23 December 2006

Nuevo libro sobre linchamientos



Ausencia del Estado y Violencia Colectiva en Tierras Mayas
Una aproximación cuantitativa al fenómeno de los linchamientos en Guatemala (1996-2002)

Autor: Carlos A. Mendoza *
(Guatemala: SEGEPLAN/FLACSO, 2007)

RESUMEN

De acuerdo con la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), los linchamientos son una herencia del conflicto armado interno y el producto de los actuales niveles de pobreza en el área rural. El autor propone una explicación alternativa: los linchamientos son el resultado de la falta de capacidad del estado para proveer justicia y seguridad a la población, y están relacionados con la habilidad de las comunidades indígenas para solucionar problemas de acción colectiva y, de esta forma, proveer los bienes públicos que el estado no provee. En este libro, ambas hipótesis sobre las causas de los linchamientos son evaluadas por medio del análisis estadístico a nivel municipal de los 480 casos verificados por la MINUGUA entre los años 1996 y 2002. La evidencia empírica proporcionada por dicho análisis cuantitativo sobre este particular tipo de violencia colectiva en Guatemala revela que los principales factores explicativos son los siguientes: a) la ausencia del estado, pues a menor número de juzgados por cada cien mil habitantes, mayor probabilidad de que ocurra un linchamiento; y b) la solidaridad en las comunidades indígenas, porque a mayor porcentaje de población indígena, también es mayor la probabilidad de que ocurra un linchamiento. Las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno tienen alguna importancia estadística, pero su efecto en la probabilidad de ocurrencia de los linchamientos es bajo. Los niveles de extrema pobreza no tienen importancia estadística para explicar los linchamientos a nivel municipal.

* Carlos Antonio Mendoza Alvarado es centroamericano, nacido en Guatemala. Actualmente es candidato a doctor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos de América. Coeditó con Edelberto Torres-Rivas el volumen titulado Los linchamientos: ¿barbarie o justicia popular?, publicado también por FLACSO (Guatemala, 2003).

Para mayor información

Editorial de Ciencia Sociales, FLACSO-Guatemala
3a. Calle 4-44 Zona 10
Ciudad Guatemala, 01010
Guatemala
Tel. (502) 2414-7444
Sitio Web: http://www.flacso.edu.gt/editorial.htm

22 December 2006

Linchamientos en Perú y otros lugares

"Prohibido entrar a rateros, bajo pena de masacres"

Y la cuenta continúa. En noviembre la policía rescató a Alberto Vargas de un grupo de ochenta justicieros populares que intentaban quemarle vivo en San Martín de Porres, uno de los barrios limeños con más auge de linchamientos. Al parecer, le ataron a un poste donde le golpearon y apedrearon hasta que confesó. "Prohibido entrar a rateros, bajo pena de masacres" reza un cartel situado en una de las calles del barrio. Éste fue el décimo intento de linchamiento del distrito en lo que va de año. Días antes, unos vecinos mataron a otro hombre acusado de intentar robar en una casa. Su acompañante ingresó en el hospital con cuatro puñaladas en el abdomen y tras ser atropellado por un coche.

También en noviembre, la policía rescató a dos supuestos ladrones de electrodomésticos cuando estaban a punto de arder. Confesaron a base de golpes, insultos, escupitajos y después de que les desnudaran y les cortaran el pelo.

Ahora la policía de este distrito limeño tiene doble trabajo: detener a los delincuentes y contener a las masas enardecidas. En diciembre un ex policía que trabajaba como vigilante de seguridad de una sala de juegos asesinó supuestamente a tiros a un cliente por llamarle "Mario Bross". Después dijo que el fallecido intentó atracar y que él consiguió arrebatarle la pistola, pero había demasiados testigos y cuatro centenares de vecinos de San Martín de Porres se reunieron en el local. Querían evitar que la policía se llevara al vigilante y algunos intentaron lincharle. Ante la oposición de los agentes, destrozaron el mobiliario. La policía hizo algunos disparos al aire y lanzó bombas lacrimógenas para disolver la concentración.

Por otro lado, justicieros de Felipe de las Casas en el distrito de Ventanilla (Lima) han llegado todavía más lejos y han creado sus propias cárceles, consistentes en unos habitáculos de hierro. Dicen que sólo encierran a los delincuentes durante unas horas y que después se los entregan a la policía.

Con estas cifras parece que el país se puede convertir en un destino turístico ideal para sádicos que pueden lapidar, azotar, escupir y plantar fuego a personas impunemente.

Según un estudio de opinión realizado por la consultora Apoyo (entre 600 habitantes de Lima), el 61 por ciento de los encuestados cree que la población tiene derecho a hacer justicia con sus propias manos, pero sin llegar a matar.

El 83 por ciento considera que la violación de menores es el delito que más justifica un linchamiento, el 52 por ciento menciona los hurtos, el 33 por ciento la corrupción, el 26 por ciento el terrorismo, el 25 por ciento la violación de mayores y el 24 por ciento el tráfico de drogas.

En Lima se registra un asalto cada cinco minutos, un robo domiciliario cada hora y veinte robos de coches al día. Los linchadores se justifican alegando que la policia no es eficiente y las autoridades dicen que necesitan más agentes porque desde los años noventa se ha reducido el número de efectivos de 122.000 a unos 91.000.

Detrás de los linchamientos suele estar la desconfianza de la población en la efectividad del sistema judicial. La idea de benevolencia estatal con los delincuentes, unida al habitual deseo de venganza de las víctimas, conduce al linchamiento. La popular frase de "los delincuentes entran por una puerta en el juzgado y salen por otra" es una excusa típica de justicieros. Y, aunque existan múltiples factores que determinan el aumento o la disminución de las tasas de criminalidad, las víctimas suelen centrarse en el endurecimiento de las penas.

Inocentes ajusticiados

Lo peor de este método de impartir justicia es que muchas veces los linchados son inocentes. En el barrio peruano de Villa María del Triunfo casi queman vivos en diciembre a dos hermanos policías y a sus primos, creyendo que eran ladrones. La historia parece sacada de una pesadilla. Al parecer a uno de los policías le habían robado el coche días atrás y pidió ayuda a sus familiares para rastrear el barrio.

Algunos vecinos consideraron que su comportamiento era sospechoso y dieron la voz de alarma. Ellos explicaron que eran policías buscando a ladrones de coches, pero nadie les creyó. Enseñaron las placas, pero alguien gritó que eran falsas, y el hecho de que fueran armados les convertía en delincuentes peligrosos.

Los vecinos les ataron a los cinco, después les flagelaron y cuando estaban intercambiando opiniones los partidarios de su incineración y el sector anti pena de muerte, fueron rescatados por compañeros del cuerpo.

Pero el caso más escandaloso de la temporada de policías ajusticiados por la masa se produjo en México. En noviembre tres policías estaban fotografiando un colegio en San Juan de Ixtayopan (Tháhuac) por un asunto policial, cuando fueron atacados por dos centenares de vecinos que creían que se estaban enfrentando a unos secuestradores de niñas. Dos de ellos fallecieron a consecuencia de los golpes y el tercero sufrió graves lesiones. Días después detuvieron a 29 personas acusadas del crimen.

Auge internacional de linchamientos

Aunque parece que Perú se está convirtiendo en el paraíso de los justicieros, sólo en noviembre se han registrado numerosos sucesos similares en otros países.

En Málaga (España) una veintena de vecinos lincharon a Francisco G.E., un toxicómano de 30 años que al parecer intentó atracar a una mujer con un cuchillo de cocina e hirió a un hombre que intentó defenderla. Francisco estaba casi desnudo y drogado. Los vecinos le apalearon y le quitaron la poca ropa que llevaba. La policía se lo llevó al hospital donde falleció con posterioridad.

La policía venezolana es la que ha resultado más diligente con los linchamientos de la temporada y consiguió rescatar con vida a Dionisio José Rivera, alias Mal de Rabia. Éste intentó atracar a un viandante en Urdaneta, a punta de pistola, y un grupo de vecinos le dieron una paliza y le dispararon en una pierna.

En Argentina, el tribunal de San Isidro ordenó investigar la existencia de escuadrones de la muerte que eliminan a delincuentes juveniles reincidentes. Se cree que estos grupos justicieros estarían formados por policías, ex policías y civiles, que, en algunos casos ofrecerían servicios de seguridad privada. Los padres de jóvenes delincuentes intentan ingresar a sus hijos en algún centro porque reciben amenazas de muerte.

Fuente: www.adeguello.net / revista bimensual de crítica de crímenes / número 7- enero 2005

22 November 2006

Aplican castigo indígena

Prensa Libre (22 nov 06)

Sololá. Los hermanos Tomás y Sebastián Calel Quino, de 35 y 29 años, originarios de la aldea Chuimanzana, Chichicastenango, Quiché, fueron sentenciados ayer por el pueblo kaqchikel a dar tres vueltas al parque central de la cabecera departamental de Sololá con 12 adoquines en el hombro, sindicados del robo de ropa típica en el interior del mercado.

El alcalde de la Municipalidad Indígena, Jaime Morales Morales, explicó que se hizo conciencia en la población para que no tomara medidas violentas contra los presuntos delincuentes.

Luego del castigo moral fueron entregados a la Policía Nacional Civil.

15 November 2006

Linchan a hombre y vapulean a otros dos

Por Vinicio Jiménez y César Pérez
Prensa Libre (15 nov 06)

Patzicía, Chimaltenango. Un grupo de pobladores de esta localidad linchó ayer [14 noviembre 2006] a un hombre y vapuleó a otros dos, a quienes acusaban de pertenecer a una banda de robacarros que opera en la región.

La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Edwin Andrés Ramírez Miranda, de 22 años, y los vapuleados como Esteban Arturo Paniagua Ramírez, 32, y Jaime Yovani Lemus, 35.

El hecho ocurrió al filo del mediodía cuando los tres presuntos ladrones fueron sorprendidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y a punta de pistola intentaban despojar de su picop a un vecino del lugar de quien no se obtuvo datos.

Al percatarse del hecho, centenares de lugareños rodearon a los tres delincuentes, se los arrebataron a la PNC y los obligaron a caminar de rodillas por la calle principal, mientras los golpeaban.

Algunos pobladores pedían que los asaltantes fueran entregados a las autoridades y otros exigían justicia en el lugar, por lo que rociaron con gasolina a los hombres.

Intentaron huir

Mientras les echaban el combustible, los presuntos ladrones intentaron huir, pero fueron alcanzados por los habitantes quienes los golpearon con palos, piedras y machetes, hasta dejarlos inconscientes.

Juan Ramos, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos, y delegados del Ministerio Público, dialogaron con los líderes de la población y después de varias horas permitieron que los Bomberos Municipales les brindaran asistencia médica a los tres hombres.

Los socorristas informaron que Ramírez había muerto por los golpes y heridas, pero que Paniagua y Lemus aún tenían señales de vida, por lo que los llevaron al Hospital Nacional de Chimaltenango.

El médico Gustavo Guzmán explicó que a pesar de las lesiones que recibieron estaban estables.

Marco Antonio Aguilar, jefe departamental de la PNC, refirió que a los vapuleados se les incautó una pistola calibre 45.

Tres vapuleados

Por Armando Solórzano y César Pérez
Nuestro Diario (15 nov 06)

Vecinos de Patzicía sorprenden a robacarros y matan a uno

Una turba de habitantes atacó ayer (14 nov 06) a tres delincuentes en Patzicía, Chimaltenango (Guatemala). Uno quedó linchado en el lugar y los otros dos fueron entregados inconscientes a la Policía.



