Por Carlos Grave
Prensa Libre (28 feb 09)
Dos jóvenes, uno menor de edad, fueron vapuleados a eso de la media noche de ayer por un grupo de personas del barrio Hacienda de la Virgen, en Salamá, Baja Verapaz, a quienes encontraron dos imágenes que fueron robadas del templo del mismo lugar, cuando se efectuaba un cortejo procesional.
Vecinos indicaron que al retornar la procesión del primer viernes de Cuaresma, a las 23.30 horas, se percataron que la puerta estaba abierta y faltaban dos imágenes.
El repique de las campanas alertó a los pobladores, quienes salieron a las calles a buscar las imágenes, hasta que un delator indicó que se encontraban en la 14 avenida y primera calle de la zona 6 de esa localidad.
Efectivamente, allí estaban las imágenes de Jesús Nazareno y Jesús Crucificado, junto a una caja de ofrendas.
Hugo Rolando Sis Xitumul, de 18 años, y un adolescente de 17, supuestos responsables del robo, fueron atacados a patadas y puñetazos por algunos vecinos (¿¡católicos!?) furiosos, pero al final fueron entregados a la Policía Nacional Civil para su consignación a los tribunales.
28 February 2009
20 February 2009
Casos recientes en Guatemala: enero 2009
Por Grupo de Apoyo Mutuo
Los linchamientos no son más que la respuesta de una población desesperada por la fuerte criminalidad que azota al país, mismos que anulan la paz de los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. El reflejo de la sociedad ante tales situaciones ha sido organizarse de manera extrajudicial para tomar acciones que a su criterio, son la manera de disminuir la violencia en el país, una forma que es totalmente arbitraria en donde se piensa o se cree que se logrará satisfacer el deseo de “justicia”.
Citando un caso, en el mes de enero en el departamento de El Quiché, la población enardecida tomó a tres presuntos secuestradores, posteriormente una de las personas secuestradas los identificó y organizados en una turba de unas dos mil quinientas personas, los pobladores hicieron que pagaran por su crimen, quemándolos vivos,[10] para fortuna de los delincuentes llegaron las autoridades y trataron de evitar pérdidas humanas trasladando a los agredidos al hospital, por la gravedad de las quemaduras y golpes dos de los tres agredidos fallecieron.
El actuar de las autoridades debe ser de una manera responsable en su que hacer diario, deben brindar la atención necesaria a estos hechos que cada vez son más comunes en el país. Según monitoreo realizado por GAM el incremento de los linchamientos durante el mes de enero 2009 ha sido de un 9% en comparación con el mes anterior, el fenómeno novedoso del 2009 es que se produjo el linchamiento de una mujer, caso que no se había suscitado en el 2008. El siguiente cuadro es muestra de lo anteriormente descrito.
CUADRO 7: Linchamientos durante el mes de enero 2009
El total de personas linchadas es de 21, distribuyéndose en 20 hombres, 2 de ellos muertos y una mujer.
Los linchamientos no son más que la respuesta de una población desesperada por la fuerte criminalidad que azota al país, mismos que anulan la paz de los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. El reflejo de la sociedad ante tales situaciones ha sido organizarse de manera extrajudicial para tomar acciones que a su criterio, son la manera de disminuir la violencia en el país, una forma que es totalmente arbitraria en donde se piensa o se cree que se logrará satisfacer el deseo de “justicia”.
Citando un caso, en el mes de enero en el departamento de El Quiché, la población enardecida tomó a tres presuntos secuestradores, posteriormente una de las personas secuestradas los identificó y organizados en una turba de unas dos mil quinientas personas, los pobladores hicieron que pagaran por su crimen, quemándolos vivos,[10] para fortuna de los delincuentes llegaron las autoridades y trataron de evitar pérdidas humanas trasladando a los agredidos al hospital, por la gravedad de las quemaduras y golpes dos de los tres agredidos fallecieron.
El actuar de las autoridades debe ser de una manera responsable en su que hacer diario, deben brindar la atención necesaria a estos hechos que cada vez son más comunes en el país. Según monitoreo realizado por GAM el incremento de los linchamientos durante el mes de enero 2009 ha sido de un 9% en comparación con el mes anterior, el fenómeno novedoso del 2009 es que se produjo el linchamiento de una mujer, caso que no se había suscitado en el 2008. El siguiente cuadro es muestra de lo anteriormente descrito.
CUADRO 7: Linchamientos durante el mes de enero 2009
El total de personas linchadas es de 21, distribuyéndose en 20 hombres, 2 de ellos muertos y una mujer.
08 February 2009
16 January 2009
Guatemala 2008: Linchamientos siguen sin freno
Por Leonardo Cereser
Prensa Libre (16 ene 09)
La inseguridad ha originado que turbas ataquen a supuestos delincuentes, en hechos que han terminado en linchamientos.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reportó que el 2008 cerró con 17 personas linchadas y 60 intentos.
Según el reporte de la PDH, 60 intentos de linchamiento dejaron 113 personas vapuleadas el año recién pasado.
En la mayoría de casos, las turbas respondieron a acusaciones de robo, violación, secuestro, extorsión u homicidio.
El documento de la PDH refiere que los departamentos donde más intentos de linchamiento se registran son: Guatemala, con 10 casos; Quiché y Chimaltenango, con nueve.
Entre los motivos por los cuales pobladores arremetieron contra los acusados destacan la acusación de robo, con el 68 por ciento de los casos, y homicidio, con 8.33 por ciento. Con igual porcentaje se reporta el delito de extorsión, y el secuestro está en cuarto lugar, con 6.67 por ciento.
Pocas mujeres
De 113 personas vapuleadas en el 2008, cinco eran mujeres, y los 17 linchados eran hombres.
El 53 por ciento de las víctimas fueron golpeadas en áreas urbanas, y 42 en zonas rurales, mientras que la PDH ignora el lugar donde fue atacado el resto.
Uno de los casos de mayor gravedad se registró el 11 de diciembre último, cuando cinco hombres acusados de ser secuestradores fueron linchados por pobladores de San Pedro Soloma, Huehuetenango.
Prensa Libre (16 ene 09)
La inseguridad ha originado que turbas ataquen a supuestos delincuentes, en hechos que han terminado en linchamientos.
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reportó que el 2008 cerró con 17 personas linchadas y 60 intentos.
Según el reporte de la PDH, 60 intentos de linchamiento dejaron 113 personas vapuleadas el año recién pasado.
En la mayoría de casos, las turbas respondieron a acusaciones de robo, violación, secuestro, extorsión u homicidio.
El documento de la PDH refiere que los departamentos donde más intentos de linchamiento se registran son: Guatemala, con 10 casos; Quiché y Chimaltenango, con nueve.
Entre los motivos por los cuales pobladores arremetieron contra los acusados destacan la acusación de robo, con el 68 por ciento de los casos, y homicidio, con 8.33 por ciento. Con igual porcentaje se reporta el delito de extorsión, y el secuestro está en cuarto lugar, con 6.67 por ciento.
Pocas mujeres
De 113 personas vapuleadas en el 2008, cinco eran mujeres, y los 17 linchados eran hombres.
El 53 por ciento de las víctimas fueron golpeadas en áreas urbanas, y 42 en zonas rurales, mientras que la PDH ignora el lugar donde fue atacado el resto.
Uno de los casos de mayor gravedad se registró el 11 de diciembre último, cuando cinco hombres acusados de ser secuestradores fueron linchados por pobladores de San Pedro Soloma, Huehuetenango.
Violencia: impacto en la legitimidad
Perdonen ustedes la necedad, pero vale la pena recordar que si la ciudadanía no confía en las instituciones democráticas, esto propicia el surgimiento de soluciones de fuerza –linchamientos, limpieza social- y le abre la puerta a caudillos autoritarios que prometen “mano dura”. Gustavo Berganza.
Leer su artículo completo titulado "La violencia y la democracia" en elPeriódico de hoy (16 ene 09).
Leer su artículo completo titulado "La violencia y la democracia" en elPeriódico de hoy (16 ene 09).
12 January 2009
Quiché: Vapulean a supuestos plagiarios
Por J. Ren, A. Julajuj y O. Figueroa
Prensa Libre (12 ene 09)
Cientos de vecinos de la comunidad Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, vapulearon ayer a tres sujetos quienes, tras la golpiza, admitieron que forman parte de una banda de secuestradores.
En el transcurso de la semana recién pasada, la señora Ana Ajanel Xirum, de 28 años, fue secuestrada junto con su hija, Luz Mila Morales Ajanel, 2.
Los delincuentes las liberaron, luego de que la familia pagara el rescate.
Al momento de entregar el dinero, una persona reconoció a los victimarios y avisó a los vecinos, quienes de inmediato se reunieron para capturar a los plagiarios.
Pobladores de los cantones de Camanchaj, Chicuá Primero, Semejá Primero y Segundo se juntaron y llegaron a las viviendas de los delincuentes, quienes ya no estaban en el lugar, por lo que la turba prendió fuego a las casas y vehículos. Además capturaron a algunos familiares de los individuos.
Los plagiarios se comunicaron con sus parientes para saber si la turba se había alejado —ignoraban que estaban en manos de los pobladores —, y les solicitaron que los recogieran en Camanchaj.
La turba se dirigió a esa comunidad, en donde capturaron a los tres. Éstos son José Conoz Riquiac, 28, de Camanchaj; José Tecum Ramos, 33, de Chicuá Primero, y Diego Morales.
