Autoridad en entredicho

Editorial Siglo XXI (23 feb 08)

Los enfrentamientos entre pobladores y PNC ocurridos en Sololá e Izabal son un reto al Estado de derecho que no se debe permitir.

Recuperar la imagen de autoridad y convencer a los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas del Gobierno.

Para los responsables de la seguridad pública, tener que enfrentarse con poblaciones enardecidas que cada vez demuestran menos respeto a la autoridad, se ha convertido en otro más de los constantes retos que deben enfrentar en su propósio de mantener la tranquilidad ciudadana. El principal problema es que cada vez tienen menos éxito en esa empresa.

Los hechos ocurridos esta semana en lugares de Sololá y Puerto Barrios, demuestran una pérdida de credibilidad creciente en la Policía Nacional Civil (PNC) por parte de las comunidades del interior y por ende, se enfrenta a graves dificultades para ejercer sus responsabilidades.

En el primer caso, desde el sábado anterior se habían producido incidentes cuando una multitud se enfrentó a la Policía, quemó 3 vehículos y atacó las sedes de 2 dependencias estatales, en demanda de la entrega de 4 supuestos secuestradores que habían sido aprehendidos. Pero los acontecimientos se salieron de control el miércoles, cuando cientos de sololatecos esperaban la visita del Ministro de Gobernación y del Director de la PNC, pero al no presentarse, tuvieron el pretexto para protagonizar disturbios que condujeron a un enfrentamiento entre fuerzas del orden y vecinos, con saldo de tres inmuebles incendiados y varias personas heridas.

Por si no fuera suficiente, en la aldea La Lámpara, cerca a Lívingston, en Izabal, varias decenas de agentes policiales, entre quienes se encontraba también el jefe de la Comisaría de Puerto Barrios, fueron retenidos en calidad de rehenes por una turba que exigía la liberación de uno de sus supuestos líderes.

Hechos similares han ocurrido en otros lugares conflictivos. Días atrás, por ejemplo, cinco comunidades de San Juan Sacatepéquez suscribieron un curioso documento con representantes de Gobernación, por medio del cual fijaron las reglas de juego para efectuar detenciones, lo cual incluye autorización previa de los grupos organizados de vecinos para que ingrese la PNC.

Por lo visto, el reto para las autoridades se hace más grande, porque no será posible ejercer la función de seguridad, mientras la Policía tenga que pedir permiso para llegar a imponer orden o, peor aún, si los ciudadanos reaccionan con violaciones flagrantes al Estado de derecho cada vez que ocurren acciones con las que no están de acuerdo.

La recuperación de la imagen de autoridad y la convicción de los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas impostergables para el Gobierno. Urge contar con una Policía que sirva para los fines que fue creada.