En el caso de la Hacienda e Ingenio de San Gerónimo, Baja Verapaz, donde la poblacion era predominantemente de esclavos negros, libertos, mulatos, zambos y ladinos, bajo el contro de los dominicos que producían azúcar y licor. Después de la Independencia y con la llegada de los liberales al poder, pasó a manos de familias Inglesas.
"El uso que hacía Bennett de su bastón importado para abusar de su víctima fue tan significativo como típico. Esta era una cultura todavía solidamente comprometida con el látigo y el palo, en vez de la vara de la justicia por ejemplo, como símbolo e instrumento en última instancia del poder y la legitimidad. Las autoridades municipales defendieron bastante abiertamente el uso de “cuerazos” administrados con el látigo tradicionalmente elaborado con el pene de toro (“con una verga”) para disciplinar a infractores tanto varoniles como femeninos, al tiempo que demandaban que se sometiesen a tales castigos, su resistencia constituía a ojos de las autoridades otra prueba de intenciones malévolas o culpabilidad y un delito similar al de ofrecer resistencia al arresto (disciplina en este caso). La picota de la hacienda colonial dominica fue uno de los primeros símbolos en ser removidos tras la abolición, pero la población trabajadora de San Jerónimo seguía instalada al otro lado de la calle en Barrio Abajo, en las mismas casas que habitaban como esclavos. Y los azotes tuvieron lugar, en el sitio de la falta o bien en la cárcel del edificio municipal al igual que antes, aunque ya no necesariamente a plena vista pública. La autoridad republicana hacía eco de los tiempos de la esclavitud de tantas maneras que esto no podía pasar inadvertido por los vecinos locales, y los azotes fueron quizás el ejemplo más flagrante de ello."
Fuente: Lowell Gudmundson, SANTOS DOMINICOS Y SALVAJES INGLESES: LA COLONIA Y LA ESCLAVITUD A LA LUZ DE UNA LIBERTAD FRUSTRADA. Ponencia presentada al Congreso de Historia Centroamericana, Panamá, julio de 2002, p. 11
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17 February 2012
11 August 2011
Antecedentes de violencia colectiva y pública durante la Colonia Española en América
por Carlos A. Mendoza
Me he convencido, por la evidencia documental encontrada, tanto en fuentes primarias como en secundarias, que los linchamientos tienen raíces históricas que trascienden el Conflicto Armado Interno de Guatemala (1960-96). Llegan, al menos, hasta la época de la Colonia Española en América. Durante esos 300 años de historia se acostumbraba la presunción de culpabilidad (en contraste con la de inocencia que ahora defendemos), el castigo público y desproporcionado con relación a la falta, resultado de un proceso legal con escasas garantías para los acusados, donde se le daba gran valor a las declaraciones extraídas a otros por medio de torturas y amenazas.
Un ejemplo de fuentes primarias es el siguiente:
Usar palabra AZOTES como criterio de búsqueda en http://www.historia.org.sv/portal/index.php/catalogo-independencia
En uno de esos documentos se podrá encontrar información sobre esto:
"Decretan las Cortes Generales y Extraordinarias, la supresión de la pena de azotes en todo el territorio de la monarquía (8 de septiembre de 1813, pero se dio por recibido en Guatemala el 3 de marzo de 1814)." A1.1,LEG.6923,EXP.56983 (Original disponible en PDF AQUI).
Al leerse dicho documento histórico, se nota que uno de los problemas que intenta resolver son los abusos de los curas o párrocos que azotaban, literalmente, a los indígenas.
Entre las fuentes secundarias, pero basadas en documentos históricos, estoy leyendo este libro:
Silverblatt, Irene (2004). Modern Inquisitions. Peru and the Colonial Origins of the Civilized World. Duke Universiy Press.
Portada del libro: Penitente de la Inquisición, por Pancho Fierro (1803-79), acuarelista limeño.
Allí se explica que la Inquisición Española, basada en toda una burocracia estatal, estaba vinculada con la violencia tumultuaria, y con otras caracteristicas de los linchamientos que he señalado arriba. Incluso, los defensores de la Iglesia Católica confirman que las turbas linchadoras de herejes influyeron en los métodos de la Inquisición:
"In response to the severity and frequent brutality with which the northern French waged the Albigensian Crusade, in which many heretics were killed without formal trial or hearing, Pope Innocent III set in motion a process of investigation to expose the secret sects. Another problem confronting the papacy was the willingness on the part of the laity to take the most severe steps against heresy without much concern for the heretics' conversion and salvation. The real father of the medieval institution is considered to be Pope Gregory IX, friend of both St. Francis and St Dominic. He would call upon the newfound mendicant orders to assume the dangerous, arduous, and unwanted task of inquisitors.
