Por A. Guoz, K. Reyes, y A. Sas
elPeriódico (5 may 06)
Mientras casi mil personas vapuleaban a tres supuestos delincuentes en el caserío La Vega, aldea Chiquej, Santa Apolonia, Chimaltenango, el jueves por la noche, apenas cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intentaban, desde lejos, persuadir a los vecinos para no cometer el hecho.
Las víctimas fueron rociadas con combustible para luego ser quemadas. Mientras esto sucedía, el auxiliar departamental de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Alfredo Ramos, era notificado por la PNC sobre el hecho, y advertido de que no se presentara pues podría correr la misma suerte.
El fiscal del Ministerio Público, Albert Clinton, no asistió, según fuentes de esa institución, por temor a la turba.
El juez de Paz, Rocael Girón, tampoco llegó al lugar. Sostiene que los líderes comunales le indicaron que no le garantizaban su seguridad personal. Señala que por lo menos en ocho ocasiones anteriores se logró evitar por medio del diálogo que los pobladores lincharan a presuntos delincuentes.
Los cuerpos de socorro solo pudieron ingresar al lugar después de que se consumó el acto delincuencial.
“En cuestiones de fuerza nos han rebasado”, confiesa el director de la PNC, Erwin Sperisen, en alusión a los pobladores que toman la justicia por su propia mano.
Sostiene que el jueves, los vecinos estaban armados, incluso cree que portaban armas de fuego, lo cual hubiera generado un enfrentamiento.
¿Pretenden que empecemos a disparar para salvar a dos personas?, se pregunta y cree que ante la falta de personal, los agentes hicieron lo adecuado, es decir, buscar el diálogo y retirarse cuando ya no pudieron contener a la turba.
Reitera que no hay recursos disponibles para obtener el equipo suficiente. “No hay helicópteros a disposición de esa entidad, y el grupo que es enviado para disuadir a los protestantes se encontraba realizando un desalojo en San Marcos el jueves por la noche”.
De la investigación realizada por el Ministerio Público (MP) en los dos últimos casos de linchamiento registrados en Sumpango, Sacatepéquez, y Chimaltenango, nadie da respuesta alguna. En el primero de los casos, los fiscales no han podido ingresar al lugar después del 19 de abril, debido a que no se les garantizan las condiciones de seguridad para realizar su trabajo.
Ayer, la labor de los investigadores, que consiste en levantar los cadáveres, la debieron realizar los trabajadores del Juzgado de Paz de Santa Apolonia, Chimaltenango.
En el caso de la quema de viviendas en Palín, Escuintla, el juez de Paz del lugar, por temor a represalias, se abstuvo de escuchar las declaraciones de los acusados, por lo que el expediente fuera remitido a Escuintla.
La Corte Suprema de Justicia conoce 87 casos de linchamiento. Ninguno ha sido enviado a juicio oral. “Es una llamada de atención para los tres organismos, esto no puede continuar así y en la medida en que no existan resultados judiciales se abren las puertas para que continúen estos hechos. La gente ha perdido la fe debido a los trámites engorrosos y lentitud del sistema”, sostiene el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, José Fernández.
El fiscal general, Juan Luis Florido, no contestó a las llamadas efectuadas.
Frank La Rue, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, considera que el sistema judicial está tan debilitado como las mismas fuerzas policiales.
Vitalino Similox, coordinador general del Foro Ecuménico, dice que ahora la delincuencia tiene más capacidad de movilización que el mismo Estado.
Guatemala debe explicar
Una comisión integrada por la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, entre otros, deberá informar hoy al Comité Contra la Tortura de la ONU la razón por la que suceden los linchamientos y las medidas que se adoptan. El Gobierno tendrá como argumento que se busca tomar medidas preventivas a fin de terminar con el fenómeno.
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