Talibanes

Por Dina Fernández
Prensa Libre (4 set 06)

La total ausencia de un Estado de Derecho nos está convirtiendo en talibanes. Linchamos, apoyamos ejecuciones extrajudiciales y ahora hasta proclamamos nuestras leyes particulares para instaurar, a la brava, tribunales de fuero especial.

El caso de San Miguel Acatán, donde el alcalde Pascual Tomás –del FRG tenía que ser– acaba de elaborar una lista de “delitos” por los cuales cualquier persona puede caer en manos de los Comités de Seguridad del pueblo para recibir castigos que van desde “una herida en la mano” hasta quién sabe qué monstruosidad, se pasa llevando la Constitución y la mayoría de principios democráticos.

¡Dios nos libre de pasar por las montañas de Huehue y caer en manos de los acatecos!

De hecho, el juez de Paz del lugar, el licenciado José Estuardo Talavera, ya padeció las consecuencias de esta aberración.

Resulta que la comunidad decidió arrestar a dos muchachos a quienes acusaron de borrachos y de agredir a un policía municipal. Cuando se interpuso un recurso de exhibición personal a favor de los jóvenes y el juez intentó hacerlo valer, el alcalde dispuso secuestrarlo a él también.

De milagro el licenciado Talavera escapó, porque ya hemos visto casos, como en Senahú, donde la gente mata al juzgador a pedradas para cobrarle todos los males del país.

Lo más lamentable del incidente es que la Corte Suprema, pecando de blandengue o de corrección política, no se ha inmutado para defender a este juez que debe regresar a San Miguel Acatán, donde el pueblo, que ya agarró experiencia quemando una estación de Policía, lo espera con el garrote en la mano.

Esta justicia a la talibán nada tiene que ver con el derecho consuetudinario maya descrito en varios estudios. Y aunque la gente clame que se trata de “juicios mayas”, no son aceptables, pues violentan derechos elementales, como la presunción de inocencia o la necesidad de una defensa.

Basta leer la lista de “delitos” establecida en San Miguel Acatán para comprender cuán grave es el problema. Como si fuera una proclama real, el documento lleva impresos todos los sellos de la alcaldía y enumera los delitos uno tras otro, sin tipificarlos ni mucho menos especificar las penas que conllevan.

Así, quedan prohibidos: “problemas de basuras”, “los que juegan basquetbol en altas horas" (¿y si fuera futbol?), “alcoholismo en días hábiles” (para emborracharse, los feriados), “violación en altas horas” (¿y si es temprano?), “ebrio que anda quebrando envases en la calle” (grite, patalee, pero por favor no tire las botellas), “los que usan aretes, pelo largo y tatuajes” (ahora el hábito hace al marero), “quien orina en la calle, parque o mercado” (por cochinos), “el que quiebra mesas de los vendedores” (mejor busque otra cosa), “los que hacen grupos, pandilleros”, (¿alguien dijo libertad de asociación?), “desintegración familiar” (no al divorcio, ordenó el Papa), “controla carros en altas horas de la noche” (cuidadito con asomarse a la ventana), “incumplimiento en altas horas” (pilas, pues, maridos acatecos), “roba caballos, roba pollos, etcétera”, “roba muertos”, “pinta cementerios” y el favorito, “personas abusivas”.

El incumplimiento de la ley y la falta de autoridades –Policía, fiscales, juzgados– tiene desesperada a la gente, especialmente en pueblos como San Miguel Acatán, donde el Estado prácticamente no existe, ni siquiera para velar por la vida y los bienes de los guatemaltecos, que es su obligación primordial.

Urge que la Policía y la administración de justicia lleguen a todos los rincones del país y empiecen a trabajar con eficiencia, pues de lo contrario van a florecer este tipo de proclamas que de un plumazo demuelen la Constitución, con sus libertades y garantías.

Hay que actuar pronto, porque por ahora se han contentado con hincar a la gente sobre maíces y tijeretearles el pelo. Pero no tardan en organizar un pelotón de fusilamiento, y entonces sí vamos a pegar el grito en el cielo, pero será tarde para detenerlos.