APROXIMACIÓN A LA NORMATIVA PENAL DE LAS CULTURAS MAYA Y AZTECA
por Jaime Robleto Gutiérrez
Lo expresado en este aparte proviene mayoritariamente de la obra de Luis Antonio Díaz Vasconcelos [2] y como señala Juan de Dios González [3] , quien se basa en dicho autor, las inferencias normativas mayas narradas tienen un grado de probabilidad, no pudiendo afirmarse rotundamente. [4] No existía una concreción escrita del derecho penal maya, es atrevido de mi parte hacer la afirmación que tal derecho existió stricto sensu, puesto que los mayas catalogaban como asuntos dañinos graves lo que equivaldríamos hoy a delitos, tal ausencia de sistematización se mantiene en la actualidad entre sus comunidades. Los mayas velaban por bienes que podrían calificarse de garantizados, como la integridad nacional, la integridad personal, el honor en relación al matrimonio y la propiedad. [5]
En consecuencia, eran consideradas formas delictivas: la traición, el homicidio, el incendio, el adulterio, el rapto, el plagio, la acusación falsa, las lesiones, el robo, el impago de deudas [6] y los daños. Las sanciones tenían dos fines, unas eran de carácter compensatorio y otras de ejemplificación para prevenir la comisión de futuros delitos. [7]
Las penas eran la muerte, la esclavitud, la indemnización y la afrenta. Las resoluciones se dictaban de forma expedita luego de la audiencia por parte de los batabs o caciques, quienes tenían a su cargo la función de juzgar, estos eran nombrados por el halah uinic (jefe supremo, posición hereditaria por línea paterna) [8] aplicaban como penas principales la muerte (adúlteros, homicidas, incendiarios, raptores y corruptores de doncellas). La pena de muerte podía hacerse efectiva por introducción a un horno ardiente [9] , el estacamiento, la extracción de viseras por el ombligo, los flechazos, o el ser devorado por fieras, la ejecución era realizada inmediatamente por los tupiles (policías-verdugos) salvo que se tratara de lapidación por parte de toda la comunidad [10] y en cuanto a la esclavitud (principalmente en casos de robo cuando el objeto sustraído no se recuperaba), era posible además, que al ladrón le labraran (literalmente) el símbolo del objeto robado en el rostro.
El uso de testigos en el proceso era frecuente y las sentencias penales eran inapelables. El compañero de la adúltera podía morir o ser perdonado a elección del ofendido, en cambio la mujer adúltera tenía suficiente pena con la vergüenza, [11] el robo de bienes insustituibles -como se dijo- era sancionado con la esclavitud. La prisión no se consideraba un castigo, su propósito era detener al delincuente para aplicarle la pena impuesta, [12] a los menores infractores se les aplicaban castigos que no fueran graves. [13] El derecho penal maya era extremadamente severo, aunque con relación a la posterior normativa azteca pueda parecer moderado y más humanista en términos relativos. Como dos grandes hitos jurídicos, pueden catalogarse la posibilidad de indemnización en ciertos delitos [14] , así como la distinción entre dolo e imprudencia en los delitos de homicidio e incendio. [15]
Debe aclararse, que la mayor parte de la bibliografía consultada se ocupa del desarrollo normativo en las comunidades de etnia maya en el siglo XX y su interacción con las instituciones jurídicas gubernamentales, por ello la dificultad e interés en rescatar la etiología jurídica de este pueblo.
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27 November 2011
18 March 2011
¿Castigo Maya?
En Emisoras Unidas, ayer por la tarde y hoy por la mañana, dieron esta misma noticia diciendo que la población aplicaría el "Castigo Maya". Sin embargo, ellos ubicaron el episodio en Totonicapán -Sta. Lucía La Reforma. CM.
Así lo presentó hoy (18 mar 11) PrensaLibre.com:
Vapulean a presuntos sicarios
Pobladores de Santa Cruz del Quiché retuvieron ayer a dos presuntos sicarios, así como a la esposa, hija y yerno de Diego Quinillo Tum, de 70 años, supuestamente por haber planificado su muerte para saldar una deuda de Q30 mil y quedarse con varias propiedades.
Leer más y ver foto AQUÍ
Así lo presentó hoy (18 mar 11) PrensaLibre.com:
Vapulean a presuntos sicarios
Pobladores de Santa Cruz del Quiché retuvieron ayer a dos presuntos sicarios, así como a la esposa, hija y yerno de Diego Quinillo Tum, de 70 años, supuestamente por haber planificado su muerte para saldar una deuda de Q30 mil y quedarse con varias propiedades.
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25 January 2011
Aplican castigo comunitario a delincuentes en Sololá
por Ángel Julajuj
Prensa Libre
Los pobladores de Nahualá, Sololá, capturaron a un hombre a quien sindican de haber asaltar furgones, y le aplicaron el castigo comunitario en otro municipio. El sujeto fue aprehendido por el Comité de Seguridad que opera en el sector.
El castigo que se le impuso consistió en hincarse por más de una hora, sobre una tabla con tapitas, luego fue entregado a la Policía.
El sindicado Basilio Eliseo Yax, de 35 años, conducía un automotor, que había sido robado, en la ruta Interamericana, en el kilómetro 170, en jurisdicción de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, cuando fue capturado y llevado a Nahualá.
Según la Policía Yax es originario de Totonicapán y junto a tres sujetos más perpetran los asaltos, sin embargo, estos lograron huir.
Antes de imponerle el castigo comunitario, los pobladores lo llevaron a Nahualá, donde lo interrogaron, y después lo trasladaron a Santa Catarina Ixtahuacán.
Prensa Libre
Los pobladores de Nahualá, Sololá, capturaron a un hombre a quien sindican de haber asaltar furgones, y le aplicaron el castigo comunitario en otro municipio. El sujeto fue aprehendido por el Comité de Seguridad que opera en el sector.
El castigo que se le impuso consistió en hincarse por más de una hora, sobre una tabla con tapitas, luego fue entregado a la Policía.
El sindicado Basilio Eliseo Yax, de 35 años, conducía un automotor, que había sido robado, en la ruta Interamericana, en el kilómetro 170, en jurisdicción de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, cuando fue capturado y llevado a Nahualá.
Según la Policía Yax es originario de Totonicapán y junto a tres sujetos más perpetran los asaltos, sin embargo, estos lograron huir.
Antes de imponerle el castigo comunitario, los pobladores lo llevaron a Nahualá, donde lo interrogaron, y después lo trasladaron a Santa Catarina Ixtahuacán.
29 May 2010
Linchamientos en Ecuador
Me reportan este caso sobre "justicia indígena" en Noticias 24.
Así se presentó la noticia en La Nación de Costa Rica:
Desafío a la justicia
Indígenas queman a dos hombres en Ecuador
Quito. AFP. Los indígenas ecuatorianos volvieron a desafiar la justicia, al matar a dos hombres en la hoguera y torturar a otro, en prácticas que según ellos están avaladas en la Constitución, pero que las autoridades rechazan al no existir en el país la pena de muerte.
Pedro Velasco y Víctor Naranjo, de 26 y 27 años, fueron quemados en el poblado de Loreto el domingo pasado, el mismo día en que una comunidad aborigen martirizaba a un nativo al que inicialmente condenó a muerte en la andina Zumbahua (sur), al aplicar la llamada “justicia indígena”.
