Confusión sobre el derecho indígena

Por Anders Kompass*
elPeriódico (22 jul 06)

En los últimos meses el tema del derecho indígena, directa o indirectamente, ha figurado con frecuencia en las secciones de opinión de los medios de comunicación. Aunque es indiscutiblemente positivo que exista hoy en el país la apertura para abrir esta discusión en los medios, parece existir confusión, especialmente ante la tendencia de vincular al derecho indígena con diversos tipos de castigo físico como los linchamientos o los azotes.

Pixab’ es un término k’iche’ que engloba muy bien la filosofía que respalda al derecho indígena, ya que significa “llamar la atención, dar consejos, transmitir la experiencia”. El derecho indígena es justamente eso: un sistema jurídico que pone su mayor énfasis en la prevención del crimen, en el fortalecimiento del tejido social comunitario y en la importancia de un comportamiento individual y colectivo que, como en cualquier sistema legal, debe basarse en el respeto a la autoridad, normas y principios. Y aunque el derecho indígena también contempla sanciones, estas se refieren esencialmente a llamadas de atención o, en los casos más graves, trabajo social que retribuya y repare a la comunidad por el perjuicio ocasionado. El derecho indígena no está basado en ningún tipo de violencia sino en la conciliación y la armonía.

Precisamente por esto resultan tan dañinas las opiniones en las que se asocia al derecho indígena con el castigo físico: porque contribuyen a generar un clima de rechazo hacia un sistema que debe ser visto como una oportunidad para continuar con el fortalecimiento del Estado de derecho, descongestionando el centralizado e ineficiente sistema de justicia del Estado y contribuyendo a replantear las bases de las relaciones sociales en las comunidades, al brindar armonía a través de la resolución pacífica y conciliatoria de los conflictos.

Resulta pertinente hacer varios llamados a la reflexión. El primero, a las autoridades indígenas y líderes espirituales, para que alcen la voz y participen activamente de las discusiones sobre el tema, recalcando con fuerza que ni el derecho indígena ni el sistema de justicia estatal pueden apoyar o condonar sanciones que sean violatorias de los derechos humanos. El segundo es un llamado a las comunidades indígenas para que identifiquen sus mejores prácticas, impidan que el derecho indígena sea desvirtuado, y rechacen prácticas violentas que van en contra de sus principios ancestrales.

El tercer llamado, al Estado, es para que apruebe y aplique leyes que vayan en concordancia con los convenios internacionales, como el Convenio 169, y que divulgue todas las ya existentes para mejorar el conocimiento sobre el tema. El cuarto y último llamado es a la población guatemalteca en general, para recordarle que un ser humano, sea ladino, indígena, afro descendiente o mestizo, no puede ni debe ser nunca sujeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese es un principio universal irrebatible.

*Representante de OACNUDH.