Por Kenia Reyes
elPeriódico (03 oct 06)
Ayer [lunes 02 de octubre], vecinos de la aldea Sucubal con el apoyo de seis comunidades más de Nahualá, Sololá, castigaron a 18 mujeres y 5 hombres. Esto como resultado de la búsqueda de Domingo Perechú, supuesto líder de una banda que se dedica al tráfico de niños, dio a conocer el alcalde auxiliar Diego Ixtosoh Lux.
El jefe edil respaldó lo ocurrido pues se quiere evitar el comercio de niños en el municipio, ya que “no pueden ser vendidos como animales”. El domingo 1, tras un enfrentamiento con aldeanos de ese lugar, resultó una persona muerta, tres heridos y diez a quienes les cortaron el pelo y dieron de latigazos.
Este caso se suma al listado de 12 que el Organismo Judicial (OJ) describe como la aplicación del derecho consuetudinario o castigo maya. Los acusados son sancionados con azotes, con cortes de pelo al rape, obligados a hincarse sobre una tabla con tapas de aguas gaseosas o sobre piedras con una arroba de arena en la espalda.
Según el OJ, los casos se han registrado en los departamentos de Quiché, Sololá y Totonicapán por situaciones que van desde violación hasta oler pegamento, pasando por amenazas a vecinos, robo, vestir de forma diferente o usar corte de pelo distinto.
“Los vecinos de estas aldeas refieren que por la falta de justicia se aplican estas medidas, con las que se ocasiona un vacío legal. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por falta de fondos no ha logrado una mayor cobertura en estos lugares”, refiere Guillermo Melgar, vocero de esa entidad.
Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, lamentó que esto ocurra. “Este tipo de castigos corporales divide a las comunidades. Se aplica una versión distorsionada del derecho consuetudinario, pues la justicia maya busca mantener la armonía”. Sus delegados en Suchitepéquez han recibido denuncias de este tipo.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, intentaron llegar de nuevo a Sucubal, pero no les permitieron el paso. elPeriódico intentó comunicarse con el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y el director de la PNC, Erwin Sperisen, pero no contestaron las llamadas.
Rapados y azotados
En los disturbios registrados el domingo en el caserío de Nahualá, Sololá, los acusados de vender y comprar niños fueron azotados y rapados. Esta fue al menos la quinta ocasión en la que lugareños castigan a personas de esas aldeas de este departamento, por supuestos vínculos de aldeanos con el comercio de infantes.
El reporte policíaco de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, da cuenta que ese día fueron quemadas 26 casas y 2 picops. “No pudimos llegar al lugar, ya que los vecinos tenían llantas en las orillas de la carretera y nos advirtieron que no ingresáramos hasta que ellos aplicaran su ley”, dice un oficial.
El comisario de la subestación del lugar, Muralles Flores, explicó que a la Policía sólo le queda mediar para que entreguen a los detenidos, “pero a veces eso es difícil pues no tenemos traductores”.
Reacciones: ¿Derecho consuetudinario o una práctica distinta?
Álvaro Pop, analista político.
“La primera interpretación de los hechos es la impotencia de la sociedad por proveer justicia a la población. La gente hace lo que puede hacer. No se ha terminado de darle importancia a transformar el sistema de justicia y seguridad. En este tema de Sololá, no se puede afirmar que es parte de la cosmovisión indígena, hay que ser muy cuidadoso en el análisis. Es necesario investigar para ver si estos actos tienen el sustento de la visión ancestral indígena de la justicia o si son actos motivados por la impotencia del sistema”.
Vitalino Similox, coordinador del Foro Ecuménico.
“Esta gente podrá ser muy maya, pero sus prácticas de justicia no necesariamente lo son. Hay otras desviaciones y costumbres que se han adquirido y se han a-
prendido por la fuerza y matando. El derecho maya es respeto a la vida y a la persona. El derecho indígena en su esencia siempre se basó en la prevención creando condiciones para que las personas no lleguen al enfrentamiento. Lamentablemente, se llega a cualquier explicación del derecho consuetudinario aunque este tenga sus propios mecanismos y normas”.
Norma Quixtán, secretaria de la Paz.
“Nos preocupa porque le dan una connotación diferente. Lo que tenemos que entender es que los pueblos indígenas somos personas y como tal podemos estar desinformados de lo que consideramos un valor en nuestra cultura. En las comunidades existe un Consejo de Ancianos al cual llevan cualquier caso o disputa. Ellos lo analizan en el marco de los valores, la cultura y respeto de la tradición; si hay falta y puede ser reparada, se hace por medio de un servicio social a la comunidad, pero si es más grave lo trasladan a un juzgado del sistema de justicia legal.
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