Prensa Libre dedicó hoy (4 julio 2013) una página al problema de los linchamientos: AQUI.
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14 February 2013
Analizan caso reciente en Ciudad Guatemala
Sobre caso de intento de linchamiento en la Ciudad de Guatemala.
Prensa Libre invita a Axel Romero, asesor en materia de prevención del Vice Ministerio de Gobernación.
Ver video con entrevista AQUI
01 November 2011
Los encapuchados deben desaparecer
por Prensa Libre
Editorial (1 nov 11)
Las denuncias se iniciaron hace más de un año, cuando fue creada una “comisión de seguridad” por la comuna de Panajachel, cuya legalidad desde el principio era discutible, pero que ahora se ha convertido en un grupo criminal al estilo del Ku Klux Klan, que por algunas décadas asoló el sur de Estados Unidos y se especializó en ataques, linchamientos y crímenes de toda clase en contra de la población negra.
La captura de dos de los señalados por los vecinos de ser culpables de los crímenes, efectuada ayer, abre la esperanza de que terminen estas detenciones ilegales, lesiones graves y leves, y sea esclarecido el caso de la desaparición y asesinato posterior de un vecino, así como las amenazas proferidas contra la columnista Lucía Escobar, cuyos trabajos se publican en el diario elPeriódico.
El caso es grave porque a la participación de una gavilla de asesinos se unen otros factores que lo complican aún más. Entre estos se puede señalar que en esos grupos actúan fanáticos fundamentalistas evangélicos para quienes beber licor es un pecado que debe castigarse con un alevoso asesinato.
Otro factor se refiere no solo a que la columnista Escobar ha sido amenazada, sino víctima de una transmisión en su contra en el noticiero de cable de Panajachel, propiedad del alcalde, que a su vez es uno de los acusados de sembrar el terror entre la población. Esto lo convierte en un caso único, en el que la libre emisión del pensamiento es conculcada por un funcionario que a la vez tiene relación de propiedad con un medio informativo.
El tercer factor es el efecto en el turismo. Panajachel ya está suficientemente afectado por la falta casi total de visitantes extranjeros, a causa de la imposibilidad de llegar, debido a la carretera destruida por las lluvias. El hecho de ocurrir en un sitio turístico de tanta importancia hace que la acción de los asesinos se conozca en el mundo y, por ello, se alargue el proceso de recuperación de las visitas al Lago de Atitlán.
Como consecuencia de la lentitud de respuesta de las autoridades, en algunos municipios del altiplano han empezado a surgir otros grupos similares, con el argumento de que la seguridad local es escuálida y es necesario que retornen las “buenas costumbres”, sin que —claro está— nadie se tome la molestia de definir qué significa eso. De nuevo, el Sistema Judicial de Guatemala se colocará en el banquillo de los acusados si no son castigados los criminales, quienes, al usar pasamontañas, comprueban que todo aquel que se tapa la cara para actuar o denunciar en realidad se coloca inconsciente o conscientemente entre los malhechores.
Editorial (1 nov 11)
Las denuncias se iniciaron hace más de un año, cuando fue creada una “comisión de seguridad” por la comuna de Panajachel, cuya legalidad desde el principio era discutible, pero que ahora se ha convertido en un grupo criminal al estilo del Ku Klux Klan, que por algunas décadas asoló el sur de Estados Unidos y se especializó en ataques, linchamientos y crímenes de toda clase en contra de la población negra.
La captura de dos de los señalados por los vecinos de ser culpables de los crímenes, efectuada ayer, abre la esperanza de que terminen estas detenciones ilegales, lesiones graves y leves, y sea esclarecido el caso de la desaparición y asesinato posterior de un vecino, así como las amenazas proferidas contra la columnista Lucía Escobar, cuyos trabajos se publican en el diario elPeriódico.
El caso es grave porque a la participación de una gavilla de asesinos se unen otros factores que lo complican aún más. Entre estos se puede señalar que en esos grupos actúan fanáticos fundamentalistas evangélicos para quienes beber licor es un pecado que debe castigarse con un alevoso asesinato.
Otro factor se refiere no solo a que la columnista Escobar ha sido amenazada, sino víctima de una transmisión en su contra en el noticiero de cable de Panajachel, propiedad del alcalde, que a su vez es uno de los acusados de sembrar el terror entre la población. Esto lo convierte en un caso único, en el que la libre emisión del pensamiento es conculcada por un funcionario que a la vez tiene relación de propiedad con un medio informativo.
El tercer factor es el efecto en el turismo. Panajachel ya está suficientemente afectado por la falta casi total de visitantes extranjeros, a causa de la imposibilidad de llegar, debido a la carretera destruida por las lluvias. El hecho de ocurrir en un sitio turístico de tanta importancia hace que la acción de los asesinos se conozca en el mundo y, por ello, se alargue el proceso de recuperación de las visitas al Lago de Atitlán.
Como consecuencia de la lentitud de respuesta de las autoridades, en algunos municipios del altiplano han empezado a surgir otros grupos similares, con el argumento de que la seguridad local es escuálida y es necesario que retornen las “buenas costumbres”, sin que —claro está— nadie se tome la molestia de definir qué significa eso. De nuevo, el Sistema Judicial de Guatemala se colocará en el banquillo de los acusados si no son castigados los criminales, quienes, al usar pasamontañas, comprueban que todo aquel que se tapa la cara para actuar o denunciar en realidad se coloca inconsciente o conscientemente entre los malhechores.