Estos individuos fueron conducidos al salón de usos múltiples de Camanchaj donde, tras haber admitido que pertenecían a una banda de secuestradores, la turba los vapuleó, roció gasolina y les prendió fuego.
Aún con vida, los Bomberos Municipales los llevaron a la emergencia del Hospital de Sololá, y más tarde fueron trasladados al Hospital Roosevelt, en la capital.
Vapulean a tres supuestos secuestradores en Chichicastenango
Por Juan Manuel Castillo, elPeriódico
Tres personas fueron golpeadas y quemadas ayer por pobladores de la aldea Camanchaj del municipio de Chichicastenango, Quiché, informó José Rodríguez, portavoz de los Bomberos Municipales. Se trata de José Conor Riquiac, José Tecú Ramos y Diego Morales, a quienes los habitantes del lugar señalaban de haber secuestrado a una mujer y a su hija.
Los socorristas trasladaron a los heridos al Hospital Nacional de Sololá con fracturas y quemaduras en segundo y tercer grado.
Según el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar, los pobladores retuvieron desde ayer a los supuestos secuestradores. Al lugar se hicieron presentes habitantes de aldeas y cantones vecinas para respaldar al grupo que quería quemar a los detenidos.
El agente policiaco indicó que se montó una mesa de dialogo con los líderes de esas aldeas para que entregaran a las tres personas, pero estos se negaron y tomaron la justicia por manos propias. El funcionario dijo que habitantes del lugar no permitieron el ingreso al personal de la PNC.
Prensa Libre (12 ene 09)
Cientos de vecinos de la comunidad Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, vapulearon ayer a tres sujetos quienes, tras la golpiza, admitieron que forman parte de una banda de secuestradores.
En el transcurso de la semana recién pasada, la señora Ana Ajanel Xirum, de 28 años, fue secuestrada junto con su hija, Luz Mila Morales Ajanel, 2.
Los delincuentes las liberaron, luego de que la familia pagara el rescate.
Al momento de entregar el dinero, una persona reconoció a los victimarios y avisó a los vecinos, quienes de inmediato se reunieron para capturar a los plagiarios.
Pobladores de los cantones de Camanchaj, Chicuá Primero, Semejá Primero y Segundo se juntaron y llegaron a las viviendas de los delincuentes, quienes ya no estaban en el lugar, por lo que la turba prendió fuego a las casas y vehículos. Además capturaron a algunos familiares de los individuos.
Los plagiarios se comunicaron con sus parientes para saber si la turba se había alejado —ignoraban que estaban en manos de los pobladores —, y les solicitaron que los recogieran en Camanchaj.
La turba se dirigió a esa comunidad, en donde capturaron a los tres. Éstos son José Conoz Riquiac, 28, de Camanchaj; José Tecum Ramos, 33, de Chicuá Primero, y Diego Morales.
Estos individuos fueron conducidos al salón de usos múltiples de Camanchaj donde, tras haber admitido que pertenecían a una banda de secuestradores, la turba los vapuleó, roció gasolina y les prendió fuego.
Aún con vida, los Bomberos Municipales los llevaron a la emergencia del Hospital de Sololá, y más tarde fueron trasladados al Hospital Roosevelt, en la capital.
Vapulean a tres supuestos secuestradores en Chichicastenango
Por Juan Manuel Castillo, elPeriódico
Tres personas fueron golpeadas y quemadas ayer por pobladores de la aldea Camanchaj del municipio de Chichicastenango, Quiché, informó José Rodríguez, portavoz de los Bomberos Municipales. Se trata de José Conor Riquiac, José Tecú Ramos y Diego Morales, a quienes los habitantes del lugar señalaban de haber secuestrado a una mujer y a su hija.
Los socorristas trasladaron a los heridos al Hospital Nacional de Sololá con fracturas y quemaduras en segundo y tercer grado.
Según el subinspector de la Policía Nacional Civil (PNC), Jorge Aguilar, los pobladores retuvieron desde ayer a los supuestos secuestradores. Al lugar se hicieron presentes habitantes de aldeas y cantones vecinas para respaldar al grupo que quería quemar a los detenidos.
El agente policiaco indicó que se montó una mesa de dialogo con los líderes de esas aldeas para que entregaran a las tres personas, pero estos se negaron y tomaron la justicia por manos propias. El funcionario dijo que habitantes del lugar no permitieron el ingreso al personal de la PNC.
09 January 2009
Mayas buscan correctivo, no castigo
por Claudia Acuña
Prensa Libre (9 ene 09)
Un grupo de 200 líderes, representantes de 12 regiones lingüísticas del país, intercambiaron ayer experiencias en la resolución de conflictos, con abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
Las autoridades indígenas que participaron en la discusión han trabajado con el IDPP para conocer el sistema de justicia oficial y transmitir a los defensores públicos la visión de los pueblos mayas en la resolución de problemas en sus comunidades.
Diego Raymundo, de 94 años, “Principal de Principales, sabio de sabios” en Salquil Grande, Nebaj, Quiché, comentó que el problema en la actualidad es la pérdida de respeto a los “Principales”, lo cual se proponen rescatar.
El líder explicó que si un joven comete una falta, debe reparar el daño, y no repetir esa conducta.
José Raymundo, uno de los consejeros en Salquil, refirió que en el sector 4 de su comunidad se sigue un reglamento interno para imponer sanciones cuando la orientación no funciona.
Por ejemplo, quien comete una falta deberá limpiar la calle o aportar horas de trabajo en la construcción de inmuebles o de carreteras, entre otros castigos.
Recientemente discutieron si es necesario “chicotear” a quienes no quieren entender que hacer daño a otros no es correcto.
Las autoridades mayas coinciden en que la pérdida de valores en el ámbito familiar es la causa de que las nuevas generaciones estén fuera del camino recto.
Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, comentó que ya no se práctica el pixab (orientación), que en antaño se efectuaba alrededor de la hoguera, después de la cena.
“Era durante esa hora cuando los abuelos orientaban a los jóvenes. Ahora la televisión tomó ese espacio, el cual debemos recuperar, para restablecer los valores mayas en los hogares”, afirmó.
Para castigar a una persona, el proceso es largo. Ana Laynez, de la Defensoría Indígena, insistió en que el castigo físico es la última opción, después de varias llamadas de atención. Si la persona no sigue los consejos y acepta que su actitud es errada, se reúne al consejo para decidir la sanción.
El clima, la fecha de nacimiento, el nahual (animal protector) y el día en que se cometió el daño determinan cuántos xicayes (azotes con vara) merece una persona para ser corregida.
Los pueblos indígenas no confían en los jueces del Organismo Judicial, porque consideran que éstos no toman en cuenta sus tradiciones.
Algunos mayas consultados se han referido a casos en que los jueces han recibido dinero o alguna otra granjería para beneficiar al acusado con la resolución.
Más AQUÍ
Prensa Libre (9 ene 09)
Un grupo de 200 líderes, representantes de 12 regiones lingüísticas del país, intercambiaron ayer experiencias en la resolución de conflictos, con abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
Las autoridades indígenas que participaron en la discusión han trabajado con el IDPP para conocer el sistema de justicia oficial y transmitir a los defensores públicos la visión de los pueblos mayas en la resolución de problemas en sus comunidades.
Diego Raymundo, de 94 años, “Principal de Principales, sabio de sabios” en Salquil Grande, Nebaj, Quiché, comentó que el problema en la actualidad es la pérdida de respeto a los “Principales”, lo cual se proponen rescatar.
El líder explicó que si un joven comete una falta, debe reparar el daño, y no repetir esa conducta.
José Raymundo, uno de los consejeros en Salquil, refirió que en el sector 4 de su comunidad se sigue un reglamento interno para imponer sanciones cuando la orientación no funciona.
Por ejemplo, quien comete una falta deberá limpiar la calle o aportar horas de trabajo en la construcción de inmuebles o de carreteras, entre otros castigos.
Recientemente discutieron si es necesario “chicotear” a quienes no quieren entender que hacer daño a otros no es correcto.
Las autoridades mayas coinciden en que la pérdida de valores en el ámbito familiar es la causa de que las nuevas generaciones estén fuera del camino recto.
Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, comentó que ya no se práctica el pixab (orientación), que en antaño se efectuaba alrededor de la hoguera, después de la cena.
“Era durante esa hora cuando los abuelos orientaban a los jóvenes. Ahora la televisión tomó ese espacio, el cual debemos recuperar, para restablecer los valores mayas en los hogares”, afirmó.
Para castigar a una persona, el proceso es largo. Ana Laynez, de la Defensoría Indígena, insistió en que el castigo físico es la última opción, después de varias llamadas de atención. Si la persona no sigue los consejos y acepta que su actitud es errada, se reúne al consejo para decidir la sanción.
El clima, la fecha de nacimiento, el nahual (animal protector) y el día en que se cometió el daño determinan cuántos xicayes (azotes con vara) merece una persona para ser corregida.
Los pueblos indígenas no confían en los jueces del Organismo Judicial, porque consideran que éstos no toman en cuenta sus tradiciones.
Algunos mayas consultados se han referido a casos en que los jueces han recibido dinero o alguna otra granjería para beneficiar al acusado con la resolución.