Intentaban quemarlos

Tres hombres, a quienes la población acusó de integrar una banda de robacarros, iban a ser quemados vivos ayer aquí (Patzicía) por al menos tres mil pobladores, confirmó la Policía.

El saldo parcial hasta anoche era de un muerto a raíz de las vapuleadas, y los otros dos en condición crítica. Bomberos municipales los llevaron al hospital departamental.

Como a las dos de la tarde, los individuos fueron descubiertos por agentes de la Policía cuando, pistola en mano, intentaban quitarle el picop (pick up) a un vecino, según las versiones obtenidas aquí.

Al enterarse de lo que ocurría, y debido a los constantes robos y asaltos en este municipio, la gente se organizó de inmediato y logró arrebatarles los tres sospechosos a las autoridades.

Suplicio de rodillas

Luego de darles la primera golpiza en la entrada principal, los enardecidos habitantes obligaron a los individuos a recorrer de rodillas la calle hacia el centro del pueblo.

Minutos después, unos diez agentes lograron entrar en la plaza para dialogar con los comuneros. Éstos sólo aceptaron que los uniformados los acompañaran con los detenidos. Pero unos 500 metros más adelante, los ánimos se volvieron a caldear, la turba amenazaba con quemarlos vivos.

Los bañaron con gasolina, hubo un momento en que salieron corriendo, los alcanzaron y golpearon con palos y piedras, dejándolos tirados e inconscientes.

Intervinieron la Procuraduría de los Derechos Humanos y el Ministerio Público. Lograron sacar a los dos heridos, agonizantes, pero el tercero murió en el lugar del incidente.

08 November 2006

Propinan paliza a seis hombres en Tojalic

Por Erlie Castillo y Carlos Ventura
Prensa Libre (08 nov 06)

San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. Seis hombres fueron vapuleados ayer en la madrugada por un grupo de pobladores de la aldea Tojalic, que los sindicaban de pertenecer a una banda de asaltantes que opera en el sector, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Se trata de Alfredo Noé Yos, de 30 años; Selvin Marcelo Hernández Chile, 29; Luis Daniel Guarcas, 18; José Luis López, 36; Francisco García López, 36, y José Ángel Zepeda, 38.

Los tres primeros son originarios de Sacatepéquez, los otros dos de Chimaltenango y el último de Quiché, confirmaron las autoridades.

José Antonio Castellanos, de la PNC, declaró que el hecho empezó antenoche cuando los seis hombres se detuvieron en la entrada de la comunidad, porque aparentemente el taxi A-465WMS en el que se desplazaban, tuvo desperfectos mecánicos.

Refirió que los individuos se quedaron a la espera de que alguien los ayudara; sin embargo, un grupo de vecinos llegó, los revisaron y quitaron dos pistolas, por lo cual fueron acusados de pertenecer a una banda de asaltantes.

Los pobladores quemaron el taxi, y lo lanzaron al fondo de un barranco y llevaron a los hombres hasta San Martín Chile Verde, donde los ataron a postes del tendido eléctrico.

Querían quemarlos

Un vecino, quien pidió el anonimato, puntualizó que en la madrugada más de 200 pobladores llegaron al centro de la población y comenzaron a golpear a los cuatro hombres, a quienes amenazaba con linchar.

Al lugar se presentó el gobernador departamental Salvador Gómez; el auxiliar de los Derechos Humanos Rudy Castillo y jefes de la PNC, quienes luego de varias horas de diálogo lograron que los habitantes les entregaran a las seis personas, a quienes llevaron a la cárcel preventiva de Xelajú.

Iban a Coatepeque

Selvin Marcelo Hernández, piloto del taxi, señaló que tres de los capturados le pagaron Q600 para que les hiciera un viaje del parque central de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, a Coatepeque, Quetzaltenango.

En Chimaltenango abordaron los otros dos hombres y le explicaron que los cinco querían viajar ilegalmente a Estados Unidos. Aseveró que por no conocer el camino se perdió e ingresó a Tojalic.

“Desconozco por qué nos capturaron y golpearon. Yo paré en la comunidad, porque mi taxi se dañó”, citó.

Fijan plazo a la PNC

Los pobladores de San Martín Sacatepéquez fijaron un plazo de 15 días para el cierre definitivo de la subestación de la PNC, porque señalan a los agentes de no cumplir con su trabajo y estar al servicio de los delincuentes.

José Antonio Castellanos, de la PNC, señaló que dará aviso a la superioridad de la decisión de los vecinos.

04 November 2006

Vecinos vapulean a asaltantes

Por Erlie Castillo
Prensa Libre (4 nov 06)

San Martín Sacatepéquez. Un grupo de vecinos capturó y vapuleó anteayer a dos hombres a quienes sindicaron de robo en una venta de celulares.

Se trata de Edwin Tasoj, de 24 años, y Werner Eduardo Morales Barrios, 34, originarios de Quetzaltenango.

Audelino Fuentes, de la Policía Nacional Civil (PNC), informó que ambos llegaron al negocio, y bajo amenazas sustrajeron los aparatos telefónicos, pero cuando huían fueron alcanzados por vecinos que intentaron lincharlos.

Agentes de la PNC que pasaban por el lugar rescataron a Tastoj y a Morales y los trasladaron al Juzgado de Paz, en donde los pobladores se aglomeraron y trataron de evitar que una autopatrulla los trasladara a la cárcel altense.

30 October 2006

Más evidencia histórica sobre castigos públicos

Por Carlos A. Mendoza

Leyendo el trabajo del historiador Brian F. Connaughton, titulado "Moral pública y contrarrevolución: Nueva normatividad socio-gubernativa en Guatemala, 1839–1854. Parte segunda", me encuentro con algunas citas interesantes que son evidencia histórica del uso de castigos públicos y violentos durante los inicios de la era republicana guatemalteca, es decir la de Rafael Carrera.

[...] “Es cierto que estos acuerdos sugieren una aceptación del regreso al uso del castigo corporal en los pueblos de indios y una política de reconocimiento expreso de las corporaciones ante el gobierno mediante la elección de representantes.” Brian F. Connaughton, p.118

[...] “El juez de 1ª instancia, Felipe Prado, reportó al gobierno desde el departamento de Sacatepéquez en febrero de 1852 que la justicia local en la mayoría de pueblos, que eran indígenas, se basaba en sus alcaldes. Estos casi no tomaban decisiones sin consultar con los principales de los pueblos. Aunque tales “funcionarios” le sorprendían a Prado por su buena disposición de escucharlo, no dejaba de “entrever cierta linea que marca una separacion absoluta entre dicha clase y las otras de que se forma la Republica, diferencia que solamente desaparecerá con el transcurso del tiempo y por medio de la ilustracion.”

Este mismo juez Felipe Prado había escrito a la Suprema Corte con fecha 2 de septiembre de 1851 expresando su convicción de que “la igualdad absoluta en materia penal es del todo imposible”, para luego pedir el restablecimiento efectivo de la pena de azotes, exentando sólo a los que pudiesen pagar una multa equivalente. En esta carta, y en otra de 1 de marzo de 1852, Prado aclaraba que su mayor preocupación era con el “estado semisalvage de la clase aborigena,” entregada a la bebida de “licores fermentados”, y en medio de la ausencia real de un sistema de cárceles a nivel de los pueblos. Era cuestión, afirmaba, de aceptar “la impunidad de los delincuentes” o reconocer el “apego y tenacidad que tienen los naturales a sus costumbres y manera de juzgar a que estan habituados.” La vuelta al sistema de azotes ya se había hecho en la práctica, pero Prado opinaba que debía ser totalmente legal, porque “las leyes deben ser inviolables; su transgresion de cualquiera manera que se efectue es un verdadero ataque al orden social especialmente en los gobiernos repúblicanos como el nuestro en los que la ley y no la voluntad del encargado de ejecutarla, es lo que debe prevalecer.”48 [L28555, Exp. 16, fols. 2 a 5.] p. 122

[...] “Se reconocía que la vivencia indígena corporativa no era susceptible aún de ser reducida a la individualidad ciudadana de los demás, aunque se introdujeran escuelas, prácticas, obras y legislación que pretendían una gubernamentalidad a escala nacional acorde con la República establecida en 1847. Esta dualidad jurídica, no menos que la dependencia militar, corporativa y religiosa, marcaba el límite infranqueable del período conservador y su política de ganar legitimidad por vía de la ley, la justicia y las obras públicas locales." p. 129

El punto de Connaughton es que los funcionarios del gobierno de Guatemala, durante la época de Carrera se dieron cuenta que era muy difícil para el Estado hacer valer la ley. La violencia provocada por numerosos levantamientos campesinos y por la pugna por el poder entre liberales y conservadores hacía necesario el reconocimiento de las costumbres indígenas y la reinstauración de los castigos corporales, heredados de la Colonia.

09 October 2006

Justicia maya

Por Gustavo Arturo Díaz Pérez
elPeriódico (Cartas del Lector)

Todos en Guatemala sabemos quienes son los responsables, “intelectualmente hablando”, de los desmanes que están ocurriendo en las comunidades indígenas con el pretexto de aplicar derecho ancestral. Son los “políticos intelectuales” que se han encargado de propalar la idea de que debemos resucitar el sistema jurídico imperante en las comunidades indígenas antes de la conquista española, pretenden hacer creer que se tiene derecho al mismo, y lógicamente esas ideas han dado como resultado lo que estamos viendo. Invito a que veamos hacia el futuro y nos unamos bajo el imperio de una ley general para todos, pues solamente de esa manera podremos obtener seguridad jurídica y la consecución de un verdadero estado de derecho, que tanta falta nos hace.

Comentario de otro lector

Mónica Navarro

Señor Díaz: Aunque comparto su punto, pienso también que debemos tomar en cuenta el sentimiento general de desamparo que sentimos ante nuestro sistema jurídico, obvio es que las comunidades indígenas podrían sentirlo en mayor grado. Imagínese: en épocas anteriores, aún no teniendo la corrupción que ahora tenemos, los indígenas siempre fueron excluidos y marginados hasta cierto punto... No digamos ahora... Estoy con usted en cuanto al establecimiento de una ley general pues todos somos iguales, y deberíamos ya de dejar de decir ley indígena o ley ladina. Simplemente ley guatemalteca. Guatemaltecos somos todos, así como hijos de Dios. Empezando por este punto, haríamos muchas cosas positivas y unidos, ya veremos si no conseguimos eficientar nuestro sistema de justicia. Saludos.

05 October 2006

Linchan a dos personas

Por Julio F. Lara
Prensa Libre (5 oct 06)

Ciudad de Guatemala.- Vecinos de la colonia Bellos Horizontes, zona 21, lincharon a dos presuntos delincuentes.

Los individuos fueron identificados como Josué Velásquez, de 18 años, y José Manuel González López, de 27. Murieron en el Hospital Roosvelt, como consecuencia de golpes y quemaduras.

Los Bomberos Voluntarios informaron que el linchamiento ocurrió a las 22:50 horas del martes recién pasado.

Rodolfo Chojolán, Jefe de Operaciones de la Comisaría 14 [de la Policía Nacional Civil], expresó que tenían denuncias de que los ahora occisos asaltaban y robaban en esa colonia.

