Por Gabriel Aguilera Peralta
elPeriódico (23 feb 08)
Conté lo que pasaba en San Juan Sacatepéquez en una reunión en Washington. Mis oyentes se sorprendieron al máximo, el representante del BID preguntó qué hacían las autoridades ante los grupos de vigilantes que impusieron el toque de queda con pena de muerte.
Tuve que contestarle que había denuncias en los medios de comunicación, pero no acción de las autoridades.
Lo acaecido en San Juan es un síntoma de “Estado fallido”. El Estado, perdiendo control territorial, ausentándose de un espacio, que en este caso pasa a ser disputado entre las maras y grupos de vigilantes, que ejercen una terrible justicia propia.
Por eso estoy de acuerdo con las medidas anunciadas por el Presidente y el Ministro de Gobernación en cuanto a recuperar el control de ese municipio. La participación ciudadana en seguridad preventiva es necesaria y debe incentivarse, pero no en la forma de “vigilantismo”, que es la sustitución del ejercicio de seguridad que pertenece al Estado por grupos privados que incurren en violaciones a los derechos humanos.
Para evitar ese fenómeno, que se está dando en varias partes del país, el Estado debe estar en condiciones de garantizar la seguridad ciudadana. Si no lo hace, la percepción de la amenaza de la violencia criminal en la ciudadanía empuja a soluciones y a la formación de pensamiento autoritario.
Un ejemplo de ello es la reciente decisión del Congreso de restablecer el derecho al indulto presidencial en los casos de pena de muerte, lo que de hecho restablece esa sanción que estaba en suspenso desde hace siete años.
No hay evidencias de que la pena de muerte sea realmente un disuasivo y ese tipo de sanción es fuertemente adversado en la cultura occidental, particularmente por la Unión Europea con quien estamos, como parte de Centroamérica, en negociaciones para un Acuerdo de Asociación que incluye un diálogo político, parte del cual son consideraciones sobre derechos humanos.
Sin embargo, la decisión en el Congreso contó con una abrumadora mayoría como reflejo del endurecimiento del pensamiento sobre seguridad, en sentido contrario al concepto sobre seguridad democrática que forma parte de los Acuerdos de Paz y del Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Solamente en la medida que mejore la situación de seguridad y la confianza en la capacidad estatal de proteger personas y bienes va retroceder el pensamiento autoritario. De allí que es importante la recuperación de San Juan Sacatepéquez para que el Estado de Derecho tenga éxito.
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