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07 January 2009
Azotan a miembros de banda criminal
Por Jimmy Ren y Ángel Julajuj
Prensa Libre (7 ene 09)
Cuatro integrantes de una banda de presuntos asaltantes que operaba en el occidente del país fueron capturados y castigados por autoridades indígenas de 13 comunidades de Sololá y Quiché.
Los cuatro castigados son acusados de asaltar vehículos que transitan por la ruta Interamericana y la carretera a la aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá.
Cientos de lugareños detuvieron a cuatro de los seis miembros de la banda de atracadores, en la madrugada del pasado martes, y los condujeron a Panimaché Segundo, Chichicastenango, Quiché.
Allí, la turba amarró a los criminales a las columnas de la cancha de baloncesto de la escuela local. Cada ladrón fue azotado 25 veces por parte de ancianos indígenas de 13 comunidades.
El castigo fue presenciado por más de dos mil personas, entre hombres, mujeres y niños. Además, las armas decomisadas fueron destruidas con una hacha y puestas a la vista.
Los bandidos fueron identificados como Antonio Solís Tecum, de 44 años; Diego Tecum Tol, 33; Nicolás Laínez Calel, 37, y Juan Toc Zapeta, 20.
“Estamos cansados de tanta inseguridad”, expresó José Macario Morales, alcalde indígena de justicia de Chichicastenango. “Tenemos derecho de aplicar justicia contra la gente que se porta mal, mas no estamos de acuerdo con los linchamientos”, afirmó. Antes de ser entregados a la Policía, los cuatro sindicados confesaron sus fechorías.
"Autoridades mayas dieron 25 azotes a cada uno de los cuatro presuntos asaltantes que aparecen en las fotos adjuntas."
Prensa Libre (7 ene 09)
Cuatro integrantes de una banda de presuntos asaltantes que operaba en el occidente del país fueron capturados y castigados por autoridades indígenas de 13 comunidades de Sololá y Quiché.
Los cuatro castigados son acusados de asaltar vehículos que transitan por la ruta Interamericana y la carretera a la aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá.
Cientos de lugareños detuvieron a cuatro de los seis miembros de la banda de atracadores, en la madrugada del pasado martes, y los condujeron a Panimaché Segundo, Chichicastenango, Quiché.
Allí, la turba amarró a los criminales a las columnas de la cancha de baloncesto de la escuela local. Cada ladrón fue azotado 25 veces por parte de ancianos indígenas de 13 comunidades.
El castigo fue presenciado por más de dos mil personas, entre hombres, mujeres y niños. Además, las armas decomisadas fueron destruidas con una hacha y puestas a la vista.
Los bandidos fueron identificados como Antonio Solís Tecum, de 44 años; Diego Tecum Tol, 33; Nicolás Laínez Calel, 37, y Juan Toc Zapeta, 20.
“Estamos cansados de tanta inseguridad”, expresó José Macario Morales, alcalde indígena de justicia de Chichicastenango. “Tenemos derecho de aplicar justicia contra la gente que se porta mal, mas no estamos de acuerdo con los linchamientos”, afirmó. Antes de ser entregados a la Policía, los cuatro sindicados confesaron sus fechorías.
"Autoridades mayas dieron 25 azotes a cada uno de los cuatro presuntos asaltantes que aparecen en las fotos adjuntas."
05 January 2009
Nuestra realidad vista desde afuera
Antes de fin de año, la respetable National Public Radio (NPR) de los EEUU sacó al aire dos reportajes sobre limpieza social y linchamientos en Guatemala. Los invito a escucharlos:
Private Assassins Target Gangs In Guatemala
by John Burnett
Fed Up, Ordinary Guatemalans Turn To Vigilantism
by John Burnett
Private Assassins Target Gangs In Guatemala
by John Burnett
Fed Up, Ordinary Guatemalans Turn To Vigilantism
by John Burnett
04 January 2009
Justicia indígena: crimen y castigo
Por Óscar Figueroa
Prensa Libre (04 ene 2009)
Sindicados de haber sido pandilleros, 26 jóvenes fueron detenidos por las Juntas Locales de Seguridad Ciudadana (JLSC) de San Juan Cotzal, Quiché. Algunos aseguran que son inocentes, y otros aceptan su culpabilidad; sin embargo, todos deben cumplir jornadas de trabajo forzado, como reparaciones y construcciones en escuelas y edificios públicos.
Además, deben asistir a servicios religiosos católicos y evangélicos, con integrantes de las feligresías locales.
“No soy marero. Me capturaron por bolo, pero no he robado ni asesinado a nadie”, declaró uno de los castigados.
Otros expusieron que pagan porque el estilo occidental de vestir y actuar que tienen no es aceptado por la comunidad.
Otros confesaron haber sido integrantes de pandillas. “El correctivo que cumplo es merecido. Me ayudará a modificar mi vida”, expuso uno de ellos.
Juntas de seguridad
Las JLSC fueron integradas hace pocas semanas para contrarrestar la delincuencia en ese municipio, relató el alcalde José Pérez Chen. El 27 de diciembre último habían efectuado las primeras 20 detenciones, y hasta el 31 de ese mes, las otras seis.
Las JLSC funcionan pese a que la delegación del Ejército lleva a cabo patrullajes en el casco urbano, debido a que las autoridades comunitarias no se confían y prefieren mantener activas las Juntas. “Hacen patrullajes combinados junto a la Policía”, declaró el jefe edil.
Refirió que las JLSC lograron la detención de varios pandilleros, y que éstos delataron a sus cómplices, por lo que lograron capturar a los 20 primeros, sindicados de asaltos, extorsiones y asesinatos. Todos son señalados de haber sido miembros de la Mara 18 o de la Mara 13.
Se les incautó un fusil de asalto AK-47, una subametralladora mini-Uzi, una escopeta 12, dos pistolas calibre 9 mm y un revólver 38 mm.
El castigo comenzó el 29 de diciembre recién pasado, luego de que fueran llevados a una misa y a un servicio evangélico. Es para alejarlos del mal camino”, relató una joven integrante de la pastoral juvenil católica de esa localidad.
Los supuestos integrantes de la Mara 18 deberán cumplir hasta 36 días de trabajo, y los de la Mara 13 hasta 26.
Si bien varios de los capturados no aceptan haber sido pandilleros, todos los progenitores de ellos están satisfechos con las medidas. De hecho, los azotaron en público un día después de su captura.
Teresa Rivera, madre de uno de los capturados, afirmó que es un milagro que su hijo esté vivo, porque no escuchaba consejos y andaba con malas compañías.
Otros pobladores también están de acuerdo. Ana Córdova destacó que la sanción la tienen bien ganada. “Nos asaltan y hasta matan si nos oponemos a sus exigencias, por lo que creo que ahora la paz volverá al pueblo”, declaró.
Juan Rodríguez, presidente de las JLSC, explicó que serán liberados cuando cumplan el castigo, pero si reinciden serán entregados a la Policía Nacional Civil para someterlos a procesos legales.
El alcalde anunció que, pese a que concluirán los trabajos obligados, deberán ir todos los días, a las 16 horas, a reportarse a la JLSC hasta que la comunidad decida que la pena es suficiente.
Además, los detenidos trabajan de 7 a 15 horas y descansan en cárceles públicas.
Las aldeas que han sido más castigadas por la delincuencia son Santa Abelina, Chichel, Vichivalá y San Felipe Chenlá.
Prensa Libre (04 ene 2009)
Sindicados de haber sido pandilleros, 26 jóvenes fueron detenidos por las Juntas Locales de Seguridad Ciudadana (JLSC) de San Juan Cotzal, Quiché. Algunos aseguran que son inocentes, y otros aceptan su culpabilidad; sin embargo, todos deben cumplir jornadas de trabajo forzado, como reparaciones y construcciones en escuelas y edificios públicos.
Además, deben asistir a servicios religiosos católicos y evangélicos, con integrantes de las feligresías locales.
“No soy marero. Me capturaron por bolo, pero no he robado ni asesinado a nadie”, declaró uno de los castigados.
Otros expusieron que pagan porque el estilo occidental de vestir y actuar que tienen no es aceptado por la comunidad.
Otros confesaron haber sido integrantes de pandillas. “El correctivo que cumplo es merecido. Me ayudará a modificar mi vida”, expuso uno de ellos.
Juntas de seguridad
Las JLSC fueron integradas hace pocas semanas para contrarrestar la delincuencia en ese municipio, relató el alcalde José Pérez Chen. El 27 de diciembre último habían efectuado las primeras 20 detenciones, y hasta el 31 de ese mes, las otras seis.
Las JLSC funcionan pese a que la delegación del Ejército lleva a cabo patrullajes en el casco urbano, debido a que las autoridades comunitarias no se confían y prefieren mantener activas las Juntas. “Hacen patrullajes combinados junto a la Policía”, declaró el jefe edil.
Refirió que las JLSC lograron la detención de varios pandilleros, y que éstos delataron a sus cómplices, por lo que lograron capturar a los 20 primeros, sindicados de asaltos, extorsiones y asesinatos. Todos son señalados de haber sido miembros de la Mara 18 o de la Mara 13.
Se les incautó un fusil de asalto AK-47, una subametralladora mini-Uzi, una escopeta 12, dos pistolas calibre 9 mm y un revólver 38 mm.
El castigo comenzó el 29 de diciembre recién pasado, luego de que fueran llevados a una misa y a un servicio evangélico. Es para alejarlos del mal camino”, relató una joven integrante de la pastoral juvenil católica de esa localidad.