18 March 2011
Viejas reflexiones que intentaremos actualizar pronto
Entrevista inédita de Prensa Libre, 2 marzo 2011, sobre Linchamientos en Guatemala (*)
Por Raúl Adolfo Barreno Castillo a Carlos A. Mendoza
1. ¿Cuál es la causa de que se registren los linchamientos en Guatemala?
Hay varias hipótesis propuestas, pero ninguna conclusión definitiva hasta el momento. Algunos dicen que las causas son estructurales, como la pobreza. Otros afirman que la “cultura de la violencia” heredada del conflicto armado interno es la principal explicación, incluyéndose la erosión en el tejido social que el mismo conflicto provocó.
Personalmente, me he fijado más en aspectos institucionales, como la ausencia del Estado en el territorio nacional, lo cual provoca un vacío que debe llenarse de alguna manera. Sin embargo, no descarto que también pueda estar ocurriendo algún tipo conflicto institucional, entre la legislación y los procedimientos del Estado guatemalteco (incluyendo su ineficacia) versus las instituciones informales (tradicionales) de los Pueblos Indígenas, sobre todo en regiones más apartadas del centro (más rurales e inaccesibles).
Recomiendo leer mi publicación del 2007 para una discusión detallada de cada hipótesis y el sustento empírico (con data y análisis estadístico) correspondiente para descartar unas y aceptar otras:
Mendoza, Carlos. 2007. Ausencia del Estado y Violencia Colectiva en Tierras Mayas, Una aproximación cuantitativa al fenómeno de los linchamientos en Guatemala (1996-2002). (Guatemala: SEGEPLAN/FLACSO).
Disponible AQUÍ: http://www.nd.edu/~cmendoz1/libroverelectronica.pdf
2. ¿Podrían interpretarse como una herencia de la guerra interna?
Como también explico en mi publicación del 2007: la debilidad del Estado guatemalteco no es consecuencia exclusiva del reciente conflicto armado interno, sino que tiene raíces históricas bastante más profundas. Si en algo contribuye el pasado de violencia política al fenómeno de los linchamientos puede ser en dos aspectos: a) el repertorio de castigos públicos (las formas en que se lincha); y b) la desconfianza acentuada hacia las instituciones del Estado (como juzgados y Policía). Sin embargo, la existencia de diversas formas de violencia colectiva en el pasado previo al conflicto (1960-96), incluso durante el período colonial, debilitan la hipótesis de la guerra como “la principal causa”. Además, un enfoque comparativo a nivel internacional nos ayuda ver países o regiones (México, Bolivia, Ecuador) donde no ha ocurrido conflicto armado y sí hay linchamientos; y otros donde sí lo hubo (El Salvador y Nicaragua) y no se registran casos de linchamientos.
Recomiendo leer mi BLOG donde he documentado diversos episodios de violencia colectiva mucho más añejos, incluyendo levantamientos o sublevaciones indígenas contra las autoridades del Estado o de la Iglesia Católica, sobre todo debido al cobro de impuestos.
Ver AQUÍ: http://linchamientos.blogspot.com/search/label/historia
3. ¿Cómo analiza usted el problema?
Nuevamente, me remito a lo que ya he escrito con anterioridad (2007): los linchamientos son un fenómeno de “violencia colectiva”. Por ello, debe explicarse “lo violento” y “lo colectivo”. Respecto a la violencia: efectivamente puede haber un intento de persuadir a los potenciales criminales que acechan las comunidades, por medio del castigo público y desproporcionadamente severo en contra de los presuntos criminales que son capturados, muchas veces in fraganti. Con relación a lo colectivo: aquí es donde aparece la variable étnica, pues en las comunidades indígenas hay –contrario a lo que supone la hipótesis del conflicto armado– un capital social que facilita resolver el llamado problema de la acción colectiva, lo cual les permite proveer los bienes públicos que el Estado no provee, como el orden, la seguridad y la justicia. Aquí también habría que tomar en cuenta las instituciones informales de los Pueblos Indígenas que ayudan a llenar los vacíos que la burocracia y la legislación estatales no terminan de ocupar.
4. ¿Esas acciones violentas de la comunidad podrían responder a la falta de aplicación de la justicia?
Sí, este es uno de los principales vacíos a los que me refiero en las respuestas anteriores. En palabras de Guillermo O’Donnell (2007), una de las principales funciones del Estado es la provisión de cierto orden y previsibilidad en las relaciones sociales de la población ubicada en el territorio que éste delimita, lo cual requiere de una legislación y una burocracia que la aplique efectivamente. Si no hay agentes del Estado en capacidad de administrar justicia, la población recurre a métodos alternativos de control social para poner cierto orden. Estos métodos pueden parecernos en extremo “salvajes” pero responden situaciones pre-Estado, es decir, cuando no hay quien monopolice el uso de la fuerza (sea reconocido como legítimo o no ese ejercicio del poder coercitivo).
5. Las autoridades locales (de San Juan Sacatepéquez, Guatemala) suponen que los linchamientos son parte de los abusos que comenten los integrantes de las Juntas Locales de Seguridad, ¿Sería eso posible?
