Linchamientos

Por Irmalicia Velásquez Nimatuj
elPeriódico (21 dic 09)

Las noticias de los últimos meses recogen un número significativo de linchamientos ocurridos a lo largo y ancho del país.

Cifras nacionales y de organismos internacionales señalan que el número oficial de muertes por linchamientos entre 1996 y 2001 fue entre 23 y 54 por año. Para 2008 se registraron 56 intentos de linchamiento que afectaron a 118 personas.

A pesar de la gravedad nacional, los linchamientos se han explotado con morbo, se abordan como un “problema persistente”, como una ola de violencia provocada por comunidades rurales o turbas de indígenas incivilizados que no respetan las leyes. Sin embargo, el tema de los linchamientos debe de ser abordado como un fenómeno que muestra la crisis en la cual se encuentra el Estado, especialmente el poder judicial.

Los linchamientos no deben de reducirse a problemas locales, comunitarios o robos domésticos que sirven para encubrir rencillas u odios entre familias. Los linchamientos con toda su crudeza están mostrando que áreas completas del país no creen en el sistema de justicia. Por eso, estos actos deben de provocar que los funcionarios que están al frente de la justicia, sin importar su jerarquía, trabajen y cumplan su mandato.

Los linchamientos tienen su base en la impunidad que es lo que el Estado ofrece y es en la que hemos aceptado vivir. En su primer informe, la CICIG señaló que el Organismo Judicial tiene un índice de impunidad del 93.1 por ciento. De las 10 mil 865 denuncias de crímenes recibidas en los últimos 3 años, sólo 1,167 llegaron a sentencia. Es decir, un 10.7 por ciento, mientras que el restante 89.3 por ciento de denuncias no logró una resolución. Además, de las pocas sentencias sólo el 6.9 por ciento fue condenatorio. Lo mismo ocurre en el Ministerio Público, donde el 98 por ciento de los delitos no es investigado.

Ningún programa ni campaña de formación o capacitación funcionará si instituciones como la Policía Nacional Civil no es redefinida y depurada. Hoy, en las comunidades, la PNC no infunde respeto, sino temor ante las constantes violaciones que comete en contra de hombres y mujeres. Un sistema de justicia probo no puede surgir, sino se restaura la autoridad moral de quienes lo dirigen, un nuevo sistema de justicia debe convertirse en un triunfo para el país, sólo así los individuos, las comunidades y los pueblos le encontrarán sentido a la palabra justicia.