Los dos hombres, colonos de la zona, fueron rociados con gasolina y quemados tras una pelea durante un festejo, dijo Pío Palacios, fiscal de la provincia amazónica de Orellana, donde está Loreto.
Sin embargo, testigos señalaron que la gresca se debió a un conflicto de tierras.
“Uno de los líderes de la comunidad, Mario Alvarado, manifestó que había que quemarlos vivos”, indicó el fiscal.
Alvarado y otras siete personas fueron detenidas y fueron acusados de asesinato, pero el principal responsable alega que se trató de la aplicación la “justicia indígena”, señalada en la Constitución.
“Este argumento queda totalmente descartado. La Constitución reconoce la autoridad de los pueblos indígenas para solucionar conflictos internos sin violar la ley ni los derechos humanos. Además, en Ecuador no existe la pena de muerte”, expresó el fiscal.
Así se presentó la noticia en La Nación de Costa Rica:
Desafío a la justicia
Indígenas queman a dos hombres en Ecuador
Quito. AFP. Los indígenas ecuatorianos volvieron a desafiar la justicia, al matar a dos hombres en la hoguera y torturar a otro, en prácticas que según ellos están avaladas en la Constitución, pero que las autoridades rechazan al no existir en el país la pena de muerte.
Pedro Velasco y Víctor Naranjo, de 26 y 27 años, fueron quemados en el poblado de Loreto el domingo pasado, el mismo día en que una comunidad aborigen martirizaba a un nativo al que inicialmente condenó a muerte en la andina Zumbahua (sur), al aplicar la llamada “justicia indígena”.
Los dos hombres, colonos de la zona, fueron rociados con gasolina y quemados tras una pelea durante un festejo, dijo Pío Palacios, fiscal de la provincia amazónica de Orellana, donde está Loreto.
Sin embargo, testigos señalaron que la gresca se debió a un conflicto de tierras.
“Uno de los líderes de la comunidad, Mario Alvarado, manifestó que había que quemarlos vivos”, indicó el fiscal.
Alvarado y otras siete personas fueron detenidas y fueron acusados de asesinato, pero el principal responsable alega que se trató de la aplicación la “justicia indígena”, señalada en la Constitución.
“Este argumento queda totalmente descartado. La Constitución reconoce la autoridad de los pueblos indígenas para solucionar conflictos internos sin violar la ley ni los derechos humanos. Además, en Ecuador no existe la pena de muerte”, expresó el fiscal.
20 June 2009
Comunitarios aplican ley indígena a sindicados de robo
por Ángel Julajuj
Prensa Libre (20 jun 09)
Sololá.- Unos mil 500 pobladores de la comunidad Chaquijyá, de esta cabecera departamental, aplicaron el castigo indígena a tres señalados de haber robado un automóvil.
Se trata de Gregorio Cuy y los esposos Ester Nohemí Noriega Hernández y Daniel Bartolomé Bocel Saloj.
Los tres fueron señalados de que el 7 de mayo recién pasado solicitaron al fletero Lucio Cosigua un viaje de Sololá a Villa Nueva, Guatemala.
Cuando llegaron a su destino, un hombre los encañonó, los bajó y se robó el vehículo.
Sin embargo, el ladrón chocó y mató a un transeúnte. Como quedó herido, la Policía Nacional Civil lo aprehendió.
La sorpresa fue que el delincuente, identificado como Carlos Noriega, es hermano de Ester Nohemí, por lo que los comunitarios consideraron que el robo del vehículo estaba contemplado cuando pidieron el flete, y que todo era parte de un plan que fracasó debido al accidente.
El proceso
El fletero Lucio Cosigua denunció a los asaltantes con los alcaldes comunitarios y el Consejo Departamental de Desarrollo, los cuales acordaron que los señalados pagaran el valor del automóvil —los esposos Bocel Noriega, Q25 mil, y Gregorio Cuy, Q10 mil—.
Los señalados tuvieron 30 días para pagar; sin embargo, solo consiguieron Q1 mil.
Las autoridades indígenas consideraron que aquellos habían tomado la condena como un juego, lo que causó que el castigo fuera público.
Ester Nohemí Noriega Hernández y Daniel Bartolomé Bocel Saloj recibieron 40 azotes cada uno, de manos de Daniel Bocel, padre del esposo.
Bocel padre aseguró que estaba preocupado por los actos de su hijo y su nuera, pese a que ha intentado ayudarlos en varias ocasiones, para solventar sus problemas económicos.
A Gregorio Cuy lo obligaron a dar cuatro vueltas de rodillas en la cancha de baloncesto de la comunidad. Como acto de solidaridad, la esposa de Cuy recibió el castigo junto con su esposo.
Luego de que les aplicaron el castigo, las autoridades les dieron 15 días más de prórroga, para que paguen los Q35 mil. De lo contrario, serán castigados de manera más severa.
Prensa Libre (20 jun 09)
Sololá.- Unos mil 500 pobladores de la comunidad Chaquijyá, de esta cabecera departamental, aplicaron el castigo indígena a tres señalados de haber robado un automóvil.
Se trata de Gregorio Cuy y los esposos Ester Nohemí Noriega Hernández y Daniel Bartolomé Bocel Saloj.
Los tres fueron señalados de que el 7 de mayo recién pasado solicitaron al fletero Lucio Cosigua un viaje de Sololá a Villa Nueva, Guatemala.
Cuando llegaron a su destino, un hombre los encañonó, los bajó y se robó el vehículo.
Sin embargo, el ladrón chocó y mató a un transeúnte. Como quedó herido, la Policía Nacional Civil lo aprehendió.
La sorpresa fue que el delincuente, identificado como Carlos Noriega, es hermano de Ester Nohemí, por lo que los comunitarios consideraron que el robo del vehículo estaba contemplado cuando pidieron el flete, y que todo era parte de un plan que fracasó debido al accidente.
El proceso
El fletero Lucio Cosigua denunció a los asaltantes con los alcaldes comunitarios y el Consejo Departamental de Desarrollo, los cuales acordaron que los señalados pagaran el valor del automóvil —los esposos Bocel Noriega, Q25 mil, y Gregorio Cuy, Q10 mil—.
Los señalados tuvieron 30 días para pagar; sin embargo, solo consiguieron Q1 mil.
Las autoridades indígenas consideraron que aquellos habían tomado la condena como un juego, lo que causó que el castigo fuera público.
Ester Nohemí Noriega Hernández y Daniel Bartolomé Bocel Saloj recibieron 40 azotes cada uno, de manos de Daniel Bocel, padre del esposo.
Bocel padre aseguró que estaba preocupado por los actos de su hijo y su nuera, pese a que ha intentado ayudarlos en varias ocasiones, para solventar sus problemas económicos.
A Gregorio Cuy lo obligaron a dar cuatro vueltas de rodillas en la cancha de baloncesto de la comunidad. Como acto de solidaridad, la esposa de Cuy recibió el castigo junto con su esposo.
Luego de que les aplicaron el castigo, las autoridades les dieron 15 días más de prórroga, para que paguen los Q35 mil. De lo contrario, serán castigados de manera más severa.