Nahualá: el problema es que se vuelva consuetudinario, no que lo sea

Por Eduardo Mayora Alvarado
Siglo XXI (05 0ct 06)

En cierto sentido, la discusión sobre si hay o no un derecho consuetudinario indígena es estéril. Me refiero a que, por su propia esencia, el derecho consuetudinario existe cuando se da en la vida real; cuando una sociedad, una comunidad, aplica a lo largo del tiempo ciertas reglas que sus integrantes reconocen como válidas y, por ende, vinculantes para todos ellos, coercitivamente si menester fuera. Lo que cualquier observador externo pueda opinar, ante los hechos, sale sobrando.

En ese orden de ideas, los acontecimientos que acaban de presentarse en Nahualá, una vez más, sumados a otros 11 casos de características similares (el Periódico, 2/10/06), amenazan con convertirse en una práctica que, de seguir así, podría dar lugar al surgimiento de una “costumbre” contraria a los más fundamentales principios de justicia y a la dignidad humana.

Y es que no se trata solamente del hecho de que se haya castigado sin nada que semeje un juicio previo, y de manera infamante, a 18 mujeres y 5 hombres. Además, están los disturbios que se suscitaron con cauda de una persona muerta y otras tres heridas, de acuerdo con la misma nota de prensa. No hay razón que pueda justificar estos desmanes, como tampoco es aceptable que queden impunes.

La circunstancia de que en algunas de las comunidades donde se ha asistido a este tipo de sucesos, no haya jueces del Estado o que la presencia policial sea insuficiente cuando no nula, siempre ha sido una omisión condenable y grave. Pero pretender convertirla en pretexto válido para violar los más elementales derechos de tantos seres humanos es insostenible, con todo y la acusación lanzada por quienes se han erigido, sin autoridad legítima, en justicieros: el comercio de niños.

¿Qué hacer? Como siempre están las perspectivas de corto y de largo plazo. La primera exige que el Estado reaccione: debe investigarse, procesarse judicialmente y castigarse de acuerdo con la Ley, respetándose su derecho de defensa y a un juicio imparcial y público, a todos los responsables. De lo contrario estas prácticas deleznables, muy probablemente, se repetirán. De cara al largo plazo, es indispensable que el Estado de Guatemala, insisto tercamente, ordene sus prioridades: debe dotarse a la PNC y al Poder Judicial de los recursos necesarios, a costa de cualesquiera otros programas y proyectos, para que estén en capacidad de prevenir o perseguir, según fuere el caso, tanto la trata ilegal de niños –si de verdad se estuviera dando–, como también cualquier abuso brutal contra los más elementales derechos humanos de quienes podrían volver a ser víctimas de estos excesos. No basta que las leyes digan lo que digan, o que se promulguen todavía más leyes; es necesario que se apliquen con razonabilidad y sentido de justicia.

También es conveniente tener claro que, cualquiera que sea el derecho consuetudinario que se esté aplicando por no importa cual comunidad, hay ciertos presupuestos de legitimidad básicos, constitucionalmente protegidos, que no son negociables ni renunciables.

04 October 2006

¿Qué es lo "Maya"? ¿Qué es lo "Cristiano"?

Por Carlos Mendoza
Guatemala, 04 octubre 2006

Me parece que el debate sobre los castigos públicos y violentos que están ocurriendo en el área rural de Guatemala está enfocándose en algo poco relevante. Discutir si los linchamientos son o no parte del derecho tradicional indígena, o si el corte de pelo y los azotes son parte del "castigo Maya" no nos lleva a ningún lugar.

Ciertamente es importante la diferencia entre las prácticas reales y los valores ideales de cualquier comunidad, pero lo que debemos intentar comprender es por qué se da una brecha tan amplia entre lo ideal y lo real.

Como hace Sam Colop, en el artículo publicado abajo, tomemos la analogía de la Cristiandad. Los varoles ideales de los cristianos incluyen el amor al prójimo y el respeto a la vida, pero históricamente las prácticas de las sociedades cristianas dejan mucho que desear. Es más, en nombre de sus creencias y valores le han hecho la guerra a otras sociedades, como en las cruzadas (de ayer y de hoy). Para el resguardo de los mismos principios cristianos se llevó a la hoguera a miles de personas que pensaban de manera distinta o profesaban otra fe.

¿Era la Inquisición medieval una institución cristiana? Sí, lo era. Aunque sus procedimientos fueran la antítesis del mensaje evangélico. Así que me inclinaría más a aceptar que las prácticas cristianas son el verdadero ethos cristiano. Las ensañanzas de Jesús ("el moreno de Nazareth") no me ayudan a entender el comportamiento de los que se autodenomina sus seguidores.

De la misma forma, lo que digan los eruditos en Derecho Indígena no me sirve para comprender el verdadero ethos de las comunidades indígenas. ¿Qué explica esta diferencia entre las prácticas y las enseñanzas de los abuelos?

Aquí es donde entran las variables estructurales e institucionales. Sigo pensando que la ausencia del estado como-ley y como-burocracia tiene mucho que explicar. También insisto que hay características propias de las comunidades indígenas que explican porqué esos castigos públicos y violentos ocurren en dichas comunidades y no en otras.

No es de origen maya

Por Sam Colop
Prensa Libre (04 oct 06)

El pasado fin de semana estuve en una reunión con estudiantes universitarios mayas y uno de los puntos que se tocaron fue el asunto de los linchamientos, los latigazos y el rapado a mujeres acusadas de traficar con infantes.

El problema que ellos ven es que, en diversos espacios, esto se señala como característica del “derecho consuetudinario indígena” y más de algún catedrático de Derecho lo califica como prácticas del “derecho maya”.

Esto último se ve reforzado en algunos medios de comunicación y ciertos columnistas que identifican esa aberración jurídica como parte de aquel sistema jurídico. La intención es obvia: se trata de desprestigiar o menospreciar a un conjunto de normas escritas y practicadas por las distintas comunidades mayas.

El derecho maya seguramente no es perfecto, pero busca reparar el daño causado, y si históricamente existieron penas severas como consecuencia de venganzas o guerras, los azotes y el corte de cabello a las mujeres tienen un origen colonial. Desafortunadamente, como se replican aquellas prácticas también se repiten los linchamientos derivados de la campaña contrainsurgente.

En el Título de Totonicapán (UNAM, 1983), por ejemplo, se habla de las acciones tomadas por Kikab ante la muerte de K'otuja; pero, en ese mismo texto, se ilustra también el comportamiento por la parte “ofendida” en el caso de adulterio. El deseo de ahorcarse por parte del varón ofensor concuerda con las ideas cristianas de uno de los traductores, pero no con el texto k'iche'.

Sobre los azotes y rapaduras, veamos el siguiente ejemplo extraído de una de las memorias en el libro Nuestro pesar, nuestra aflicción (UNAM/Cirma, 1996) donde un alcalde maya y cuatro personas más que suscriben el documento se quejan de lo siguiente: “A nosotros nos castigaron cuando vinieron el oidor, licenciado Valdés de Cárcamo, Juan de Chávez, escribano, y su nahuatlato, Juan de Bobadilla. Llegaron el sábado y el domingo nos metieron en la cárcel.

Ninguno de los hombres fue a misa. El lunes él nos sacó a la calle [arrastrados por] los caballos, con que nos espantaron. Nos dieron 200 azotes en la calle. Dos veces se hizo justicia, de manera que dos veces, aquí en nuestro pueblo, nos dieron veinte azotes a cada uno de nosotros y nos raparon”.

Esto de endosar al derecho maya prácticas salvajes es como pensar que lo que caracteriza al derecho ladino guatemalteco es esencialmente la pena de muerte, que es más inhumana, cavernícola y anticristiana.

Por aparte, entre las ONG mayas existen defensorías y asociaciones que dicen promover los derechos indígenas, pero ante estos casos guardan un silencio sospechoso. Quisiera creer que es por desconocimiento y no porque son más “ladino-cristianos” que sus socios para avalar prácticas que van en contra los derechos humanos.

Habitantes de Pasín impiden acción legal

Por Fredy Rodas
Prensa Libre (04 oct 06)

Habitantes del caserío Pasín, aldea Xejuyup, impidieron ayer que la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades judiciales practicaran una exhibición personal a favor de Juan Perechú, quien supuestamente estaba retenido ilegalmente en dicha comunidad desde el pasado domingo.

El jefe de la Comisaría 33 de la PNC de Suchitepéquez, recordó que el domingo último un grupo de habitantes de varias aldeas llegó a la aldea Tzucubal, en busca de supuestos traficantes de niños y se produjo un enfrentamiento que dejó un muerto, 28 casas quemadas y 12 mujeres capturadas, a quienes les cortaron el pelo y azotaron.

Explicó que durante la incursión los comunitarios supuestamente secuestraron a Perechú, padre de Domingo Perechú, y principal sospechoso de la venta de menores en la región, por lo que la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Santiago Atitlán interpuso un recurso de exhibición personal.

Un contingente de 80 policías, miembros del Ejército y el juez de Paz Francisco Chay, de la aldea Guineales, jurisdicción de Santa Catarina Ixtahuacán, llegaron al caserío a practicar la diligencia.

Refirió que los comunitarios, al enterarse de las intenciones de las autoridades, hicieron sonar la campana de la escuela y alertaron a otros habitantes, quienes armados con palos y machetes, los amenazaron de muerte y les pidieron que se retiraran del caserío si no querían que hubiera derramamiento de sangre.

Con piedras y palos

Yoc puntualizó que decidieron abandonar la comunidad pacíficamente para evitar un enfrentamiento, pero fueron atacados desde los cafetales con piedras y palos.

Quedaron retenidos durante varios minutos, porque los vecinos colocaron barricadas en la entrada de la comunidad.

Afirmó que policías y soldados se internaron en las zonas boscosas para capturar a sus atacantes, pero éstos huyeron al centro de la comunidad.

Según la Policía, un líder de Pasín, quien no se identificó, confirmó que Juan Perechú estuvo retenido en el caserío, y los miembros del Comité de Seguridad exigían Q200 mil por entregarlo.

Pagaron Q20 mil

Domingo Perechú aseguró que un grupo de vecinos encapuchados lo citó antenoche en una zona motañosa. Él pagó Q20 mil en efectivo y le entregaron a su padre Juan Perechú, quien tenía lesiones.

Salvador Loarca, de la PDH de Santiago Atitlán, acotó que mediante el acta número 1-2006, el alcalde de Nahualá, Miguel Tzep, autorizó un reglamento para que los miembros de comités de seguridad de las aldeas y caseríos castiguen a los infractores de la ley y los hinquen durante una hora sobre piedrín.

Sin embargo, los líderes han optado también por azotarlos, golpearlos y cortarle el pelo a las mujeres.

Expuso que ayer sostuvieron una reunión con el gobernador Carlos Cumatz, y el alcalde Tzep para buscar una solución al conflicto.

Acordaron reunirse el próximo lunes con líderes de las comunidades de la bocacosta de Nahualá, para hacerles ver la importancia de evitar estos hechos.

Ovidio Paz, de la Auxiliatura Regional de la PDH de Sololá, puntualizó que los castigos comunales que se han impartido últimamente no están apegados al Derecho Maya, y constituyen hechos vandálicos que violan los derechos humanos de las personas.

03 October 2006

Vecinos castigan a otras 23 personas en Nahualá

Por Kenia Reyes
elPeriódico (03 oct 06)

Ayer [lunes 02 de octubre], vecinos de la aldea Sucubal con el apoyo de seis comunidades más de Nahualá, Sololá, castigaron a 18 mujeres y 5 hombres. Esto como resultado de la búsqueda de Domingo Perechú, supuesto líder de una banda que se dedica al tráfico de niños, dio a conocer el alcalde auxiliar Diego Ixtosoh Lux.