What Pope Gregory IX instituted was an extraordinary court to investigate and adjudicate persons accused of heresy. The unprecedented growth of the Albigensians in southern France surely played into his decision. In northern France as well, the Church was facing sporadic mob violence that often fell on the innocent. The practice of putting heretics to death by burning at the stake was assuming the force of an established custom." Fuente: Marian Horvat (n.d.). "The Holy Inquisition: Myth or Reality." AQUI
Me he convencido, por la evidencia documental encontrada, tanto en fuentes primarias como en secundarias, que los linchamientos tienen raíces históricas que trascienden el Conflicto Armado Interno de Guatemala (1960-96). Llegan, al menos, hasta la época de la Colonia Española en América. Durante esos 300 años de historia se acostumbraba la presunción de culpabilidad (en contraste con la de inocencia que ahora defendemos), el castigo público y desproporcionado con relación a la falta, resultado de un proceso legal con escasas garantías para los acusados, donde se le daba gran valor a las declaraciones extraídas a otros por medio de torturas y amenazas.
Un ejemplo de fuentes primarias es el siguiente:
Usar palabra AZOTES como criterio de búsqueda en http://www.historia.org.sv/portal/index.php/catalogo-independencia
En uno de esos documentos se podrá encontrar información sobre esto:
"Decretan las Cortes Generales y Extraordinarias, la supresión de la pena de azotes en todo el territorio de la monarquía (8 de septiembre de 1813, pero se dio por recibido en Guatemala el 3 de marzo de 1814)." A1.1,LEG.6923,EXP.56983 (Original disponible en PDF AQUI).
Al leerse dicho documento histórico, se nota que uno de los problemas que intenta resolver son los abusos de los curas o párrocos que azotaban, literalmente, a los indígenas.
Entre las fuentes secundarias, pero basadas en documentos históricos, estoy leyendo este libro:
Silverblatt, Irene (2004). Modern Inquisitions. Peru and the Colonial Origins of the Civilized World. Duke Universiy Press.
Allí se explica que la Inquisición Española, basada en toda una burocracia estatal, estaba vinculada con la violencia tumultuaria, y con otras caracteristicas de los linchamientos que he señalado arriba. Incluso, los defensores de la Iglesia Católica confirman que las turbas linchadoras de herejes influyeron en los métodos de la Inquisición:
"In response to the severity and frequent brutality with which the northern French waged the Albigensian Crusade, in which many heretics were killed without formal trial or hearing, Pope Innocent III set in motion a process of investigation to expose the secret sects. Another problem confronting the papacy was the willingness on the part of the laity to take the most severe steps against heresy without much concern for the heretics' conversion and salvation. The real father of the medieval institution is considered to be Pope Gregory IX, friend of both St. Francis and St Dominic. He would call upon the newfound mendicant orders to assume the dangerous, arduous, and unwanted task of inquisitors.
What Pope Gregory IX instituted was an extraordinary court to investigate and adjudicate persons accused of heresy. The unprecedented growth of the Albigensians in southern France surely played into his decision. In northern France as well, the Church was facing sporadic mob violence that often fell on the innocent. The practice of putting heretics to death by burning at the stake was assuming the force of an established custom." Fuente: Marian Horvat (n.d.). "The Holy Inquisition: Myth or Reality." AQUI
17 October 2010
Violencia en Jocotán
por Víctor Manuel Ramos
Prensa Libre, 17 octubre 2010
La realidad social que vive nuestro país, cada día se agudiza más. Signos de ingobernabilidad aparecen por doquier. No sería raro que emergiera un estallido social en cualquier momento y en cualquier punto del país, de imprevisibles consecuencias para todos, como acabamos de presenciar en Jocotán, Chiquimula, un enclave del pueblo ch’orti’, largamente excluido de políticas públicas que garanticen su desarrollo integral. Las campañas electoreras impulsadas por los políticos y sus partidos, al margen de la ley, alimentadas con dineros malhabidos y sin ningún control, ya arrancó, complicando peligrosamente el ambiente social. No es de extrañar que detrás de “los trágicos acontecimientos en la Villa de Jocotán” esté la maniobra de políticos marrulleros y sin ningún escrúpulo hasta responsabilizar a la Iglesia, o la incapacidad de las autoridades para atender las legítimas demandas de esa población.
