¿Justicia maya?

Por Sam Colop
Prensa Libre (19 ago 06)

Ciertamente son repudiables las penas y sanciones que en los últimos días se vienen imponiendo en aldeas de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y otros lugares.

La prensa ha reportado al menos tres casos donde a los acusados y “sentenciados” de vender infantes se les ha obligado a hincarse sobre piedrín. A los varones se les ha puesto una carga de dos arrobas. A las mujeres se les ha cortado la cabellera.

Algunos medios reportan esto como parte del llamado derecho consuetudinario; otros, como ley indígena, ley comunal o juicio maya. En estos casos de barbarie, los supuestos defensores de los derechos indígenas como la misma Procuraduría de los Derechos Humanos han callado.

He sido una de las personas que ha hablado sobre el derecho maya y, a finales del mes pasado, comenté el “Proyecto de operatividad e implementación del sistema jurídico indígena”, que está siendo impulsado por la Corte Suprema de Justicia, la Usac, la Defensoría Maya y la Sepaz.

En aquel artículo decía que ese sistema de justicia “es esencialmente reparador y, si en algunos casos hay excesos, habrá que corregirlos. Al final de cuentas, la mayoría de esas prácticas no está contenida en un texto escrito en piedra”.

Los excesos reportados son inhumanos y atentan contra la dignidad de las personas, porque aun los condenados, después de haber sido citados, oídos y vencidos en juicio, también tienen dignidad y gozan de derechos humanos.

En aquel texto decía, además, que la aplicación de aquel derecho podría causar pánico porque se pensaría que los azotes, “una práctica derivada de la Colonia, y los linchamientos, una enseñanza contrainsurgente”, son parte de ese sistema; pero lo que ahora nos ocupa me parece una aberración de la justicia, y así como se persigue a los que linchan, también habría que juzgar a los que violan los derechos humanos de estas personas.

Si bien la justicia ladina no se aplica, aunque de manera mediocre, en todos los rincones del país, nada justifica violar la dignidad y los derechos de otros conciudadanos. De ahí que urge una campaña de sensibilización con los respectivos correctivos judiciales.

Por aparte, reconozco que hay cierta confusión sobre el tema del derecho maya, porque algunos le dan un enfoque teológico; otros, un enfoque antropológico; pero muy pocos, la dimensión jurídica.

Asimismo, estoy enterado de que más de algún abogado indígena defiende los azotes como parte de la justicia maya. Tal vez está incorporado ahora, pero su origen es colonial. A ver si no resultan otros también defendiendo estos actos de barbarie como parte de aquel derecho “ancestral”, pero que históricamente sólo llega a lo que ellos llaman “los abuelos” y que, para mal, termina siendo remarcado con estos ejemplos.