El jefe edil respaldó lo ocurrido pues se quiere evitar el comercio de niños en el municipio, ya que “no pueden ser vendidos como animales”. El domingo 1, tras un enfrentamiento con aldeanos de ese lugar, resultó una persona muerta, tres heridos y diez a quienes les cortaron el pelo y dieron de latigazos.

Este caso se suma al listado de 12 que el Organismo Judicial (OJ) describe como la aplicación del derecho consuetudinario o castigo maya. Los acusados son sancionados con azotes, con cortes de pelo al rape, obligados a hincarse sobre una tabla con tapas de aguas gaseosas o sobre piedras con una arroba de arena en la espalda.

Según el OJ, los casos se han registrado en los departamentos de Quiché, Sololá y Totonicapán por situaciones que van desde violación hasta oler pegamento, pasando por amenazas a vecinos, robo, vestir de forma diferente o usar corte de pelo distinto.

“Los vecinos de estas aldeas refieren que por la falta de justicia se aplican estas medidas, con las que se ocasiona un vacío legal. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por falta de fondos no ha logrado una mayor cobertura en estos lugares”, refiere Guillermo Melgar, vocero de esa entidad.

Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, lamentó que esto ocurra. “Este tipo de castigos corporales divide a las comunidades. Se aplica una versión distorsionada del derecho consuetudinario, pues la justicia maya busca mantener la armonía”. Sus delegados en Suchitepéquez han recibido denuncias de este tipo.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, intentaron llegar de nuevo a Sucubal, pero no les permitieron el paso. elPeriódico intentó comunicarse con el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y el director de la PNC, Erwin Sperisen, pero no contestaron las llamadas.

Rapados y azotados

En los disturbios registrados el domingo en el caserío de Nahualá, Sololá, los acusados de vender y comprar niños fueron azotados y rapados. Esta fue al menos la quinta ocasión en la que lugareños castigan a personas de esas aldeas de este departamento, por supuestos vínculos de aldeanos con el comercio de infantes.

El reporte policíaco de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, da cuenta que ese día fueron quemadas 26 casas y 2 picops. “No pudimos llegar al lugar, ya que los vecinos tenían llantas en las orillas de la carretera y nos advirtieron que no ingresáramos hasta que ellos aplicaran su ley”, dice un oficial.

El comisario de la subestación del lugar, Muralles Flores, explicó que a la Policía sólo le queda mediar para que entreguen a los detenidos, “pero a veces eso es difícil pues no tenemos traductores”.

Reacciones: ¿Derecho consuetudinario o una práctica distinta?

Álvaro Pop, analista político.
“La primera interpretación de los hechos es la impotencia de la sociedad por proveer justicia a la población. La gente hace lo que puede hacer. No se ha terminado de darle importancia a transformar el sistema de justicia y seguridad. En este tema de Sololá, no se puede afirmar que es parte de la cosmovisión indígena, hay que ser muy cuidadoso en el análisis. Es necesario investigar para ver si estos actos tienen el sustento de la visión ancestral indígena de la justicia o si son actos motivados por la impotencia del sistema”.

Vitalino Similox, coordinador del Foro Ecuménico.
“Esta gente podrá ser muy maya, pero sus prácticas de justicia no necesariamente lo son. Hay otras desviaciones y costumbres que se han adquirido y se han a-
prendido por la fuerza y matando. El derecho maya es respeto a la vida y a la persona. El derecho indígena en su esencia siempre se basó en la prevención creando condiciones para que las personas no lleguen al enfrentamiento. Lamentablemente, se llega a cualquier explicación del derecho consuetudinario aunque este tenga sus propios mecanismos y normas”.

Norma Quixtán, secretaria de la Paz.
“Nos preocupa porque le dan una connotación diferente. Lo que tenemos que entender es que los pueblos indígenas somos personas y como tal podemos estar desinformados de lo que consideramos un valor en nuestra cultura. En las comunidades existe un Consejo de Ancianos al cual llevan cualquier caso o disputa. Ellos lo analizan en el marco de los valores, la cultura y respeto de la tradición; si hay falta y puede ser reparada, se hace por medio de un servicio social a la comunidad, pero si es más grave lo trasladan a un juzgado del sistema de justicia legal.

02 October 2006

Disturbios: 1 muerto y 28 casas quemadas

Por Nery Morales y Fredy Rodas
Prensa Libre (02 Oct 06)

Un muerto, 12 capturados y 28 casas y cinco carros quemados fue el saldo que dejó el enfrentamiento entre los residentes de varias comunidades que invadieron la aldea Tzucubal, Santa Catarina Ixtahuacán, con el propósito de castigar a un grupo de personas acusadas de vender niños.

“En este lugar murió a machetazos Manuel Tzuy Tambriz, de 24 años; tres vecinos más fueron trasladados al hospital de Mazatenango, donde se recuperan”, informó Héctor Castellanos, comisario de la Policía Nacional Civil (PNC).

La Policía afirmó que el conflicto comenzó a las 5.30 horas, cuando pobladores del caserío Patzín, Xejuyup, Pasajquín, Palacal y otras comunidades se enfrentaron a balazos y machetazos con una banda acusada de tráfico de niños, en la aldea Tzucubal.

Henry López, subdirector de Seguridad Pública de la PNC, aseveró que los aldeanos acusan a Domingo Perechú y a María Tzuy de vender niños.

“Tenemos información de que cuando a la señora Tzuy, quien es comadrona, intentaban azotarla, sus familiares salieron a defenderla”, dijo el jefe policial.

Según los vecinos, el enfrentamiento fue provocado cuando Perechú arremetió contra los inconformes y escapó con sus guardaespaldas.

Aunque la PNC declaró que un hombre fue muerto, los aldeanos señalan que hay otros tres, extremo que no se pudo comprobar.

Hasta anoche, Manuel Suy Tambriz, de 27, era el único muerto identificado y su cadáver lo encontraron con heridas de arma blanca en el cráneo y varios dedos de una mano amputados. “Los otros tres muertos fueron llevados por los mismos vecinos a sus comunidades sin ser identificados”, expresó uno los residentes del lugar.

Los bomberos Voluntarios y Municipales trasladaron heridos al hospital de Mazatenango a Juan Tzep Saquic, de 30; Manuel Mach Ixtoj, de 23; Lorenzo Mach Ajcalaj, de 50; Abraham Marroquín, de 33, y Manuel Cotí, de 23, con heridas en el pómulo izquierdo.

La Policía confirmó la captura de 12 personas, entre ellas 10 mujeres a quienes los aldeanos amarraron, cortaron el pelo y azotaron.

Los aprehendidos son Juan Sac, de 30; Teresa Ortiz, de 35; Paulina Xub Sac, de 19; Lucas Ixtoj, de 36; Domingo Soc, de 20; Manuel Tzum, de 43; Isabel Tulul, de 48; Micaela Mass, de 20; Catalina Mass, de 40; María Tzuy, de 30; Ixabela Perechú, de 18, y Catarina Marroquín, de 30.

Óscar Aguilar, portavoz de los Bomberos Voluntarios, afirmó que no pudieron permanecer en el lugar porque los residentes los obligaron a salir.

“Tenemos controlada la situación con un contingente de 200 efectivos de la PNC, no hubo ningún enfrentamiento y no se utilizó la fuerza para ingresar”, expresó el subdirector de la PNC.

En caserío de Nahualá castigan a diez personas

En elPeriódico (02 0ct 06)

Al menos un muerto, tres heridos y diez personas a quienes les cortaron el cabello y dieron de latigazos, así como 26 viviendas destruidas y 2 vehículos incendiados fue el saldo de un disturbio ocurrido en el caserío Sucubal, en Nahualá, Sololá.

De acuerdo con Wilfredo Marroquín, oficial de la Policía Nacional Civil, vecinos de cuatro aldeas llegaron al caserío en horas de la madrugada, en busca de supuestos traficantes de niños.

“El grupo capturó a ocho mujeres y dos hombres a quienes les aplicaron el castigo maya, los raparon y les dieron de latigazos, en tanto que tres personas huyeron”, indicó Marroquín.

El fallecido presentaba heridas con machete, y los heridos fueron trasladados al hospital de Mazatenango.

La PNC logró restablecer el orden en el lugar después de las 15:30 horas; antes, los vecinos no permitieron su ingreso.

27 September 2006

Jóvenes azotados por abuso sexual

Por Óscar Toledo
Prensa Libre (27 set 06)

Santa Cruz Quiché, Quiché. – Tres presuntos violadores fueron azotados por pobladores de la comunidad Xatinap V, la noche del lunes, señalados de haber querido abusar sexualmente de dos niñas.

El jueves último, vecinos de la zona 3 de Santa Cruz del Quiché habían detenido a Benjamín Torres Gámez, de 22 años, a quien ataron a un poste. Posteriormente fue entregado a la Policía Nacional Civil.

Los otros jóvenes castigados fueron Antonio Margarito Zapeta y Oswaldo Batz Tum, ambos de 18.

Según integrantes del comité de vigilancia local, los detenidos son acusados de haber violado a dos niñas, de 11 y 13 años.

Vecinos se levantan

Después que los pobladores entregaron a Torres Gámez a la Policía, ésta lo dejó en libertad el viernes, por falta de pruebas.

Molestos, volvieron a detenerlo, y lo obligaron a identificar a los otros individuos que lo habían acompañado la noche anterior (el jueves) para cometer su fechoría. Para entonces, Torres Gámez se había cortado el cabello.

Los líderes de la comunidad convocaron al comité de vigilancia de la zona 3 y a las familias de las adolescentes afectadas, para que identificasen a los tres hombres.

Posteriormente, con la declaración pública de vecinos y familiares, llevaron a cabo un juicio comunitario, cuyos integrantes terminaron por sentenciar a los tres jóvenes a recibir 20 azotes cada uno.

Este proceso tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la comunidad y duró unas tres horas.

“Que los conozcan...”

Pablo Zacarías, uno de los participantes en el tribunal comunitario, calificó de “vergüenza” que la Prensa publique fotos de vecinos cometiendo hechos contra las normas de buena conducta, y después, que éstos vayan libres como si nada hubiera pasado.

“Por eso decidimos junto a los líderes, darles el castigo que merecen para que la población se dé cuenta de que nosotros no aceptamos conductas malsanas, porque somos gente pacífica y trabajadora”, insistió Zacarías.

Justicia efectiva

Marcelina Reynoso, otra integrante del comité de vigilancia, criticó que mucha gente critique las prácticas indígenas para castigar a quienes incurren en alguna falta. Sin embargo, enfatizó: “Es mucho más efectiva que la ley estatal”.

Varios pobladores criticaron también que la Policía hubiera dejado libre a Torres Gámez sin haber investigado su culpabilidad o inocencia en el delito que se le imputa.

“Aquí los dirigentes castigaron a Torres Gámez y encontraron a los otros muchachos involucrados”, dijo Reynoso.

El castigo les fue impuesto en horas de la noche del lunes por familiares de las víctimas y líderes comunitarios.

A manos del pueblo

La “justicia indígena” ha sido aplicada en varias comunidades de occidente.

El 19 de septiembre pasado, dos hombres se salvaron de morir linchados en San Vicente Pacaya, tras intentar robar un negocio.

El 13 de agosto, doce personas se salvaron de ser linchadas en Pasajquín, aldea Pacalal (Nahualá, Sololá), señalados de haber vendido niños.