Claro que los abusos se dan cuando no hay mecanismos de control para quienes ejercen el poder. Es decir, cuando no rinden cuentas a nadie. Pero esto, nuevamente, es un síntoma de la ausencia del Estado, en el sentido que éste ha delegado informalmente, o por simple negligencia, funciones de vigilancia, investigación y castigo (aquí sí hay una clara similitud con los abusos cometidos por las Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto armado).
6. La coyuntura política obliga que el Gobierno actúe contra ese tipo de acciones o ¿Cómo debería hacerlo?
Los problemas de la violencia, en general, y la debilidad del Estado, en particular, trascienden la mera coyuntura política (electoral). Se requiere de un esfuerzo coordinado entre la elite política y la económica para transformar nuestra matriz institucional y para fortalecer la burocracia estatal, en el sentido que ésta tenga las capacidades necesarias para aplicar la ley, entre otras: profesionalismo, incentivos correctos (carrera del servicio civil), y recursos financieros para invertirlos en tecnología e investigación. Los esfuerzos de reforma judicial y policial han permitido ciertos avances, pero hace falta mucho camino por recorrer.
7. ¿Cómo explicarle a la comunidad la diferencia entre aplicar la justicia (formal) y el derecho consuetudinario?
Lo que se requiere es que el Estado efectivamente aplique la ley, de manera justa y pronta. No se trata sólo de dar talleres informativos o educativos. Esta visión de la necesidad de “concientización” –especialmente impulsada desde el Organismo Judicial– supondría que el problema tiene su origen en la ignorancia de las comunidades, pero esta hipótesis es poco plausible. Lo crucial es si existe o no la capacidad del Estado para proveer seguridad, orden y justicia para su población en el territorio que pretende delimitar. De lo contrario se activan mecanismos alternativos, informales, para alcanzar cierto nivel de previsibilidad en las relaciones sociales.
No se debe confundir el derecho consuetudinario indígena, que es un conjunto de instituciones informales de los Pueblos Indígenas, con los episodios de violencia colectiva. Sin embargo, sí hay elementos de los castigos violentos, colectivos y públicos que tienen un origen histórico bastante lejano y, por lo tanto, se han incorporado como “tradiciones” de alguna forma sancionadas por las mismas comunidades. Por ejemplo, el historiador Greg Grandin ha documentado que en el siglo XIX: “Una de las primeras demandas de los principales después de la victoria de Carrera fue que se volvieran a instalar los puestos de azotamiento en las plazas de los pueblos.” (Fuente: Greg Grandin, La sangre de Guatemala: Raza y nación en Quetzaltenango, 1750-1954, p. 154).
Sobre este debate, en el cual los mismos líderes indígenas no parecen tener consenso, recomiendo ver los artículos y opiniones recopilados en mi BLOG:
http://linchamientos.blogspot.com/search/label/castigo%20ind%C3%ADgena
8. ¿Medidas urgentes para contrarrestar estos actos de ajusticiamiento popular?
Aunque los medios de comunicación social le dan gran relevancia a los linchamientos, estadísticamente son poco significativos. En el año 2010 la Policía Nacional Civil reportó un total de 33 muertes a causa de la violencia colectiva en forma de linchamientos. Esto representa menos del UNO por ciento de todos los homicidios ocurridos en el país (5,960 en total). Respecto al año anterior –el 2009–, se observó una reducción del 33 por ciento en muertes por linchamiento.
Entre las capacidades del Estado debe estar la reacción inmediata para evitar linchamientos, una vez se da la voz de alarma sobre la posibilidad de que un supuesto delincuente termine como víctima fatal de una turba. Pero también debe pedírsele al Estado la misma capacidad de reacción para detener a los delincuentes y criminales que operan en las comunidades. Mientras éstas detecten ese vacío, intentarán llenarlo ejerciendo “justicia por mano propia”.
9. ¿En algunas comunidades o departamentos tendrán alguna relación con el narcotráfico?
No tengo información suficiente para responder esta pregunta. Habría que recopilar datos a nivel municipal sobre el accionar de los carteles de la droga para ver si efectivamente existe alguna correlación con los linchamientos.
10. Si tiene cifras del 2011, las apreciaré mucho.
Al 31 de enero 2011, la PNC reportó 4 muertes por linchamiento de un total de 497 homicidios durante el mes en todo el territorio nacional. Uno ocurrió en Alta Verapaz y tres en Huehuetenango.
El caso de Huehue (Santa Cruz Barillas), con varias víctimas, lo cubrió su corresponsal Mike Castillo:
http://linchamientos.blogspot.com/2011/01/turba-lincha-tres-en-huehuetenango.html
Sobre el de Verapaz (San Pedro Carchá) apareció una breve nota en PrensaLibre.com:
http://linchamientos.blogspot.com/2011/01/linchan-hombre-en-carcha.html
Ayer mismo solicité los datos de la PNC correspondientes a febrero 2011. Respecto a los datos de enero, la PNC reportó 2 muertes por linchamientos en 2010, pero con sólo un punto de comparación no podemos ver tendencia alguna. Por cierto, dicha cifra no coincide con la reportada por el GAM, que basa su informes en el monitoreo a medios.