12 April 2009
Castigo corporal en público: antecedentes
En libro de Greg Grandin, La sangre de Guatemala: Raza y nación en Quetzaltenango, 1750-1954, en la página 154 se afirma:
"En todo el altiplano, los principales no sólo se aprovecharon del apoyo de Carrera para hacer frente a las pretenciones ladinas, sino también para reafirmar su autoridad en sus propias comunidades. Una de las primeras demandas de los principales después de la victoria de Carrera fue que se volvieran a instalar los puestos de azotamiento en las plazas de los pueblos." [21]
[21] Véase Ruley, Yucatán's Maya Peasantry and the Origins of the Caste War, p. 49, para la importancia del castigo corporal para mantener el orden en las comunidades indígenas.
"En todo el altiplano, los principales no sólo se aprovecharon del apoyo de Carrera para hacer frente a las pretenciones ladinas, sino también para reafirmar su autoridad en sus propias comunidades. Una de las primeras demandas de los principales después de la victoria de Carrera fue que se volvieran a instalar los puestos de azotamiento en las plazas de los pueblos." [21]
[21] Véase Ruley, Yucatán's Maya Peasantry and the Origins of the Caste War, p. 49, para la importancia del castigo corporal para mantener el orden en las comunidades indígenas.
09 January 2009
Mayas buscan correctivo, no castigo
por Claudia Acuña
Prensa Libre (9 ene 09)
Un grupo de 200 líderes, representantes de 12 regiones lingüísticas del país, intercambiaron ayer experiencias en la resolución de conflictos, con abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
Las autoridades indígenas que participaron en la discusión han trabajado con el IDPP para conocer el sistema de justicia oficial y transmitir a los defensores públicos la visión de los pueblos mayas en la resolución de problemas en sus comunidades.
Diego Raymundo, de 94 años, “Principal de Principales, sabio de sabios” en Salquil Grande, Nebaj, Quiché, comentó que el problema en la actualidad es la pérdida de respeto a los “Principales”, lo cual se proponen rescatar.
El líder explicó que si un joven comete una falta, debe reparar el daño, y no repetir esa conducta.
José Raymundo, uno de los consejeros en Salquil, refirió que en el sector 4 de su comunidad se sigue un reglamento interno para imponer sanciones cuando la orientación no funciona.
Por ejemplo, quien comete una falta deberá limpiar la calle o aportar horas de trabajo en la construcción de inmuebles o de carreteras, entre otros castigos.
Recientemente discutieron si es necesario “chicotear” a quienes no quieren entender que hacer daño a otros no es correcto.
Las autoridades mayas coinciden en que la pérdida de valores en el ámbito familiar es la causa de que las nuevas generaciones estén fuera del camino recto.
Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, comentó que ya no se práctica el pixab (orientación), que en antaño se efectuaba alrededor de la hoguera, después de la cena.
“Era durante esa hora cuando los abuelos orientaban a los jóvenes. Ahora la televisión tomó ese espacio, el cual debemos recuperar, para restablecer los valores mayas en los hogares”, afirmó.
Para castigar a una persona, el proceso es largo. Ana Laynez, de la Defensoría Indígena, insistió en que el castigo físico es la última opción, después de varias llamadas de atención. Si la persona no sigue los consejos y acepta que su actitud es errada, se reúne al consejo para decidir la sanción.
El clima, la fecha de nacimiento, el nahual (animal protector) y el día en que se cometió el daño determinan cuántos xicayes (azotes con vara) merece una persona para ser corregida.
Los pueblos indígenas no confían en los jueces del Organismo Judicial, porque consideran que éstos no toman en cuenta sus tradiciones.
Algunos mayas consultados se han referido a casos en que los jueces han recibido dinero o alguna otra granjería para beneficiar al acusado con la resolución.
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Prensa Libre (9 ene 09)
Un grupo de 200 líderes, representantes de 12 regiones lingüísticas del país, intercambiaron ayer experiencias en la resolución de conflictos, con abogados del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).
Las autoridades indígenas que participaron en la discusión han trabajado con el IDPP para conocer el sistema de justicia oficial y transmitir a los defensores públicos la visión de los pueblos mayas en la resolución de problemas en sus comunidades.
Diego Raymundo, de 94 años, “Principal de Principales, sabio de sabios” en Salquil Grande, Nebaj, Quiché, comentó que el problema en la actualidad es la pérdida de respeto a los “Principales”, lo cual se proponen rescatar.
El líder explicó que si un joven comete una falta, debe reparar el daño, y no repetir esa conducta.
José Raymundo, uno de los consejeros en Salquil, refirió que en el sector 4 de su comunidad se sigue un reglamento interno para imponer sanciones cuando la orientación no funciona.
Por ejemplo, quien comete una falta deberá limpiar la calle o aportar horas de trabajo en la construcción de inmuebles o de carreteras, entre otros castigos.
Recientemente discutieron si es necesario “chicotear” a quienes no quieren entender que hacer daño a otros no es correcto.
Las autoridades mayas coinciden en que la pérdida de valores en el ámbito familiar es la causa de que las nuevas generaciones estén fuera del camino recto.
Juan Zapeta, alcalde indígena de Santa Cruz del Quiché, comentó que ya no se práctica el pixab (orientación), que en antaño se efectuaba alrededor de la hoguera, después de la cena.
“Era durante esa hora cuando los abuelos orientaban a los jóvenes. Ahora la televisión tomó ese espacio, el cual debemos recuperar, para restablecer los valores mayas en los hogares”, afirmó.
Para castigar a una persona, el proceso es largo. Ana Laynez, de la Defensoría Indígena, insistió en que el castigo físico es la última opción, después de varias llamadas de atención. Si la persona no sigue los consejos y acepta que su actitud es errada, se reúne al consejo para decidir la sanción.
El clima, la fecha de nacimiento, el nahual (animal protector) y el día en que se cometió el daño determinan cuántos xicayes (azotes con vara) merece una persona para ser corregida.
Los pueblos indígenas no confían en los jueces del Organismo Judicial, porque consideran que éstos no toman en cuenta sus tradiciones.
Algunos mayas consultados se han referido a casos en que los jueces han recibido dinero o alguna otra granjería para beneficiar al acusado con la resolución.
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07 January 2009
Azotan a miembros de banda criminal
Por Jimmy Ren y Ángel Julajuj
Prensa Libre (7 ene 09)
Cuatro integrantes de una banda de presuntos asaltantes que operaba en el occidente del país fueron capturados y castigados por autoridades indígenas de 13 comunidades de Sololá y Quiché.
Los cuatro castigados son acusados de asaltar vehículos que transitan por la ruta Interamericana y la carretera a la aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá.
Cientos de lugareños detuvieron a cuatro de los seis miembros de la banda de atracadores, en la madrugada del pasado martes, y los condujeron a Panimaché Segundo, Chichicastenango, Quiché.
Allí, la turba amarró a los criminales a las columnas de la cancha de baloncesto de la escuela local. Cada ladrón fue azotado 25 veces por parte de ancianos indígenas de 13 comunidades.
El castigo fue presenciado por más de dos mil personas, entre hombres, mujeres y niños. Además, las armas decomisadas fueron destruidas con una hacha y puestas a la vista.
Los bandidos fueron identificados como Antonio Solís Tecum, de 44 años; Diego Tecum Tol, 33; Nicolás Laínez Calel, 37, y Juan Toc Zapeta, 20.