El 18 de julio, dos hombres iban a ser linchados en San Cristóbal Totonicapán, tras ser acusados de intentar violar a una niña de 9 años.

25 September 2006

Critican castigos mayas

En Prensa Libre (25 set 06)

Los últimos acontecimientos en varios poblados indígenas de Guatemala, donde supuestos delincuentes han sido castigados con métodos que rebasan los parámetros establecidos por el Derecho Maya, han recibido las críticas de los conocedores de este método de resolución de conflictos, quienes explican el verdadero espíritu de la norma ancestral.

Según Cerigua, en algunos casos, como los ocurridos recientemente en Sololá, los “castigos” se han convertido en linchamientos, pues los supuestos autores de los ilícitos han sido azotados hasta la saciedad por los parientes y las autoridades comunitarias, quienes también emiten otras condenas.

El Derecho Maya se aplica para agilizar algunos procesos y evitar llegar a los tribunales oficiales, bajo la vía de la conciliación, con lo que se intenta mejorar la aplicación de la justicia y sentar las bases para un verdadero estado de Derecho, indicó la Defensoría Maya.

Este sistema tiene una estructura propia, establecida por diferentes comunidades a lo largo de los siglos; su funcionamiento se basa en un conjunto de valores, principios, normas y mecanismos de solución de conflictos, así como las autoridades apropiadas para desarrollarlas, señaló un documento de la referida entidad étnica.

El Derecho Maya aplica sanciones según el delito o falta, con lo que se busca que el sindicado reflexione y sirva como ejemplo para otros; los castigos siempre van encaminados a realizar trabajos de beneficio para la comunidad, agregó la entidad étnica.

Un ejemplo correcto de aplicación del sistema ancestral es el ocurrido en mayo de 2006 en Totonicapán, cuando varios sindicados de robar madera fueron sometidos a un juicio público, con la presencia de las autoridades comunitarias, la Policía Nacional Civil y funcionarios que velan por la conservación de la naturaleza.

23 September 2006

Repertorio de castigos públicos: aprendizaje por imitación

Por Carlos Mendoza

Uno de mis argumentos sobre los linchamientos en Guatemala es que los métodos de castigo público y violento han sido incorporados al repertorio de las comunidades indígenas de Guatemala por medio del aprendizaje por imitación.

Es decir, que si bien los antecedentes del uso de la violencia extrema como forma de castigo público con determinados fines han sido introducidos por agentes externos a las comunidades indígenas (por ejemplo, la guerrilla y el ejército en tiempos del conflicto armado interno), dichas comunidades los han incorporado en su repertorio de métodos para el control social.

Al respecto, me encontré con dos ilustraciones antiguas. La primera muestra el castigo público en época colonial que los españoles aplicaban a los indígenas. Es el mismo método que ahora los indígenas aplican contra los que cometen alguna falta considerada grave en sus comunidades: latigazos y corte de pelo. Al respecto ver noticias recientes en Guatemala.

Maltrato de los españoles contra los indígenas en el territorio que hoy se conoce como Costa Rica.

Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.

La segunda ilustración presenta a los indígenas atacando a un fraile franciscano, seguramente alguien que arremetió contra sus costumbres y creencias. En este caso, parece que la comunidad quería dejar un precedente para futuros misioneros. Realmente no lo sabemos, pero especulamos algo plausible porque se trata, nuevamente, de un castigo público y extremadamente violento.

Levantamiento de los indígenas de Talamanca contra los misioneros.

Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.

07 September 2006

Hay más comunidades con su "ley"

Por Coralia Orantes
Prensa Libre (7 set 06)

No sólo en San Miguel Acatán, Huehuetenango, los pobladores han hecho sus propias “leyes”; la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reporta que ocurre lo mismo en ocho lugares más.

Ayer se enumeró en una nota de este diario que en San Miguel Acatán se castigan 84 “delitos”, impuestos por una junta presidida por el alcalde; éstos van desde la prohibición de caminar por la calle después de las 21 horas, hasta la proscripción de aretes para varones.

Rolando Yoc, director de Incidencia Política de la PDH, explicó que cuatro lugares de Quiché y similar número en Sololá han creado su propia “ley”.

En Sololá se cuentan Santa Catarina Ixtahuacán, Sajul, Tzucubal y Nahualá. En Quiché están Nebaj, Acul, Saquiej y Santa Cruz del Quiché.

El argumento de los habitantes es que hay impunidad y poca efectividad del sistema de justicia.

La PDH afirmó que iniciaron una investigación para determinar si existen otros municipios de ese departamento con las mismas o parecidas disposiciones.

Eliú Higueros, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que la labor urgente es hacer volver al estado de Derecho a estas comunidades.

En uno de los municipios de Quiché se prohibe enterrar a las personas que hayan muerto en el extranjero, no se acepta la presencia de la Policía y se obliga a los vecinos a realizar las rondas respectivas.

06 September 2006

La paradoja de San Miguel Acatán

Por Carlos A. Mendoza
Ciudad de Guatemala (6 set 06)

Como se puede observar en los artículos publicados por Prensa Libre (ver abajo), se ha desatado una polémica en torno a la tipificación de "delitos" y la imposición de ciertas penas a los supuestos infractores de la “ley local” decretada por los pobladores y autoridades municipales de San Miguel Acatán, Huehuetenango.

Para entender lo que allí está sucediendo es importante ver las estadísticas de violencia homicida de este municipio. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2004, Homicidios 1986-2003. CD-ROM.), de 1986 al 2003, Acatán aparece como un lugar pacífico.

Tabla 1
San Miguel Acatán: Tasas anuales de homicidios por cada 100,000 habitantes, 1986-2003

Año Tasa
1986: 0
1987: 0
1988: 0
1989: 0
1990: 6
1991: 0
1992: 0
1993: 5
1994: 16
1995: 5
1996: 5
1997: 0
1998: 0
1999: 0
2000: 0
2001: 5
2002: 0
2003: 9
Promedio: 3

La Tabla 1 muestra las tasas de homicidio del municipio y su promedio anual. En ese mismo período, la tasa promedio anual del país fue de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, por lo que la tasa de Acatán es bastante baja (3), incluso en comparaciones internacionales. En América Latina, sólo Chile mostró una tasa igualmente baja, en el período 1990-94.

Habría que investigar qué pasó en el año 1994, cuando se presenta una tasa extraordinariamente alta para el municipio (16). Por otro lado, podría ser que a partir del 2003 se ha dado algún incremento. Aún no lo sabemos con los datos del INE. Pero lo cierto es que, históricamente, se puede considerar como un municipio donde no ha reinado la violencia. En contraste, tenemos municipios donde la violencia homicida es realmente espeluznante: San Benito, Petén (237), Cuilapa, Santa Rosa (140), San José Acatempa, Jutiapa (140).

En el ranking nacional de violencia homicida a nivel municipal que he elaborado, San Miguel Acatán ocupa el puesto 288 de 331, es decir que se encuentra entre los 50 municipios más pacíficos (o menos violentos) del país. Entonces, ¿por qué han decidido implantar esas medidas tan drásticas de control social?

En lo que respecta a violencia colectiva, es decir, linchamientos, San Miguel Acatán también aparece sin “mancha” en su record. Es uno de los municipios del Occidente del país donde la MINUGUA (2004, Registros de Casos de Linchamientos 1996-2002. CD-ROM) no encontró ningún caso de linchamiento en el período 1996-2002. Esto parece indicar que en dicho lugar no hubo casos serios de delincuencia común o crimen organizado que provocaran la reacción violenta y colectiva de la comunidad.

Es indispensable tener cifras de violencia y delincuencia del 2004 al 2006 para saber si algo grave ha estado ocurriendo en el municipio. Posiblemente se ha incrementado la delincuencia común, y dados los históricos niveles de tranquilidad en el municipio, los pobladores perciben que deben “hacer algo” al respecto. Muestran un bajo nivel de tolerancia ante la delincuencia. Eso parece muy positivo, en un país donde nos hemos acostumbrado, sin inmutarnos, a ver cadáveres todos los días en las páginas de los diarios.

Los métodos de control social de San Miguel Acatán serán condenables y su procedimiento ilegal, pero está dando una señal inequívoca: “aquí hay tolerancia cero hacia quienes violan las normas de la comunidad.” A lo mejor este es el tipo de enforcement de las normas que requiere el país, dirán los que abogan por “mano dura”. No lo sé. Pero este no es un simple caso de “tragicomedia” guatemalteca, es un caso para el estudio de los científicos sociales.

En Acatán rigen 84 "delitos"

Por Coralia Orantes
Prensa Libre (6 set 06)

Embriagarse en días hábiles, quebrar envases en la vía pública, andar en la calle después de las 21 horas o las violaciones por la noche figuran entre las 84 prohibiciones que rigen en San Miguel Acatán, Huehuetenango, impuestas por una junta que preside el alcalde.

Con el argumento de que la población está cansada de la impunidad, la junta de seguridad local creó su propia “ley”, que lleva más de dos meses de vigencia.

Desde junio de este año, 102 vecinos y autoridades municipales firmaron un acta que creó “delitos” como alcoholismo en días hábiles, pintar casas o paredes, quebrar envases en la calle en estado de ebriedad, hombres que usan aretes, pelo largo y tatuajes, pintas en el cementerio o andar en la calle después de las 21 horas.

Pascual Tomás José, alcalde del municipio (FRG), explicó que tomaron esas medidas debido al repunte de malhechores. Aseguró que desde que crearon esas normas han disminuido los delitos. “Ya se han aplicado castigos como hacer limpieza, latigazos o hincarse en piedras o maíz”, reconoció.

El 21 de agosto último, los pobladores retuvieron durante seis horas al juez local, a fin de impedir que efectuara un recurso de exhibición personal a favor de unos detenidos. El juez fue trasladado, por amenazas de muerte.

En noviembre pasado, fue retirada la subestación policial, luego de que fue atacada por vecinos inconformes con una captura.

Lo prohibido


Irrespetar estas normas puede implicar desde latigazos hasta cárcel:

Violación de menores. Violación por la noche. Aborto. Divorcio. Falsificar billetes. Castigo a maestros que no trabajen cinco días de la semana. Calumnias. Problema de movimiento de mojones. Secuestrar, traficar droga. Drogadictos. Delincuentes. Escándalo en la vía pública. Falsificación de documentos. Generar basura. Personas abusivas. Jugar baloncesto de noche. Embriagarse en días hábiles. Incumplimiento a altas horas de la noche. Pintar casas o paredes. Venta de licor por la noche. Portar armas. Robar muertos. Escándalo en la noche. Quebrar envases en la calle y en estado de ebriedad. Usar aretes, pelo largo y tatuajes (para hombres). Robo de niños. Robo en general. Sobornos. Orinar en la calle, parque y mercado. Robar caballos, pollos, carros, siembras y otros bienes. Pintar cementerios. Brujería. Incumplimiento de edad anciana. Padres que no educan a sus hijos. Autoridades que no cumplen con su deber. Criticar a cualquier persona. Deudas. Problemas con nacimientos de agua. Venganza. Accidentes por ebriedad. Tarjetas falsas de celulares. Conducta de pandilleros. Líos de transportistas. Pleitos de vendedores. Quebrar mesas de vendedores. Desintegración familiar. Invadir propiedad privada con animales.

Población

San Miguel Acatán, Huehuetenango.

Población: 21 mil 805 habitantes.

Idioma: Akateko

Producción: Los pobladores se dedican a la fabricación de faroles, balcones y lámparas.

