Por Louisa Reynolds
Inforpress (5 may 06)
El 19 de Abril, dos presuntos «robaniños» fueron quemados vivos en Sumpango, Sacatepéquez. Seis días después, vecinos del municipio de Palín, Escuintla, intentaron linchar a un presunto pandillero, hecho que originó la instalación de 40 soldados en la población para controlar la situación. El 3 de Mayo tres presuntos asaltantes de buses fueron linchados y quemados en la aldea La Vega en Santa Apolonia, Chimaltenango. La práctica de la violencia comunitaria que ha surgido en los últimos 13 años en Guatemala, es uno de los indicios más claros del fracaso en la construcción de un contrato social* capaz de responder a las crecientes amenazas que enfrentan las comunidades. Entre estas amenazas es la mercantilización de la reproducción humana, la distorsión de la función estatal por medio de la corrupción generalizada, y la transmisión de valores y símbolos deshumanizantes en los medios de comunicación que contribuyen a la anomía social y los actos de violencia desesperada. Irónicamente, el mismo Estado disfuncional convierte la violencia comunitaria en una justificación para fortalecer su capacidad represiva, sin necesariamente enfrentar su propia disfunción.
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