Guatemala, un país sin ley

elEditorial de elPeriódico (15 dic 08)

Ante la contundencia de las evidencias disponibles, la única conclusión posible a la que podemos llegar los guatemaltecos es que vivimos en un país sin ley.

Y no es que en Guatemala haya un total vacío legal, sino que las leyes existentes no son debidamente cumplidas u observadas ni aplicadas. La constante es que las leyes se cumplen tarde, mal o nunca.

Paradójicamente, hasta podríamos decir que lejos de falta absoluta de leyes, más bien contamos con exceso de regulaciones que en lugar de orientar a la ciudadanía redundan en serias limitaciones para el desarrollo individual y colectivo.

¿Por qué no se cumplen las leyes en Guatemala? Simplemente porque el poder coercitivo del Estado para que las mismas se apliquen apropiadamente es ineficaz. De esa cuenta, la norma es que, quienes abusan del poder y los delincuentes, se salen con la suya con total impunidad en detrimento de los derechos y libertades del resto de la población.

En síntesis, en nuestro país hay leyes en abundancia, pero no pasan de ser una mera ficción. Consecuentemente, la solución del severo problema judicial del país no está en continuar emitiendo nuevas leyes o reformando y actualizando las que están en vigencia, sino en procurar que las que ya existen sean debidamente cumplidas y aplicadas.

Y esto únicamente podrá ser resultado del surgimiento de una cultura vigorosa de respeto al Estado de Derecho, cuyos pre-requisitos son que las mismas autoridades comiencen por dar el ejemplo, sometiéndose a la majestad de la ley y que se proceda a fortalecer desde sus raíces más profundas hasta la superficie a los órganos contralores de la legalidad, particularmente a las fuerzas de seguridad civiles, al Ministerio Público y a los tribunales de justicia.

Por otra parte, el Congreso, en vez de seguir esmerándose en la emisión de cualquier cantidad de nueva legislación, debería comprometerse en un proceso serio de desregulación, a efecto de ir eliminando las disposiciones anacrónicas, absurdas, particulares y casuísticas que proliferan en la actualidad, que solamente entorpecen y restringen el desarrollo económico y el progreso social de Guatemala o aseguran privilegios y discriminaciones.