“Estamos cansados de tanta inseguridad”, expresó José Macario Morales, alcalde indígena de justicia de Chichicastenango. “Tenemos derecho de aplicar justicia contra la gente que se porta mal, mas no estamos de acuerdo con los linchamientos”, afirmó. Antes de ser entregados a la Policía, los cuatro sindicados confesaron sus fechorías.
"Autoridades mayas dieron 25 azotes a cada uno de los cuatro presuntos asaltantes que aparecen en las fotos adjuntas."
Prensa Libre (7 ene 09)
Cuatro integrantes de una banda de presuntos asaltantes que operaba en el occidente del país fueron capturados y castigados por autoridades indígenas de 13 comunidades de Sololá y Quiché.
Los cuatro castigados son acusados de asaltar vehículos que transitan por la ruta Interamericana y la carretera a la aldea Godínez, San Andrés Semetabaj, Sololá.
Cientos de lugareños detuvieron a cuatro de los seis miembros de la banda de atracadores, en la madrugada del pasado martes, y los condujeron a Panimaché Segundo, Chichicastenango, Quiché.
Allí, la turba amarró a los criminales a las columnas de la cancha de baloncesto de la escuela local. Cada ladrón fue azotado 25 veces por parte de ancianos indígenas de 13 comunidades.
El castigo fue presenciado por más de dos mil personas, entre hombres, mujeres y niños. Además, las armas decomisadas fueron destruidas con una hacha y puestas a la vista.
Los bandidos fueron identificados como Antonio Solís Tecum, de 44 años; Diego Tecum Tol, 33; Nicolás Laínez Calel, 37, y Juan Toc Zapeta, 20.
“Estamos cansados de tanta inseguridad”, expresó José Macario Morales, alcalde indígena de justicia de Chichicastenango. “Tenemos derecho de aplicar justicia contra la gente que se porta mal, mas no estamos de acuerdo con los linchamientos”, afirmó. Antes de ser entregados a la Policía, los cuatro sindicados confesaron sus fechorías.
"Autoridades mayas dieron 25 azotes a cada uno de los cuatro presuntos asaltantes que aparecen en las fotos adjuntas."
04 January 2009
Justicia indígena: crimen y castigo
Por Óscar Figueroa
Prensa Libre (04 ene 2009)
Sindicados de haber sido pandilleros, 26 jóvenes fueron detenidos por las Juntas Locales de Seguridad Ciudadana (JLSC) de San Juan Cotzal, Quiché. Algunos aseguran que son inocentes, y otros aceptan su culpabilidad; sin embargo, todos deben cumplir jornadas de trabajo forzado, como reparaciones y construcciones en escuelas y edificios públicos.
Además, deben asistir a servicios religiosos católicos y evangélicos, con integrantes de las feligresías locales.
“No soy marero. Me capturaron por bolo, pero no he robado ni asesinado a nadie”, declaró uno de los castigados.
Otros expusieron que pagan porque el estilo occidental de vestir y actuar que tienen no es aceptado por la comunidad.
Otros confesaron haber sido integrantes de pandillas. “El correctivo que cumplo es merecido. Me ayudará a modificar mi vida”, expuso uno de ellos.
Juntas de seguridad
Las JLSC fueron integradas hace pocas semanas para contrarrestar la delincuencia en ese municipio, relató el alcalde José Pérez Chen. El 27 de diciembre último habían efectuado las primeras 20 detenciones, y hasta el 31 de ese mes, las otras seis.
Las JLSC funcionan pese a que la delegación del Ejército lleva a cabo patrullajes en el casco urbano, debido a que las autoridades comunitarias no se confían y prefieren mantener activas las Juntas. “Hacen patrullajes combinados junto a la Policía”, declaró el jefe edil.
Refirió que las JLSC lograron la detención de varios pandilleros, y que éstos delataron a sus cómplices, por lo que lograron capturar a los 20 primeros, sindicados de asaltos, extorsiones y asesinatos. Todos son señalados de haber sido miembros de la Mara 18 o de la Mara 13.
Se les incautó un fusil de asalto AK-47, una subametralladora mini-Uzi, una escopeta 12, dos pistolas calibre 9 mm y un revólver 38 mm.
El castigo comenzó el 29 de diciembre recién pasado, luego de que fueran llevados a una misa y a un servicio evangélico. Es para alejarlos del mal camino”, relató una joven integrante de la pastoral juvenil católica de esa localidad.
Los supuestos integrantes de la Mara 18 deberán cumplir hasta 36 días de trabajo, y los de la Mara 13 hasta 26.
Si bien varios de los capturados no aceptan haber sido pandilleros, todos los progenitores de ellos están satisfechos con las medidas. De hecho, los azotaron en público un día después de su captura.
Teresa Rivera, madre de uno de los capturados, afirmó que es un milagro que su hijo esté vivo, porque no escuchaba consejos y andaba con malas compañías.
Otros pobladores también están de acuerdo. Ana Córdova destacó que la sanción la tienen bien ganada. “Nos asaltan y hasta matan si nos oponemos a sus exigencias, por lo que creo que ahora la paz volverá al pueblo”, declaró.
Juan Rodríguez, presidente de las JLSC, explicó que serán liberados cuando cumplan el castigo, pero si reinciden serán entregados a la Policía Nacional Civil para someterlos a procesos legales.
El alcalde anunció que, pese a que concluirán los trabajos obligados, deberán ir todos los días, a las 16 horas, a reportarse a la JLSC hasta que la comunidad decida que la pena es suficiente.
Además, los detenidos trabajan de 7 a 15 horas y descansan en cárceles públicas.
Las aldeas que han sido más castigadas por la delincuencia son Santa Abelina, Chichel, Vichivalá y San Felipe Chenlá.
Prensa Libre (04 ene 2009)
Sindicados de haber sido pandilleros, 26 jóvenes fueron detenidos por las Juntas Locales de Seguridad Ciudadana (JLSC) de San Juan Cotzal, Quiché. Algunos aseguran que son inocentes, y otros aceptan su culpabilidad; sin embargo, todos deben cumplir jornadas de trabajo forzado, como reparaciones y construcciones en escuelas y edificios públicos.
Además, deben asistir a servicios religiosos católicos y evangélicos, con integrantes de las feligresías locales.
“No soy marero. Me capturaron por bolo, pero no he robado ni asesinado a nadie”, declaró uno de los castigados.
Otros expusieron que pagan porque el estilo occidental de vestir y actuar que tienen no es aceptado por la comunidad.
Otros confesaron haber sido integrantes de pandillas. “El correctivo que cumplo es merecido. Me ayudará a modificar mi vida”, expuso uno de ellos.
Juntas de seguridad
Las JLSC fueron integradas hace pocas semanas para contrarrestar la delincuencia en ese municipio, relató el alcalde José Pérez Chen. El 27 de diciembre último habían efectuado las primeras 20 detenciones, y hasta el 31 de ese mes, las otras seis.
Las JLSC funcionan pese a que la delegación del Ejército lleva a cabo patrullajes en el casco urbano, debido a que las autoridades comunitarias no se confían y prefieren mantener activas las Juntas. “Hacen patrullajes combinados junto a la Policía”, declaró el jefe edil.
Refirió que las JLSC lograron la detención de varios pandilleros, y que éstos delataron a sus cómplices, por lo que lograron capturar a los 20 primeros, sindicados de asaltos, extorsiones y asesinatos. Todos son señalados de haber sido miembros de la Mara 18 o de la Mara 13.