Cultivos: Sobresalen las siembras de café, maíz, frijol, cebada, papa y legumbres.

La entrevista

Luis Fernández Molina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, considera que lo que ocurre en San Miguel Acatán es un llamado de atención a todos los actores del sistema de justicia.

¿Cómo ven la aplicación de una ley paralela en ese municipio?

Estas acciones no están autorizadas, no podemos permitir que se vayan creando bolsones de leyes que son incompatibles con el sistema de justicia. Además, son poco técnicas, exageradas y hasta de contenido casi jocoso. Aparte es el tema del derecho indígena.

¿Ustedes emprenderán alguna acción ante lo acontecido?


Por el momento no, pero si la situación se agrava, debemos tomar alguna acción. El tema es preocupante. Es una llamada de atención a todos los actores del sector justicia para tomar cartas en el asunto.

El argumento de ellos es que no hay justicia.

Es entendible, debido a la presencia muy limitada de las instituciones en el lugar, pero no justificable. Esto es inadmisible.

¿En qué otras comunidades existen similares problemas?

Básicamente estamos hablando de algunos municipios de Huehuetenango. Gracias a Dios, no ha llegado a más, pero el problema es que otras comunidades podrían imitar o tomar este patrón para aplicar su propia ley.

Acatán: una tragedia cómica

Editorial de Prensa Libre
(6 set 06)

Como para comprobar una vez más que en Guatemala se hace realidad hasta la fantasía más absurda, el municipio de San Miguel Acatán, en Huehuetenango, se ha convertido desde hace dos meses en un reinado feudal encabezado por el alcalde Pascual Tomás José, quien para sorpresa de muy pocos pertenece al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y que decidió ante sí y de por sí establecer un toque de queda en el pueblo, con 84 prohibiciones para el ahora muy asustado vecindario.

Los castigos para los ciudadanos “culpables”, según esta nueva legislación sui géneris, incluyen corte de pelo, tareas de limpieza, recibir latigazos en público o hincarse sobre piedras o maíz.

Es prohibido usar prendas que den apariencia de pandillero, jugar de noche al baloncesto e incluso el “incumplimiento a altas horas de la noche” (¿?), quizás en alusión a asuntos del matrimonio.

El pintoresco alcalde, quien se siente orgulloso de tales absurdos, es el mismo que hace algunas semanas capturó a un juez porque este funcionario no castigó con suficiente dureza a dos personas a quienes el jefe de la comuna consideraba un peligro para la comunidad.

Lo ocurrido pone de manifiesto numerosos problemas. Uno, que el llamado “derecho consuetudinario maya” puede ser interpretado de manera irresponsable. Dos, que la autonomía municipal, una conquista indudable del andamiaje jurídico nacional, cuando se pone a la disposición de personas sin suficiente preparación, puede convertirse en la fuente de un feudo sobre el cual ninguna autoridad del país tiene jurisdicción para hacer regresar el orden.

En otras palabras, una interpretación antojadiza hecha por cualquier funcionario del país, puede dar lugar a que en todos los municipios se tomen medidas arbitrarias y oscurantistas como las hoy comentadas.

Resulta entonces urgente revisar el mencionado código, sobre todo en un momento histórico en el cual nadie parece estar dispuesto a obedecer a la autoridad, de lo que son ejemplo los partidos políticos y su burla al Tribunal Supremo Electoral.

La única manera de poner orden es que los vecinos hagan las denuncias del caso, pero en la práctica esto no se cumple por el temor a represalias, y a consecuencia de ello es necesario que el FRG lo cite para ordenarle que deje sin efecto decisiones que le causan grave daño a esa agrupación política caudillista.

Lo ocurrido en Acatán no debe ingresar simplemente en la colección de anécdotas nacionales.

Es muy serio porque está en juego la autonomía municipal, que de ser interpretada en esa forma, se convertiría en el principio del fin del Estado de Guatemala. Lo decidido por el alcalde Tomás José es un caso de estudio para las máximas autoridades jurídicas del país, las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados.

A partir de este momento, todas las instituciones jurídicas, políticas, religiosas y étnicas tienen la obligación de intervenir para explicar que los jefes edilicios no son reyezuelos medievales que pueden disponer a su antojo de la ley y de la vida de los ciudadanos, tal como está ocurriendo en Acatán, para nueva y profunda vergüenza nacional.

04 September 2006

Talibanes

Por Dina Fernández
Prensa Libre (4 set 06)

La total ausencia de un Estado de Derecho nos está convirtiendo en talibanes. Linchamos, apoyamos ejecuciones extrajudiciales y ahora hasta proclamamos nuestras leyes particulares para instaurar, a la brava, tribunales de fuero especial.

El caso de San Miguel Acatán, donde el alcalde Pascual Tomás –del FRG tenía que ser– acaba de elaborar una lista de “delitos” por los cuales cualquier persona puede caer en manos de los Comités de Seguridad del pueblo para recibir castigos que van desde “una herida en la mano” hasta quién sabe qué monstruosidad, se pasa llevando la Constitución y la mayoría de principios democráticos.

¡Dios nos libre de pasar por las montañas de Huehue y caer en manos de los acatecos!

De hecho, el juez de Paz del lugar, el licenciado José Estuardo Talavera, ya padeció las consecuencias de esta aberración.

Resulta que la comunidad decidió arrestar a dos muchachos a quienes acusaron de borrachos y de agredir a un policía municipal. Cuando se interpuso un recurso de exhibición personal a favor de los jóvenes y el juez intentó hacerlo valer, el alcalde dispuso secuestrarlo a él también.

De milagro el licenciado Talavera escapó, porque ya hemos visto casos, como en Senahú, donde la gente mata al juzgador a pedradas para cobrarle todos los males del país.

Lo más lamentable del incidente es que la Corte Suprema, pecando de blandengue o de corrección política, no se ha inmutado para defender a este juez que debe regresar a San Miguel Acatán, donde el pueblo, que ya agarró experiencia quemando una estación de Policía, lo espera con el garrote en la mano.

Esta justicia a la talibán nada tiene que ver con el derecho consuetudinario maya descrito en varios estudios. Y aunque la gente clame que se trata de “juicios mayas”, no son aceptables, pues violentan derechos elementales, como la presunción de inocencia o la necesidad de una defensa.

Basta leer la lista de “delitos” establecida en San Miguel Acatán para comprender cuán grave es el problema. Como si fuera una proclama real, el documento lleva impresos todos los sellos de la alcaldía y enumera los delitos uno tras otro, sin tipificarlos ni mucho menos especificar las penas que conllevan.

Así, quedan prohibidos: “problemas de basuras”, “los que juegan basquetbol en altas horas" (¿y si fuera futbol?), “alcoholismo en días hábiles” (para emborracharse, los feriados), “violación en altas horas” (¿y si es temprano?), “ebrio que anda quebrando envases en la calle” (grite, patalee, pero por favor no tire las botellas), “los que usan aretes, pelo largo y tatuajes” (ahora el hábito hace al marero), “quien orina en la calle, parque o mercado” (por cochinos), “el que quiebra mesas de los vendedores” (mejor busque otra cosa), “los que hacen grupos, pandilleros”, (¿alguien dijo libertad de asociación?), “desintegración familiar” (no al divorcio, ordenó el Papa), “controla carros en altas horas de la noche” (cuidadito con asomarse a la ventana), “incumplimiento en altas horas” (pilas, pues, maridos acatecos), “roba caballos, roba pollos, etcétera”, “roba muertos”, “pinta cementerios” y el favorito, “personas abusivas”.

El incumplimiento de la ley y la falta de autoridades –Policía, fiscales, juzgados– tiene desesperada a la gente, especialmente en pueblos como San Miguel Acatán, donde el Estado prácticamente no existe, ni siquiera para velar por la vida y los bienes de los guatemaltecos, que es su obligación primordial.

Urge que la Policía y la administración de justicia lleguen a todos los rincones del país y empiecen a trabajar con eficiencia, pues de lo contrario van a florecer este tipo de proclamas que de un plumazo demuelen la Constitución, con sus libertades y garantías.

Hay que actuar pronto, porque por ahora se han contentado con hincar a la gente sobre maíces y tijeretearles el pelo. Pero no tardan en organizar un pelotón de fusilamiento, y entonces sí vamos a pegar el grito en el cielo, pero será tarde para detenerlos.

23 August 2006

Juez de Coatán, Huehuetenango, permanece retenido por seis horas

Por Claudia Acuña
elPeriódico (23 ago 06)

El juez de paz de Coatán, Huehuetenango, José Estuardo Talavera Alfaro, permaneció retenido el lunes, junto a la secretaria del despacho y a un oficial, por el alcalde de San Miguel Acatán y un grupo de pobladores particulares que prestan seguridad a la población.

La presidenta del Organismo Judicial, Beatriz de León, informó que el funcionario judicial realizaba una exhibición personal en el lugar, cuando fue obligado a permanecer por seis horas en esa comuna.

Explicó que el juzgador llegó a constatar una denuncia formulada por el familiar de dos personas que fueron aprehendidas por los pobladores el domingo cuando presuntamente se encontraban haciendo escándalo en estado de ebriedad. “El alcalde detuvo a dos personas de forma ilegal, mismas que solo la Policía las puede efectuar”.

El alcalde de San Miguel Acatán, Pascual Tomás, informó que los miembros del consejo de seguridad local patrullaban las calles el domingo cuando encontraron a dos jóvenes ebrios. “Los muchachos le pegaron a un policía municipal y se negaron a irse a su casa”.

Aseguró que el patrón de los detenidos, Tomás Miguel, los amenazó de muerte porque indicó que no estaba de acuerdo con su labor. “Dijo que formará sus maras para eliminarlos. Después, cuando el juez vino, solo le pedimos que esperara a ver cómo se arreglaba la situación de los muchachos”.

El jefe edil comentó que los pobladores decidieron organizarse para proteger la comunidad. Existen consejos de seguridad local en las 74 aldeas de San Miguel Acatán. “Desde que ellos vigilan todo está tranquilo, no ha habido muertes”.

La vocera de la Policía Nacional Civil, Olimpia Pineda, informó que “los muchachos fueron liberados el lunes a las 23:00 horas junto con el juez, la secretaria y el oficial.

En el lugar hay una subestación policíaca, aunque no hay personal porque fue quemada en 2005, por lo que el funcionario debió ser asistido por personal de Huehuetenango.


Anomalías en San Miguel

08/08/2003: Toman de rehén a un menor
11/10/2004: Intento de linchamiento
13/12/2004: Intento de linchamiento
26/10/2005: La población destruye la estación policial
21/08/2006: Retienen al juez de Coatán

19 August 2006

¿Justicia maya?

Por Sam Colop
Prensa Libre (19 ago 06)

Ciertamente son repudiables las penas y sanciones que en los últimos días se vienen imponiendo en aldeas de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y otros lugares.

La prensa ha reportado al menos tres casos donde a los acusados y “sentenciados” de vender infantes se les ha obligado a hincarse sobre piedrín. A los varones se les ha puesto una carga de dos arrobas. A las mujeres se les ha cortado la cabellera.

Algunos medios reportan esto como parte del llamado derecho consuetudinario; otros, como ley indígena, ley comunal o juicio maya. En estos casos de barbarie, los supuestos defensores de los derechos indígenas como la misma Procuraduría de los Derechos Humanos han callado.

