El linchamiento no es justicia

Editorial de Prensa Libre (06 may 06)

Siete vidas humanas segadas en los últimos tres linchamientos ocurridos este año en el país exhiben los peligrosos niveles de intolerancia e irracionalidad que está alcanzando la vindicta pública.

Ante las deficiencias del sistema de seguridad y justicia, debido a lo cual el repunte de la criminalidad continúa imperturbable, las turbas se consideran investidas de la autoridad para castigar al delincuente, en un retorcimiento de los ideales de imparcialidad, equidad y respeto a la vida humana inherentes a toda sociedad civilizada y organizada.

A causa de la incapacidad del Estado para ejercer de manera apropiada el monopolio de justicia delegado por la sociedad, el miedo de las personas a la delincuencia se agiganta hasta convertirse en una patología colectiva cuyos resultados son la represión, sin mayor fundamento, de todo individuo visto como un delincuente potencial.

Ese miedo generalizado hacia el criminal y la arbitrariedad a para erradicarlo se convierten en un serio peligro para todos los guatemaltecos, porque de pronto cualquier ciudadano puede encontrarse en el lugar y en el momento equivocados, y ser víctima de la ira de la plebe, que en su arrebato no escucha ni da crédito a ningún argumento de descargo por parte del sospechoso.

El linchamiento es una infamia de contrastes, porque aquellos que se suponen honorables y justos devienen asesinos cuando lo practican , y escalan, en razón de su acto insensato y arbitrario, un nivel delictivo más grave que el de la víctima de su venganza. La responsabilidad de ese delito es dual con el Estado, porque la afrenta atribuida al supuesto delincuente, y su muerte, por lo general quedan impunes.

El Estado fomenta los linchamientos por su incapacidad de dar respuesta al temor público frente a la criminalidad. En el paroxismo por los riesgos que ello implica, el populacho vulnera el orden y asume la práctica de lo que supone es justicia, con las consecuencias nefastas que ahora se viven.

Si el Estado expresa preocupación por los linchamientos pero no hace nada por retomar su rectoría coactiva, coercitiva y punitiva, asume una postura hipócrita que agrava el criterio público de su debilidad. Esa retórica gubernamental adolece del mismo defecto de las iniciativas cosméticas y de poco valor, como el ofrecer sensibilizar respecto de aquel agravio, si no se acompaña de medidas resueltas para hacer funcionar la persecución y la sanción del delito.

Indudablemente, no es la especie de pax romana representada por la presencia policial en las calles la salida a esta crisis social, porque la subordinación al orden, de manera obligada, sólo se logra, precariamente, mientras haya vigilancia, debido a que persisten las causas sociales que originan la inseguridad. No cabe la respuesta violenta para alcanzar el ideal de justicia, tanto de parte del Estado como de particulares, porque en esos dos ámbitos su empleo es una manifestación extrema de irresponsabilidad e incompetencia.