elEditorial de elPeriódico (13 dic 08)
El pueblo de Guatemala está desesperado. Ni en los peores momentos del conflicto armado de los 36 años se llegó al actual extremo de ocurrir 20 muertes violentas diarias en el país, según los reportes de prensa disponibles. Y cada vez en la forma más irracional y primitiva.
Cansados de sufrir tanta violencia, en un ejemplo elocuente, los pacíficos habitantes de San Pedro Soloma, Huehuetenango, capturaron, lincharon y quemaron el jueves pasado a 5 supuestos secuestradores de una niña de 15 años, a quien cobardemente dieron muerte. Son ya incontables las ejecuciones ilegales que tienen lugar en nuestro país. Este peligroso fenómeno social, según analistas, demostraría que sectores de la población se encuentran hartos y cansados ante la ineptitud policíaca y la deficiente aplicación de la ley, por lo que insensatamente han optado por hacerse justicia por su propia mano, para castigar a delincuentes que son una amenaza para sus comunidades.
Por otro lado, es muy significativo que el embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, un gran conocedor de Guatemala, haya advertido esta semana a los turistas norteamericanos que viajar a nuestro país constituye un serio peligro. Asimismo, su representación emitió una declaración de alerta para sus compatriotas residentes localmente, pidiéndoles que desistan de viajar por la carretera a El Salvador de las 9:00 de la noche a las 6:00 de la mañana del día siguiente. Pues esa sede diplomática ha recibido informes sobre la comisión de hechos criminales, asaltos a vehículos y secuestros en esa vía. También indica que han aumentado los robos en las zonas 10, 14 y 15. Y recomienda no transitar en rutas adyacentes al lago de Atitlán.
A su vez, el sector productivo del país por medio de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), la Asociación de Exportadores de café, las cámaras de Industria y del Agro y de Comercio Guatemalteco–Americana han demandado al Gobierno de la República que cumpla su promesa de “combatir la violencia con inteligencia”. Numerosos empresarios han perdido la vida en manos de delincuentes, entre ellos el joven cafetalero Paul Stauder, abatido hace ocho días, cuando llegaba a su finca en helicóptero para pagar los salarios y el aguinaldo navideño de sus trabajadores.
Ante la indetenible espiral delincuencial, es increíble que los guatemaltecos tengan que pedir ante la administración estatal que se cumpla algo tan elemental como lo es: su derecho a la vida.
La violencia y la inseguridad actuales están debilitando la institucionalidad, ponen en riesgo la gobernabilidad democrática y la vigencia misma del Estado de derecho en Guatemala.
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