Por Louisa Reynolds
elPeriódico (1 mar 2009)
A las once de la noche, en la 16 calle de la zona 1 de Mixco, una camioneta con empleados de una empresa de telefonía celular es detenida por un grupo de individuos armados, quienes revisan el vehículo y lo dejan pasar, satisfechos de que los tripulantes viven en la zona y no representan una amenaza.
Este es uno de los grupos de vecinos organizados que desde noviembre pasado realizan patrullajes nocturnos por las calles del municipio, con el aval del jefe edil, Amílcar Rivera.
“Como aquí no hay justicia (los vecinos) dicen: ‘hagamos nosotros justicia’ porque los policías se hacen los locos, así que cuando agarran a un ladrón lo chamuscan”, aseguró una vecina de la colonia Nueva Vida, zona 1, quien pidió reserva de su nombre.
Rivera ha solicitado al Ministerio de la Defensa el envío de ocho destacamentos militares para la zona 1, zona 7 (colonias Pablo VI, San Ignacio, Belén y Belencito), zona 11 (colonia Lo de Fuentes), zona 10 (La Comunidad) y zona 8 (Ciudad San Cristóbal).
“La guerra se trasladó al área urbana y hoy más que nunca necesitamos al Ejército en nuestro municipio”, expresó Rivera.
El jefe edil se ha comprometido a proveer un edificio con energía eléctrica y agua potable para cada destacamento. Actualmente ya existen dos destacamentos militares en las colonias Carolingia y El Milagro.
Cuestionado sobre el respaldo que ofrece a grupos armados que realizan patrullajes con el rostro cubierto Rivera dijo: “Estoy en contra de que el mismo vecino cometa algún hecho delictivo pero hay que entender el dolor y el miedo que tienen y el hecho de que están tratando de resguardar a sus familias”.
Sin embargo, el ministro de Gobernación, Salvador Gándara, señaló: “Eso no está permitido. Estamos de acuerdo con que los vecinos se organicen pero siempre y cuando sea de una forma ordenada”. En meses recientes se han detectado grupos de vecinos armados en Bárcenas, San Juan Sacatepéquez y San Marcos.
Para Iduvina Hernández, directora de Seguridad en Democracia (Sedem), la existencia de estos grupos “es el resultado de las políticas de seguridad que toleran la participación de la ciudadanía en funciones policiales y de inteligencia”. Añadió que existe falta de claridad por parte del Ministerio de Gobernación sobre el papel de estos grupos.
Lo que permite la ley
> La Junta Local de Seguridad (JLS) fue creada en 1999 como “una agrupación representativa de vecinos de una jurisdicción en donde esté ubicada alguna unidad de la PNC” que “tiene como misión lograr confianza y acercamiento entre la PNC y la ciudadanía”.
> Existen unas 550 juntas y de ellas 444 están activas.
> Los departamentos con el mayor número de juntas son Quetzaltenango, Huehuetenango y Alta Verapaz, donde hay 107 en total. En el área metropolitana existen 75.
> La ley prohíbe cubrirse el rostro, portar armas y realizar patrullajes y detenciones.
Fuente: Mingob
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24 November 2008
Escuadrones de la muerte actúan con libertad en el país
Por Lorena Seijo
Prensa Libre (24 nov 08)
En lo que va del año se han producido, por lo menos, 28 ejecuciones, no por parte de turbas enardecidas, sino de grupos bien armados y estructurados para matar, que cobran una cuota a los vecinos por su “servicio de seguridad”.
Estas agrupaciones aterrorizan a la población con la publicación de listas negras de delincuentes por liquidar. La PDH acusa a la Policía de pasividad frente a estos actos, mientras las autoridades aseguran que investigan a esas organizaciones.
