En 15 días, nueve personas linchadas

Por Sylvia Gereda Valenzuela
elPeriódico (12 dic 09)

Guatemala, país de la agresión y la violencia. El paraíso sin ley donde sólo el 2 por ciento de los casos llega a sentencia. Donde cada quien hace lo que le viene en gana y aplica la justicia como mejor le parece. Esta es la historia de Guatemala que arrancó en la década de los años cincuenta, se arreció durante el conflicto armado de los años ochenta y en pleno siglo XXI sigue siendo un acostumbrado y un lamentable modo de vida.

Guatemala, el país donde los delincuentes, secuestradores y ladrones son linchados porque la justicia no se aplica, no existe. El país donde nos hemos acostumbrado a ver en los medios denigrantes escenas de cuerpos quemados y destrozados por turbas enfurecidas.

El país donde cualquiera puede salir vapuleado, quemado o muerto a pedrada limpia por el simple hecho de haber robado una gallina o de haber sido confundido con algún maleante.

Las poblaciones indígenas, particularmente las del occidente del país, se han exacerbado, una vez más, y están tomando la justicia por sus manos. Según la agencia de noticias EFE, en la Corte Suprema de Justicia, en lo que va de este año, se han registrado 110 casos de linchamientos, en los que han muerto 42 supuestos delincuentes y 211 han resultado con heridas de gravedad.

La mayoría de estos hechos ha ocurrido en poblaciones indígenas del oeste y noroeste del país, en donde la presencia de las fuerzas de seguridad y del sistema de justicia es débil.

Hace 2 días, un hombre de 35 años fue atacado por una turba de vecinos en Huehuetenango, acusado de haber secuestrado a un vecino quien logró escapar del lugar donde lo mantenían plagiado y pidió ayuda a los lugareños.

El pasado domingo, en Panajachel, a orillas del lago de Atitlán, una turba se conglomeró para linchar y quemar a un hombre acusado de robar a una vecina del lugar. La Policía consiguió rescatar allí a tres mujeres que los enardecidos vecinos pretendían linchar, acusadas de haber participado en el asalto.

Mientras tanto, las autoridades parecen dar palos de ciegos y huyen impotentes ante las poblaciones desenfrenadas en ira, frustración, agresión y pobreza que no temen en incendiar sus comisarías o prender fuego a sus patrullas.

Estas son las consecuencias de varios regímenes que han olvidado defender y hacer valer los derechos de los más pobres y donde, con mucho pesar, se ha optado porque cada ciudadano aplique la justicia con sus manos.

En estos momentos, urge rediseñar el país. Es imprescindible crear una política que camine hacia la paz y el entendimiento.

Cuando la Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (Minugua) trabajó en Guatemala, dejó un documento que varios lustros después no ha sido entendido ni asimilado, pero que contiene un extracto de las conclusiones que los expertos encontraron como las principales causas de los linchamientos en Guatemala. Entre ellas se encuentran: la falta de educación y el desconocimiento de las leyes, que dan lugar a que se produzcan fricciones entre las comunidades; falta de información sobre la existencia de juzgados y tribunales en la región; falta de conocimiento del sistema de justicia y desconocimiento de las leyes.

También que la influencia de diversas ideologías afecta la convivencia pacífica; la manipulación de los líderes locales impide que la población solucione sus problemas; el conflicto armado afectó a la población y dejó mucho rencor.

La incertidumbre y el malestar existentes en la población por la inseguridad, la desigualdad social, provoca linchamientos; las principales causas de linchamientos son el robo, los atracos, las violaciones y los asesinatos y la falta de credibilidad en las instituciones encargadas de la justicia. Estas conclusiones emanaron de ocho talleres realizados en diversas comunidades del interior del país como parte del programa, con participación de más de mil líderes comunales y alcaldes auxiliares entre 1999 y 2000.

