por Víctor Manuel Ramos
Prensa Libre, 17 octubre 2010
La realidad social que vive nuestro país, cada día se agudiza más. Signos de ingobernabilidad aparecen por doquier. No sería raro que emergiera un estallido social en cualquier momento y en cualquier punto del país, de imprevisibles consecuencias para todos, como acabamos de presenciar en Jocotán, Chiquimula, un enclave del pueblo ch’orti’, largamente excluido de políticas públicas que garanticen su desarrollo integral. Las campañas electoreras impulsadas por los políticos y sus partidos, al margen de la ley, alimentadas con dineros malhabidos y sin ningún control, ya arrancó, complicando peligrosamente el ambiente social. No es de extrañar que detrás de “los trágicos acontecimientos en la Villa de Jocotán” esté la maniobra de políticos marrulleros y sin ningún escrúpulo hasta responsabilizar a la Iglesia, o la incapacidad de las autoridades para atender las legítimas demandas de esa población.
Así lo ha denunciado la Diócesis de Zacapa, en un comunicado hecho público el pasado viernes: Lamentamos y repudiamos los hechos violentos que han causado la pérdida de vidas humanas y la destrucción de bienes públicos y documentos importantes para la población. Rechazamos todos los señalamientos que se han hecho en contra de la Iglesia queriendo responsabilizar de los hechos al padre Juan María Boxus, párroco de Santiago Jocotán, quien en ningún momento tuvo conocimiento de la manifestación que iban a realizar los pobladores. La Iglesia católica en este país le sigue apostando al desarrollo integral de su gente, al igual que se ha comprometido en los procesos de paz y reconciliación. Es una de las instituciones que más ha estado presente en la vida del pueblo pobre y sencillo, indígena y campesino, como se demuestra en la región ch’orti’, según el pronunciamiento de esa diócesis: Recordamos a la población, que durante más de 50 años los sacerdotes y religiosas de la misión belga han estado presentes en los procesos de desarrollo de los pueblos ch’orti’, realizando múltiples proyectos de desarrollo como carreteras, construcción de escuelas y colegios, alfabetización, promoción de la mujer, agua potable, miniriegos, servicios de salud, etcétera, promoviendo la armonía y la paz en la región; cuando el Estado estaba ausente.
El obispo y presbiterio exhortan a los pobladores y a las autoridades a realizar un diálogo claro, sincero y respetuoso, a fin de resolver la problemática que ha dado origen a los hechos ocurridos recientemente; al mismo tiempo que reiteran su compromiso por los procesos de desarrollo que garantizan la vida, el cuidado de los recursos naturales, la justicia y los derechos de las personas y de los pueblos. Estos conatos de estallido social vienen a complicar aún más la vida de la gente, porque incrementan la violencia, la desconfianza y la inseguridad; y dada la fragilidad institucional y su pésimo funcionamiento, es caldo de cultivo para acrecentar el narcotráfico y abrirles paso a políticos oportunistas.
Hechos como estos se originan por la estrecha relación que se da entre delincuencia común, pobreza, crimen organizado, impunidad, corrupción y falta de una estrategia inteligente y eficaz de parte de las autoridades, desde el nivel local hasta el nacional para responder al clamor de la población.
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