Editorial (1 nov 11)
Las denuncias se iniciaron hace más de un año, cuando fue creada una “comisión de seguridad” por la comuna de Panajachel, cuya legalidad desde el principio era discutible, pero que ahora se ha convertido en un grupo criminal al estilo del Ku Klux Klan, que por algunas décadas asoló el sur de Estados Unidos y se especializó en ataques, linchamientos y crímenes de toda clase en contra de la población negra.
La captura de dos de los señalados por los vecinos de ser culpables de los crímenes, efectuada ayer, abre la esperanza de que terminen estas detenciones ilegales, lesiones graves y leves, y sea esclarecido el caso de la desaparición y asesinato posterior de un vecino, así como las amenazas proferidas contra la columnista Lucía Escobar, cuyos trabajos se publican en el diario elPeriódico.
El caso es grave porque a la participación de una gavilla de asesinos se unen otros factores que lo complican aún más. Entre estos se puede señalar que en esos grupos actúan fanáticos fundamentalistas evangélicos para quienes beber licor es un pecado que debe castigarse con un alevoso asesinato.
Otro factor se refiere no solo a que la columnista Escobar ha sido amenazada, sino víctima de una transmisión en su contra en el noticiero de cable de Panajachel, propiedad del alcalde, que a su vez es uno de los acusados de sembrar el terror entre la población. Esto lo convierte en un caso único, en el que la libre emisión del pensamiento es conculcada por un funcionario que a la vez tiene relación de propiedad con un medio informativo.
El tercer factor es el efecto en el turismo. Panajachel ya está suficientemente afectado por la falta casi total de visitantes extranjeros, a causa de la imposibilidad de llegar, debido a la carretera destruida por las lluvias. El hecho de ocurrir en un sitio turístico de tanta importancia hace que la acción de los asesinos se conozca en el mundo y, por ello, se alargue el proceso de recuperación de las visitas al Lago de Atitlán.
Como consecuencia de la lentitud de respuesta de las autoridades, en algunos municipios del altiplano han empezado a surgir otros grupos similares, con el argumento de que la seguridad local es escuálida y es necesario que retornen las “buenas costumbres”, sin que —claro está— nadie se tome la molestia de definir qué significa eso. De nuevo, el Sistema Judicial de Guatemala se colocará en el banquillo de los acusados si no son castigados los criminales, quienes, al usar pasamontañas, comprueban que todo aquel que se tapa la cara para actuar o denunciar en realidad se coloca inconsciente o conscientemente entre los malhechores.
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