“Unos 30 hombres armados y con gorros pasamontañas ingresaron, a las cero horas del 8 de noviembre, en una casa del barrio San Pedro, Palín, Escuintla, y mataron a Manuel de Jesús Alonso, de 27 años, acusado de secuestro. El grupo armado dejó tirados varios volantes con señalamientos contra secuestradores”. Esta era la información que se publicaba un día después del crimen, y que daba cuenta de un supuesto linchamiento, aunque en realidad se trataba de la forma de accionar de un escuadrón de la muerte que, desde hace meses, actúa con total impunidad en Palín.
A esa nota de prensa le faltaban unos cuántos detalles que ayudaran a explicar el porqué del asesinato, y que pone en duda si la víctima era un delincuente.
El 20 de febrero de este año, la familia Alonso Pirique presentó una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en la que aseguraba que estaban siendo extorsionados por personas que les ofrecían protección para su negocio de panadería y reparación de celulares, a cambio de que les dieran un pago mensual.
La familia se negó al chantaje y, poco después, dos de sus hijos aparecían en una lista de posibles ejecutables, junto con otras 21 personas, firmada por Ejército secreto de ejecución. Casi al mismo tiempo, patrullas de la Policía empezaron a hacer guardia frente a la casa y a tomarles fotografías.
Aunque la PDH solicitó, tanto a la Policía como al Ministerio Público, que se investigaran las amenazas, nunca hubo respuesta. La familia Alonso incluso acudió a una reunión con el comisario de Escuintla para pedir ayuda.
Un mes después, Manuel de Jesús Alonso, el hijo mayor, fue detenido y acusado de plagio, pero salió libre por falta de pruebas.
El 8 de noviembre, el hijo mayor de los Alonso se encontraba junto con su familia en su vivienda, cuando 30 hombres vestidos de verde olivo, con botas militares y armados con fusiles rodearon la casa. Las víctimas llamaron por teléfono a la comisaría y al destacamento militar para pedir auxilio, pero no llegaron. Los encapuchados entraron por la fuerza a la vivienda, encañonaron y golpearon a la familia, y sacaron a Manuel arrastrado a la calle.
Cuando los padres del acusado pudieron salir de la casa, que estaba ardiendo, vieron a la Policía en la puerta, que observaba el cuerpo calcinado de su hijo. “Para qué vienen ahora que ya no hay nada que hacer”, les gritó la madre de Manuel. Los agentes solo se rieron.
Los volantes, que en el lugar del crimen repartió este grupo paramilitar, decían textualmente: “El comando de la muerte está en acción en San Vicente Pacaya, Palín, Villa Nueva, Escuintla y Puerto San José. Quemaremos uno por uno, no solo a ellos, sino también pagarán sus familiares, para que sepan cómo se siente el dolor. Ya no permitiremos ningún secuestro más, porque el pueblo se ha levantado y creó este comando”.
La PDH ha recibido varias denuncias de vecinos de Palín, que viven atemorizados por este grupo, el cual se ha erigido como “supuesto salvador del municipio”, pero eso sí, a cambio de que todos colaboren con una cuota, en algunos casos hasta de Q20 mil.
En lo que va del año se han llevado a cabo 28 linchamientos, según el Organismo Judicial, aunque la Policía solo registra seis. A diferencia de lo que sucedía en épocas pasadas, los ejecutores no son pobladores desorganizados que deciden “tomarse la justicia por sus manos”, sino que se trata de grupos que con premeditación aplican la pena capital con total libertad, como si fueran el Ku Klux Klan.
Lo mismo ha ocurrido en Izabal, donde por lo menos cuatro personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por una banda autodenominada Grupo sin derechos humanos.
Estas personas, que actúan encapuchadas, están dispuestas a matar a aquellos jóvenes que lleven puestos aretes, tatuajes, el pelo largo, o que sean acusados de ladrones. Ofrecen sus servicios a cualquiera que les proporcione una lista de “posibles delincuentes”. A pesar de que la PDH informó de estos casos a la PNC y el MP, aún no han recibido respuesta.