Se les incautó un fusil de asalto AK-47, una subametralladora mini-Uzi, una escopeta 12, dos pistolas calibre 9 mm y un revólver 38 mm.
El castigo comenzó el 29 de diciembre recién pasado, luego de que fueran llevados a una misa y a un servicio evangélico. Es para alejarlos del mal camino”, relató una joven integrante de la pastoral juvenil católica de esa localidad.
Los supuestos integrantes de la Mara 18 deberán cumplir hasta 36 días de trabajo, y los de la Mara 13 hasta 26.
Si bien varios de los capturados no aceptan haber sido pandilleros, todos los progenitores de ellos están satisfechos con las medidas. De hecho, los azotaron en público un día después de su captura.
Teresa Rivera, madre de uno de los capturados, afirmó que es un milagro que su hijo esté vivo, porque no escuchaba consejos y andaba con malas compañías.
Otros pobladores también están de acuerdo. Ana Córdova destacó que la sanción la tienen bien ganada. “Nos asaltan y hasta matan si nos oponemos a sus exigencias, por lo que creo que ahora la paz volverá al pueblo”, declaró.
Juan Rodríguez, presidente de las JLSC, explicó que serán liberados cuando cumplan el castigo, pero si reinciden serán entregados a la Policía Nacional Civil para someterlos a procesos legales.
El alcalde anunció que, pese a que concluirán los trabajos obligados, deberán ir todos los días, a las 16 horas, a reportarse a la JLSC hasta que la comunidad decida que la pena es suficiente.
Además, los detenidos trabajan de 7 a 15 horas y descansan en cárceles públicas.
Las aldeas que han sido más castigadas por la delincuencia son Santa Abelina, Chichel, Vichivalá y San Felipe Chenlá.
18 November 2008
El mismo debate que en Guatemala
BOLIVIA: Justicia comunitaria no contempla la muerte
http://www.eldiario.net/
"La justicia comunitaria es ancestral, tiene sus propias normas, reglas y límites, que permite sancionar la conducta reprensible de los individuos, pero sin la intervención del Estado, sus jueces y su burocracia, sino directamente dentro la comunidad de individuos en la que las autoridades naturales de la misma, hacen de equilibrantes entre las dos partes enfrentadas y no incluye la pena de muerte como parte de su justicia.
La justicia comunitaria no entra en el mecanismo de la barbarie. Se debe tomar en cuenta que la muerte por linchamiento o por otras acciones es un delito de lesa humanidad."
http://www.eldiario.net/
"La justicia comunitaria es ancestral, tiene sus propias normas, reglas y límites, que permite sancionar la conducta reprensible de los individuos, pero sin la intervención del Estado, sus jueces y su burocracia, sino directamente dentro la comunidad de individuos en la que las autoridades naturales de la misma, hacen de equilibrantes entre las dos partes enfrentadas y no incluye la pena de muerte como parte de su justicia.
La justicia comunitaria no entra en el mecanismo de la barbarie. Se debe tomar en cuenta que la muerte por linchamiento o por otras acciones es un delito de lesa humanidad."
17 October 2008
Incrementan los linchamientos, mayores registros en provincia
Por Mariela Castañon
La Hora (16 oct 08)
En las últimas semanas, las autoridades han informado sobre el incremento de linchamientos en varios departamentos, aunque algunos creen que esta práctica es parte de la "justicia maya", estudiosos del tema indican que esto no es así, sino que es parte de la manipulación, por la inseguridad que impera en Guatemala.
De acuerdo con Juana Batzibal, representante de Pueblos Indígenas, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), existe una confusión en cuanto a que esta problemática sea parte de la justicia maya, debido a que esto responde por la ola de violencia que hay en todas partes.
Por el contrario, el sistema maya busca la dignificación y la protección de la vida misma. Aunque el problema es latente en el interior del país, no responde al castigo maya, esto se deriva de la molestia de la gente por la falta de seguridad en el país, indicó.
Según Estuardo Zacayón, del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos (Usac), linchar a la gente es una mal interpretación de lo que debería ser la justicia maya, que nada tiene que ver.
Estas situaciones surgen por la falta de un Estado de derecho, que garantice la seguridad a la población, además destacó que ésta no se basa sólo en las comunidades indígenas, sino también en la capital, ya que aquí el hecho de que alguien pierda la vida, sólo por ver de mala mirada, también es parte de un linchamiento.
Los problemas pueden darse tanto en las comunidades indígenas como en la zona 10, porque existe una descomposición en el país, ya que las personas están acostumbradas a tomar la justicia con sus propias manos, indicó.
Actualmente los vapuleos o linchamientos se han vuelto una práctica normal, constantemente las autoridades policíacas informan sobre estos métodos agresivos, sin embargo, no siempre logran detener los actos que han cobrado vidas.
Algunos de los acontecimientos más recientes son los ocurridos el pasado 14 de octubre, cuando la población enardecida intentó linchar a Junior Wilfredo Rosales Salazar de 23 años y a un menor de 17, acusados de extorsionar a comerciantes del lugar. El hecho se suscitó en el Municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, sin embargo, esto no se logró porque agentes policíacos lo impidieron, por medio del diálogo.
El pasado 10 de octubre, en la aldea El Pajón de Santa Catarina Pinula, varias personas se aglomeraron para vapulear a dos hombres sindicados de querer asaltar una tienda de celulares. Según se indicó la población molesta golpeó a las dos personas, quienes tuvieron que ser trasladadas a hospitales públicos para su recuperación.
En los dos casos anteriores los presuntos delincuentes lograron salir con vida, pese a ello, la suerte no fue la misma para un hombre en San Pedro Yepocapa, en Chimaltenango, quien fue linchado por la población luego de robar a los vecinos que se conducían en un bus y violar a una niña.
Estudiosos de la cultura maya destacan que estas prácticas no forman parte de la justicia maya, los entrevistados coinciden en que estas agresiones constituyen la impotencia ante la inseguridad.
La Hora (16 oct 08)
En las últimas semanas, las autoridades han informado sobre el incremento de linchamientos en varios departamentos, aunque algunos creen que esta práctica es parte de la "justicia maya", estudiosos del tema indican que esto no es así, sino que es parte de la manipulación, por la inseguridad que impera en Guatemala.
De acuerdo con Juana Batzibal, representante de Pueblos Indígenas, del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), existe una confusión en cuanto a que esta problemática sea parte de la justicia maya, debido a que esto responde por la ola de violencia que hay en todas partes.
Por el contrario, el sistema maya busca la dignificación y la protección de la vida misma. Aunque el problema es latente en el interior del país, no responde al castigo maya, esto se deriva de la molestia de la gente por la falta de seguridad en el país, indicó.
Según Estuardo Zacayón, del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos (Usac), linchar a la gente es una mal interpretación de lo que debería ser la justicia maya, que nada tiene que ver.
Estas situaciones surgen por la falta de un Estado de derecho, que garantice la seguridad a la población, además destacó que ésta no se basa sólo en las comunidades indígenas, sino también en la capital, ya que aquí el hecho de que alguien pierda la vida, sólo por ver de mala mirada, también es parte de un linchamiento.
Los problemas pueden darse tanto en las comunidades indígenas como en la zona 10, porque existe una descomposición en el país, ya que las personas están acostumbradas a tomar la justicia con sus propias manos, indicó.