Los supuestos integrantes de la Mara 18 deberán cumplir hasta 36 días de trabajo, y los de la Mara 13 hasta 26.
Si bien varios de los capturados no aceptan haber sido pandilleros, todos los progenitores de ellos están satisfechos con las medidas. De hecho, los azotaron en público un día después de su captura.
Teresa Rivera, madre de uno de los capturados, afirmó que es un milagro que su hijo esté vivo, porque no escuchaba consejos y andaba con malas compañías.
Otros pobladores también están de acuerdo. Ana Córdova destacó que la sanción la tienen bien ganada. “Nos asaltan y hasta matan si nos oponemos a sus exigencias, por lo que creo que ahora la paz volverá al pueblo”, declaró.
Juan Rodríguez, presidente de las JLSC, explicó que serán liberados cuando cumplan el castigo, pero si reinciden serán entregados a la Policía Nacional Civil para someterlos a procesos legales.
El alcalde anunció que, pese a que concluirán los trabajos obligados, deberán ir todos los días, a las 16 horas, a reportarse a la JLSC hasta que la comunidad decida que la pena es suficiente.
Además, los detenidos trabajan de 7 a 15 horas y descansan en cárceles públicas.
Las aldeas que han sido más castigadas por la delincuencia son Santa Abelina, Chichel, Vichivalá y San Felipe Chenlá.
15 December 2008
Guatemala, un país sin ley
elEditorial de elPeriódico (15 dic 08)
Ante la contundencia de las evidencias disponibles, la única conclusión posible a la que podemos llegar los guatemaltecos es que vivimos en un país sin ley.
Y no es que en Guatemala haya un total vacío legal, sino que las leyes existentes no son debidamente cumplidas u observadas ni aplicadas. La constante es que las leyes se cumplen tarde, mal o nunca.
Paradójicamente, hasta podríamos decir que lejos de falta absoluta de leyes, más bien contamos con exceso de regulaciones que en lugar de orientar a la ciudadanía redundan en serias limitaciones para el desarrollo individual y colectivo.
¿Por qué no se cumplen las leyes en Guatemala? Simplemente porque el poder coercitivo del Estado para que las mismas se apliquen apropiadamente es ineficaz. De esa cuenta, la norma es que, quienes abusan del poder y los delincuentes, se salen con la suya con total impunidad en detrimento de los derechos y libertades del resto de la población.
En síntesis, en nuestro país hay leyes en abundancia, pero no pasan de ser una mera ficción. Consecuentemente, la solución del severo problema judicial del país no está en continuar emitiendo nuevas leyes o reformando y actualizando las que están en vigencia, sino en procurar que las que ya existen sean debidamente cumplidas y aplicadas.
Y esto únicamente podrá ser resultado del surgimiento de una cultura vigorosa de respeto al Estado de Derecho, cuyos pre-requisitos son que las mismas autoridades comiencen por dar el ejemplo, sometiéndose a la majestad de la ley y que se proceda a fortalecer desde sus raíces más profundas hasta la superficie a los órganos contralores de la legalidad, particularmente a las fuerzas de seguridad civiles, al Ministerio Público y a los tribunales de justicia.
Por otra parte, el Congreso, en vez de seguir esmerándose en la emisión de cualquier cantidad de nueva legislación, debería comprometerse en un proceso serio de desregulación, a efecto de ir eliminando las disposiciones anacrónicas, absurdas, particulares y casuísticas que proliferan en la actualidad, que solamente entorpecen y restringen el desarrollo económico y el progreso social de Guatemala o aseguran privilegios y discriminaciones.
Ante la contundencia de las evidencias disponibles, la única conclusión posible a la que podemos llegar los guatemaltecos es que vivimos en un país sin ley.
Y no es que en Guatemala haya un total vacío legal, sino que las leyes existentes no son debidamente cumplidas u observadas ni aplicadas. La constante es que las leyes se cumplen tarde, mal o nunca.
Paradójicamente, hasta podríamos decir que lejos de falta absoluta de leyes, más bien contamos con exceso de regulaciones que en lugar de orientar a la ciudadanía redundan en serias limitaciones para el desarrollo individual y colectivo.
¿Por qué no se cumplen las leyes en Guatemala? Simplemente porque el poder coercitivo del Estado para que las mismas se apliquen apropiadamente es ineficaz. De esa cuenta, la norma es que, quienes abusan del poder y los delincuentes, se salen con la suya con total impunidad en detrimento de los derechos y libertades del resto de la población.
En síntesis, en nuestro país hay leyes en abundancia, pero no pasan de ser una mera ficción. Consecuentemente, la solución del severo problema judicial del país no está en continuar emitiendo nuevas leyes o reformando y actualizando las que están en vigencia, sino en procurar que las que ya existen sean debidamente cumplidas y aplicadas.
Y esto únicamente podrá ser resultado del surgimiento de una cultura vigorosa de respeto al Estado de Derecho, cuyos pre-requisitos son que las mismas autoridades comiencen por dar el ejemplo, sometiéndose a la majestad de la ley y que se proceda a fortalecer desde sus raíces más profundas hasta la superficie a los órganos contralores de la legalidad, particularmente a las fuerzas de seguridad civiles, al Ministerio Público y a los tribunales de justicia.
Por otra parte, el Congreso, en vez de seguir esmerándose en la emisión de cualquier cantidad de nueva legislación, debería comprometerse en un proceso serio de desregulación, a efecto de ir eliminando las disposiciones anacrónicas, absurdas, particulares y casuísticas que proliferan en la actualidad, que solamente entorpecen y restringen el desarrollo económico y el progreso social de Guatemala o aseguran privilegios y discriminaciones.
13 December 2008
Poderoso clamor por la vida
elEditorial de elPeriódico (13 dic 08)
El pueblo de Guatemala está desesperado. Ni en los peores momentos del conflicto armado de los 36 años se llegó al actual extremo de ocurrir 20 muertes violentas diarias en el país, según los reportes de prensa disponibles. Y cada vez en la forma más irracional y primitiva.
Cansados de sufrir tanta violencia, en un ejemplo elocuente, los pacíficos habitantes de San Pedro Soloma, Huehuetenango, capturaron, lincharon y quemaron el jueves pasado a 5 supuestos secuestradores de una niña de 15 años, a quien cobardemente dieron muerte. Son ya incontables las ejecuciones ilegales que tienen lugar en nuestro país. Este peligroso fenómeno social, según analistas, demostraría que sectores de la población se encuentran hartos y cansados ante la ineptitud policíaca y la deficiente aplicación de la ley, por lo que insensatamente han optado por hacerse justicia por su propia mano, para castigar a delincuentes que son una amenaza para sus comunidades.
Por otro lado, es muy significativo que el embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, un gran conocedor de Guatemala, haya advertido esta semana a los turistas norteamericanos que viajar a nuestro país constituye un serio peligro. Asimismo, su representación emitió una declaración de alerta para sus compatriotas residentes localmente, pidiéndoles que desistan de viajar por la carretera a El Salvador de las 9:00 de la noche a las 6:00 de la mañana del día siguiente. Pues esa sede diplomática ha recibido informes sobre la comisión de hechos criminales, asaltos a vehículos y secuestros en esa vía. También indica que han aumentado los robos en las zonas 10, 14 y 15. Y recomienda no transitar en rutas adyacentes al lago de Atitlán.
A su vez, el sector productivo del país por medio de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), la Asociación de Exportadores de café, las cámaras de Industria y del Agro y de Comercio Guatemalteco–Americana han demandado al Gobierno de la República que cumpla su promesa de “combatir la violencia con inteligencia”. Numerosos empresarios han perdido la vida en manos de delincuentes, entre ellos el joven cafetalero Paul Stauder, abatido hace ocho días, cuando llegaba a su finca en helicóptero para pagar los salarios y el aguinaldo navideño de sus trabajadores.
Ante la indetenible espiral delincuencial, es increíble que los guatemaltecos tengan que pedir ante la administración estatal que se cumpla algo tan elemental como lo es: su derecho a la vida.
La violencia y la inseguridad actuales están debilitando la institucionalidad, ponen en riesgo la gobernabilidad democrática y la vigencia misma del Estado de derecho en Guatemala.
El pueblo de Guatemala está desesperado. Ni en los peores momentos del conflicto armado de los 36 años se llegó al actual extremo de ocurrir 20 muertes violentas diarias en el país, según los reportes de prensa disponibles. Y cada vez en la forma más irracional y primitiva.
Cansados de sufrir tanta violencia, en un ejemplo elocuente, los pacíficos habitantes de San Pedro Soloma, Huehuetenango, capturaron, lincharon y quemaron el jueves pasado a 5 supuestos secuestradores de una niña de 15 años, a quien cobardemente dieron muerte. Son ya incontables las ejecuciones ilegales que tienen lugar en nuestro país. Este peligroso fenómeno social, según analistas, demostraría que sectores de la población se encuentran hartos y cansados ante la ineptitud policíaca y la deficiente aplicación de la ley, por lo que insensatamente han optado por hacerse justicia por su propia mano, para castigar a delincuentes que son una amenaza para sus comunidades.