Ver AQUÍ: http://linchamientos.blogspot.com/2010/02/reporte-gam-enero-2010.html
Sobre mi crítica a los conteos y comparaciones que hacen los medios, ver mi POST reciente: “Comparando peras con manzanas y naranjas: los números de la violencia”
http://ca-bi.com/blackbox/?p=4550
Sobre entrevistas previas que me han hecho sobre el tema LEER:
http://linchamientos.blogspot.com/search/label/Marta%20Sandoval
http://linchamientos.blogspot.com/search/label/Louisa%20Reynolds
Cleveland, Ohio, 02 mar. 11
(*) Me dijeron que se publicaría el jueves 3 de marzo, pero por alguna razón decidieron no hacerlo. Para no desperdiciar el tiempo invertido, la comparto con los lectores de este BLOG. CM.
14 September 2010
Buscan opinión para detener linchamientos
El diario Prensa Libre ha abierto un espacio en su sitio de Internet, tipo foro, para recopilar respuestas de sus lectores a esta pregunta:
¿Cuáles son las medidas que sugeriría para detener el delito de los linchamientos en Guatemala?
Esta se una de las primeras: "Deberian bajarle el precio a la gasolina, pa que salga mas barato quemar a los mareros delincuentes".
La verdad, después de ver los comentarios que aparecen en las redes sociales y secciones de comentarios, no creo que vayan a lograr encontrar alguna idea para detener o prevenir los linchamientos. La gente los utiliza para expresarse en contra de la situación de inseguridad y terminan por apoyar la violencia colectiva y pública en contra de los supuestos delincuentes.
-----
En mis BLOGs suelo celebrar cuando se alcanza un número importante de POSTs, pero en este no lo puedo hacer, porque hemos llegado a los 400 por la cantidad de linchamientos ocurridos en Guatemala y otros países latinoamericanos en los últimos años. CM.
¿Cuáles son las medidas que sugeriría para detener el delito de los linchamientos en Guatemala?
Esta se una de las primeras: "Deberian bajarle el precio a la gasolina, pa que salga mas barato quemar a los mareros delincuentes".
La verdad, después de ver los comentarios que aparecen en las redes sociales y secciones de comentarios, no creo que vayan a lograr encontrar alguna idea para detener o prevenir los linchamientos. La gente los utiliza para expresarse en contra de la situación de inseguridad y terminan por apoyar la violencia colectiva y pública en contra de los supuestos delincuentes.
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En mis BLOGs suelo celebrar cuando se alcanza un número importante de POSTs, pero en este no lo puedo hacer, porque hemos llegado a los 400 por la cantidad de linchamientos ocurridos en Guatemala y otros países latinoamericanos en los últimos años. CM.
05 September 2010
Anhelo de justicia desborda pasiones
Editorial de Prensa Libre (5 sep 10)
Las escenas de violencia son reiteradas y nos recuerdan por qué este país está entre los más violentos del mundo. Esas posiciones se las disputa, a nivel latinoamericano, casi siempre con los mismos países: México, Honduras, El Salvador y Colombia, pero ese orden no tiene mayor importancia, porque está apenas determinado por la cantidad de homicidios y el porcentaje de habitantes, pero esos detalles son poco comprensibles para la gente, y en cambio sí le agobia la pesadilla cotidiana de no saber si va a salir con vida en un nuevo día.
Esa zozobra la compartimos todos los latinoamericanos, pero un rasgo que sí nos diferencia de muchas otras metrópolis es la creciente insatisfacción de la población con sus autoridades y, fundamentalmente, con el sistema de justicia, que no ha sido capaz de generar confianza y más bien ha permitido y tolerado una creciente expresión de violencia que viene de habitantes que imponen su propio modelo de castigo, y eso nos ha llevado a la ley del ojo por ojo.
Apenas el miércoles se produjo un nuevo y penoso episodio, cuando una multitud dio muerte, a golpe y fuego, a un presunto delincuente que fue sindicado de haber asesinado minutos antes a un comerciante de la zona 3 que se habría resistido a pagar una extorsión, lo que le costó la vida, pero de inmediato fue reivindicado por iracundos vecinos que ejecutaron su propia sentencia, llevados probablemente por el ansia de venganza, frustración y sed de justicia.
Ese episodio también llama la atención sobre otra creciente manifestación ciudadana, y es que al parecer, ante tan insufrible desborde de violencia y pillaje en las calles, sin que las autoridades parezcan tener el más mínimo asomo de control, muchos han optado por desafiar a los propios delincuentes, enfrentándolos, persiguiéndolos, denunciándolos y castigándolos, a veces hasta la muerte, en apasionadas expresiones de violencia, como también se pudo ver el martes, cuando pasajeros de un autobús que había sido asaltado obligaron al piloto a perseguir el vehículo de los sospechosos, hasta darle alcance e incendiarlo, para luego entregar a aquellos a la Policía.
Días antes, algo parecido le sucedió a un ladrón de aretes en la Plaza Mayor, donde hasta los esfuerzos del arzobispo metropolitano fueron infructuosos por rescatarlo de la enfurecida turba, que también ignoró la presencia de la Policía para vapulearlo.