Cuando el pueblo se burla de la ley

Por Sylvia Gereda
elPeriódico

La escena no es menos que terrorífica. Quizás una de las más impactantes y salvajes que he visto en mi vida. Un reportero de Chichicastenango me mostró un video grabado durante un linchamiento que tuvo lugar en Sololá. En la imagen aparece un hombre cuyas extremidades están ardiendo en llamas. De poco en poco, el hombre se quema, se retuerce en el suelo y lanza gritos de desesperación.

Este individuo, a quien el pueblo acusaba de ser ladrón, consiguió llegar vivo al hospital y días más tarde falleció en plena agonía. La saña de estos últimos linchamientos es evidente. Las poblaciones han tomado la justicia por sus manos porque el sistema de justicia es inoperante y porque el Estado de Derecho les importa un comino.

En Guatemala está demostrado que la población no teme a la Ley, la irrespeta. Pero también que la fuerzas de seguridad han colapsado en su intento por disuadir y controlar a la población en caso de disturbios y amenazas a la seguridad pública.

El pasado 8 de mayo, el presidente Álvaro Colom fijó el Estado de Prevención, que consiste en una serie de medidas para preservar la seguridad nacional. Sin embargo, según una interesante nota de prensa que publicó Alejandro Pérez, en elPeriódico; los índices de violencia que registran el Instituto nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) reportan un alarmante incremento de violencia durante este período, en relación con el mes anterior.

Por ejemplo, en abril de este año se registraron 93 muertes violentas, pero solo en el período del 2–13 de mayo los asesinatos ya habían superado la cifra de 114 individuos. Mientras que el Inacif reporta que en abril la morgue recibió 314 cadáveres por muerte violenta, y del 1 al 18 de mayo ya se registraban 211 homicidios con armas de fuego.

Lo que es peor, y evidencia más claramente el irrespeto absoluto hacia la ley, es el hecho de que este decreto prohíbe claramente las manifestaciones públicas. Sin embargo, en las últimas semanas se han reportado los más salvajes linchamientos de los que se tenga registro, particularmente en la cabecera departamental de Sololá y la aldea Bola de Oro en Chimaltenango.

Pero en Fraijanes también los vecinos hicieron de las suyas y realizaron una violenta protesta en contra el alza a la tarifa del transporte, que dejó como saldo más de cinco heridos.

Desafiando a las fuerzas de seguridad y al Estado de Prevención, los vecinos de la aldea Puerta del Señor salieron a las calles armados con machetes, palos, ondas y piedras, y consiguieron bloquear el tránsito por más de 12 horas, sin que ninguna fuerza de seguridad fuera capaz de disuadirlos o pararlos.

Aquel día fue memorable para los indefensos vecinos que al final fueron las víctimas de este bochinche. Las calles ardían y las barricadas se colocaban metro tras metro. La turba amenazaba a cualquiera que intentara acercarse y la población indefensa se refugió en sus casas mientras que los conductores debieron esperar largas horas en medio de un infernal tráfico.

Finalmente, la Policía lanzó gases lacrimógenos hasta que consiguieron que el grupo se disipara, solo los inconformes fueron capturados, los bochincheros huyeron.

Lo irónico del caso es que fue el párroco del lugar quien consiguió intervenir y dialogar con los vecinos para encontrar una solución a los conflictos por el alza del transporte; lo que nuevamente evidencia la incapacidad y la falta de autoridad de las autoridades y las fuerzas de seguridad.

Ilustrando estos casos aislados, todo apunta claramente a que decretar medidas como el Estado de Prevención no sirve absolutamente de nada, porque no se han implementado soluciones de fondos para resolver el gran problema de inseguridad y restaurar el Estado de Derecho.

Estamos viviendo en medio de una vorágine, de la ley de la selva, donde se aplica el lema de “sálvese quien pueda”, y mientras tanto vemos a un Gobierno que se estrena sin soluciones ni planes de mediano o largo plazo capaces de hacerle frente al flagelo de la inseguridad que nos tiene de rodillas.