Recientemente, otra banda se ha conformado en Escuintla y, aunque parece ser menos agresiva que la de Palín, patrullan las calles encapuchados, armados con machetes y pistolas. Cobran Q50 por sus servicios, y le han solicitado al gobernador que los dote de gafetes y radios.
Uno de los casos más graves que ha tenido lugar en el 2008 es el de San Juan Sacatepéquez, donde unas supuestas juntas de seguridad han tomado el control del municipio a cambio de contribuciones “obligatorias” de los vecinos. La anarquía e impunidad han llegado a tal nivel que una persona que se negó a ser registrada en un retén establecido por estas agrupaciones fue secuestrada, torturada y posteriormente quemada, debido a su irreverencia.
Esta organización, según constan en denuncias en la Procuraduría, tiene incluso un cementerio clandestino en el que entierra a sus víctimas, por lo que muchos de los casos de ejecuciones que se dan en el municipio nunca son reportados por las autoridades. Aún así se les atribuye la responsabilidad directa de, por lo menos, seis muertes.
El precursor de todos estos grupos que han proliferado como la pólvora por todo el país fue el constituido hace dos años en Santiago Atitlán, Sololá, único caso en que fueron detenidos ocho de sus integrantes, pero que quedaron libres por falta de mérito.
En los departamentos del oriente del país, esta función de exterminio la ejercen los sicarios del narcotráfico, que se preocupan de que los delitos contra el patrimonio no suban, y de tener supuestamente contenta a la población.
Todos ellos operan bajo la pasividad y, en algunos casos, la connivencia de las propias autoridades locales, que se ven incapaces de enfrentarlos.
Ver nota completa AQUI
Prensa Libre (24 nov 08)
En lo que va del año se han producido, por lo menos, 28 ejecuciones, no por parte de turbas enardecidas, sino de grupos bien armados y estructurados para matar, que cobran una cuota a los vecinos por su “servicio de seguridad”.
Estas agrupaciones aterrorizan a la población con la publicación de listas negras de delincuentes por liquidar. La PDH acusa a la Policía de pasividad frente a estos actos, mientras las autoridades aseguran que investigan a esas organizaciones.
“Unos 30 hombres armados y con gorros pasamontañas ingresaron, a las cero horas del 8 de noviembre, en una casa del barrio San Pedro, Palín, Escuintla, y mataron a Manuel de Jesús Alonso, de 27 años, acusado de secuestro. El grupo armado dejó tirados varios volantes con señalamientos contra secuestradores”. Esta era la información que se publicaba un día después del crimen, y que daba cuenta de un supuesto linchamiento, aunque en realidad se trataba de la forma de accionar de un escuadrón de la muerte que, desde hace meses, actúa con total impunidad en Palín.
A esa nota de prensa le faltaban unos cuántos detalles que ayudaran a explicar el porqué del asesinato, y que pone en duda si la víctima era un delincuente.
El 20 de febrero de este año, la familia Alonso Pirique presentó una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), en la que aseguraba que estaban siendo extorsionados por personas que les ofrecían protección para su negocio de panadería y reparación de celulares, a cambio de que les dieran un pago mensual.
La familia se negó al chantaje y, poco después, dos de sus hijos aparecían en una lista de posibles ejecutables, junto con otras 21 personas, firmada por Ejército secreto de ejecución. Casi al mismo tiempo, patrullas de la Policía empezaron a hacer guardia frente a la casa y a tomarles fotografías.
Aunque la PDH solicitó, tanto a la Policía como al Ministerio Público, que se investigaran las amenazas, nunca hubo respuesta. La familia Alonso incluso acudió a una reunión con el comisario de Escuintla para pedir ayuda.
Un mes después, Manuel de Jesús Alonso, el hijo mayor, fue detenido y acusado de plagio, pero salió libre por falta de pruebas.
