Por Eduardo Mayora Alvarado
Siglo XXI (05 0ct 06)
En cierto sentido, la discusión sobre si hay o no un derecho consuetudinario indígena es estéril. Me refiero a que, por su propia esencia, el derecho consuetudinario existe cuando se da en la vida real; cuando una sociedad, una comunidad, aplica a lo largo del tiempo ciertas reglas que sus integrantes reconocen como válidas y, por ende, vinculantes para todos ellos, coercitivamente si menester fuera. Lo que cualquier observador externo pueda opinar, ante los hechos, sale sobrando.
En ese orden de ideas, los acontecimientos que acaban de presentarse en Nahualá, una vez más, sumados a otros 11 casos de características similares (el Periódico, 2/10/06), amenazan con convertirse en una práctica que, de seguir así, podría dar lugar al surgimiento de una “costumbre” contraria a los más fundamentales principios de justicia y a la dignidad humana.
Y es que no se trata solamente del hecho de que se haya castigado sin nada que semeje un juicio previo, y de manera infamante, a 18 mujeres y 5 hombres. Además, están los disturbios que se suscitaron con cauda de una persona muerta y otras tres heridas, de acuerdo con la misma nota de prensa. No hay razón que pueda justificar estos desmanes, como tampoco es aceptable que queden impunes.
La circunstancia de que en algunas de las comunidades donde se ha asistido a este tipo de sucesos, no haya jueces del Estado o que la presencia policial sea insuficiente cuando no nula, siempre ha sido una omisión condenable y grave. Pero pretender convertirla en pretexto válido para violar los más elementales derechos de tantos seres humanos es insostenible, con todo y la acusación lanzada por quienes se han erigido, sin autoridad legítima, en justicieros: el comercio de niños.
¿Qué hacer? Como siempre están las perspectivas de corto y de largo plazo. La primera exige que el Estado reaccione: debe investigarse, procesarse judicialmente y castigarse de acuerdo con la Ley, respetándose su derecho de defensa y a un juicio imparcial y público, a todos los responsables. De lo contrario estas prácticas deleznables, muy probablemente, se repetirán. De cara al largo plazo, es indispensable que el Estado de Guatemala, insisto tercamente, ordene sus prioridades: debe dotarse a la PNC y al Poder Judicial de los recursos necesarios, a costa de cualesquiera otros programas y proyectos, para que estén en capacidad de prevenir o perseguir, según fuere el caso, tanto la trata ilegal de niños –si de verdad se estuviera dando–, como también cualquier abuso brutal contra los más elementales derechos humanos de quienes podrían volver a ser víctimas de estos excesos. No basta que las leyes digan lo que digan, o que se promulguen todavía más leyes; es necesario que se apliquen con razonabilidad y sentido de justicia.
También es conveniente tener claro que, cualquiera que sea el derecho consuetudinario que se esté aplicando por no importa cual comunidad, hay ciertos presupuestos de legitimidad básicos, constitucionalmente protegidos, que no son negociables ni renunciables.
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