Por Lorena Seijo
Prensa Libre (24 nov 08)
En lo que va del año se han producido, por lo menos, 28 ejecuciones, no por parte de turbas enardecidas, sino de grupos bien armados y estructurados para matar, que cobran una cuota a los vecinos por su “servicio de seguridad”.
Estas agrupaciones aterrorizan a la población con la publicación de listas negras de delincuentes por liquidar. La PDH acusa a la Policía de pasividad frente a estos actos, mientras las autoridades aseguran que investigan a esas organizaciones.
“Unos 30 hombres armados y con gorros pasamontañas ingresaron, a las cero horas del 8 de noviembre, en una casa del barrio San Pedro, Palín, Escuintla, y mataron a Manuel de Jesús Alonso, de 27 años, acusado de secuestro. El grupo armado dejó tirados varios volantes con señalamientos contra secuestradores”. Esta era la información que se publicaba un día después del crimen, y que daba cuenta de un supuesto linchamiento, aunque en realidad se trataba de la forma de accionar de un escuadrón de la muerte que, desde hace meses, actúa con total impunidad en Palín.
A esa nota de prensa le faltaban unos cuántos detalles que ayudaran a explicar el porqué del asesinato, y que pone en duda si la víctima era un delincuente.
El 20 de febrero de este año, la familia Alonso Pirique presentó una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en la que aseguraba que estaban siendo extorsionados por personas que les ofrecían protección para su negocio de panadería y reparación de celulares, a cambio de que les dieran un pago mensual.
La familia se negó al chantaje y, poco después, dos de sus hijos aparecían en una lista de posibles ejecutables, junto con otras 21 personas, firmada por Ejército secreto de ejecución. Casi al mismo tiempo, patrullas de la Policía empezaron a hacer guardia frente a la casa y a tomarles fotografías.
Aunque la PDH solicitó, tanto a la Policía como al Ministerio Público, que se investigaran las amenazas, nunca hubo respuesta. La familia Alonso incluso acudió a una reunión con el comisario de Escuintla para pedir ayuda.
Un mes después, Manuel de Jesús Alonso, el hijo mayor, fue detenido y acusado de plagio, pero salió libre por falta de pruebas.
El 8 de noviembre, el hijo mayor de los Alonso se encontraba junto con su familia en su vivienda, cuando 30 hombres vestidos de verde olivo, con botas militares y armados con fusiles rodearon la casa. Las víctimas llamaron por teléfono a la comisaría y al destacamento militar para pedir auxilio, pero no llegaron. Los encapuchados entraron por la fuerza a la vivienda, encañonaron y golpearon a la familia, y sacaron a Manuel arrastrado a la calle.
Cuando los padres del acusado pudieron salir de la casa, que estaba ardiendo, vieron a la Policía en la puerta, que observaba el cuerpo calcinado de su hijo. “Para qué vienen ahora que ya no hay nada que hacer”, les gritó la madre de Manuel. Los agentes solo se rieron.
Los volantes, que en el lugar del crimen repartió este grupo paramilitar, decían textualmente: “El comando de la muerte está en acción en San Vicente Pacaya, Palín, Villa Nueva, Escuintla y Puerto San José. Quemaremos uno por uno, no solo a ellos, sino también pagarán sus familiares, para que sepan cómo se siente el dolor. Ya no permitiremos ningún secuestro más, porque el pueblo se ha levantado y creó este comando”.
La PDH ha recibido varias denuncias de vecinos de Palín, que viven atemorizados por este grupo, el cual se ha erigido como “supuesto salvador del municipio”, pero eso sí, a cambio de que todos colaboren con una cuota, en algunos casos hasta de Q20 mil.
En lo que va del año se han llevado a cabo 28 linchamientos, según el Organismo Judicial, aunque la Policía solo registra seis. A diferencia de lo que sucedía en épocas pasadas, los ejecutores no son pobladores desorganizados que deciden “tomarse la justicia por sus manos”, sino que se trata de grupos que con premeditación aplican la pena capital con total libertad, como si fueran el Ku Klux Klan.
Lo mismo ha ocurrido en Izabal, donde por lo menos cuatro personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por una banda autodenominada Grupo sin derechos humanos.