El 8 de noviembre, el hijo mayor de los Alonso se encontraba junto con su familia en su vivienda, cuando 30 hombres vestidos de verde olivo, con botas militares y armados con fusiles rodearon la casa. Las víctimas llamaron por teléfono a la comisaría y al destacamento militar para pedir auxilio, pero no llegaron. Los encapuchados entraron por la fuerza a la vivienda, encañonaron y golpearon a la familia, y sacaron a Manuel arrastrado a la calle.
Cuando los padres del acusado pudieron salir de la casa, que estaba ardiendo, vieron a la Policía en la puerta, que observaba el cuerpo calcinado de su hijo. “Para qué vienen ahora que ya no hay nada que hacer”, les gritó la madre de Manuel. Los agentes solo se rieron.
Los volantes, que en el lugar del crimen repartió este grupo paramilitar, decían textualmente: “El comando de la muerte está en acción en San Vicente Pacaya, Palín, Villa Nueva, Escuintla y Puerto San José. Quemaremos uno por uno, no solo a ellos, sino también pagarán sus familiares, para que sepan cómo se siente el dolor. Ya no permitiremos ningún secuestro más, porque el pueblo se ha levantado y creó este comando”.
La PDH ha recibido varias denuncias de vecinos de Palín, que viven atemorizados por este grupo, el cual se ha erigido como “supuesto salvador del municipio”, pero eso sí, a cambio de que todos colaboren con una cuota, en algunos casos hasta de Q20 mil.
En lo que va del año se han llevado a cabo 28 linchamientos, según el Organismo Judicial, aunque la Policía solo registra seis. A diferencia de lo que sucedía en épocas pasadas, los ejecutores no son pobladores desorganizados que deciden “tomarse la justicia por sus manos”, sino que se trata de grupos que con premeditación aplican la pena capital con total libertad, como si fueran el Ku Klux Klan.
Lo mismo ha ocurrido en Izabal, donde por lo menos cuatro personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por una banda autodenominada Grupo sin derechos humanos.
Estas personas, que actúan encapuchadas, están dispuestas a matar a aquellos jóvenes que lleven puestos aretes, tatuajes, el pelo largo, o que sean acusados de ladrones. Ofrecen sus servicios a cualquiera que les proporcione una lista de “posibles delincuentes”. A pesar de que la PDH informó de estos casos a la PNC y el MP, aún no han recibido respuesta.
Recientemente, otra banda se ha conformado en Escuintla y, aunque parece ser menos agresiva que la de Palín, patrullan las calles encapuchados, armados con machetes y pistolas. Cobran Q50 por sus servicios, y le han solicitado al gobernador que los dote de gafetes y radios.
Uno de los casos más graves que ha tenido lugar en el 2008 es el de San Juan Sacatepéquez, donde unas supuestas juntas de seguridad han tomado el control del municipio a cambio de contribuciones “obligatorias” de los vecinos. La anarquía e impunidad han llegado a tal nivel que una persona que se negó a ser registrada en un retén establecido por estas agrupaciones fue secuestrada, torturada y posteriormente quemada, debido a su irreverencia.
Esta organización, según constan en denuncias en la Procuraduría, tiene incluso un cementerio clandestino en el que entierra a sus víctimas, por lo que muchos de los casos de ejecuciones que se dan en el municipio nunca son reportados por las autoridades. Aún así se les atribuye la responsabilidad directa de, por lo menos, seis muertes.
El precursor de todos estos grupos que han proliferado como la pólvora por todo el país fue el constituido hace dos años en Santiago Atitlán, Sololá, único caso en que fueron detenidos ocho de sus integrantes, pero que quedaron libres por falta de mérito.
En los departamentos del oriente del país, esta función de exterminio la ejercen los sicarios del narcotráfico, que se preocupan de que los delitos contra el patrimonio no suban, y de tener supuestamente contenta a la población.
Todos ellos operan bajo la pasividad y, en algunos casos, la connivencia de las propias autoridades locales, que se ven incapaces de enfrentarlos.
