(6 set 06)
Como para comprobar una vez más que en Guatemala se hace realidad hasta la fantasía más absurda, el municipio de San Miguel Acatán, en Huehuetenango, se ha convertido desde hace dos meses en un reinado feudal encabezado por el alcalde Pascual Tomás José, quien para sorpresa de muy pocos pertenece al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y que decidió ante sí y de por sí establecer un toque de queda en el pueblo, con 84 prohibiciones para el ahora muy asustado vecindario.
Los castigos para los ciudadanos “culpables”, según esta nueva legislación sui géneris, incluyen corte de pelo, tareas de limpieza, recibir latigazos en público o hincarse sobre piedras o maíz.
Es prohibido usar prendas que den apariencia de pandillero, jugar de noche al baloncesto e incluso el “incumplimiento a altas horas de la noche” (¿?), quizás en alusión a asuntos del matrimonio.
El pintoresco alcalde, quien se siente orgulloso de tales absurdos, es el mismo que hace algunas semanas capturó a un juez porque este funcionario no castigó con suficiente dureza a dos personas a quienes el jefe de la comuna consideraba un peligro para la comunidad.
Lo ocurrido pone de manifiesto numerosos problemas. Uno, que el llamado “derecho consuetudinario maya” puede ser interpretado de manera irresponsable. Dos, que la autonomía municipal, una conquista indudable del andamiaje jurídico nacional, cuando se pone a la disposición de personas sin suficiente preparación, puede convertirse en la fuente de un feudo sobre el cual ninguna autoridad del país tiene jurisdicción para hacer regresar el orden.
En otras palabras, una interpretación antojadiza hecha por cualquier funcionario del país, puede dar lugar a que en todos los municipios se tomen medidas arbitrarias y oscurantistas como las hoy comentadas.
Resulta entonces urgente revisar el mencionado código, sobre todo en un momento histórico en el cual nadie parece estar dispuesto a obedecer a la autoridad, de lo que son ejemplo los partidos políticos y su burla al Tribunal Supremo Electoral.
La única manera de poner orden es que los vecinos hagan las denuncias del caso, pero en la práctica esto no se cumple por el temor a represalias, y a consecuencia de ello es necesario que el FRG lo cite para ordenarle que deje sin efecto decisiones que le causan grave daño a esa agrupación política caudillista.
Lo ocurrido en Acatán no debe ingresar simplemente en la colección de anécdotas nacionales.
Es muy serio porque está en juego la autonomía municipal, que de ser interpretada en esa forma, se convertiría en el principio del fin del Estado de Guatemala. Lo decidido por el alcalde Tomás José es un caso de estudio para las máximas autoridades jurídicas del país, las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados.
A partir de este momento, todas las instituciones jurídicas, políticas, religiosas y étnicas tienen la obligación de intervenir para explicar que los jefes edilicios no son reyezuelos medievales que pueden disponer a su antojo de la ley y de la vida de los ciudadanos, tal como está ocurriendo en Acatán, para nueva y profunda vergüenza nacional.
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