He sido una de las personas que ha hablado sobre el derecho maya y, a finales del mes pasado, comenté el “Proyecto de operatividad e implementación del sistema jurídico indígena”, que está siendo impulsado por la Corte Suprema de Justicia, la Usac, la Defensoría Maya y la Sepaz.

En aquel artículo decía que ese sistema de justicia “es esencialmente reparador y, si en algunos casos hay excesos, habrá que corregirlos. Al final de cuentas, la mayoría de esas prácticas no está contenida en un texto escrito en piedra”.

Los excesos reportados son inhumanos y atentan contra la dignidad de las personas, porque aun los condenados, después de haber sido citados, oídos y vencidos en juicio, también tienen dignidad y gozan de derechos humanos.

En aquel texto decía, además, que la aplicación de aquel derecho podría causar pánico porque se pensaría que los azotes, “una práctica derivada de la Colonia, y los linchamientos, una enseñanza contrainsurgente”, son parte de ese sistema; pero lo que ahora nos ocupa me parece una aberración de la justicia, y así como se persigue a los que linchan, también habría que juzgar a los que violan los derechos humanos de estas personas.

Si bien la justicia ladina no se aplica, aunque de manera mediocre, en todos los rincones del país, nada justifica violar la dignidad y los derechos de otros conciudadanos. De ahí que urge una campaña de sensibilización con los respectivos correctivos judiciales.

Por aparte, reconozco que hay cierta confusión sobre el tema del derecho maya, porque algunos le dan un enfoque teológico; otros, un enfoque antropológico; pero muy pocos, la dimensión jurídica.

Asimismo, estoy enterado de que más de algún abogado indígena defiende los azotes como parte de la justicia maya. Tal vez está incorporado ahora, pero su origen es colonial. A ver si no resultan otros también defendiendo estos actos de barbarie como parte de aquel derecho “ancestral”, pero que históricamente sólo llega a lo que ellos llaman “los abuelos” y que, para mal, termina siendo remarcado con estos ejemplos.

17 August 2006

Castigo maya

Por Adofo Méndez Vides
elPeriódico (17 ago 06)

El subdesarrollo no se queda impune, digo, y queda demostrado en el reciente acto de barbaridad indígena perpetrado en el caserío de Pasajquín, en Nahualá. No es posible que la civilización retroceda tanto, que regresemos a la edad del salvajismo, a la condena social amparados en una supuesta “moral” colectiva que castiga al individuo por sus actos privados como en los tiempos anteriores al cristianismo, a las computadoras y a los viajes interplanetarios. ¿No hemos acaso aprendido de la Historia que todo totalitarismo se basa y afirma en la ignorancia? El hombre es libre y un ser complicado, que depende de tantas cosas, y a quien no se le puede condenar por transgredir la función de animal doméstico. La edición dominical de Nuestro Diario contiene la evidencia esperpéntica de lo que puede hacer un pueblo guiado por las creencias más absurdas, sustentadas en la convicción de líderes que creen poseer la verdad única, autoungidos para castigar y avergonzar a los suyos en la plaza pública por cometer lo que se considera un acto villano. ¿Dónde están las autoridades de los derechos humanos para proteger a los indefensos?
En la foto principal del reportaje de colección se observa a cuatro mujeres arrodilladas sobre piedrín, rodeadas por la turba. Las cabelleras les fueron trasquiladas, como a locas. Una de ellas está embarazada y tiene la vista perdida. Las otras tres mujeres expresan tristeza, humillación, cólera y resentimiento. La comunidad las acusó de vender a sus hijos; es decir, dieron en adopción a la sangre de su sangre, a cambio de unos cuantos dinares. Un hombre de cara dura, sombrero ancho, camisa azul abrochada hasta el cuello, les pone las manos encima como juez designado para condenar. ¿Y qué derecho tiene ese sujeto para decir si tales mujeres actuaron bien o mal? ¡Cuidado!, porque los fundamentalismos están aflorando en cada esquina, y un día pereceremos linchados quienes creemos en las libertades del individuo. Ser bárbaros no es algo nuevo. El Ayatollah Khomeini mandó a las mujeres de Irán a cubrirse el rostro, prohibió a los hombres el uso de pantalonetas deportivas, practicó la ejecución pública a pedradas y ejecutó a quienes disentían de sus principios religiosos. Ahora nosotros estamos cobijando el mismo tipo de arbitrariedades. Sus razones habrán tenido las pobres mujeres que entregaron a sus hijos en adopción, quizá hasta les salvaron la vida al mandarlos a un mejor destino en el mundo civilizado, o quizá no, y todo es un simple negocio globalizado o una extensión del Infierno.

No es posible que en un país que tuvo fama de pacífico se permita tales arrebatos bárbaros, que brotan de la ignorancia y la enfermedad de los fundamentalismos más siniestros, y por eso es urgente la educación libre, porque una vez que la masa se acerca a la ciencia y al conocimiento, queda entendido que nada se corrige humillando a los semejantes, y que cuando se empieza a desterrar brujos se termina expulsando intelectuales y reviviendo el clima antiguo del terror.

15 August 2006

Se salvan de ser linchados en Sololá

Por Nery Morales y Fredy Rodas
Prensa Libre (13 ago 06)

Doce personas se salvaron ayer de ser linchadas por vecinos del caserío Pasajquín, aldea Pacalal (Nahualá, Sololá), pues las señalan de haber vendido siete niños de la localidad.

Los pobladores les cortaron el pelo a las mujeres y las arrodillaron sobre piedrín para que confesaran su falta. A los hombres además, les pusieron bultos sobre sus espaldas.

Las mujeres son Catarina Guarchaj, de 32 años; Manuela Siquín, de 16; Marta Siquín, de 25; María López Guarchaj, de 20; María Tambriz, de 22; Manuela Ixmat Choz, de 26, y María Siquín, de 25.

Francisco Ixquiataj, de 21; Domingo Siquín, de 19; Diego Coj Guarchaj, de 35; y José Morales, de 25, también estaban en la lista.

La turba los señala de haber vendido a siete niños por cantidades que oscilan entre los Q8 mil y los Q19 mil.

El “principal” (autoridad superior), Antonio Cotí, dijo que se les aplicó la ley maya para que lo malo desaparezca del pueblo. Agregó que vigilarán a la comunidad para evitar cualquier escándalo.

A las 15.30 horas liberaron a seis de los castigados, quienes fueron consignados a los tribunales para que aclaren su situación, dijo Leonel Cortez, de la Comisaría 33.

22 July 2006

Confusión sobre el derecho indígena

Por Anders Kompass*
elPeriódico (22 jul 06)

En los últimos meses el tema del derecho indígena, directa o indirectamente, ha figurado con frecuencia en las secciones de opinión de los medios de comunicación. Aunque es indiscutiblemente positivo que exista hoy en el país la apertura para abrir esta discusión en los medios, parece existir confusión, especialmente ante la tendencia de vincular al derecho indígena con diversos tipos de castigo físico como los linchamientos o los azotes.

Pixab’ es un término k’iche’ que engloba muy bien la filosofía que respalda al derecho indígena, ya que significa “llamar la atención, dar consejos, transmitir la experiencia”. El derecho indígena es justamente eso: un sistema jurídico que pone su mayor énfasis en la prevención del crimen, en el fortalecimiento del tejido social comunitario y en la importancia de un comportamiento individual y colectivo que, como en cualquier sistema legal, debe basarse en el respeto a la autoridad, normas y principios. Y aunque el derecho indígena también contempla sanciones, estas se refieren esencialmente a llamadas de atención o, en los casos más graves, trabajo social que retribuya y repare a la comunidad por el perjuicio ocasionado. El derecho indígena no está basado en ningún tipo de violencia sino en la conciliación y la armonía.

Precisamente por esto resultan tan dañinas las opiniones en las que se asocia al derecho indígena con el castigo físico: porque contribuyen a generar un clima de rechazo hacia un sistema que debe ser visto como una oportunidad para continuar con el fortalecimiento del Estado de derecho, descongestionando el centralizado e ineficiente sistema de justicia del Estado y contribuyendo a replantear las bases de las relaciones sociales en las comunidades, al brindar armonía a través de la resolución pacífica y conciliatoria de los conflictos.

Resulta pertinente hacer varios llamados a la reflexión. El primero, a las autoridades indígenas y líderes espirituales, para que alcen la voz y participen activamente de las discusiones sobre el tema, recalcando con fuerza que ni el derecho indígena ni el sistema de justicia estatal pueden apoyar o condonar sanciones que sean violatorias de los derechos humanos. El segundo es un llamado a las comunidades indígenas para que identifiquen sus mejores prácticas, impidan que el derecho indígena sea desvirtuado, y rechacen prácticas violentas que van en contra de sus principios ancestrales.

El tercer llamado, al Estado, es para que apruebe y aplique leyes que vayan en concordancia con los convenios internacionales, como el Convenio 169, y que divulgue todas las ya existentes para mejorar el conocimiento sobre el tema. El cuarto y último llamado es a la población guatemalteca en general, para recordarle que un ser humano, sea ladino, indígena, afro descendiente o mestizo, no puede ni debe ser nunca sujeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese es un principio universal irrebatible.

*Representante de OACNUDH.

04 July 2006

Linchan a delincuente

Por Prensa Libre (04 jul 06)

La jornada de violencia que se vivió en el país durante las últimas horas dejó la cauda cinco personas muertas, entre las cuales se encuentra un linchamiento de un presunto delincuente en Jalapa.

07 June 2006

Derecho consuetudinario, chicotazos y linchamientos

Por Eduardo Mayora
Siglo XXI (7 jun 06)

Hace unos cuantos días escuché por unos minutos la conversación que sostenían por la radio Estuardo Zapeta y Marta Díaz-Durán sobre la cuestión del derecho consuetudinario indígena y ciertos sucesos o fenómenos, como los linchamientos y la aplicación de penas infamantes. Desgraciadamente no pude escucharlo desde su inicio ni seguirlo hasta el final, pero sí lo suficiente para que motivara estos comentarios.

El concepto de derecho consuetudinario, a decir verdad, nada tiene de nuevo en general, tampoco en Guatemala. Ocurre que desde hace relativamente poco tiempo —no más de unos 20 años, diría yo— en nuestro medio se le ha contrapuesto a lo que se podría llamar el “sistema jurídico de la República”. Se le ha contrapuesto en distintos contextos y por diferentes razones. Algunos, para poner de relieve que, a pesar del transcurso de tres siglos de colonia española y casi otros dos de República independiente, “sigue” vigente el derecho maya. Otros, para señalar un ejemplo próximo a los guatemaltecos de un sistema jurídico que pudiera semejarse más a la common law de los pueblos de habla inglesa, que a nuestra tradición más bien positivista y de derecho legislado.

En ambos casos la circunstancia de que cada vez con más frecuencia se produzcan linchamientos o la aplicación de castigos degradantes (como el de ser azotado en público), genera dudas y temores sobre el derecho consuetudinario indígena. Y qué decir de las quemas de estaciones de policía o de la destrucción de las oficinas de los ayuntamientos y de las residencias mismas de los alcaldes. Nada de esto, replican los amigos del derecho consuetudinario, tiene que ver con ese sistema. Esas son aberraciones consecuencia, más bien, del caótico sistema de justicia estatal, tan lento como impredecible. En mi opinión, ninguna de las dos posiciones sobre el derecho consuetudinario —indígena o de cualquier otro tipo — da en el clavo. Así como la legislación y los precedentes sentados por los tribunales pueden recoger —y con frecuencia recogen— reglas criticables desde diversos puntos de vista, también hay buenas y malas costumbres. Dicho de otra forma, no hay nada que garantice que el derecho consuetudinario sólo perpetuará las “buenas costumbres” o que consagrará soluciones eficientes. Si bien es cierto que la politización de la legislación es un problema bastante más común que la contaminación política de los fallos de los tribunales, también lo es que el derecho consuetudinario es bastante menos flexible y poco permeable a las innovaciones. Por definición preserva lo tradicional y, así como hay tradiciones dignas de conservarse, hay otras que no tanto.