Todos estos son episodios que también van en aumento y son muestra de un desasosiego ciudadano que lucha, a su manera, por garantizarse un mínimo de seguridad y castigar a los delincuentes que no tienen miramientos en matar a alguien, como le sucedió al guardia de la Empresa Municipal de Agua que perdió la vida por haber intentado asustar con su arma a unos desalmados secuestradores.
Tal vez quien mejor haya expresado el calvario ciudadano sea el cardenal Rodolfo Quezada Toruño, que en sus últimas homilías ha calificado al Gobierno de “inútil”, por su manifiesta incapacidad para combatir la inseguridad, que no solo lo ha desbordado sino que ha ridiculizado su eslogan de campaña electoral.
Las escenas de violencia son reiteradas y nos recuerdan por qué este país está entre los más violentos del mundo. Esas posiciones se las disputa, a nivel latinoamericano, casi siempre con los mismos países: México, Honduras, El Salvador y Colombia, pero ese orden no tiene mayor importancia, porque está apenas determinado por la cantidad de homicidios y el porcentaje de habitantes, pero esos detalles son poco comprensibles para la gente, y en cambio sí le agobia la pesadilla cotidiana de no saber si va a salir con vida en un nuevo día.
Esa zozobra la compartimos todos los latinoamericanos, pero un rasgo que sí nos diferencia de muchas otras metrópolis es la creciente insatisfacción de la población con sus autoridades y, fundamentalmente, con el sistema de justicia, que no ha sido capaz de generar confianza y más bien ha permitido y tolerado una creciente expresión de violencia que viene de habitantes que imponen su propio modelo de castigo, y eso nos ha llevado a la ley del ojo por ojo.
Apenas el miércoles se produjo un nuevo y penoso episodio, cuando una multitud dio muerte, a golpe y fuego, a un presunto delincuente que fue sindicado de haber asesinado minutos antes a un comerciante de la zona 3 que se habría resistido a pagar una extorsión, lo que le costó la vida, pero de inmediato fue reivindicado por iracundos vecinos que ejecutaron su propia sentencia, llevados probablemente por el ansia de venganza, frustración y sed de justicia.
Ese episodio también llama la atención sobre otra creciente manifestación ciudadana, y es que al parecer, ante tan insufrible desborde de violencia y pillaje en las calles, sin que las autoridades parezcan tener el más mínimo asomo de control, muchos han optado por desafiar a los propios delincuentes, enfrentándolos, persiguiéndolos, denunciándolos y castigándolos, a veces hasta la muerte, en apasionadas expresiones de violencia, como también se pudo ver el martes, cuando pasajeros de un autobús que había sido asaltado obligaron al piloto a perseguir el vehículo de los sospechosos, hasta darle alcance e incendiarlo, para luego entregar a aquellos a la Policía.
Días antes, algo parecido le sucedió a un ladrón de aretes en la Plaza Mayor, donde hasta los esfuerzos del arzobispo metropolitano fueron infructuosos por rescatarlo de la enfurecida turba, que también ignoró la presencia de la Policía para vapulearlo.
Todos estos son episodios que también van en aumento y son muestra de un desasosiego ciudadano que lucha, a su manera, por garantizarse un mínimo de seguridad y castigar a los delincuentes que no tienen miramientos en matar a alguien, como le sucedió al guardia de la Empresa Municipal de Agua que perdió la vida por haber intentado asustar con su arma a unos desalmados secuestradores.
Tal vez quien mejor haya expresado el calvario ciudadano sea el cardenal Rodolfo Quezada Toruño, que en sus últimas homilías ha calificado al Gobierno de “inútil”, por su manifiesta incapacidad para combatir la inseguridad, que no solo lo ha desbordado sino que ha ridiculizado su eslogan de campaña electoral.
08 December 2009
Respuesta violenta por falta de justicia
Editorial de Prensa Libre (08 dic 09)
A lo largo del año que está por terminar han sido linchadas 44 personas, con un repunte muy dramático en los últimas dos semanas, que registran un total de ocho muertos en circunstancias parecidas.
En cada caso reportado se observa un patrón similar, que es el de grupos comunitarios que pretenden aplicar justicia por su propia mano, sin mediar acusación ni mucho menos el debido proceso para los supuestos delincuentes, quienes terminan sufriendo el linchamiento sin que se les haya probado responsabilidad en los delitos imputados.
Es un cuadro dramático el que estamos viviendo, pero hay que reconocer que hay un trasfondo de peso, y es que la población sigue sin recuperar la confianza en las fuerzas de seguridad y en las autoridades judiciales.
Algunas versiones emanadas del Ministerio de Gobernación pretenden endosar estos hechos a dirigentes políticos de oposición, hasta ahora sin presentar pruebas, lo que pareciera más una rebuscada justificación, mientras que a la vista está que se trata de un problema que se ha arrastrado desde hace años en diversas comunidades y que ahora muestra una penosa agudización.
Los linchamientos no tienen ninguna razón de ser. Se trata de una respuesta violenta a la inseguridad y a la falta de un eficiente estado de Derecho en el país, que además no hace más que aumentar el problema de ingobernabilidad y, sin duda, crece el temor en la población a reacciones incontroladas con brutal violencia en los lugares en donde estos hechos se han registrado.