Por otro lado, es muy significativo que el embajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, un gran conocedor de Guatemala, haya advertido esta semana a los turistas norteamericanos que viajar a nuestro país constituye un serio peligro. Asimismo, su representación emitió una declaración de alerta para sus compatriotas residentes localmente, pidiéndoles que desistan de viajar por la carretera a El Salvador de las 9:00 de la noche a las 6:00 de la mañana del día siguiente. Pues esa sede diplomática ha recibido informes sobre la comisión de hechos criminales, asaltos a vehículos y secuestros en esa vía. También indica que han aumentado los robos en las zonas 10, 14 y 15. Y recomienda no transitar en rutas adyacentes al lago de Atitlán.
A su vez, el sector productivo del país por medio de la Asociación Nacional del Café (Anacafé), la Asociación de Exportadores de café, las cámaras de Industria y del Agro y de Comercio Guatemalteco–Americana han demandado al Gobierno de la República que cumpla su promesa de “combatir la violencia con inteligencia”. Numerosos empresarios han perdido la vida en manos de delincuentes, entre ellos el joven cafetalero Paul Stauder, abatido hace ocho días, cuando llegaba a su finca en helicóptero para pagar los salarios y el aguinaldo navideño de sus trabajadores.
Ante la indetenible espiral delincuencial, es increíble que los guatemaltecos tengan que pedir ante la administración estatal que se cumpla algo tan elemental como lo es: su derecho a la vida.
La violencia y la inseguridad actuales están debilitando la institucionalidad, ponen en riesgo la gobernabilidad democrática y la vigencia misma del Estado de derecho en Guatemala.
12 December 2008
Una turba lincha a cinco presuntos secuestradores en Guatemala
por José Elías
El País (12 dic 08)
La extrema debilidad del Estado guatemalteco, cada día más incapaz de garantizar la seguridad de sus gobernados, se cobró la vida de cinco presuntos secuestradores en San Pedro Soloma (Huehuetenango, noroeste del país, en la frontera con México), donde una enardecida turba de campesinos capturó a cinco secuestradores y, tras golpearlos hasta la muerte, quemó sus cuerpos en el campo de fútbol de la localidad.
Los hechos se remontan a la noche (local) del miércoles, cuando un vecino, víctima de secuestro, fue liberado por sus captores tras el pago de 60.000 quetzales (unos 6.000 euros, una suma importante en una de las zonas más deprimidas de esta nación centroamericana).
De acuerdo con las primeras versiones, el ex rehén logró reconocer a sus secuestradores y los denunció ante los vecinos. Tras una reunión y de acuerdo con los pobladores, unas 1.500 personas, armados de palos y machetes llegaron hasta la aldea Tzlahuitz, donde residían dos de los acusados. Tras golpearlos y amenazarlos con quemarlos vivos, éstos denunciaron a sus cómplices y en otra de las viviendas de la aldea fueron capturados cuatro hombres más.
Inmediatamente, y dispuestos a dar un público escarmiento, los seis detenidos fueron llevados hasta el campo de fútbol de San Pedro Soloma, la capital del municipio, donde cinco de ellos fueron golpeados hasta la muerte y sus cuerpos rociados con gasolina y quemados. El sexto, cuyo paradero se desconocía ayer, se libró de la muerte tras reconocer que mantenía secuestrada a una adolescente de 15 años y guiar a los captores hasta el sitio del cautiverio de la joven, que fue liberada.
Durante todo el tiempo (la noche del miércoles y el jueves) los pobladores de San Pedro Soloma se coordinaron con los habitantes de municipios vecinos para que éstos colocaran barricadas en las carreteras e impidieran el paso de policías, cuerpos de socorro y representantes locales de la Procuraduría de los Derechos Humanos (oficina del Defensor del Pueblo), para evitar que se impidiera el "castigo" a los integrantes de una banda que, según argumentan los vecinos, sembraba la zozobra en aquella comunidad.
Los linchamientos se han convertido en una práctica generalizada en Guatemala. De acuerdo con la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), hasta el 30 de noviembre se habían reportado 133 casos, con un saldo de 122 personas heridas de diversa gravedad y 11 muertos.
En la distribución geográfica de estos sucesos cabe destacar que la mayoría ocurren en aquellas zonas en las que durante la guerra civil (1960-1996) ocurrieron las grandes matanzas del enfrentamiento armado, que se cerró con 250.000 muertos y 50.000 desaparecidos.
Todas estas matanzas permanecen en total impunidad y los supervivientes jamás han recibido ningún tipo de asistencia psicológica.
El País (12 dic 08)
La extrema debilidad del Estado guatemalteco, cada día más incapaz de garantizar la seguridad de sus gobernados, se cobró la vida de cinco presuntos secuestradores en San Pedro Soloma (Huehuetenango, noroeste del país, en la frontera con México), donde una enardecida turba de campesinos capturó a cinco secuestradores y, tras golpearlos hasta la muerte, quemó sus cuerpos en el campo de fútbol de la localidad.
Los hechos se remontan a la noche (local) del miércoles, cuando un vecino, víctima de secuestro, fue liberado por sus captores tras el pago de 60.000 quetzales (unos 6.000 euros, una suma importante en una de las zonas más deprimidas de esta nación centroamericana).
De acuerdo con las primeras versiones, el ex rehén logró reconocer a sus secuestradores y los denunció ante los vecinos. Tras una reunión y de acuerdo con los pobladores, unas 1.500 personas, armados de palos y machetes llegaron hasta la aldea Tzlahuitz, donde residían dos de los acusados. Tras golpearlos y amenazarlos con quemarlos vivos, éstos denunciaron a sus cómplices y en otra de las viviendas de la aldea fueron capturados cuatro hombres más.
Inmediatamente, y dispuestos a dar un público escarmiento, los seis detenidos fueron llevados hasta el campo de fútbol de San Pedro Soloma, la capital del municipio, donde cinco de ellos fueron golpeados hasta la muerte y sus cuerpos rociados con gasolina y quemados. El sexto, cuyo paradero se desconocía ayer, se libró de la muerte tras reconocer que mantenía secuestrada a una adolescente de 15 años y guiar a los captores hasta el sitio del cautiverio de la joven, que fue liberada.
Durante todo el tiempo (la noche del miércoles y el jueves) los pobladores de San Pedro Soloma se coordinaron con los habitantes de municipios vecinos para que éstos colocaran barricadas en las carreteras e impidieran el paso de policías, cuerpos de socorro y representantes locales de la Procuraduría de los Derechos Humanos (oficina del Defensor del Pueblo), para evitar que se impidiera el "castigo" a los integrantes de una banda que, según argumentan los vecinos, sembraba la zozobra en aquella comunidad.
Los linchamientos se han convertido en una práctica generalizada en Guatemala. De acuerdo con la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), hasta el 30 de noviembre se habían reportado 133 casos, con un saldo de 122 personas heridas de diversa gravedad y 11 muertos.
En la distribución geográfica de estos sucesos cabe destacar que la mayoría ocurren en aquellas zonas en las que durante la guerra civil (1960-1996) ocurrieron las grandes matanzas del enfrentamiento armado, que se cerró con 250.000 muertos y 50.000 desaparecidos.
Todas estas matanzas permanecen en total impunidad y los supervivientes jamás han recibido ningún tipo de asistencia psicológica.
San Pedro Soloma: linchan a cinco supuestos secuestradores
por Luis Ángel Sas
elPeriódico (12 dic 08)
Pobladores de San Pedro Soloma, Huehuetenango, lincharon a cinco hombres a quienes acusaban de ser los responsables del secuestro de una menor de 15 años. Entre la noche del pasado miércoles y la madrugada de ayer, mataron a tres de los hombres, mientras que los otros dos fueron asesinados la mañana del jueves. Los cadáveres quedaron tendidos en el campo de fútbol de la localidad y según la Policía, sufrieron heridas de armas de fuego y golpes.
Los hechos se iniciaron el pasado miércoles cuando fue liberado un hombre que permaneció secuestrado por una semana. La familia pagó Q60 mil de rescate. La víctima reconoció a sus captores y pidió ayuda a un grupo de vecinos. Después de organizarse, viajaron cerca de 1,500 personas hacia la aldea Tzlahuitz donde capturaron a dos de los presuntos plagiarios. Cuando amenazaban con lincharlos, estos dijeron que entregarían al resto de la banda. Se dirigieron a otra residencia de la misma aldea. Allí se encontraban cuatro hombres más. Los vecinos los llevaron al campo de fútbol de San Pedro Soloma, donde lincharon a cinco hombres. El sexto se libró de morir después que aceptó que también habían secuestrado a una menor de 15 años y fue obligado a guiarlos hasta el lugar donde tenían retenida a la víctima.
Según informó el delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Huehuetenango, Erick Villatoro, los supuestos secuestradores fueron primero heridos con armas de fuego. “Los pobladores no permitieron ingresar a ninguna autoridad al lugar mientras sucedían los hechos”, dijo Villatoro.
El inspector de la Policía, Octavio Vásquez, informó que por el secuestro del hombre ya se habían realizado allanamientos, pero no se obtuvieron resultados. Del último maleante, las autoridades aún desconocen su paradero.
Rember Larios, director general adjunto de la PNC, informó que un numeroso grupo de soldados y policías logró ingresar al lugar anoche, cuando se buscaba a cuatro presuntas víctimas de los plagiarios.
elPeriódico (12 dic 08)
Pobladores de San Pedro Soloma, Huehuetenango, lincharon a cinco hombres a quienes acusaban de ser los responsables del secuestro de una menor de 15 años. Entre la noche del pasado miércoles y la madrugada de ayer, mataron a tres de los hombres, mientras que los otros dos fueron asesinados la mañana del jueves. Los cadáveres quedaron tendidos en el campo de fútbol de la localidad y según la Policía, sufrieron heridas de armas de fuego y golpes.