Estas personas, que actúan encapuchadas, están dispuestas a matar a aquellos jóvenes que lleven puestos aretes, tatuajes, el pelo largo, o que sean acusados de ladrones. Ofrecen sus servicios a cualquiera que les proporcione una lista de “posibles delincuentes”. A pesar de que la PDH informó de estos casos a la PNC y el MP, aún no han recibido respuesta.
Recientemente, otra banda se ha conformado en Escuintla y, aunque parece ser menos agresiva que la de Palín, patrullan las calles encapuchados, armados con machetes y pistolas. Cobran Q50 por sus servicios, y le han solicitado al gobernador que los dote de gafetes y radios.
Uno de los casos más graves que ha tenido lugar en el 2008 es el de San Juan Sacatepéquez, donde unas supuestas juntas de seguridad han tomado el control del municipio a cambio de contribuciones “obligatorias” de los vecinos. La anarquía e impunidad han llegado a tal nivel que una persona que se negó a ser registrada en un retén establecido por estas agrupaciones fue secuestrada, torturada y posteriormente quemada, debido a su irreverencia.
Esta organización, según constan en denuncias en la Procuraduría, tiene incluso un cementerio clandestino en el que entierra a sus víctimas, por lo que muchos de los casos de ejecuciones que se dan en el municipio nunca son reportados por las autoridades. Aún así se les atribuye la responsabilidad directa de, por lo menos, seis muertes.
El precursor de todos estos grupos que han proliferado como la pólvora por todo el país fue el constituido hace dos años en Santiago Atitlán, Sololá, único caso en que fueron detenidos ocho de sus integrantes, pero que quedaron libres por falta de mérito.
En los departamentos del oriente del país, esta función de exterminio la ejercen los sicarios del narcotráfico, que se preocupan de que los delitos contra el patrimonio no suban, y de tener supuestamente contenta a la población.
Todos ellos operan bajo la pasividad y, en algunos casos, la connivencia de las propias autoridades locales, que se ven incapaces de enfrentarlos.
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24 November 2008
03 March 2008
Escuadrón Secreto de Ejecución
Por Arturo Echeverría
Prensa Libre, Noticias de Última Hora (3 mar 08)
Veintiséis personas, acusadas de integrar una banda de secuestradores y extorsionistas, fueron amenazadas por el Escuadrón Secreto de Ejecución (ESE), grupo que se autodenomina defensor del pueblo honrado de Palín, Escuintla.
En un boletín difundido por el ESE aparecen los nombres completos de los sindicados, y las direcciones de sus residencias, las que amenazan con quemar. Este grupo además pide a las 26 personas que abandonen Guatemala lo más pronto posible, de lo contrario serán ejecutadas.
Entre la lista de los sindicados aparecen dos personas de Amatitlán, tres de Villa Nueva, y dos de San Vicente Pacaya.
Este escuadrón pide a la población estar atenta a otros comunicados y que se organice para terminar con la delincuencia que afecta a Palín.
Varias de las personas cuyos nombres aparecen en el boletín han indicado que son honradas y que no son culpables de lo que se les acusa y están dispuestas a someterse a cualquier investigación de las autoridades.
Prensa Libre, Noticias de Última Hora (3 mar 08)
Veintiséis personas, acusadas de integrar una banda de secuestradores y extorsionistas, fueron amenazadas por el Escuadrón Secreto de Ejecución (ESE), grupo que se autodenomina defensor del pueblo honrado de Palín, Escuintla.
En un boletín difundido por el ESE aparecen los nombres completos de los sindicados, y las direcciones de sus residencias, las que amenazan con quemar. Este grupo además pide a las 26 personas que abandonen Guatemala lo más pronto posible, de lo contrario serán ejecutadas.
Entre la lista de los sindicados aparecen dos personas de Amatitlán, tres de Villa Nueva, y dos de San Vicente Pacaya.
Este escuadrón pide a la población estar atenta a otros comunicados y que se organice para terminar con la delincuencia que afecta a Palín.
Varias de las personas cuyos nombres aparecen en el boletín han indicado que son honradas y que no son culpables de lo que se les acusa y están dispuestas a someterse a cualquier investigación de las autoridades.
