Por Lucía Escobar
elPeriódico (24 oct 07)
Ayudados por traductores, casi 200 autoridades de las etnias mam, q’anjob’al, ixil, poqoman, tz’utujil, kaqchikel, k’iche’ y q’eqchi’s participaron en un diálogo donde intercambiaron experiencias en la resolución de conflictos en sus comunidades y de su relación con las autoridades estatales. También recibieron información sobre las leyes y convenios internacionales.
Tomas Ajpop, juez comunitario de San Pedro Carchá, dijo: “Nuestras leyes tienen cientos de años y en ellas no está escrito el linchamiento, nosotros buscamos la armonía en las comunidades y no la violencia, ni los azotes, esa es una herencia de la guerra”.
Juan Camajá Pinula, representante de cuatro cofradías de Cunén, también reconoció que ha habido errores en la aplicación de justicia, pero que eso no debe desacreditar el trabajo que realizan diariamente y por el que no cobran un sueldo.
“Nuestra justicia es inmediata, gratuita y efectiva. Nosotros involucramos a los padres y familia en nuestros juicios porque buscamos la reinserción inmediata del delincuente en la sociedad”, comentó Víctor Larios, del consejo de nueve pueblos mayas de Huehuetenango.
Eddy Burgoa , abogado indígena Qullasuyu, de Bolivia, dijo que es necesario que presenten una iniciativa de ley que reconozca explícitamente la aplicación del Derecho Indígena y que deje claro la jurisdicción de la misma.
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