El turismo, tanto local como extranjero, también se abstiene de visitar sitios que reportan este tipo de sucesos, ya que el grado de inseguridad aumenta, pues se teme no solo a los delincuentes que puedan estar operando localmente, sino a los pobladores que puedan mostrar esa violencia sin que prive un criterio jurídico en sus acusaciones, ya que muchas veces ni siquiera se tienen todas las pruebas como para que se explique una agresión a los supuestos responsables de hechos delictivos.
Estamos también ante otra demostración del grado de descomposición social al que hemos llegado, por todos los factores mencionados. Ciertamente el Gobierno ha sido incapaz de contrarrestar los secuestros, las extorsiones, los robos y asaltos, mientras que el Ministerio Público y los tribunales no muestran una actitud de firme y pronta aplicación de justicia, pero ello no justifica que la población se considere a sí misma como juez y verdugo al mismo tiempo.
Como hemos señalado, el tema no es nuevo, pero es necesario contar con una política para ponerle fin, pues, de lo contrario, se seguirá informando, nacional e internacionalmente, de la forma irracional en que los guatemaltecos reaccionamos ante situaciones sensibles.
La impunidad no se combate con más violencia. Adicional a eso hay que recordar que la aplicación de la justicia debe llegar también a los responsables de estos linchamientos, porque se trata de un crimen quizá más condenable que el que se pretende castigar.
A lo largo del año que está por terminar han sido linchadas 44 personas, con un repunte muy dramático en los últimas dos semanas, que registran un total de ocho muertos en circunstancias parecidas.
En cada caso reportado se observa un patrón similar, que es el de grupos comunitarios que pretenden aplicar justicia por su propia mano, sin mediar acusación ni mucho menos el debido proceso para los supuestos delincuentes, quienes terminan sufriendo el linchamiento sin que se les haya probado responsabilidad en los delitos imputados.
Es un cuadro dramático el que estamos viviendo, pero hay que reconocer que hay un trasfondo de peso, y es que la población sigue sin recuperar la confianza en las fuerzas de seguridad y en las autoridades judiciales.
Algunas versiones emanadas del Ministerio de Gobernación pretenden endosar estos hechos a dirigentes políticos de oposición, hasta ahora sin presentar pruebas, lo que pareciera más una rebuscada justificación, mientras que a la vista está que se trata de un problema que se ha arrastrado desde hace años en diversas comunidades y que ahora muestra una penosa agudización.
Los linchamientos no tienen ninguna razón de ser. Se trata de una respuesta violenta a la inseguridad y a la falta de un eficiente estado de Derecho en el país, que además no hace más que aumentar el problema de ingobernabilidad y, sin duda, crece el temor en la población a reacciones incontroladas con brutal violencia en los lugares en donde estos hechos se han registrado.
El turismo, tanto local como extranjero, también se abstiene de visitar sitios que reportan este tipo de sucesos, ya que el grado de inseguridad aumenta, pues se teme no solo a los delincuentes que puedan estar operando localmente, sino a los pobladores que puedan mostrar esa violencia sin que prive un criterio jurídico en sus acusaciones, ya que muchas veces ni siquiera se tienen todas las pruebas como para que se explique una agresión a los supuestos responsables de hechos delictivos.
Estamos también ante otra demostración del grado de descomposición social al que hemos llegado, por todos los factores mencionados. Ciertamente el Gobierno ha sido incapaz de contrarrestar los secuestros, las extorsiones, los robos y asaltos, mientras que el Ministerio Público y los tribunales no muestran una actitud de firme y pronta aplicación de justicia, pero ello no justifica que la población se considere a sí misma como juez y verdugo al mismo tiempo.
Como hemos señalado, el tema no es nuevo, pero es necesario contar con una política para ponerle fin, pues, de lo contrario, se seguirá informando, nacional e internacionalmente, de la forma irracional en que los guatemaltecos reaccionamos ante situaciones sensibles.
La impunidad no se combate con más violencia. Adicional a eso hay que recordar que la aplicación de la justicia debe llegar también a los responsables de estos linchamientos, porque se trata de un crimen quizá más condenable que el que se pretende castigar.
08 May 2006
Urge una cruzada contra los linchamientos
Editorial de Prensa Libre (08 may 06)
Los guatemaltecos respetuosos de la vida humana se sintieron conmovidos al enterarse de que en la provincia, esta vez en Santa Apolonia, Chimaltenango, una turba linchó a tres personas en circunstancias que son francamente preocupantes, lo que obliga a realizar una cruzada nacional en contra de esos delitos tumultuarios, que debería ser encabezada y coordinada por las iglesias, tanto la católica como las evangélicas.
Según las informaciones de la Policía, desde 1996 han ocurrido aproximadamente unos 400 casos. Cifras oficiales señalan que en este año nueve personas han muerto en hechos similares, que han ocurrido en número de 32 en diversos lugares del territorio nacional, como Palín y Sumpango, donde sufrieron la misma suerte un hombre y una mujer a quienes los pobladores calificaron de robaniños.
Lo primero que salta a la vista es la necesidad de evitar que se repitan estos hechos. Pero es imposible que las autoridades puedan hacerlo por razones que comienzan desde la notoria escasez de agentes policiales, pero además porque aun cuando cada poblado nacional tuviera suficiente número de ellos, les sería imposible enfrentarse a turbas como los 1,500 vecinos que se arremolinaron durante la noche con el objetivo de tomarse justicia por su propia mano y de esa forma asesinaron a sus tres víctimas.