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09 November 2008
Turba mata a señalado de plagio
Por Melvin Sandoval
Prensa Libre (9 nov 08)
Unos 30 hombres armados y con gorros pasamontañas ingresaron, a las cero horas de ayer, en la casa ubicada en la 1a. avenida, 13-41, zona 1, barrio San Pedro, Palín, Escuintla, y mataron a Manuel de Jesús Alonso, de 27 años, señalado de secuestro.
Antonio Alonso, de 25 años, hermano del presunto secuestrador, fue trasladado por los Bomberos Voluntarios a un centro asistencial de Amatitlán.
Los individuos llegaron a la vivienda, de donde sacaron de manera violenta a los hermanos. Después, prendieron fuego al inmueble, que era habitado por siete integrantes de esa familia.
Después de vapulear a los hermanos y de haber matado a Manuel de Jesús, el grupo armado dejó tirados varios volantes con señalamientos contra secuestradores.
Contra delincuentes
En las hojas se leía: “El comando de la muerte está en acción en San Vicente Pacaya, Palín, Villa Nueva, Escuintla y Puerto San José. Quemaremos uno por uno, no solo a ellos, sino también pagarán sus familiares, para que sepan cómo se siente el dolor. Ya no permitiremos ningún secuestro más, porque el pueblo se ha levantado y creó este comando”.
Este grupo amenazó con matar a los secuestradores de los lugares citados, de quienes dijo que ya tenían ubicados los sitios donde se escondían.
La Policía presume que, por las características, del ataque, se trata de un ajuste de cuentas, y que los hermanos podrían haber participado en secuestros rápidos en ese departamento.
Vecinos manifestaron que hubo una balacera que duró 10 minutos, por lo que dieron aviso a la Policía y bomberos, quienes rescataron a los sobrevivientes, que permanecían atrapados entre las llamas.
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Prensa Libre (9 nov 08)
Unos 30 hombres armados y con gorros pasamontañas ingresaron, a las cero horas de ayer, en la casa ubicada en la 1a. avenida, 13-41, zona 1, barrio San Pedro, Palín, Escuintla, y mataron a Manuel de Jesús Alonso, de 27 años, señalado de secuestro.
Antonio Alonso, de 25 años, hermano del presunto secuestrador, fue trasladado por los Bomberos Voluntarios a un centro asistencial de Amatitlán.
Los individuos llegaron a la vivienda, de donde sacaron de manera violenta a los hermanos. Después, prendieron fuego al inmueble, que era habitado por siete integrantes de esa familia.
Después de vapulear a los hermanos y de haber matado a Manuel de Jesús, el grupo armado dejó tirados varios volantes con señalamientos contra secuestradores.
Contra delincuentes
En las hojas se leía: “El comando de la muerte está en acción en San Vicente Pacaya, Palín, Villa Nueva, Escuintla y Puerto San José. Quemaremos uno por uno, no solo a ellos, sino también pagarán sus familiares, para que sepan cómo se siente el dolor. Ya no permitiremos ningún secuestro más, porque el pueblo se ha levantado y creó este comando”.
Este grupo amenazó con matar a los secuestradores de los lugares citados, de quienes dijo que ya tenían ubicados los sitios donde se escondían.
La Policía presume que, por las características, del ataque, se trata de un ajuste de cuentas, y que los hermanos podrían haber participado en secuestros rápidos en ese departamento.
Vecinos manifestaron que hubo una balacera que duró 10 minutos, por lo que dieron aviso a la Policía y bomberos, quienes rescataron a los sobrevivientes, que permanecían atrapados entre las llamas.
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‘Comandos de la Muerte’ matarán y quemarán a los delincuentes y sus familias
Por Agence France-Presse
Un grupo armado autodenominado ‘Comando de la muerte’ surgió este sábado en el sur de Guatemala y sacó de su casa, asesinó y quemó a un presunto secuestrador, amenazando además con más ejecuciones para “terminar con las lacras” en la región, indicó un panfleto y un portavoz de bomberos.
