Por Leonardo Cereser, Edwin Paxtor y Coralia Orantes
Prensa Libre (19 jun 07)
La indignación por el asesinato de Alba Mishell España Díaz, de 9 años, aún no termina, y en Camotán y Jocotán, Chiquimula, persiste la tensión, porque se cree que ese crimen sacó a luz el problema del secuestro y tráfico de niños.
Ayer por la tarde, la población de Camotán se dividía entre los rezos en la casa de la niña asesinada y las discusiones con las que -en el salón municipal- se determinó un plan de seguridad para hacer frente a los presuntos secuestros de menores.
Mishell desapareció el jueves último, y su cuerpo fue localizado un día después, en el camino de terracería que de Camotán conduce a la aldea Muyurco.
En vista de esto, los pobladores reaccionaron con la captura de tres mujeres sindicadas del crimen: una fue linchada, otra fue vapuleada, y la otra no aparece.
El domingo recién pasado, en Jocotán, también se vivió un hecho similar, cuando Dunia Marleny Guerra Aldana, de 37, y María López Marcos, 40, fueron detenidos por los pobladores, sindicadas de haber secuestrado a una niña.
Vecinos quemaron, incluso, un autopatrulla y una motocicleta de las fuerzas de seguridad, en protesta porque éstas no permitieron que agredieran a las señaladas.
Las dos mujeres fueron enviadas a prisión ayer, y quedaron ligadas a proceso por el delito de secuestro de menores.
Vecinos tienen el control
Desde ayer, los pobladores de Jocotán y Camotán decidieron velar por la seguridad de esos municipios, para evitar que se sigan produciendo hechos delictivos.
Álvaro Mauricio Guerra, alcalde de Camotán, se reunió con unos 500 vecinos.
“Tenemos que organizarnos y tener nuestra propia seguridad, llevar registro de los extraños que vienen a vivir al pueblo y protegernos entre nosotros”, dijo Guerra.
Los agentes de la Policía Nacional Civil decidieron abandonar esos poblados, para evitar un enfrentamiento, ya que los amenazaban con atacarlos y que destruirían las subestaciones.
“Tenemos órdenes de trasladar todo a la Comisaría en Chiquimula”, dijo el policía Luis Bernardo Pinto, cuando recogía algunas de pertenencia de la Subestación de Jocotán.
La ira de los pobladores se debe a que tienen tres años de estar sufriendo con el secuestro y tráfico de niños. Sin embargo, las autoridades señalan que no hay denuncias al respecto.
Vecinos comentaron que los delincuentes logran convencer a mujeres que viven en extrema pobreza para entregar a los menores, y pagan Q3 mil por niño y Q2 mil por niña.
A pesar de los señalamientos, en el Ministerio Público (MP) no se conocen denuncias por estos hechos, pese a lo cual se iniciaron las pesquisas para determinar quiénes son los responsables.
Sectores de la sociedad consideran que hay grupos que se aprovechan de la pobreza de los pobladores, para comerciar con los menores -que después son dados en adopción-.
Pesquisas
Ayer se empezaron a recibir las declaraciones de los afectados, las cuales servirán para trazar las líneas de investigación.
“Estamos a la espera del informe forense”, dijo el fiscal Rudy Rocael Pineda.
Según información del médico forense -quien se identificó sólo con los apellidos López Araujo-, se presume que la niña España Díaz ya tenía unas 18 horas de haber fallecido cuando se encontró su cadáver.
En el informe forense se detalla que el cuerpo presenta varias lesiones, que no se hicieron en forma quirúrgica, y que, incluso, podrían haber sido causadas por animales.
Fiscales del MP informaron que se han tenido reportes de secuestros de menores entre familiares, pero esos hechos se solucionan rápido.
Habitantes de ambas comunidades recibieron un anónimo, donde se señala a ocho personas de ser parte de una red dedicada al comercio de niños.
En la Procuraduría de los Derechos Humanos se conocen cinco denuncias de secuestros de niños, en diferentes poblados de Chiquimula, las que serán analizadas para ver si tienen relación entre sí.
“El hallazgo sirvió para destapar un problema que todos conocíamos, pero nadie quería denunciar”, dijo Guerra.
En todas las casas de Camotán se observaba un crespón negro como símbolo de luto por Mishell, quien fue la primera Miss Chiquitita del pueblo.
“Era una niña a quien todos querían. Llamaba mucho la atención de la gente”, dijo María Díaz, tía de menor, cuando mostraba su cuarto ordenado, como quedó desde el jueves, cuando desapareció.
La tía todavía recuerda la última travesura, cuando, con pintura, manchó con sus manos las paredes de la casa que ahora son un recuerdo triste.
Los vecinos de estas poblaciones no hablan de lo sucedido; tienen temor por lo que puede pasarles a ellos o sus hijos, aunque reconocen estar alerta y que, cuando se enfrenten al secuestro de otro menor, reaccionarán igual, porque no creen en la justicia ni las autoridades, afirman.
MP: Testimonios
El Ministerio Público (MP) empezó a recibir las primeras declaraciones de los familiares y vecinos de la menor Alba Mishell España, asesinada la semana recién pasada en Camotán, Chiquimula.
“Aún no podemos dar detalles de quiénes podrían estar detrás de esto, pues debemos trazar una ruta de investigación”, expresó Rudy Rocael Pineda, fiscal de Chiquimula.
También esperan el informe del forense.
PDH: Denuncias
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ha recibido denuncias y, por ello, analiza cinco casos en donde se han reportado desapariciones de niños, para determinar si tienen relación entre sí.
Las denuncias que recibió la PDH señalan que existe un grupo de personas que se ha dedicado a comprar menores: las niñas se pagan a Q2 mil, y los niños, a Q3 mil. La PDH ve a la población temerosa de que surjan más problemas.
PNC: Se retiran
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Jocotán y Camotán abandonaron las subestaciones, debido a amenazas de los vecinos.
Luis Bernardo Pinto, jefe de la Subestación de Jocotán, dijo: “La muerte de Mishell provocó indignación; por ello, la población arremetió contra quienes, se sospecha, roban y trafican niños”.
Ayer, los agentes sacaron sus pertenencias del lugar, para evitar cualquier posible ataque.
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