Actualmente los vapuleos o linchamientos se han vuelto una práctica normal, constantemente las autoridades policíacas informan sobre estos métodos agresivos, sin embargo, no siempre logran detener los actos que han cobrado vidas.
Algunos de los acontecimientos más recientes son los ocurridos el pasado 14 de octubre, cuando la población enardecida intentó linchar a Junior Wilfredo Rosales Salazar de 23 años y a un menor de 17, acusados de extorsionar a comerciantes del lugar. El hecho se suscitó en el Municipio de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, sin embargo, esto no se logró porque agentes policíacos lo impidieron, por medio del diálogo.
El pasado 10 de octubre, en la aldea El Pajón de Santa Catarina Pinula, varias personas se aglomeraron para vapulear a dos hombres sindicados de querer asaltar una tienda de celulares. Según se indicó la población molesta golpeó a las dos personas, quienes tuvieron que ser trasladadas a hospitales públicos para su recuperación.
En los dos casos anteriores los presuntos delincuentes lograron salir con vida, pese a ello, la suerte no fue la misma para un hombre en San Pedro Yepocapa, en Chimaltenango, quien fue linchado por la población luego de robar a los vecinos que se conducían en un bus y violar a una niña.
Estudiosos de la cultura maya destacan que estas prácticas no forman parte de la justicia maya, los entrevistados coinciden en que estas agresiones constituyen la impotencia ante la inseguridad.
15 May 2008
Derecho Maya, Derecho Consuetudinario
Felipe Valenzuela
Emisoras Unidas
Antropólogo Celso Lara explica sobre Derecho Maya. Se basa en la tradición oral, en el derecho consuetudinario, que viene desde tiempos inmemoriales.
Permite que sean los propios pobladores los que castiguen a los miembros de las comunidades que están en contra de determinadas formas culturales, según la tradición oral. No contempla la pena de muerte. Es un castigo que imponen los ancianos.
Viene de la costumbre. Es la comunidad por medio de sus dirigentes los que lo administran. Contempla castigos que exponen al individuo ante la comunidad para que todos sepan que es un ladrón, por ejemplo. Es un señalamiento de la sociedad sobre el delincuente. El individuo humillado se va de la comunidad, de forma voluntaria o punitiva. La muerte es fruto de la descomposición social.
Linchamiento se puede dar en cualquier lugar.
Emisoras Unidas
Antropólogo Celso Lara explica sobre Derecho Maya. Se basa en la tradición oral, en el derecho consuetudinario, que viene desde tiempos inmemoriales.
Permite que sean los propios pobladores los que castiguen a los miembros de las comunidades que están en contra de determinadas formas culturales, según la tradición oral. No contempla la pena de muerte. Es un castigo que imponen los ancianos.
Viene de la costumbre. Es la comunidad por medio de sus dirigentes los que lo administran. Contempla castigos que exponen al individuo ante la comunidad para que todos sepan que es un ladrón, por ejemplo. Es un señalamiento de la sociedad sobre el delincuente. El individuo humillado se va de la comunidad, de forma voluntaria o punitiva. La muerte es fruto de la descomposición social.
Linchamiento se puede dar en cualquier lugar.
Reacciones
Felipe Valenzuela
Entrevistas del Patrullaje Informativo de Emisoras Unidas
Willy Melgar, de la Corte Suprema de Justicia, informa que el linchamiento no está tipificado en el Código Penal.
Según sus registros, en el 2008, van 15 casos linchamientos, con saldo de 30 víctimas, 27 hombres y 3 mujeres. De los cuales 3 han fallecido.
Habla de programa educativo del Organismo Judicial. Dice que gente quiere "Justicia Pronta y Cumplida". Pero debe respetarse principo de presunción de inocencia.
Pide que Congreso reforme Código Penal y que aumente las penas.
Diputado Oliverio García Rodas habla sobre proyecto de ley impulsado por diputado Baudilio Hichos. Dice que cuando se produce muerte por linchamiento eso es un delito. No es sólo un fenómeno social. Es homicidio o asesinato. Así que sí hay figura penal.
En iniciativa de ley se habla de premeditación, alevosía y ventaja, pero la turba no necesariamente piensa con anticipación lo que va a hacer. También dice el diputado que "cuando el Estado no cumple con su obligación, de sancionar a los delincuentes, las personas recuperan poder punitivo que le han delegado al Estado".
Luis Ramírez, del Inst. Comp. en Ciencia Penales, dice que linchamientos no es un fenómeno exclusivo de Guatemala. Pone de ejemplo a los EEUU. Dice que no se trata de vacío legal. Sí hay que cambiar Código Penal, pero es más bien tarea de prevención del delito y de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Dice que no es justicia indígena. Puede darse en otros escenarios. Dice que es problema de anomia. No hay nada que contenga la violencia y esta se desborda, siendo aprovechada por grupos hegemónicos.
Gente (oyentes de la radio) dice: "Esta es la verdadera justicia". Felicitan a la gente en Sololá. ¡Qué se castigue a los delincuentes, y no a los linchadores!
Diputado dice que la gente desconfía en sistema de administración de justicia. Por lo tanto hay que hacer funcionar el sistema. No se justifica el linchamiento pero se entiende. Se necesita Código Penal moderno.
Ramírez dice no vamos en la dirección correcta. La justicia es un valor, por lo tanto no se hace justicia linchando a las personas. Se necesita hacer efectiva la investigación criminal. De eso depende la justicia. El Ministerio Público necesita controlar mejor su política criminal.
Entrevistas del Patrullaje Informativo de Emisoras Unidas
Willy Melgar, de la Corte Suprema de Justicia, informa que el linchamiento no está tipificado en el Código Penal.
Según sus registros, en el 2008, van 15 casos linchamientos, con saldo de 30 víctimas, 27 hombres y 3 mujeres. De los cuales 3 han fallecido.
Habla de programa educativo del Organismo Judicial. Dice que gente quiere "Justicia Pronta y Cumplida". Pero debe respetarse principo de presunción de inocencia.
Pide que Congreso reforme Código Penal y que aumente las penas.
Diputado Oliverio García Rodas habla sobre proyecto de ley impulsado por diputado Baudilio Hichos. Dice que cuando se produce muerte por linchamiento eso es un delito. No es sólo un fenómeno social. Es homicidio o asesinato. Así que sí hay figura penal.
En iniciativa de ley se habla de premeditación, alevosía y ventaja, pero la turba no necesariamente piensa con anticipación lo que va a hacer. También dice el diputado que "cuando el Estado no cumple con su obligación, de sancionar a los delincuentes, las personas recuperan poder punitivo que le han delegado al Estado".
Luis Ramírez, del Inst. Comp. en Ciencia Penales, dice que linchamientos no es un fenómeno exclusivo de Guatemala. Pone de ejemplo a los EEUU. Dice que no se trata de vacío legal. Sí hay que cambiar Código Penal, pero es más bien tarea de prevención del delito y de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Dice que no es justicia indígena. Puede darse en otros escenarios. Dice que es problema de anomia. No hay nada que contenga la violencia y esta se desborda, siendo aprovechada por grupos hegemónicos.
Gente (oyentes de la radio) dice: "Esta es la verdadera justicia". Felicitan a la gente en Sololá. ¡Qué se castigue a los delincuentes, y no a los linchadores!
