Por Óscar Toledo
Prensa Libre (27 set 06)
Santa Cruz Quiché, Quiché. – Tres presuntos violadores fueron azotados por pobladores de la comunidad Xatinap V, la noche del lunes, señalados de haber querido abusar sexualmente de dos niñas.
El jueves último, vecinos de la zona 3 de Santa Cruz del Quiché habían detenido a Benjamín Torres Gámez, de 22 años, a quien ataron a un poste. Posteriormente fue entregado a la Policía Nacional Civil.
Los otros jóvenes castigados fueron Antonio Margarito Zapeta y Oswaldo Batz Tum, ambos de 18.
Según integrantes del comité de vigilancia local, los detenidos son acusados de haber violado a dos niñas, de 11 y 13 años.
Vecinos se levantan
Después que los pobladores entregaron a Torres Gámez a la Policía, ésta lo dejó en libertad el viernes, por falta de pruebas.
Molestos, volvieron a detenerlo, y lo obligaron a identificar a los otros individuos que lo habían acompañado la noche anterior (el jueves) para cometer su fechoría. Para entonces, Torres Gámez se había cortado el cabello.
Los líderes de la comunidad convocaron al comité de vigilancia de la zona 3 y a las familias de las adolescentes afectadas, para que identificasen a los tres hombres.
Posteriormente, con la declaración pública de vecinos y familiares, llevaron a cabo un juicio comunitario, cuyos integrantes terminaron por sentenciar a los tres jóvenes a recibir 20 azotes cada uno.
Este proceso tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la comunidad y duró unas tres horas.
“Que los conozcan...”
Pablo Zacarías, uno de los participantes en el tribunal comunitario, calificó de “vergüenza” que la Prensa publique fotos de vecinos cometiendo hechos contra las normas de buena conducta, y después, que éstos vayan libres como si nada hubiera pasado.
“Por eso decidimos junto a los líderes, darles el castigo que merecen para que la población se dé cuenta de que nosotros no aceptamos conductas malsanas, porque somos gente pacífica y trabajadora”, insistió Zacarías.
Justicia efectiva
Marcelina Reynoso, otra integrante del comité de vigilancia, criticó que mucha gente critique las prácticas indígenas para castigar a quienes incurren en alguna falta. Sin embargo, enfatizó: “Es mucho más efectiva que la ley estatal”.
Varios pobladores criticaron también que la Policía hubiera dejado libre a Torres Gámez sin haber investigado su culpabilidad o inocencia en el delito que se le imputa.
“Aquí los dirigentes castigaron a Torres Gámez y encontraron a los otros muchachos involucrados”, dijo Reynoso.
El castigo les fue impuesto en horas de la noche del lunes por familiares de las víctimas y líderes comunitarios.
A manos del pueblo
La “justicia indígena” ha sido aplicada en varias comunidades de occidente.
El 19 de septiembre pasado, dos hombres se salvaron de morir linchados en San Vicente Pacaya, tras intentar robar un negocio.
El 13 de agosto, doce personas se salvaron de ser linchadas en Pasajquín, aldea Pacalal (Nahualá, Sololá), señalados de haber vendido niños.
El 18 de julio, dos hombres iban a ser linchados en San Cristóbal Totonicapán, tras ser acusados de intentar violar a una niña de 9 años.
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