“Ya no permitiremos ningún secuestro más, el pueblo se ha levando y el Comando de la muerte con ellos, ya nos les queda mucho tiempo de vida porque los encontraremos donde se encuentren“, indican los panfletos que dejaron en la residencia que también incendiaron en Palín, 35 km al sur de la capital.
Un grupo de unos 30 hombres armados llegó a la residencia en Palín, sacó a la víctima, identificada como Manuel Alonso, de 27 años, lo asesinó con arma de fuego y luego lo quemó, precisó un vocero de los Bomberos Voluntarios, Mynor Rodas.
Los atacantes encerraron en la vivienda a otros 11 miembros de la familia y le prendieron fuego al inmueble, pero la intervención de los cuerpos de socorro logró el rescate con vida de las personas.
El ‘Comando’ indica que además de Palín operará en otros cuatro municipios del departamento de Escuintla, al sur de la capital.
“Al pueblo de Palín informamos que ya estamos cansados de tanto secuestro, extorsión, intimidación y ladrones. El Comando de la muerte ya está en acción y hasta el momento ya cobramos cinco vidas, las cuales seguirán aumentando“, asegura.
“A los delincuentes buscaremos, ejecutaremos y quemaremos uno por uno, no solo a ellos, sino también pagará su familia porque ya todos están idenficados“, afirma.
“No queremos que esas escorias de la sociedad escapen, los queremos vivos o muertos y después quemarlos. No escaparán porque tenemos controlados sus movimientos”, advierten.
Asimismo, aseguran que tienen “todo el apoyo necesario para acabar con esas lacras que pagaran con todo el dolor que han causado a tanta familia que se ha ganando el dinero con el sudor de su frente y se lo han quitado”.
Hasta el momento ninguna autoridad se ha querido pronunciar respecto al caso.
Fuente: Noticias24.com
Un grupo armado autodenominado ‘Comando de la muerte’ surgió este sábado en el sur de Guatemala y sacó de su casa, asesinó y quemó a un presunto secuestrador, amenazando además con más ejecuciones para “terminar con las lacras” en la región, indicó un panfleto y un portavoz de bomberos.
“Ya no permitiremos ningún secuestro más, el pueblo se ha levando y el Comando de la muerte con ellos, ya nos les queda mucho tiempo de vida porque los encontraremos donde se encuentren“, indican los panfletos que dejaron en la residencia que también incendiaron en Palín, 35 km al sur de la capital.
Un grupo de unos 30 hombres armados llegó a la residencia en Palín, sacó a la víctima, identificada como Manuel Alonso, de 27 años, lo asesinó con arma de fuego y luego lo quemó, precisó un vocero de los Bomberos Voluntarios, Mynor Rodas.
Los atacantes encerraron en la vivienda a otros 11 miembros de la familia y le prendieron fuego al inmueble, pero la intervención de los cuerpos de socorro logró el rescate con vida de las personas.
El ‘Comando’ indica que además de Palín operará en otros cuatro municipios del departamento de Escuintla, al sur de la capital.
“Al pueblo de Palín informamos que ya estamos cansados de tanto secuestro, extorsión, intimidación y ladrones. El Comando de la muerte ya está en acción y hasta el momento ya cobramos cinco vidas, las cuales seguirán aumentando“, asegura.
“A los delincuentes buscaremos, ejecutaremos y quemaremos uno por uno, no solo a ellos, sino también pagará su familia porque ya todos están idenficados“, afirma.
“No queremos que esas escorias de la sociedad escapen, los queremos vivos o muertos y después quemarlos. No escaparán porque tenemos controlados sus movimientos”, advierten.
Asimismo, aseguran que tienen “todo el apoyo necesario para acabar con esas lacras que pagaran con todo el dolor que han causado a tanta familia que se ha ganando el dinero con el sudor de su frente y se lo han quitado”.
Hasta el momento ninguna autoridad se ha querido pronunciar respecto al caso.
Fuente: Noticias24.com
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