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10 December 2009

Un sistema colapsado

por Helmer Velásquez
elPeriódico (10 dic 09)

La ira de las multitudes, concentrada y aplicada a personas consideradas por la turba como delincuentes, reales o potenciales, sintetiza nuestras enfermedades sociales e institucionales y da forma a perversas expresiones de nuestra sociedad. Se trata de resabios –fuertes y arraigados– de grupos violentos estimulados por el Estado durante el conflicto armado interno, azuzados en aquella ocasión para “aniquilar comunistas” a mansalva y sin el mínimo recato, más bien premiados con palmadas en la espalda y los “bienes” que hubieran habido a la víctima ya por el comandante del destacamento militar o de la zona. Actos de lesa humanidad por los cuales la justicia no ha llegado y son la costra de la impunidad.

El linchamiento expresa, también, la impotencia del ciudadano honrado, del trabajador, frente a las acciones vandálicas de la gavilla, que en connivencia o frente a la impasibilidad e inoperancia de las autoridades del –pomposamente llamado– “sistema de justicia”, se salen con la suya a costa de los bienes y/o la humanidad de una ciudadanía, cuyo aguante está tocando peligrosamente fondo. Y por último la vena institucional: un sistema de justicia calcado a los intereses de potentados económicos o políticos, del cual no existe, ahora, ningún indicio de reforma, pronta, real y eficaz que tenga visos de avanzar. Los postergados de siempre: los campesinos indígenas, los pobres en las ciudades, los ciudadanos medios, los intelectuales, en fin, los sectores ajenos al poder, los sin acceso a la justicia, empiezan a rebelarse por la vía de lo perverso. El crimen colectivo.

No hay que perderse, no se trata de lanzar campañas de “educación” del ciudadano iletrado para que “aprenda” a respetar la vida humana y conduzca sus actuaciones por la vía de la institucionalidad. No. No es por ahí el germen del problema. Esa misma institucionalidad excluyó a los pobres, no cuenta con ellos, los agrede, no les permite acceso ni a la tierra, ni al alimento, ni a la vivienda, ni siquiera al trabajo. Hay que volver la mirada al Estado, enfrentar la necesidad de su reforma. Hay que devolver el Estado al ciudadano, establecer reglas equitativas de convivencia; en contrario el deterioro continuará y –pero aún– se profundizará; no hay que achacarle la culpa de los linchamientos a los pobres. Sí a la pobreza y la exclusión. Es ahí donde hay que provocar los cambios, la construcción de la democracia social y económica, es un imperativo histórico. No más comisiones de análisis, urge un acuerdo nacional vinculante. Hay que refundar el sistema político, social y económico.