Así lo ha denunciado la Diócesis de Zacapa, en un comunicado hecho público el pasado viernes: Lamentamos y repudiamos los hechos violentos que han causado la pérdida de vidas humanas y la destrucción de bienes públicos y documentos importantes para la población. Rechazamos todos los señalamientos que se han hecho en contra de la Iglesia queriendo responsabilizar de los hechos al padre Juan María Boxus, párroco de Santiago Jocotán, quien en ningún momento tuvo conocimiento de la manifestación que iban a realizar los pobladores. La Iglesia católica en este país le sigue apostando al desarrollo integral de su gente, al igual que se ha comprometido en los procesos de paz y reconciliación. Es una de las instituciones que más ha estado presente en la vida del pueblo pobre y sencillo, indígena y campesino, como se demuestra en la región ch’orti’, según el pronunciamiento de esa diócesis: Recordamos a la población, que durante más de 50 años los sacerdotes y religiosas de la misión belga han estado presentes en los procesos de desarrollo de los pueblos ch’orti’, realizando múltiples proyectos de desarrollo como carreteras, construcción de escuelas y colegios, alfabetización, promoción de la mujer, agua potable, miniriegos, servicios de salud, etcétera, promoviendo la armonía y la paz en la región; cuando el Estado estaba ausente.
El obispo y presbiterio exhortan a los pobladores y a las autoridades a realizar un diálogo claro, sincero y respetuoso, a fin de resolver la problemática que ha dado origen a los hechos ocurridos recientemente; al mismo tiempo que reiteran su compromiso por los procesos de desarrollo que garantizan la vida, el cuidado de los recursos naturales, la justicia y los derechos de las personas y de los pueblos. Estos conatos de estallido social vienen a complicar aún más la vida de la gente, porque incrementan la violencia, la desconfianza y la inseguridad; y dada la fragilidad institucional y su pésimo funcionamiento, es caldo de cultivo para acrecentar el narcotráfico y abrirles paso a políticos oportunistas.
Hechos como estos se originan por la estrecha relación que se da entre delincuencia común, pobreza, crimen organizado, impunidad, corrupción y falta de una estrategia inteligente y eficaz de parte de las autoridades, desde el nivel local hasta el nacional para responder al clamor de la población.
Prensa Libre, 17 octubre 2010
La realidad social que vive nuestro país, cada día se agudiza más. Signos de ingobernabilidad aparecen por doquier. No sería raro que emergiera un estallido social en cualquier momento y en cualquier punto del país, de imprevisibles consecuencias para todos, como acabamos de presenciar en Jocotán, Chiquimula, un enclave del pueblo ch’orti’, largamente excluido de políticas públicas que garanticen su desarrollo integral. Las campañas electoreras impulsadas por los políticos y sus partidos, al margen de la ley, alimentadas con dineros malhabidos y sin ningún control, ya arrancó, complicando peligrosamente el ambiente social. No es de extrañar que detrás de “los trágicos acontecimientos en la Villa de Jocotán” esté la maniobra de políticos marrulleros y sin ningún escrúpulo hasta responsabilizar a la Iglesia, o la incapacidad de las autoridades para atender las legítimas demandas de esa población.
Así lo ha denunciado la Diócesis de Zacapa, en un comunicado hecho público el pasado viernes: Lamentamos y repudiamos los hechos violentos que han causado la pérdida de vidas humanas y la destrucción de bienes públicos y documentos importantes para la población. Rechazamos todos los señalamientos que se han hecho en contra de la Iglesia queriendo responsabilizar de los hechos al padre Juan María Boxus, párroco de Santiago Jocotán, quien en ningún momento tuvo conocimiento de la manifestación que iban a realizar los pobladores. La Iglesia católica en este país le sigue apostando al desarrollo integral de su gente, al igual que se ha comprometido en los procesos de paz y reconciliación. Es una de las instituciones que más ha estado presente en la vida del pueblo pobre y sencillo, indígena y campesino, como se demuestra en la región ch’orti’, según el pronunciamiento de esa diócesis: Recordamos a la población, que durante más de 50 años los sacerdotes y religiosas de la misión belga han estado presentes en los procesos de desarrollo de los pueblos ch’orti’, realizando múltiples proyectos de desarrollo como carreteras, construcción de escuelas y colegios, alfabetización, promoción de la mujer, agua potable, miniriegos, servicios de salud, etcétera, promoviendo la armonía y la paz en la región; cuando el Estado estaba ausente.
El obispo y presbiterio exhortan a los pobladores y a las autoridades a realizar un diálogo claro, sincero y respetuoso, a fin de resolver la problemática que ha dado origen a los hechos ocurridos recientemente; al mismo tiempo que reiteran su compromiso por los procesos de desarrollo que garantizan la vida, el cuidado de los recursos naturales, la justicia y los derechos de las personas y de los pueblos. Estos conatos de estallido social vienen a complicar aún más la vida de la gente, porque incrementan la violencia, la desconfianza y la inseguridad; y dada la fragilidad institucional y su pésimo funcionamiento, es caldo de cultivo para acrecentar el narcotráfico y abrirles paso a políticos oportunistas.
Hechos como estos se originan por la estrecha relación que se da entre delincuencia común, pobreza, crimen organizado, impunidad, corrupción y falta de una estrategia inteligente y eficaz de parte de las autoridades, desde el nivel local hasta el nacional para responder al clamor de la población.
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