Diputado dice que la gente desconfía en sistema de administración de justicia. Por lo tanto hay que hacer funcionar el sistema. No se justifica el linchamiento pero se entiende. Se necesita Código Penal moderno.
Ramírez dice no vamos en la dirección correcta. La justicia es un valor, por lo tanto no se hace justicia linchando a las personas. Se necesita hacer efectiva la investigación criminal. De eso depende la justicia. El Ministerio Público necesita controlar mejor su política criminal.
26 February 2008
Linchamiento en Ecuador
Carlos A. Mendoza
Los linchamientos no ocurren solamente en Guatemala. Como lo muestra este video de YouTube tomado de un noticiero ecuatoriano. El hecho ocurre en una comunidad indígena y se presenta como una forma de castigo tradicional propio de la comunidad.
Los linchamientos no ocurren solamente en Guatemala. Como lo muestra este video de YouTube tomado de un noticiero ecuatoriano. El hecho ocurre en una comunidad indígena y se presenta como una forma de castigo tradicional propio de la comunidad.
24 October 2007
El linchamiento no es justicia maya
Por Lucía Escobar
elPeriódico (24 oct 07)
Ayudados por traductores, casi 200 autoridades de las etnias mam, q’anjob’al, ixil, poqoman, tz’utujil, kaqchikel, k’iche’ y q’eqchi’s participaron en un diálogo donde intercambiaron experiencias en la resolución de conflictos en sus comunidades y de su relación con las autoridades estatales. También recibieron información sobre las leyes y convenios internacionales.
Tomas Ajpop, juez comunitario de San Pedro Carchá, dijo: “Nuestras leyes tienen cientos de años y en ellas no está escrito el linchamiento, nosotros buscamos la armonía en las comunidades y no la violencia, ni los azotes, esa es una herencia de la guerra”.
Juan Camajá Pinula, representante de cuatro cofradías de Cunén, también reconoció que ha habido errores en la aplicación de justicia, pero que eso no debe desacreditar el trabajo que realizan diariamente y por el que no cobran un sueldo.
“Nuestra justicia es inmediata, gratuita y efectiva. Nosotros involucramos a los padres y familia en nuestros juicios porque buscamos la reinserción inmediata del delincuente en la sociedad”, comentó Víctor Larios, del consejo de nueve pueblos mayas de Huehuetenango.
Eddy Burgoa , abogado indígena Qullasuyu, de Bolivia, dijo que es necesario que presenten una iniciativa de ley que reconozca explícitamente la aplicación del Derecho Indígena y que deje claro la jurisdicción de la misma.
elPeriódico (24 oct 07)
Ayudados por traductores, casi 200 autoridades de las etnias mam, q’anjob’al, ixil, poqoman, tz’utujil, kaqchikel, k’iche’ y q’eqchi’s participaron en un diálogo donde intercambiaron experiencias en la resolución de conflictos en sus comunidades y de su relación con las autoridades estatales. También recibieron información sobre las leyes y convenios internacionales.
Tomas Ajpop, juez comunitario de San Pedro Carchá, dijo: “Nuestras leyes tienen cientos de años y en ellas no está escrito el linchamiento, nosotros buscamos la armonía en las comunidades y no la violencia, ni los azotes, esa es una herencia de la guerra”.
Juan Camajá Pinula, representante de cuatro cofradías de Cunén, también reconoció que ha habido errores en la aplicación de justicia, pero que eso no debe desacreditar el trabajo que realizan diariamente y por el que no cobran un sueldo.
“Nuestra justicia es inmediata, gratuita y efectiva. Nosotros involucramos a los padres y familia en nuestros juicios porque buscamos la reinserción inmediata del delincuente en la sociedad”, comentó Víctor Larios, del consejo de nueve pueblos mayas de Huehuetenango.
Eddy Burgoa , abogado indígena Qullasuyu, de Bolivia, dijo que es necesario que presenten una iniciativa de ley que reconozca explícitamente la aplicación del Derecho Indígena y que deje claro la jurisdicción de la misma.
22 November 2006
Aplican castigo indígena
Prensa Libre (22 nov 06)
Sololá. Los hermanos Tomás y Sebastián Calel Quino, de 35 y 29 años, originarios de la aldea Chuimanzana, Chichicastenango, Quiché, fueron sentenciados ayer por el pueblo kaqchikel a dar tres vueltas al parque central de la cabecera departamental de Sololá con 12 adoquines en el hombro, sindicados del robo de ropa típica en el interior del mercado.
El alcalde de la Municipalidad Indígena, Jaime Morales Morales, explicó que se hizo conciencia en la población para que no tomara medidas violentas contra los presuntos delincuentes.
Luego del castigo moral fueron entregados a la Policía Nacional Civil.
Sololá. Los hermanos Tomás y Sebastián Calel Quino, de 35 y 29 años, originarios de la aldea Chuimanzana, Chichicastenango, Quiché, fueron sentenciados ayer por el pueblo kaqchikel a dar tres vueltas al parque central de la cabecera departamental de Sololá con 12 adoquines en el hombro, sindicados del robo de ropa típica en el interior del mercado.
El alcalde de la Municipalidad Indígena, Jaime Morales Morales, explicó que se hizo conciencia en la población para que no tomara medidas violentas contra los presuntos delincuentes.
Luego del castigo moral fueron entregados a la Policía Nacional Civil.
09 October 2006
Justicia maya
Por Gustavo Arturo Díaz Pérez
elPeriódico (Cartas del Lector)
Todos en Guatemala sabemos quienes son los responsables, “intelectualmente hablando”, de los desmanes que están ocurriendo en las comunidades indígenas con el pretexto de aplicar derecho ancestral. Son los “políticos intelectuales” que se han encargado de propalar la idea de que debemos resucitar el sistema jurídico imperante en las comunidades indígenas antes de la conquista española, pretenden hacer creer que se tiene derecho al mismo, y lógicamente esas ideas han dado como resultado lo que estamos viendo. Invito a que veamos hacia el futuro y nos unamos bajo el imperio de una ley general para todos, pues solamente de esa manera podremos obtener seguridad jurídica y la consecución de un verdadero estado de derecho, que tanta falta nos hace.
Comentario de otro lector
Mónica Navarro
Señor Díaz: Aunque comparto su punto, pienso también que debemos tomar en cuenta el sentimiento general de desamparo que sentimos ante nuestro sistema jurídico, obvio es que las comunidades indígenas podrían sentirlo en mayor grado. Imagínese: en épocas anteriores, aún no teniendo la corrupción que ahora tenemos, los indígenas siempre fueron excluidos y marginados hasta cierto punto... No digamos ahora... Estoy con usted en cuanto al establecimiento de una ley general pues todos somos iguales, y deberíamos ya de dejar de decir ley indígena o ley ladina. Simplemente ley guatemalteca. Guatemaltecos somos todos, así como hijos de Dios. Empezando por este punto, haríamos muchas cosas positivas y unidos, ya veremos si no conseguimos eficientar nuestro sistema de justicia. Saludos.
elPeriódico (Cartas del Lector)
Todos en Guatemala sabemos quienes son los responsables, “intelectualmente hablando”, de los desmanes que están ocurriendo en las comunidades indígenas con el pretexto de aplicar derecho ancestral. Son los “políticos intelectuales” que se han encargado de propalar la idea de que debemos resucitar el sistema jurídico imperante en las comunidades indígenas antes de la conquista española, pretenden hacer creer que se tiene derecho al mismo, y lógicamente esas ideas han dado como resultado lo que estamos viendo. Invito a que veamos hacia el futuro y nos unamos bajo el imperio de una ley general para todos, pues solamente de esa manera podremos obtener seguridad jurídica y la consecución de un verdadero estado de derecho, que tanta falta nos hace.
