Acto de barbarie

Por Haroldo Shetemul
Prensa Libre (10 may 06)

¿QUÉ SUCEDE CUANDO los pacíficos habitantes de una población rural se transforman en los verdugos de quienes consideran delincuentes y sin mediar juicio alguno los golpean hasta la muerte? ¿Cómo se le puede lanzar gasolina y un fósforo a un ser humano para que arda, mientras la multitud fascinada mira cómo se va el hálito de vida? En la mente de los niños que han presenciado este espeluznante espectáculo quedarán grabadas esas imágenes que muestran la falta de valor de la vida, en un país acostumbrado a resolverlo todo a balazos, golpes y fuego.

LA PROCURADURÍA de los Derechos Humanos reportó que de enero de 2005 a la fecha han ocurrido 57 linchamientos. En el más reciente, ocurrido en la aldea Chiquex, Santa Apolonia, Chimaltenango, tres infelices acusados de haber asaltado un autobús fueron victimados por la multitud, pero llama la atención la impotencia de las autoridades. Sólo cuatro agentes policiales intentaron detener a la plebe, mientras que el auxiliar del procurador, el fiscal del Ministerio Público (MP) y el juez se habían ido por temor a ser también asesinados. El director de la PNC reconoce la imposibilidad de que sus fuerzas impusieran el orden, ya que el grupo disuasor de protestas estaba en San Marcos en un desalojo.

ES LA PLENA CERTEZA de la debilidad del Estado, es la ausencia de autoridad. Y frente a la indefensión ciudadana, la respuesta de las masas es la aplicación de la supuesta justicia popular. ¿Pero será realmente justicia lo que llevan a cabo esas hordas? La antigua Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) publicó un informe sobre los linchamientos en diciembre del 2000, en el que señalaba que esa práctica socava la vigencia de los derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y al debido proceso legal. Aseguraba que los linchamientos ponen en entredicho el monopolio del Estado en el uso legítimo de la fuerza.

SEGÚN LA MINUGUA, la mayoría de linchamientos se habían producido en Quiché, Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Petén, Chimaltenango y Quetzaltenango. Afirmaba que en la mayoría de esos departamentos el conflicto armado tuvo mayor impacto y las estructuras contrainsurgentes estaban más implatadas. Además, esos lugares tienen los índices de desarrollo humano y de exclusión social más desfavorables. Señalaba que comprobó que la mayoría de linchamientos eran instigados por personas que pertenecieron a estructuras de control político y social en el conflicto, como los ex patrulleros civiles y los comisionados militares.

LO ANTERIOR SIGNIFICA que estamos ante un fenómeno social con dos vertientes: el conflicto armado dejó su marca en función de resolver los conflictos por la vía de la fuerza y la muerte, y los agentes que ejercían el poder fáctico aún pueden controlar a las multitudes en acciones violentas. Asimismo, la presunta justicia popular es un acto criminal, en el que se cometen actos tipificados en el Código Penal, como el delito de muchedumbre, asesinato, lesiones, detención ilegal, allanamiento, amenazas, daños contra bienes materiales, sedición, incitación pública, atentado, resistencia y desorden público.

NO SERÁ TAREA fácil modificar esas estructuras informales de poder incrustadas en la población. Sin embargo, mientras el Estado más se tarde en hacer presencia real y de impulsar una campaña de concienciación, la situación puede volverse más incontrolable. La Minugua señalaba la ausencia de una política estatal contra el crimen, que incluía la prevención y la intervención en situaciones de crisis, como un factor de la debilidad estatal. Además, llamaba la atención de que la PNC y el MP no efectuaban investigaciones para castigar a los responsables de los linchamientos, pero también los juzgados los dejaban libres debido a la presión de los vecinos. Por eso, insisto, en tanto el Estado continúe ausente o debilitado, será muy difícil poner fin a esa práctica salvaje.