pues en lo que va del 2009 se han registrado 19 linchamientos en esa localidad, cuatro de ellos en los últimos siete días. Unas 36 personas más han sido vapuleadas.
Aparato estatal débil
René Mérida, de la Red Departamental de Atención a Conflictos, resaltó que el Estado debe ejecutar acciones para contrarrestar este problema, el cual genera ingobernabilidad. “Los linchamientos son producto de la desconfianza que existe en el aparato estatal, que está a cargo de la seguridad, investigación y justicia”, añadió.
Opinó que la causa de esta conducta colectiva no es la maldad de los comunitarios: “Es una mecanismo de defensa social en contra de las debilidades y vulnerabilidades del Estado en la aplicación de la ley, de manera justa y pronta”.
Recomendó eficienciar el trabajo del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial.
Falta prevención
Byron Herrera, de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, coincidió en que existe ingobernabilidad e inseguridad en el país, “las cuales están afectando al grupo más vulnerable de la población, que son los niños”.
Destacó la necesidad de que el Gobierno tome medidas preventivas para evitar los linchamientos, ya que lamentablemente no se cuenta con un programa precautorio.
“Este tipo de conducta social ha permeado ya en la cultura huehueteca, y se debe trabajar para que no se convierta en un rasgo permanente”, aconsejó.
Mario Carrillo, líder comunitario de Santa Bárbara, donde se registraron tres de aquellos hechos la semana recién pasada, aseguró que están tranquilos, que no sienten arrepentimiento y que es la multitud la que decide si se entrega al acusado a las autoridades o se le aplica la justicia por mano propia. “La justicia está en la decisión popular”, aseguró.
Niños son los más afectados
Imelda Palacios, psicóloga del Área de Salud local, también responsabilizó al Gobierno por el clima de inseguridad que se vive, y mostró preocupación por los menores de las comunidades donde se registran los linchamientos, pues son los más perjudicados. “Les impacta en su proceso de aprendizaje y conducta”, aseveró.
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