Los hechos se iniciaron el pasado miércoles cuando fue liberado un hombre que permaneció secuestrado por una semana. La familia pagó Q60 mil de rescate. La víctima reconoció a sus captores y pidió ayuda a un grupo de vecinos. Después de organizarse, viajaron cerca de 1,500 personas hacia la aldea Tzlahuitz donde capturaron a dos de los presuntos plagiarios. Cuando amenazaban con lincharlos, estos dijeron que entregarían al resto de la banda. Se dirigieron a otra residencia de la misma aldea. Allí se encontraban cuatro hombres más. Los vecinos los llevaron al campo de fútbol de San Pedro Soloma, donde lincharon a cinco hombres. El sexto se libró de morir después que aceptó que también habían secuestrado a una menor de 15 años y fue obligado a guiarlos hasta el lugar donde tenían retenida a la víctima.
Según informó el delegado de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Huehuetenango, Erick Villatoro, los supuestos secuestradores fueron primero heridos con armas de fuego. “Los pobladores no permitieron ingresar a ninguna autoridad al lugar mientras sucedían los hechos”, dijo Villatoro.
El inspector de la Policía, Octavio Vásquez, informó que por el secuestro del hombre ya se habían realizado allanamientos, pero no se obtuvieron resultados. Del último maleante, las autoridades aún desconocen su paradero.
Rember Larios, director general adjunto de la PNC, informó que un numeroso grupo de soldados y policías logró ingresar al lugar anoche, cuando se buscaba a cuatro presuntas víctimas de los plagiarios.
11 December 2008
Un pueblo harto
Editorial La Hora (11 dic 08)
Llegan desde Huehuetenango noticias alarmantes de una especie de estallido popular generado por el cansancio de los pobladores ante la sucesión interminable de hechos de violencia. Cientos de habitantes se han lanzado a las calles para localizar a delincuentes y tras haber hecho confesar a cuatro de ellos, quienes proporcionaron nombres y ubicación de sus cómplices, los lincharon y se dividieron en grupos para ir a los distintos cantones, caseríos y aldeas en busca de los que fueron señalados como criminales para proceder a su linchamiento.
Hay diversas formas de reacción de la gente frente al problema de la violencia, pero en casos extremos, cuando se repiten hasta el cansancio actos delictivos que no pueden ser controlados por la autoridad, puede surgir un movimiento generalizado de violencia en contra de los que son o parecen delincuentes y de esa cuenta caemos en un profundo estado de anarquía en el que nadie puede sentirse seguro porque cualquier rencilla que uno tenga con un vecino puede dar pábulo a señalamientos que terminen en un linchamiento sin derecho a defensa.
Es lógico que nos preguntemos si acaso no será necesario que se produzcan esos estallidos populares para ponerle fin a la impunidad absoluta que impera en el país. Por supuesto que es la prostitución final de la sociedad que recurre a actos de verdadero salvajismo para castigar a los delincuentes y se corren enormes riesgos de que los linchados no sean los verdaderos criminales, puesto que no hay ningún mecanismo de control que permita la legítima defensa de los imputados. Ante la turba no hay forma de defenderse ni de aclarar la situación de una persona porque una de las características del tumulto es que se pierde la capacidad de raciocinio.
Pero con todo y los serios problemas que representa ese desborde causado por el hartazgo de la población, es necesario señalar que el mismo es producto de la incapacidad de las autoridades para mantener el control de la situación en el país. Si no hay forma de contener el crimen y tampoco hay forma de sancionar a los delincuentes porque no existe capacidad de investigación en las estructuras del Estado, se empuja a la gente a tomar la justicia por propia mano con los riesgos y males que ello significa.
Por ello es que lo que está sucediendo el día de hoy en Huehuetenango tiene que ser objeto de una profunda reflexión en las esferas de Gobierno porque ese desborde popular está hoy dirigido contra los delincuentes, pero puede crecer y dirigirse también contra las autoridades que no tienen la capacidad para cumplir son su responsabilidad. Este estallido de hartazgo no puede ser visto a la ligera por nadie.
Llegan desde Huehuetenango noticias alarmantes de una especie de estallido popular generado por el cansancio de los pobladores ante la sucesión interminable de hechos de violencia. Cientos de habitantes se han lanzado a las calles para localizar a delincuentes y tras haber hecho confesar a cuatro de ellos, quienes proporcionaron nombres y ubicación de sus cómplices, los lincharon y se dividieron en grupos para ir a los distintos cantones, caseríos y aldeas en busca de los que fueron señalados como criminales para proceder a su linchamiento.
Hay diversas formas de reacción de la gente frente al problema de la violencia, pero en casos extremos, cuando se repiten hasta el cansancio actos delictivos que no pueden ser controlados por la autoridad, puede surgir un movimiento generalizado de violencia en contra de los que son o parecen delincuentes y de esa cuenta caemos en un profundo estado de anarquía en el que nadie puede sentirse seguro porque cualquier rencilla que uno tenga con un vecino puede dar pábulo a señalamientos que terminen en un linchamiento sin derecho a defensa.
Es lógico que nos preguntemos si acaso no será necesario que se produzcan esos estallidos populares para ponerle fin a la impunidad absoluta que impera en el país. Por supuesto que es la prostitución final de la sociedad que recurre a actos de verdadero salvajismo para castigar a los delincuentes y se corren enormes riesgos de que los linchados no sean los verdaderos criminales, puesto que no hay ningún mecanismo de control que permita la legítima defensa de los imputados. Ante la turba no hay forma de defenderse ni de aclarar la situación de una persona porque una de las características del tumulto es que se pierde la capacidad de raciocinio.
Pero con todo y los serios problemas que representa ese desborde causado por el hartazgo de la población, es necesario señalar que el mismo es producto de la incapacidad de las autoridades para mantener el control de la situación en el país. Si no hay forma de contener el crimen y tampoco hay forma de sancionar a los delincuentes porque no existe capacidad de investigación en las estructuras del Estado, se empuja a la gente a tomar la justicia por propia mano con los riesgos y males que ello significa.
Por ello es que lo que está sucediendo el día de hoy en Huehuetenango tiene que ser objeto de una profunda reflexión en las esferas de Gobierno porque ese desborde popular está hoy dirigido contra los delincuentes, pero puede crecer y dirigirse también contra las autoridades que no tienen la capacidad para cumplir son su responsabilidad. Este estallido de hartazgo no puede ser visto a la ligera por nadie.
Huehuetenango sigue en tensión
La Hora (11 dic 08)
Huehuetenango sigue en tensión, tras linchamiento de supuestos secuestradores.
Ambiente tenso se vive en dos municipios de Huehuetenango, el resultado hasta el momento ha sido de cuatro muertos, tres casas quemadas y tres personas desaparecidas, así como la búsqueda de otros implicados.
San Pedro Soloma fue esta mañana el escenario de la incineración de cuatro personas, a quienes la población los sindicó de secuestradores, pero según se indicó, antes de morir fueron forzados a revelar los nombres de sus cómplices.
Según informó Romy Fuentes, de la Comisaría 43 de Huehuetenango, unos 5 mil vecinos se aglomeraron en el campo de futbol del referido lugar, para linchar a los individuos, posteriormente impidieron el acceso a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Unos 70 elementos de las fuerzas de seguridad asistieron al lugar para tratar de controlar la situación, sin embargo, se les vedó el paso.
Los pobladores no permitieron el ingreso de nadie, además continuaron con la búsqueda en otros municipios, de los otros supuestos cómplices de los occisos.
Por otro lado en San Juan Ixcoy, ayer a las 23:30 horas llegó al municipio un camión blanco, donde se conducían 50 personas, éstas descendieron del vehículo y quemaron tres viviendas.
Fuentes manifestó que en el caserío Buena Vista, en el municipio de San Juan Ixcoy, se conoció que fueron quemadas algunas casas, en donde vivían nueve personas, quienes se acercaron a la subestación de la policía para pedir auxilio, como presentaban lesiones tuvieron que ser trasladas al hospital de Huehuetenango.
Los afectados indicaron que habían comprado un terreno con anterioridad por una extensión de mil cuerdas, pero el ex alcalde del lugar vendió estos terrenos comunales a otras personas, por lo que esto pudo ser la causa del problema. Hasta el momento hay tres personas desaparecidas.
Según el subcomisario, aunque el ambiente estaba "un poco tenso", la situación sería controlada por elementos de seguridad, quienes retomarían la calma, especialmente en San Pedro Soloma.
Un poblador del municipio mencionado, quien no quiso identificarse por temor a represalias, dijo en entrevista a un medio de comunicación radial, que los secuestradores pedían grandes cantidades de dinero para liberar a sus víctimas, en varias ocasiones aunque los familiares de los plagiados pagaran estos acababan con su vida.
Por su parte, la institución policíaca, en informes presentados ha señalado varios departamentos del Occidente, incluyendo Huehuetenango, como lugares vulnerables, debido al alto índice de criminalidad y violencia que los azota, los secuestros no se excluyen, ya que constantemente se reportan sucesos de este tipo.
