Linchamientos en Perú y otros lugares

"Prohibido entrar a rateros, bajo pena de masacres"

Y la cuenta continúa. En noviembre la policía rescató a Alberto Vargas de un grupo de ochenta justicieros populares que intentaban quemarle vivo en San Martín de Porres, uno de los barrios limeños con más auge de linchamientos. Al parecer, le ataron a un poste donde le golpearon y apedrearon hasta que confesó. "Prohibido entrar a rateros, bajo pena de masacres" reza un cartel situado en una de las calles del barrio. Éste fue el décimo intento de linchamiento del distrito en lo que va de año. Días antes, unos vecinos mataron a otro hombre acusado de intentar robar en una casa. Su acompañante ingresó en el hospital con cuatro puñaladas en el abdomen y tras ser atropellado por un coche.

También en noviembre, la policía rescató a dos supuestos ladrones de electrodomésticos cuando estaban a punto de arder. Confesaron a base de golpes, insultos, escupitajos y después de que les desnudaran y les cortaran el pelo.

Ahora la policía de este distrito limeño tiene doble trabajo: detener a los delincuentes y contener a las masas enardecidas. En diciembre un ex policía que trabajaba como vigilante de seguridad de una sala de juegos asesinó supuestamente a tiros a un cliente por llamarle "Mario Bross". Después dijo que el fallecido intentó atracar y que él consiguió arrebatarle la pistola, pero había demasiados testigos y cuatro centenares de vecinos de San Martín de Porres se reunieron en el local. Querían evitar que la policía se llevara al vigilante y algunos intentaron lincharle. Ante la oposición de los agentes, destrozaron el mobiliario. La policía hizo algunos disparos al aire y lanzó bombas lacrimógenas para disolver la concentración.

Por otro lado, justicieros de Felipe de las Casas en el distrito de Ventanilla (Lima) han llegado todavía más lejos y han creado sus propias cárceles, consistentes en unos habitáculos de hierro. Dicen que sólo encierran a los delincuentes durante unas horas y que después se los entregan a la policía.

Con estas cifras parece que el país se puede convertir en un destino turístico ideal para sádicos que pueden lapidar, azotar, escupir y plantar fuego a personas impunemente.

Según un estudio de opinión realizado por la consultora Apoyo (entre 600 habitantes de Lima), el 61 por ciento de los encuestados cree que la población tiene derecho a hacer justicia con sus propias manos, pero sin llegar a matar.

El 83 por ciento considera que la violación de menores es el delito que más justifica un linchamiento, el 52 por ciento menciona los hurtos, el 33 por ciento la corrupción, el 26 por ciento el terrorismo, el 25 por ciento la violación de mayores y el 24 por ciento el tráfico de drogas.

En Lima se registra un asalto cada cinco minutos, un robo domiciliario cada hora y veinte robos de coches al día. Los linchadores se justifican alegando que la policia no es eficiente y las autoridades dicen que necesitan más agentes porque desde los años noventa se ha reducido el número de efectivos de 122.000 a unos 91.000.

Detrás de los linchamientos suele estar la desconfianza de la población en la efectividad del sistema judicial. La idea de benevolencia estatal con los delincuentes, unida al habitual deseo de venganza de las víctimas, conduce al linchamiento. La popular frase de "los delincuentes entran por una puerta en el juzgado y salen por otra" es una excusa típica de justicieros. Y, aunque existan múltiples factores que determinan el aumento o la disminución de las tasas de criminalidad, las víctimas suelen centrarse en el endurecimiento de las penas.

Inocentes ajusticiados

Lo peor de este método de impartir justicia es que muchas veces los linchados son inocentes. En el barrio peruano de Villa María del Triunfo casi queman vivos en diciembre a dos hermanos policías y a sus primos, creyendo que eran ladrones. La historia parece sacada de una pesadilla. Al parecer a uno de los policías le habían robado el coche días atrás y pidió ayuda a sus familiares para rastrear el barrio.

Algunos vecinos consideraron que su comportamiento era sospechoso y dieron la voz de alarma. Ellos explicaron que eran policías buscando a ladrones de coches, pero nadie les creyó. Enseñaron las placas, pero alguien gritó que eran falsas, y el hecho de que fueran armados les convertía en delincuentes peligrosos.

Los vecinos les ataron a los cinco, después les flagelaron y cuando estaban intercambiando opiniones los partidarios de su incineración y el sector anti pena de muerte, fueron rescatados por compañeros del cuerpo.

Pero el caso más escandaloso de la temporada de policías ajusticiados por la masa se produjo en México. En noviembre tres policías estaban fotografiando un colegio en San Juan de Ixtayopan (Tháhuac) por un asunto policial, cuando fueron atacados por dos centenares de vecinos que creían que se estaban enfrentando a unos secuestradores de niñas. Dos de ellos fallecieron a consecuencia de los golpes y el tercero sufrió graves lesiones. Días después detuvieron a 29 personas acusadas del crimen.

Auge internacional de linchamientos

Aunque parece que Perú se está convirtiendo en el paraíso de los justicieros, sólo en noviembre se han registrado numerosos sucesos similares en otros países.

En Málaga (España) una veintena de vecinos lincharon a Francisco G.E., un toxicómano de 30 años que al parecer intentó atracar a una mujer con un cuchillo de cocina e hirió a un hombre que intentó defenderla. Francisco estaba casi desnudo y drogado. Los vecinos le apalearon y le quitaron la poca ropa que llevaba. La policía se lo llevó al hospital donde falleció con posterioridad.

La policía venezolana es la que ha resultado más diligente con los linchamientos de la temporada y consiguió rescatar con vida a Dionisio José Rivera, alias Mal de Rabia. Éste intentó atracar a un viandante en Urdaneta, a punta de pistola, y un grupo de vecinos le dieron una paliza y le dispararon en una pierna.

En Argentina, el tribunal de San Isidro ordenó investigar la existencia de escuadrones de la muerte que eliminan a delincuentes juveniles reincidentes. Se cree que estos grupos justicieros estarían formados por policías, ex policías y civiles, que, en algunos casos ofrecerían servicios de seguridad privada. Los padres de jóvenes delincuentes intentan ingresar a sus hijos en algún centro porque reciben amenazas de muerte.

Fuente: www.adeguello.net / revista bimensual de crítica de crímenes / número 7- enero 2005