22 December 2006
Linchamientos en Perú y otros lugares
"Prohibido entrar a rateros, bajo pena de masacres"
Y la cuenta continúa. En noviembre la policía rescató a Alberto Vargas de un grupo de ochenta justicieros populares que intentaban quemarle vivo en San Martín de Porres, uno de los barrios limeños con más auge de linchamientos. Al parecer, le ataron a un poste donde le golpearon y apedrearon hasta que confesó. "Prohibido entrar a rateros, bajo pena de masacres" reza un cartel situado en una de las calles del barrio. Éste fue el décimo intento de linchamiento del distrito en lo que va de año. Días antes, unos vecinos mataron a otro hombre acusado de intentar robar en una casa. Su acompañante ingresó en el hospital con cuatro puñaladas en el abdomen y tras ser atropellado por un coche.
También en noviembre, la policía rescató a dos supuestos ladrones de electrodomésticos cuando estaban a punto de arder. Confesaron a base de golpes, insultos, escupitajos y después de que les desnudaran y les cortaran el pelo.
Ahora la policía de este distrito limeño tiene doble trabajo: detener a los delincuentes y contener a las masas enardecidas. En diciembre un ex policía que trabajaba como vigilante de seguridad de una sala de juegos asesinó supuestamente a tiros a un cliente por llamarle "Mario Bross". Después dijo que el fallecido intentó atracar y que él consiguió arrebatarle la pistola, pero había demasiados testigos y cuatro centenares de vecinos de San Martín de Porres se reunieron en el local. Querían evitar que la policía se llevara al vigilante y algunos intentaron lincharle. Ante la oposición de los agentes, destrozaron el mobiliario. La policía hizo algunos disparos al aire y lanzó bombas lacrimógenas para disolver la concentración.
Por otro lado, justicieros de Felipe de las Casas en el distrito de Ventanilla (Lima) han llegado todavía más lejos y han creado sus propias cárceles, consistentes en unos habitáculos de hierro. Dicen que sólo encierran a los delincuentes durante unas horas y que después se los entregan a la policía.
Con estas cifras parece que el país se puede convertir en un destino turístico ideal para sádicos que pueden lapidar, azotar, escupir y plantar fuego a personas impunemente.
Según un estudio de opinión realizado por la consultora Apoyo (entre 600 habitantes de Lima), el 61 por ciento de los encuestados cree que la población tiene derecho a hacer justicia con sus propias manos, pero sin llegar a matar.
El 83 por ciento considera que la violación de menores es el delito que más justifica un linchamiento, el 52 por ciento menciona los hurtos, el 33 por ciento la corrupción, el 26 por ciento el terrorismo, el 25 por ciento la violación de mayores y el 24 por ciento el tráfico de drogas.
En Lima se registra un asalto cada cinco minutos, un robo domiciliario cada hora y veinte robos de coches al día. Los linchadores se justifican alegando que la policia no es eficiente y las autoridades dicen que necesitan más agentes porque desde los años noventa se ha reducido el número de efectivos de 122.000 a unos 91.000.
Detrás de los linchamientos suele estar la desconfianza de la población en la efectividad del sistema judicial. La idea de benevolencia estatal con los delincuentes, unida al habitual deseo de venganza de las víctimas, conduce al linchamiento. La popular frase de "los delincuentes entran por una puerta en el juzgado y salen por otra" es una excusa típica de justicieros. Y, aunque existan múltiples factores que determinan el aumento o la disminución de las tasas de criminalidad, las víctimas suelen centrarse en el endurecimiento de las penas.
Inocentes ajusticiados
Lo peor de este método de impartir justicia es que muchas veces los linchados son inocentes. En el barrio peruano de Villa María del Triunfo casi queman vivos en diciembre a dos hermanos policías y a sus primos, creyendo que eran ladrones. La historia parece sacada de una pesadilla. Al parecer a uno de los policías le habían robado el coche días atrás y pidió ayuda a sus familiares para rastrear el barrio.
Algunos vecinos consideraron que su comportamiento era sospechoso y dieron la voz de alarma. Ellos explicaron que eran policías buscando a ladrones de coches, pero nadie les creyó. Enseñaron las placas, pero alguien gritó que eran falsas, y el hecho de que fueran armados les convertía en delincuentes peligrosos.