Sin embargo, representantes de la cartera han manifestado que noviembre ha sido un "buen mes", ya que se ha logrado la liberación de varias personas, pero continúan realizando operaciones de inteligencia para poder erradicar o por lo menos disminuir este problema por completo.
En una entrevista concedida a este vespertino, Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, dijo que el trabajo de la institución policíaca en materia de secuestros era buena, sin embargo se opacaba con los pocos resultados obtenidos en otros casos de seguridad.
Huehuetenango sigue en tensión, tras linchamiento de supuestos secuestradores.
Ambiente tenso se vive en dos municipios de Huehuetenango, el resultado hasta el momento ha sido de cuatro muertos, tres casas quemadas y tres personas desaparecidas, así como la búsqueda de otros implicados.
San Pedro Soloma fue esta mañana el escenario de la incineración de cuatro personas, a quienes la población los sindicó de secuestradores, pero según se indicó, antes de morir fueron forzados a revelar los nombres de sus cómplices.
Según informó Romy Fuentes, de la Comisaría 43 de Huehuetenango, unos 5 mil vecinos se aglomeraron en el campo de futbol del referido lugar, para linchar a los individuos, posteriormente impidieron el acceso a los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Unos 70 elementos de las fuerzas de seguridad asistieron al lugar para tratar de controlar la situación, sin embargo, se les vedó el paso.
Los pobladores no permitieron el ingreso de nadie, además continuaron con la búsqueda en otros municipios, de los otros supuestos cómplices de los occisos.
Por otro lado en San Juan Ixcoy, ayer a las 23:30 horas llegó al municipio un camión blanco, donde se conducían 50 personas, éstas descendieron del vehículo y quemaron tres viviendas.
Fuentes manifestó que en el caserío Buena Vista, en el municipio de San Juan Ixcoy, se conoció que fueron quemadas algunas casas, en donde vivían nueve personas, quienes se acercaron a la subestación de la policía para pedir auxilio, como presentaban lesiones tuvieron que ser trasladas al hospital de Huehuetenango.
Los afectados indicaron que habían comprado un terreno con anterioridad por una extensión de mil cuerdas, pero el ex alcalde del lugar vendió estos terrenos comunales a otras personas, por lo que esto pudo ser la causa del problema. Hasta el momento hay tres personas desaparecidas.
Según el subcomisario, aunque el ambiente estaba "un poco tenso", la situación sería controlada por elementos de seguridad, quienes retomarían la calma, especialmente en San Pedro Soloma.
Un poblador del municipio mencionado, quien no quiso identificarse por temor a represalias, dijo en entrevista a un medio de comunicación radial, que los secuestradores pedían grandes cantidades de dinero para liberar a sus víctimas, en varias ocasiones aunque los familiares de los plagiados pagaran estos acababan con su vida.
Por su parte, la institución policíaca, en informes presentados ha señalado varios departamentos del Occidente, incluyendo Huehuetenango, como lugares vulnerables, debido al alto índice de criminalidad y violencia que los azota, los secuestros no se excluyen, ya que constantemente se reportan sucesos de este tipo.
Sin embargo, representantes de la cartera han manifestado que noviembre ha sido un "buen mes", ya que se ha logrado la liberación de varias personas, pero continúan realizando operaciones de inteligencia para poder erradicar o por lo menos disminuir este problema por completo.
En una entrevista concedida a este vespertino, Carmen Aída Ibarra, de la Fundación Myrna Mack, dijo que el trabajo de la institución policíaca en materia de secuestros era buena, sin embargo se opacaba con los pocos resultados obtenidos en otros casos de seguridad.
03 December 2008
Linchamiento de sicario
Emisoras Unidas reportó que fue linchado un sicario, quien había asesinado al conductor de un microbus. También informó que ya son 125 los pilotos asesinados durante el 2008. Han sido asesinados por negarse a pagar las extorsiones de las que son víctimas.
02 December 2008
Vapuleado en Mixco, Guatemala
La Policía Nacional Civil (PNC) informó, por medio de Emisoras Unidas, que en el municipio Mixco, vecino a la Ciudad de Guatemala, se vapuleó a un individuo que fue capturado in fraganti cuando, saltando el muro, entraba en una casa del vecindario. Después fue entregado, con vida, a las autoridades.
29 November 2008
Buscando su propia justicia
Por Carlos Duarte
La Hora (29 nov 08)
Las voces de la muchedumbre fueron claras: "consigamos gasolina y quememos a este ladrón, hijo de la gran p...".
Cualquiera se impactaría de escuchar semejante expresión de parte de otro ser humano, pero aun así, ese grupo de gente trabajadora que se dirigía a sus destinos particulares se desahogaba de lo que acababan de sufrir en la camioneta.
Tres sujetos se subieron y a punta de pistola los despojaban de sus pertenencias; ese grupo de gente acababa de sufrir un asalto, y en su frustración e ira, lograron capturar a un presunto delincuente y mientras le propinaban una paliza entre todos, pedían gasolina para poder lincharlo.
Y es que la violencia criminal y los índices delincuenciales han sobrepasado no solamente las cifras de los últimos 30 años, inclusive los niveles vividos durante la guerra interna, sino que han colmado la paciencia de los guatemaltecos, quienes han vivido a merced de los criminales, desprotegidos por unas fuerzas de seguridad incapaces o sin el deseo de salvaguardar al ciudadano y de imponer el orden a esta anarquía que se vive en el país.
La Hora (29 nov 08)
Las voces de la muchedumbre fueron claras: "consigamos gasolina y quememos a este ladrón, hijo de la gran p...".
Cualquiera se impactaría de escuchar semejante expresión de parte de otro ser humano, pero aun así, ese grupo de gente trabajadora que se dirigía a sus destinos particulares se desahogaba de lo que acababan de sufrir en la camioneta.
Tres sujetos se subieron y a punta de pistola los despojaban de sus pertenencias; ese grupo de gente acababa de sufrir un asalto, y en su frustración e ira, lograron capturar a un presunto delincuente y mientras le propinaban una paliza entre todos, pedían gasolina para poder lincharlo.
Y es que la violencia criminal y los índices delincuenciales han sobrepasado no solamente las cifras de los últimos 30 años, inclusive los niveles vividos durante la guerra interna, sino que han colmado la paciencia de los guatemaltecos, quienes han vivido a merced de los criminales, desprotegidos por unas fuerzas de seguridad incapaces o sin el deseo de salvaguardar al ciudadano y de imponer el orden a esta anarquía que se vive en el país.
24 November 2008
Escuadrones de la muerte actúan con libertad en el país
Por Lorena Seijo
Prensa Libre (24 nov 08)
En lo que va del año se han producido, por lo menos, 28 ejecuciones, no por parte de turbas enardecidas, sino de grupos bien armados y estructurados para matar, que cobran una cuota a los vecinos por su “servicio de seguridad”.
Estas agrupaciones aterrorizan a la población con la publicación de listas negras de delincuentes por liquidar. La PDH acusa a la Policía de pasividad frente a estos actos, mientras las autoridades aseguran que investigan a esas organizaciones.
“Unos 30 hombres armados y con gorros pasamontañas ingresaron, a las cero horas del 8 de noviembre, en una casa del barrio San Pedro, Palín, Escuintla, y mataron a Manuel de Jesús Alonso, de 27 años, acusado de secuestro. El grupo armado dejó tirados varios volantes con señalamientos contra secuestradores”. Esta era la información que se publicaba un día después del crimen, y que daba cuenta de un supuesto linchamiento, aunque en realidad se trataba de la forma de accionar de un escuadrón de la muerte que, desde hace meses, actúa con total impunidad en Palín.
A esa nota de prensa le faltaban unos cuántos detalles que ayudaran a explicar el porqué del asesinato, y que pone en duda si la víctima era un delincuente.
El 20 de febrero de este año, la familia Alonso Pirique presentó una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en la que aseguraba que estaban siendo extorsionados por personas que les ofrecían protección para su negocio de panadería y reparación de celulares, a cambio de que les dieran un pago mensual.
La familia se negó al chantaje y, poco después, dos de sus hijos aparecían en una lista de posibles ejecutables, junto con otras 21 personas, firmada por Ejército secreto de ejecución. Casi al mismo tiempo, patrullas de la Policía empezaron a hacer guardia frente a la casa y a tomarles fotografías.
Aunque la PDH solicitó, tanto a la Policía como al Ministerio Público, que se investigaran las amenazas, nunca hubo respuesta. La familia Alonso incluso acudió a una reunión con el comisario de Escuintla para pedir ayuda.
Un mes después, Manuel de Jesús Alonso, el hijo mayor, fue detenido y acusado de plagio, pero salió libre por falta de pruebas.
El 8 de noviembre, el hijo mayor de los Alonso se encontraba junto con su familia en su vivienda, cuando 30 hombres vestidos de verde olivo, con botas militares y armados con fusiles rodearon la casa. Las víctimas llamaron por teléfono a la comisaría y al destacamento militar para pedir auxilio, pero no llegaron. Los encapuchados entraron por la fuerza a la vivienda, encañonaron y golpearon a la familia, y sacaron a Manuel arrastrado a la calle.
Cuando los padres del acusado pudieron salir de la casa, que estaba ardiendo, vieron a la Policía en la puerta, que observaba el cuerpo calcinado de su hijo. “Para qué vienen ahora que ya no hay nada que hacer”, les gritó la madre de Manuel. Los agentes solo se rieron.
