Así se presentó en un medio boliviano la noticia que se menciona abajo (en nota de El País). CM.
El Diario.- Comunario habría sido torturado y linchado.
Los actos de barbarie se multiplican en el área rural. Pobladores indígenas habrían aplicado de nuevo la llamada “justicia comunitaria”, torturando y linchando a un supuesto asesino y violador en Potosí, departamento en el que recientemente cuatro policías corrieron la misma suerte.
Según reportes, el hecho se registraría en la comunidad de Juruma, municipio de Betanzos, a unos 300 kilómetros de Uncía, donde los indígenas habrían acabado con la vida de Santiago Flores, de 51 años, tras acusarlo de dos asesinatos, dos violaciones y robos.
Los parlamentarios oficialistas insisten en que los linchamientos no son “justicia indígena”, mientras que las etnias que lo aplican erróneamente sostienen que son parte de sus usos y costumbres para castigar a delincuentes.
La fuente fue la agencia de noticias internacional EFE:
Indígenas vuelven a aplicar su “justicia”
EFE.- Una comunidad indígena boliviana aplicó de nuevo la llamada “justicia originaria” y torturó y linchó a un supuesto asesino y violador en el departamento andino de Potosí, donde hace dos semanas cuatro policías tuvieron el mismo fin, informa hoy la prensa local.
El nuevo crimen se cometió el martes en la comunidad de Juruma, municipio de Betanzos, a 621 kilómetros al sur de La Paz, donde los indígenas lincharon a Santiago Flores, de 51 años, tras acusarlo de dos asesinatos, dos violaciones y robos, según el diario La Prensa.
El crimen se produjo a unos 300 kilómetros de la aldea de Uncía, también en Potosí, donde los cuatro policías fueron torturados y asesinados.
El jefe de la Policía de ese departamento, coronel Orlando Ávila, dijo que los indígenas sacaron a Flores de su domicilio, lo azotaron y apalearon frente a una escuela y después lo enterraron en el cementerio de Juruma.
Según la fiscalía potosina, Flores fue acusado por los indígenas de matar a dos personas y violar a dos mujeres en 2009 y 2010. Los policías no pudieron recuperar el cadáver porque se lo impidieron unas 400 personas que se encontraban en el lugar.
En el caso de Uncía, los familiares de los policías fueron presionados a firmar documentos ante los asesinos con el compromiso de no presentar demandas penales, a cambio de recuperar los cadáveres.
No obstante, esta semana las familias decidieron iniciar las demandas contra los “ayllus” (clanes indígenas) y estudian enjuiciar también al ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, y a varios jefes policiales, por incumplimiento de deberes y omisión de socorro.
Los tres primeros linchamientos ocurrieron entre 23 y el 25 de mayo y el cuarto el 1 o el 2 de junio, cuando el Gobierno ya daba por muertos a todos y negociaba con los asesinos la entrega de los cuerpos.
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