Quizás mi punto fundamental sea que el derecho consuetudinario es, al lado del derecho jurisprudencial y del legislado, una forma más a través de la cual se manifiesta el derecho pero no “es” el derecho. Por lo regular, en los países en que se ha logrado implantar un verdadero Estado de derecho se combinan esas tres formas de producción de reglas jurídicas, jugando un rol fundamental la jurisprudencia de los tribunales. Pienso que nuestro mayor déficit está más bien por este lado.

29 May 2006

Causas de los linchamientos en Guatemala

El miércoles 3 de mayo del 2006 se presentó en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA, San Salvador) el trabajo de investigación de Carlos Mendoza, titulado: Causas de los linchamientos en Guatemala: ¿Barbarie o Justicia Popular?

Para ver presentación en MS-PowerPoint ir a la siguiente dirección de Internet:

AQUI

Dicha presentación se benefició de los comentarios dados por Elin Ranum, investigadora del IUDOP, quien trabaja el tema de las maras en Guatemala.

Para leer sus comentarios, ver el siguiente post.

Comentarios a la presentación

Por Elin Cecilie Ranum
Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP)

Comentarios a la presentación "Linchamientos: ¿Barbarie o Justicia Popular?" de Carlos A. Mendoza

Primero quisiera agradecerle a Carlos por su excelente presentación, que nos ayuda a mejor entender un fenómeno tan complejo y atemorizador que es el fenómeno de los linchamientos, y también agradecerle por invitarme a comentar su trabajo.

Con esta presentación, Carlos ha atraído nuestra atención hacia lo que quizás es el ejemplo más brutal y cruel de los problemas que enfrentar varios países latinoamericanos, muchos de ellos se encuentran en una transición de regímenes autoritarios a la democracia, y de la guerra a la paz tal como es el caso de Guatemala y El Salvador. En estos países la violencia del pasado ha sido remplazada por otro tipo de violencia que ha llegado a niveles tan extremos que ya es la mayor preocupación de los ciudadanos en estos países, y también ha llegado a tener expresiones muy extremas. La violencia se ha convertido en algo que se podría llamar una “hoguera de historia colectiva” para retomar las palabras de Eduardo Galeano. La seguridad pública, según el mismo autor, se ha convertido en una “obsesión pública”, lo cual facilita ciertas acciones y actitudes entre los ciudadanos tal como lo que hemos visto en esta presentación. Los linchamientos son un escenario de temor de la sociedad de posguerra, es el escenario de las masas que se juntan para castigar a un supuesto delincuente o amenaza a la seguridad e integridad de la comunidad, personas que en muchas ocasiones han sido inocentes... Creo al escuchar historias de violencia colectiva y de las masas que se juntan y matan a otras personas, todos nos hemos preguntado: ¿qué es lo que hace que la gente llega a estos extremos? Son historias que nos asustan. Nos asustan precisamente porque no las entendemos, no sabemos lo que hay atrás de estas historias de barbarie y de horror que con cierta frecuencia llaman nuestra atención al hojear los periódicos. Al escuchar de estos historias, quizás algunos piensan que la gente ya está harta de tanta violencia, la gente está frustrada... a lo mejor estos pensamientos no son tan equivocados, pero no explican lo que hay atrás de este fenómeno... Por esa razón, la exposición de Carlos es de mucha importancia y creo que nos ha dado a todos un mejor entendimiento de algunos factores que pueden explicar porque se llega a haber acciones tan extremas como son los linchamientos.

Carlos ha enfatizado la importancia de revisar las explicaciones anteriores y probar la importancia de otros factores para encontrar nuevas respuestas y explicaciones a los fenómenos que nos preocupa a todos. Hemos visto que si bien el legado de la guerra y las violaciones de los derechos humanos que se dio en Guatemala durante la guerra civil tiene cierta influencia en el fenómeno de linchamientos, hay otros factores que parecen ser más importantes. El legado de la guerra posiblemente hace la violencia más cruel, pero no explica su surgimiento. Se ha cuestionado la hipótesis tradicional en Guatemala, manejada principalmente por MINUGUA, agregando nuevas variables y se ha subrayado dos factores importantes: La falta de un estado de derecho y la poca presencia del estado en muchas zonas del país; e importantes características de la cultura indígena que ayudan a explicar ciertas formas de acción colectiva, que en este caso se expresa como violencia colectiva. Es una cultura con alta capacidad de organización, y donde la acción colectiva ha sido un mecanismo de supervivencia, es una cultura cuyo capital social en términos de solidaridad, sentimiento de comunidad, colectividad, organización y acción parece ser fuerte, y hemos visto como el capital social puede llegar a tener expresiones negativas...

Con base en una investigación científica donde se aplica una metodología que a mi juicio es muy valiosa a parte de ser novedosa en este tema y nuestros países. Esta metodología permite hacer un análisis cuantitativo para establecer la importancia de los diferentes variables sin perder o ignorar datos, este estudio ha sido muy enriquecedor en términos de ampliar la hipótesis tradicional sobre este fenómeno en Guatemala, agregando nuevos factores cuya importancia resulta ser mayor que los factores subrayados en estudios pasados. Esto no solamente genera un mejor entendimiento sobre el fenómeno, sino que también facilita la tarea de elaborar propuestas de políticas para prevenir estos casos.

La inseguridad y altos niveles de violencia parecen ser factores subyacentes, sin embargo no se queda de todo claro cual es el origen de la inseguridad, ni que tan afectadas por la violencia son las comunidades donde se han dado casos de linchamientos. Creo que sería interesante ver el sentimiento de inseguridad y su origen versus los de facto niveles de violencia, así como su importancia como variables. Otro punto que ojalá pueda desarrollarse un poco más en un futuro estudio son más detalles sobre los casos donde se repiten los linchamientos, cuales son los variables con mayor peso, si los linchamientos ayuden a reducir los niveles de seguridad, si las personas son más propensas a participar en linchamientos cuando ya se han dado una vez, y el impacto de difusión de los linchamientos. De igual manera hubiera sido interesante conocer más estudios de caso para enriquecer los resultados de la investigación cuantitativa, sobre todo buscando respuestas de qué tanto son los linchamientos respuestas espontáneas o qué tanto son ya acciones más planificadas y organizadas.

Este fenómeno de los linchamientos puede parecer ser ajeno a la realidad salvadoreña. Aquí tenemos violencia, pero linchamientos no tantos... No obstante, aunque el fenómeno de linchamiento no se haya manifestado en la misma manera en El Salvador, vale la punta retomar un punto importante de esta presentación: Que los ciudadanos toman la justicia por sus propias manos. La diferencia es que eso se da en una forma más discreta e invisible que en Guatemala. Y esto es una práctica muy respaldada por los salvadoreños.; la mitad de la población acepta estas acciones, y está a favor de organizar grupos vecinales armados para defenderse.

Un punto del trabajo de Carlos Mendoza que me llamó mucho la atención es la separación de la sociedad entre “ellos” y “nosotros”, o los “malos” y los “buenos”. Esto genera que la gente muchas veces piense que tienen el derecho de juzgar sobre otras personas, lo cual puede llegar a un nivel donde los “buenos” se sienten con el derecho de decidir que tipos de derechos merecen tener los “malos”, llegando al extremo de tener el derecho de quitarles la vida a los “malos”. Esta separación también puede ser usada para generar apoyo a políticas extremas o represivas de control o de seguridad, donde se acepta que se violan los derechos de los “malos” precisamente porque esto da una sensación en los “buenos” de que su seguridad incrementa.

Esto a su vez refuerza la actitud que mencioné hace poco. El hecho tomar la justicia en sus propias manos. Lo que se ve en El Salvador, no son las masas que participan en una turba o en un linchamiento, sino que se da en una forma más discreta y silenciosa donde alguien manda a matar a alguien etc. Quizás el caso más extremo aquí es el caso de las pandillas, donde los pandilleros han dejado de ser “personas” por el hecho de que se ha generado una percepción colectiva de que los pandilleros son los “malos” de la sociedad y son una amenaza a la seguridad de los demás, los “buenos”. Esto ha llevado a una situación de algo que se podría llamar “desconexión moral” donde la gente desconecta el moral y las normas cuando no sea conveniente aplicarlos. Esto se ve cuando la gente aplauda cada vez que se muere un pandillero. La gente lo aplauda, lo aprueba, y no lo denuncia. En esta manera, la gente se convierte en cómplices de los asesinatos, en cómplices del hecho de que alguien le quita la vida a alguien. No son participes en la forma que se da en el caso de los linchamientos, donde la muerte ocurre como resultado de una acción colectiva. Pero son participes en una muerte que ocurre como resultado de una aceptación colectiva de que los “malos” de la sociedad no tienen el mismo derecho a la vida como los “buenos”.

Como en Guatemala, la falta de un estado de derecho, la poca presencia del estado, la falta de acceso al sistema de justicia y la incapacidad del estado de garantizar seguridad a los ciudadanos en El Salvador son factores que ayudan a generar estos valores. La incapacidad del estado de brindar seguridad impide la construcción de una cultura política democrática, ya que refuerza actitudes autoritarias, reduce la confianza en el sistema judicial y otras instituciones del estado, reduce el apoyo a la democracia, y el respeto a los derechos individuales de los demás. Estas son valores que se ven en los salvadoreños, y que aunque no se expresen en la misma forma extrema y no generen el mismo escenario de terror como los linchamientos, son valores que ponen en peligro la gobernabilidad, dificultan el proceso de democratización del país, e impiden la construcción de la paz ciudadana.

Una lección muy importante que vale la pena retomar de esta presentación es precisamente la necesidad de fortalecer el estado, su presencia y trabajar para construir un estado de derecho, ya que esto parece ser un factor determinante por lo cual la gente llegue al extremo de decidir quien tiene el derecho de vivir o no, expresada en una forma de acción colectiva como los linchamientos, o por medio de una aceptación colectiva que se ve aquí en El Salvador también.

Para terminar, quiero felicitarle otra vez a Carlos por este trabajo. Creo que es un aporte muy importante, ya que señala graves debilidades de los países y ayuda a ilustrar algunos problemas que muchos países, no sólo Guatemala y El Salvador, tienen que enfrentar en la transición de la guerra a la paz y de regímenes autoritarios a la democracia. Muchas gracias.

Miércoles 3 de mayo del 2006.
Universidad Centroamericana (UCA) “José Simeón Cañas”
San Salvador, El Salvador.

Linchamientos y otros tipos de violencia: panel-foro

En el IV Seminario Interuniversitario “Economía para la Política”, organizado conjuntamente por el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas (CADEP) y diez universidades participantes (llevado a cabo del 21 al 23 de marzo del 2006 en la ciudad de Guatemala), se realizó el panel-foro titulado: Políticas Públicas, ¿causa o disuasivo de la violencia y el terrorismo?

Para ver el video ir a la siguiente dirección de Internet:
http://www.newmedia.ufm.edu.gt/pagina.asp?nom=cadeppoliticaspublicasterrorismo