Los vecinos les ataron a los cinco, después les flagelaron y cuando estaban intercambiando opiniones los partidarios de su incineración y el sector anti pena de muerte, fueron rescatados por compañeros del cuerpo.
Pero el caso más escandaloso de la temporada de policías ajusticiados por la masa se produjo en México. En noviembre tres policías estaban fotografiando un colegio en San Juan de Ixtayopan (Tháhuac) por un asunto policial, cuando fueron atacados por dos centenares de vecinos que creían que se estaban enfrentando a unos secuestradores de niñas. Dos de ellos fallecieron a consecuencia de los golpes y el tercero sufrió graves lesiones. Días después detuvieron a 29 personas acusadas del crimen.
Auge internacional de linchamientos
Aunque parece que Perú se está convirtiendo en el paraíso de los justicieros, sólo en noviembre se han registrado numerosos sucesos similares en otros países.
En Málaga (España) una veintena de vecinos lincharon a Francisco G.E., un toxicómano de 30 años que al parecer intentó atracar a una mujer con un cuchillo de cocina e hirió a un hombre que intentó defenderla. Francisco estaba casi desnudo y drogado. Los vecinos le apalearon y le quitaron la poca ropa que llevaba. La policía se lo llevó al hospital donde falleció con posterioridad.
La policía venezolana es la que ha resultado más diligente con los linchamientos de la temporada y consiguió rescatar con vida a Dionisio José Rivera, alias Mal de Rabia. Éste intentó atracar a un viandante en Urdaneta, a punta de pistola, y un grupo de vecinos le dieron una paliza y le dispararon en una pierna.
En Argentina, el tribunal de San Isidro ordenó investigar la existencia de escuadrones de la muerte que eliminan a delincuentes juveniles reincidentes. Se cree que estos grupos justicieros estarían formados por policías, ex policías y civiles, que, en algunos casos ofrecerían servicios de seguridad privada. Los padres de jóvenes delincuentes intentan ingresar a sus hijos en algún centro porque reciben amenazas de muerte.
Fuente: www.adeguello.net / revista bimensual de crítica de crímenes / número 7- enero 2005
Y la cuenta continúa. En noviembre la policía rescató a Alberto Vargas de un grupo de ochenta justicieros populares que intentaban quemarle vivo en San Martín de Porres, uno de los barrios limeños con más auge de linchamientos. Al parecer, le ataron a un poste donde le golpearon y apedrearon hasta que confesó. "Prohibido entrar a rateros, bajo pena de masacres" reza un cartel situado en una de las calles del barrio. Éste fue el décimo intento de linchamiento del distrito en lo que va de año. Días antes, unos vecinos mataron a otro hombre acusado de intentar robar en una casa. Su acompañante ingresó en el hospital con cuatro puñaladas en el abdomen y tras ser atropellado por un coche.
También en noviembre, la policía rescató a dos supuestos ladrones de electrodomésticos cuando estaban a punto de arder. Confesaron a base de golpes, insultos, escupitajos y después de que les desnudaran y les cortaran el pelo.
Ahora la policía de este distrito limeño tiene doble trabajo: detener a los delincuentes y contener a las masas enardecidas. En diciembre un ex policía que trabajaba como vigilante de seguridad de una sala de juegos asesinó supuestamente a tiros a un cliente por llamarle "Mario Bross". Después dijo que el fallecido intentó atracar y que él consiguió arrebatarle la pistola, pero había demasiados testigos y cuatro centenares de vecinos de San Martín de Porres se reunieron en el local. Querían evitar que la policía se llevara al vigilante y algunos intentaron lincharle. Ante la oposición de los agentes, destrozaron el mobiliario. La policía hizo algunos disparos al aire y lanzó bombas lacrimógenas para disolver la concentración.
Por otro lado, justicieros de Felipe de las Casas en el distrito de Ventanilla (Lima) han llegado todavía más lejos y han creado sus propias cárceles, consistentes en unos habitáculos de hierro. Dicen que sólo encierran a los delincuentes durante unas horas y que después se los entregan a la policía.
Con estas cifras parece que el país se puede convertir en un destino turístico ideal para sádicos que pueden lapidar, azotar, escupir y plantar fuego a personas impunemente.