Es indudable que este crimen tumultuario fue el resultado de la desesperación de los vecinos por la multiplicidad de hechos delictivos que sufren en sus casas, camino a sus trabajos y en los autobuses extraurbanos, pero especialmente por la impunidad con que los delincuentes coronan sus hechos en todas las partes del país, hecho que este periódico ha señalado numerosas veces.
No significa esto que necesariamente hayan sido culpables de los asaltos los dos hermanos y el policía nacional que fueron quemados vivos. Sólo explica que la acción violenta tumultuaria tiene una explicación pero jamás una justificación, porque aun cuando hayan sido culpables, la forma de castigarlos es a través de la aplicación de las leyes.
Un elemento agravante del hecho es que los asesinos impidieron que bomberos y policías intentaran salvar a los tres hombres, que quedaron carbonizados.
Se debe entonces organizar un esfuerzo de convencimiento, basado en los principios religiosos, que son comunes en cuanto al respeto de la vida humana. Las iglesias tienen en este tema una oportunidad de utilizar su capacidad de influencia y de convocatoria para expresar que quienes profesan el catolicismo o cualquiera de las demás versiones de las enseñanzas cristianas, no pueden jamás justificar hechos como estos, cuyos autores se colocan muy lejos de los principios religiosos.
El esfuerzo de las iglesias debe ser apoyado por el Gobierno, a través de una masiva campaña de publicidad que se realice sobre todo, pero no exclusivamente, en los medios audiovisuales.
Es un tema de importancia nacional, más allá de las divisiones de cualquier índole, porque al no saberse en el extranjero las razones de estos hechos, los guatemaltecos quedamos como trogloditas.
Los guatemaltecos respetuosos de la vida humana se sintieron conmovidos al enterarse de que en la provincia, esta vez en Santa Apolonia, Chimaltenango, una turba linchó a tres personas en circunstancias que son francamente preocupantes, lo que obliga a realizar una cruzada nacional en contra de esos delitos tumultuarios, que debería ser encabezada y coordinada por las iglesias, tanto la católica como las evangélicas.
Según las informaciones de la Policía, desde 1996 han ocurrido aproximadamente unos 400 casos. Cifras oficiales señalan que en este año nueve personas han muerto en hechos similares, que han ocurrido en número de 32 en diversos lugares del territorio nacional, como Palín y Sumpango, donde sufrieron la misma suerte un hombre y una mujer a quienes los pobladores calificaron de robaniños.
Lo primero que salta a la vista es la necesidad de evitar que se repitan estos hechos. Pero es imposible que las autoridades puedan hacerlo por razones que comienzan desde la notoria escasez de agentes policiales, pero además porque aun cuando cada poblado nacional tuviera suficiente número de ellos, les sería imposible enfrentarse a turbas como los 1,500 vecinos que se arremolinaron durante la noche con el objetivo de tomarse justicia por su propia mano y de esa forma asesinaron a sus tres víctimas.
Es indudable que este crimen tumultuario fue el resultado de la desesperación de los vecinos por la multiplicidad de hechos delictivos que sufren en sus casas, camino a sus trabajos y en los autobuses extraurbanos, pero especialmente por la impunidad con que los delincuentes coronan sus hechos en todas las partes del país, hecho que este periódico ha señalado numerosas veces.
No significa esto que necesariamente hayan sido culpables de los asaltos los dos hermanos y el policía nacional que fueron quemados vivos. Sólo explica que la acción violenta tumultuaria tiene una explicación pero jamás una justificación, porque aun cuando hayan sido culpables, la forma de castigarlos es a través de la aplicación de las leyes.
Un elemento agravante del hecho es que los asesinos impidieron que bomberos y policías intentaran salvar a los tres hombres, que quedaron carbonizados.
Se debe entonces organizar un esfuerzo de convencimiento, basado en los principios religiosos, que son comunes en cuanto al respeto de la vida humana. Las iglesias tienen en este tema una oportunidad de utilizar su capacidad de influencia y de convocatoria para expresar que quienes profesan el catolicismo o cualquiera de las demás versiones de las enseñanzas cristianas, no pueden jamás justificar hechos como estos, cuyos autores se colocan muy lejos de los principios religiosos.
El esfuerzo de las iglesias debe ser apoyado por el Gobierno, a través de una masiva campaña de publicidad que se realice sobre todo, pero no exclusivamente, en los medios audiovisuales.
Es un tema de importancia nacional, más allá de las divisiones de cualquier índole, porque al no saberse en el extranjero las razones de estos hechos, los guatemaltecos quedamos como trogloditas.
06 May 2006
El linchamiento no es justicia
Editorial de Prensa Libre (06 may 06)
Siete vidas humanas segadas en los últimos tres linchamientos ocurridos este año en el país exhiben los peligrosos niveles de intolerancia e irracionalidad que está alcanzando la vindicta pública.