Comentario de otro lector
Mónica Navarro
Señor Díaz: Aunque comparto su punto, pienso también que debemos tomar en cuenta el sentimiento general de desamparo que sentimos ante nuestro sistema jurídico, obvio es que las comunidades indígenas podrían sentirlo en mayor grado. Imagínese: en épocas anteriores, aún no teniendo la corrupción que ahora tenemos, los indígenas siempre fueron excluidos y marginados hasta cierto punto... No digamos ahora... Estoy con usted en cuanto al establecimiento de una ley general pues todos somos iguales, y deberíamos ya de dejar de decir ley indígena o ley ladina. Simplemente ley guatemalteca. Guatemaltecos somos todos, así como hijos de Dios. Empezando por este punto, haríamos muchas cosas positivas y unidos, ya veremos si no conseguimos eficientar nuestro sistema de justicia. Saludos.
07 June 2006
Derecho consuetudinario, chicotazos y linchamientos
Por Eduardo Mayora
Siglo XXI (7 jun 06)
Hace unos cuantos días escuché por unos minutos la conversación que sostenían por la radio Estuardo Zapeta y Marta Díaz-Durán sobre la cuestión del derecho consuetudinario indígena y ciertos sucesos o fenómenos, como los linchamientos y la aplicación de penas infamantes. Desgraciadamente no pude escucharlo desde su inicio ni seguirlo hasta el final, pero sí lo suficiente para que motivara estos comentarios.
El concepto de derecho consuetudinario, a decir verdad, nada tiene de nuevo en general, tampoco en Guatemala. Ocurre que desde hace relativamente poco tiempo —no más de unos 20 años, diría yo— en nuestro medio se le ha contrapuesto a lo que se podría llamar el “sistema jurídico de la República”. Se le ha contrapuesto en distintos contextos y por diferentes razones. Algunos, para poner de relieve que, a pesar del transcurso de tres siglos de colonia española y casi otros dos de República independiente, “sigue” vigente el derecho maya. Otros, para señalar un ejemplo próximo a los guatemaltecos de un sistema jurídico que pudiera semejarse más a la common law de los pueblos de habla inglesa, que a nuestra tradición más bien positivista y de derecho legislado.
En ambos casos la circunstancia de que cada vez con más frecuencia se produzcan linchamientos o la aplicación de castigos degradantes (como el de ser azotado en público), genera dudas y temores sobre el derecho consuetudinario indígena. Y qué decir de las quemas de estaciones de policía o de la destrucción de las oficinas de los ayuntamientos y de las residencias mismas de los alcaldes. Nada de esto, replican los amigos del derecho consuetudinario, tiene que ver con ese sistema. Esas son aberraciones consecuencia, más bien, del caótico sistema de justicia estatal, tan lento como impredecible. En mi opinión, ninguna de las dos posiciones sobre el derecho consuetudinario —indígena o de cualquier otro tipo — da en el clavo. Así como la legislación y los precedentes sentados por los tribunales pueden recoger —y con frecuencia recogen— reglas criticables desde diversos puntos de vista, también hay buenas y malas costumbres. Dicho de otra forma, no hay nada que garantice que el derecho consuetudinario sólo perpetuará las “buenas costumbres” o que consagrará soluciones eficientes. Si bien es cierto que la politización de la legislación es un problema bastante más común que la contaminación política de los fallos de los tribunales, también lo es que el derecho consuetudinario es bastante menos flexible y poco permeable a las innovaciones. Por definición preserva lo tradicional y, así como hay tradiciones dignas de conservarse, hay otras que no tanto.
Quizás mi punto fundamental sea que el derecho consuetudinario es, al lado del derecho jurisprudencial y del legislado, una forma más a través de la cual se manifiesta el derecho pero no “es” el derecho. Por lo regular, en los países en que se ha logrado implantar un verdadero Estado de derecho se combinan esas tres formas de producción de reglas jurídicas, jugando un rol fundamental la jurisprudencia de los tribunales. Pienso que nuestro mayor déficit está más bien por este lado.
Siglo XXI (7 jun 06)
Hace unos cuantos días escuché por unos minutos la conversación que sostenían por la radio Estuardo Zapeta y Marta Díaz-Durán sobre la cuestión del derecho consuetudinario indígena y ciertos sucesos o fenómenos, como los linchamientos y la aplicación de penas infamantes. Desgraciadamente no pude escucharlo desde su inicio ni seguirlo hasta el final, pero sí lo suficiente para que motivara estos comentarios.
El concepto de derecho consuetudinario, a decir verdad, nada tiene de nuevo en general, tampoco en Guatemala. Ocurre que desde hace relativamente poco tiempo —no más de unos 20 años, diría yo— en nuestro medio se le ha contrapuesto a lo que se podría llamar el “sistema jurídico de la República”. Se le ha contrapuesto en distintos contextos y por diferentes razones. Algunos, para poner de relieve que, a pesar del transcurso de tres siglos de colonia española y casi otros dos de República independiente, “sigue” vigente el derecho maya. Otros, para señalar un ejemplo próximo a los guatemaltecos de un sistema jurídico que pudiera semejarse más a la common law de los pueblos de habla inglesa, que a nuestra tradición más bien positivista y de derecho legislado.
En ambos casos la circunstancia de que cada vez con más frecuencia se produzcan linchamientos o la aplicación de castigos degradantes (como el de ser azotado en público), genera dudas y temores sobre el derecho consuetudinario indígena. Y qué decir de las quemas de estaciones de policía o de la destrucción de las oficinas de los ayuntamientos y de las residencias mismas de los alcaldes. Nada de esto, replican los amigos del derecho consuetudinario, tiene que ver con ese sistema. Esas son aberraciones consecuencia, más bien, del caótico sistema de justicia estatal, tan lento como impredecible. En mi opinión, ninguna de las dos posiciones sobre el derecho consuetudinario —indígena o de cualquier otro tipo — da en el clavo. Así como la legislación y los precedentes sentados por los tribunales pueden recoger —y con frecuencia recogen— reglas criticables desde diversos puntos de vista, también hay buenas y malas costumbres. Dicho de otra forma, no hay nada que garantice que el derecho consuetudinario sólo perpetuará las “buenas costumbres” o que consagrará soluciones eficientes. Si bien es cierto que la politización de la legislación es un problema bastante más común que la contaminación política de los fallos de los tribunales, también lo es que el derecho consuetudinario es bastante menos flexible y poco permeable a las innovaciones. Por definición preserva lo tradicional y, así como hay tradiciones dignas de conservarse, hay otras que no tanto.
Quizás mi punto fundamental sea que el derecho consuetudinario es, al lado del derecho jurisprudencial y del legislado, una forma más a través de la cual se manifiesta el derecho pero no “es” el derecho. Por lo regular, en los países en que se ha logrado implantar un verdadero Estado de derecho se combinan esas tres formas de producción de reglas jurídicas, jugando un rol fundamental la jurisprudencia de los tribunales. Pienso que nuestro mayor déficit está más bien por este lado.
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