Según un estudio de opinión realizado por la consultora Apoyo (entre 600 habitantes de Lima), el 61 por ciento de los encuestados cree que la población tiene derecho a hacer justicia con sus propias manos, pero sin llegar a matar.
El 83 por ciento considera que la violación de menores es el delito que más justifica un linchamiento, el 52 por ciento menciona los hurtos, el 33 por ciento la corrupción, el 26 por ciento el terrorismo, el 25 por ciento la violación de mayores y el 24 por ciento el tráfico de drogas.
En Lima se registra un asalto cada cinco minutos, un robo domiciliario cada hora y veinte robos de coches al día. Los linchadores se justifican alegando que la policia no es eficiente y las autoridades dicen que necesitan más agentes porque desde los años noventa se ha reducido el número de efectivos de 122.000 a unos 91.000.
Detrás de los linchamientos suele estar la desconfianza de la población en la efectividad del sistema judicial. La idea de benevolencia estatal con los delincuentes, unida al habitual deseo de venganza de las víctimas, conduce al linchamiento. La popular frase de "los delincuentes entran por una puerta en el juzgado y salen por otra" es una excusa típica de justicieros. Y, aunque existan múltiples factores que determinan el aumento o la disminución de las tasas de criminalidad, las víctimas suelen centrarse en el endurecimiento de las penas.
Inocentes ajusticiados
Lo peor de este método de impartir justicia es que muchas veces los linchados son inocentes. En el barrio peruano de Villa María del Triunfo casi queman vivos en diciembre a dos hermanos policías y a sus primos, creyendo que eran ladrones. La historia parece sacada de una pesadilla. Al parecer a uno de los policías le habían robado el coche días atrás y pidió ayuda a sus familiares para rastrear el barrio.
Algunos vecinos consideraron que su comportamiento era sospechoso y dieron la voz de alarma. Ellos explicaron que eran policías buscando a ladrones de coches, pero nadie les creyó. Enseñaron las placas, pero alguien gritó que eran falsas, y el hecho de que fueran armados les convertía en delincuentes peligrosos.
Los vecinos les ataron a los cinco, después les flagelaron y cuando estaban intercambiando opiniones los partidarios de su incineración y el sector anti pena de muerte, fueron rescatados por compañeros del cuerpo.
Pero el caso más escandaloso de la temporada de policías ajusticiados por la masa se produjo en México. En noviembre tres policías estaban fotografiando un colegio en San Juan de Ixtayopan (Tháhuac) por un asunto policial, cuando fueron atacados por dos centenares de vecinos que creían que se estaban enfrentando a unos secuestradores de niñas. Dos de ellos fallecieron a consecuencia de los golpes y el tercero sufrió graves lesiones. Días después detuvieron a 29 personas acusadas del crimen.
Auge internacional de linchamientos
Aunque parece que Perú se está convirtiendo en el paraíso de los justicieros, sólo en noviembre se han registrado numerosos sucesos similares en otros países.
En Málaga (España) una veintena de vecinos lincharon a Francisco G.E., un toxicómano de 30 años que al parecer intentó atracar a una mujer con un cuchillo de cocina e hirió a un hombre que intentó defenderla. Francisco estaba casi desnudo y drogado. Los vecinos le apalearon y le quitaron la poca ropa que llevaba. La policía se lo llevó al hospital donde falleció con posterioridad.
La policía venezolana es la que ha resultado más diligente con los linchamientos de la temporada y consiguió rescatar con vida a Dionisio José Rivera, alias Mal de Rabia. Éste intentó atracar a un viandante en Urdaneta, a punta de pistola, y un grupo de vecinos le dieron una paliza y le dispararon en una pierna.
En Argentina, el tribunal de San Isidro ordenó investigar la existencia de escuadrones de la muerte que eliminan a delincuentes juveniles reincidentes. Se cree que estos grupos justicieros estarían formados por policías, ex policías y civiles, que, en algunos casos ofrecerían servicios de seguridad privada. Los padres de jóvenes delincuentes intentan ingresar a sus hijos en algún centro porque reciben amenazas de muerte.
Fuente: www.adeguello.net / revista bimensual de crítica de crímenes / número 7- enero 2005
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