Los volantes, que en el lugar del crimen repartió este grupo paramilitar, decían textualmente: “El comando de la muerte está en acción en San Vicente Pacaya, Palín, Villa Nueva, Escuintla y Puerto San José. Quemaremos uno por uno, no solo a ellos, sino también pagarán sus familiares, para que sepan cómo se siente el dolor. Ya no permitiremos ningún secuestro más, porque el pueblo se ha levantado y creó este comando”.
La PDH ha recibido varias denuncias de vecinos de Palín, que viven atemorizados por este grupo, el cual se ha erigido como “supuesto salvador del municipio”, pero eso sí, a cambio de que todos colaboren con una cuota, en algunos casos hasta de Q20 mil.
En lo que va del año se han llevado a cabo 28 linchamientos, según el Organismo Judicial, aunque la Policía solo registra seis. A diferencia de lo que sucedía en épocas pasadas, los ejecutores no son pobladores desorganizados que deciden “tomarse la justicia por sus manos”, sino que se trata de grupos que con premeditación aplican la pena capital con total libertad, como si fueran el Ku Klux Klan.
Lo mismo ha ocurrido en Izabal, donde por lo menos cuatro personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por una banda autodenominada Grupo sin derechos humanos.
Estas personas, que actúan encapuchadas, están dispuestas a matar a aquellos jóvenes que lleven puestos aretes, tatuajes, el pelo largo, o que sean acusados de ladrones. Ofrecen sus servicios a cualquiera que les proporcione una lista de “posibles delincuentes”. A pesar de que la PDH informó de estos casos a la PNC y el MP, aún no han recibido respuesta.
Recientemente, otra banda se ha conformado en Escuintla y, aunque parece ser menos agresiva que la de Palín, patrullan las calles encapuchados, armados con machetes y pistolas. Cobran Q50 por sus servicios, y le han solicitado al gobernador que los dote de gafetes y radios.
Uno de los casos más graves que ha tenido lugar en el 2008 es el de San Juan Sacatepéquez, donde unas supuestas juntas de seguridad han tomado el control del municipio a cambio de contribuciones “obligatorias” de los vecinos. La anarquía e impunidad han llegado a tal nivel que una persona que se negó a ser registrada en un retén establecido por estas agrupaciones fue secuestrada, torturada y posteriormente quemada, debido a su irreverencia.
Esta organización, según constan en denuncias en la Procuraduría, tiene incluso un cementerio clandestino en el que entierra a sus víctimas, por lo que muchos de los casos de ejecuciones que se dan en el municipio nunca son reportados por las autoridades. Aún así se les atribuye la responsabilidad directa de, por lo menos, seis muertes.
El precursor de todos estos grupos que han proliferado como la pólvora por todo el país fue el constituido hace dos años en Santiago Atitlán, Sololá, único caso en que fueron detenidos ocho de sus integrantes, pero que quedaron libres por falta de mérito.
En los departamentos del oriente del país, esta función de exterminio la ejercen los sicarios del narcotráfico, que se preocupan de que los delitos contra el patrimonio no suban, y de tener supuestamente contenta a la población.
Todos ellos operan bajo la pasividad y, en algunos casos, la connivencia de las propias autoridades locales, que se ven incapaces de enfrentarlos.
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Prensa Libre (24 nov 08)
En lo que va del año se han producido, por lo menos, 28 ejecuciones, no por parte de turbas enardecidas, sino de grupos bien armados y estructurados para matar, que cobran una cuota a los vecinos por su “servicio de seguridad”.
Estas agrupaciones aterrorizan a la población con la publicación de listas negras de delincuentes por liquidar. La PDH acusa a la Policía de pasividad frente a estos actos, mientras las autoridades aseguran que investigan a esas organizaciones.
“Unos 30 hombres armados y con gorros pasamontañas ingresaron, a las cero horas del 8 de noviembre, en una casa del barrio San Pedro, Palín, Escuintla, y mataron a Manuel de Jesús Alonso, de 27 años, acusado de secuestro. El grupo armado dejó tirados varios volantes con señalamientos contra secuestradores”. Esta era la información que se publicaba un día después del crimen, y que daba cuenta de un supuesto linchamiento, aunque en realidad se trataba de la forma de accionar de un escuadrón de la muerte que, desde hace meses, actúa con total impunidad en Palín.
A esa nota de prensa le faltaban unos cuántos detalles que ayudaran a explicar el porqué del asesinato, y que pone en duda si la víctima era un delincuente.
El 20 de febrero de este año, la familia Alonso Pirique presentó una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en la que aseguraba que estaban siendo extorsionados por personas que les ofrecían protección para su negocio de panadería y reparación de celulares, a cambio de que les dieran un pago mensual.
La familia se negó al chantaje y, poco después, dos de sus hijos aparecían en una lista de posibles ejecutables, junto con otras 21 personas, firmada por Ejército secreto de ejecución. Casi al mismo tiempo, patrullas de la Policía empezaron a hacer guardia frente a la casa y a tomarles fotografías.
Aunque la PDH solicitó, tanto a la Policía como al Ministerio Público, que se investigaran las amenazas, nunca hubo respuesta. La familia Alonso incluso acudió a una reunión con el comisario de Escuintla para pedir ayuda.
Un mes después, Manuel de Jesús Alonso, el hijo mayor, fue detenido y acusado de plagio, pero salió libre por falta de pruebas.
El 8 de noviembre, el hijo mayor de los Alonso se encontraba junto con su familia en su vivienda, cuando 30 hombres vestidos de verde olivo, con botas militares y armados con fusiles rodearon la casa. Las víctimas llamaron por teléfono a la comisaría y al destacamento militar para pedir auxilio, pero no llegaron. Los encapuchados entraron por la fuerza a la vivienda, encañonaron y golpearon a la familia, y sacaron a Manuel arrastrado a la calle.
Cuando los padres del acusado pudieron salir de la casa, que estaba ardiendo, vieron a la Policía en la puerta, que observaba el cuerpo calcinado de su hijo. “Para qué vienen ahora que ya no hay nada que hacer”, les gritó la madre de Manuel. Los agentes solo se rieron.
Los volantes, que en el lugar del crimen repartió este grupo paramilitar, decían textualmente: “El comando de la muerte está en acción en San Vicente Pacaya, Palín, Villa Nueva, Escuintla y Puerto San José. Quemaremos uno por uno, no solo a ellos, sino también pagarán sus familiares, para que sepan cómo se siente el dolor. Ya no permitiremos ningún secuestro más, porque el pueblo se ha levantado y creó este comando”.
La PDH ha recibido varias denuncias de vecinos de Palín, que viven atemorizados por este grupo, el cual se ha erigido como “supuesto salvador del municipio”, pero eso sí, a cambio de que todos colaboren con una cuota, en algunos casos hasta de Q20 mil.
En lo que va del año se han llevado a cabo 28 linchamientos, según el Organismo Judicial, aunque la Policía solo registra seis. A diferencia de lo que sucedía en épocas pasadas, los ejecutores no son pobladores desorganizados que deciden “tomarse la justicia por sus manos”, sino que se trata de grupos que con premeditación aplican la pena capital con total libertad, como si fueran el Ku Klux Klan.
Lo mismo ha ocurrido en Izabal, donde por lo menos cuatro personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por una banda autodenominada Grupo sin derechos humanos.
Estas personas, que actúan encapuchadas, están dispuestas a matar a aquellos jóvenes que lleven puestos aretes, tatuajes, el pelo largo, o que sean acusados de ladrones. Ofrecen sus servicios a cualquiera que les proporcione una lista de “posibles delincuentes”. A pesar de que la PDH informó de estos casos a la PNC y el MP, aún no han recibido respuesta.
Recientemente, otra banda se ha conformado en Escuintla y, aunque parece ser menos agresiva que la de Palín, patrullan las calles encapuchados, armados con machetes y pistolas. Cobran Q50 por sus servicios, y le han solicitado al gobernador que los dote de gafetes y radios.
Uno de los casos más graves que ha tenido lugar en el 2008 es el de San Juan Sacatepéquez, donde unas supuestas juntas de seguridad han tomado el control del municipio a cambio de contribuciones “obligatorias” de los vecinos. La anarquía e impunidad han llegado a tal nivel que una persona que se negó a ser registrada en un retén establecido por estas agrupaciones fue secuestrada, torturada y posteriormente quemada, debido a su irreverencia.
Esta organización, según constan en denuncias en la Procuraduría, tiene incluso un cementerio clandestino en el que entierra a sus víctimas, por lo que muchos de los casos de ejecuciones que se dan en el municipio nunca son reportados por las autoridades. Aún así se les atribuye la responsabilidad directa de, por lo menos, seis muertes.
El precursor de todos estos grupos que han proliferado como la pólvora por todo el país fue el constituido hace dos años en Santiago Atitlán, Sololá, único caso en que fueron detenidos ocho de sus integrantes, pero que quedaron libres por falta de mérito.
En los departamentos del oriente del país, esta función de exterminio la ejercen los sicarios del narcotráfico, que se preocupan de que los delitos contra el patrimonio no suban, y de tener supuestamente contenta a la población.
Todos ellos operan bajo la pasividad y, en algunos casos, la connivencia de las propias autoridades locales, que se ven incapaces de enfrentarlos.
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