Ante las deficiencias del sistema de seguridad y justicia, debido a lo cual el repunte de la criminalidad continúa imperturbable, las turbas se consideran investidas de la autoridad para castigar al delincuente, en un retorcimiento de los ideales de imparcialidad, equidad y respeto a la vida humana inherentes a toda sociedad civilizada y organizada.
A causa de la incapacidad del Estado para ejercer de manera apropiada el monopolio de justicia delegado por la sociedad, el miedo de las personas a la delincuencia se agiganta hasta convertirse en una patología colectiva cuyos resultados son la represión, sin mayor fundamento, de todo individuo visto como un delincuente potencial.
Ese miedo generalizado hacia el criminal y la arbitrariedad a para erradicarlo se convierten en un serio peligro para todos los guatemaltecos, porque de pronto cualquier ciudadano puede encontrarse en el lugar y en el momento equivocados, y ser víctima de la ira de la plebe, que en su arrebato no escucha ni da crédito a ningún argumento de descargo por parte del sospechoso.
El linchamiento es una infamia de contrastes, porque aquellos que se suponen honorables y justos devienen asesinos cuando lo practican , y escalan, en razón de su acto insensato y arbitrario, un nivel delictivo más grave que el de la víctima de su venganza. La responsabilidad de ese delito es dual con el Estado, porque la afrenta atribuida al supuesto delincuente, y su muerte, por lo general quedan impunes.
El Estado fomenta los linchamientos por su incapacidad de dar respuesta al temor público frente a la criminalidad. En el paroxismo por los riesgos que ello implica, el populacho vulnera el orden y asume la práctica de lo que supone es justicia, con las consecuencias nefastas que ahora se viven.
Si el Estado expresa preocupación por los linchamientos pero no hace nada por retomar su rectoría coactiva, coercitiva y punitiva, asume una postura hipócrita que agrava el criterio público de su debilidad. Esa retórica gubernamental adolece del mismo defecto de las iniciativas cosméticas y de poco valor, como el ofrecer sensibilizar respecto de aquel agravio, si no se acompaña de medidas resueltas para hacer funcionar la persecución y la sanción del delito.
Indudablemente, no es la especie de pax romana representada por la presencia policial en las calles la salida a esta crisis social, porque la subordinación al orden, de manera obligada, sólo se logra, precariamente, mientras haya vigilancia, debido a que persisten las causas sociales que originan la inseguridad. No cabe la respuesta violenta para alcanzar el ideal de justicia, tanto de parte del Estado como de particulares, porque en esos dos ámbitos su empleo es una manifestación extrema de irresponsabilidad e incompetencia.
Siete vidas humanas segadas en los últimos tres linchamientos ocurridos este año en el país exhiben los peligrosos niveles de intolerancia e irracionalidad que está alcanzando la vindicta pública.
Ante las deficiencias del sistema de seguridad y justicia, debido a lo cual el repunte de la criminalidad continúa imperturbable, las turbas se consideran investidas de la autoridad para castigar al delincuente, en un retorcimiento de los ideales de imparcialidad, equidad y respeto a la vida humana inherentes a toda sociedad civilizada y organizada.
A causa de la incapacidad del Estado para ejercer de manera apropiada el monopolio de justicia delegado por la sociedad, el miedo de las personas a la delincuencia se agiganta hasta convertirse en una patología colectiva cuyos resultados son la represión, sin mayor fundamento, de todo individuo visto como un delincuente potencial.
Ese miedo generalizado hacia el criminal y la arbitrariedad a para erradicarlo se convierten en un serio peligro para todos los guatemaltecos, porque de pronto cualquier ciudadano puede encontrarse en el lugar y en el momento equivocados, y ser víctima de la ira de la plebe, que en su arrebato no escucha ni da crédito a ningún argumento de descargo por parte del sospechoso.
El linchamiento es una infamia de contrastes, porque aquellos que se suponen honorables y justos devienen asesinos cuando lo practican , y escalan, en razón de su acto insensato y arbitrario, un nivel delictivo más grave que el de la víctima de su venganza. La responsabilidad de ese delito es dual con el Estado, porque la afrenta atribuida al supuesto delincuente, y su muerte, por lo general quedan impunes.
El Estado fomenta los linchamientos por su incapacidad de dar respuesta al temor público frente a la criminalidad. En el paroxismo por los riesgos que ello implica, el populacho vulnera el orden y asume la práctica de lo que supone es justicia, con las consecuencias nefastas que ahora se viven.
Si el Estado expresa preocupación por los linchamientos pero no hace nada por retomar su rectoría coactiva, coercitiva y punitiva, asume una postura hipócrita que agrava el criterio público de su debilidad. Esa retórica gubernamental adolece del mismo defecto de las iniciativas cosméticas y de poco valor, como el ofrecer sensibilizar respecto de aquel agravio, si no se acompaña de medidas resueltas para hacer funcionar la persecución y la sanción del delito.
Indudablemente, no es la especie de pax romana representada por la presencia policial en las calles la salida a esta crisis social, porque la subordinación al orden, de manera obligada, sólo se logra, precariamente, mientras haya vigilancia, debido a que persisten las causas sociales que originan la inseguridad. No cabe la respuesta violenta para alcanzar el ideal de justicia, tanto de parte del Estado como de particulares, porque en esos dos ámbitos su empleo es una manifestación extrema de irresponsabilidad e incompetencia.
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