Según los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) en 2011 hubo 49 muertes por linchamiento en toda la República de Guatemala. Ello ocurrió en 10 departamentos de un total de 22 (en 32 municipios de un total de 333). El total de homicidios por otras causas violentas (arma de fuego, p.e.) fue de 5,681 durante todo el año.
AQUI las tablas que me envió la PNC con el detalle de los municipios y las muertes por linchamientos en cada uno.
26 January 2012
25 January 2012
Comunidades sin Autoridad
por Christian Skinner-Klee
elPeriódico (25 ene 2012)
La Constitución reconoce y protege las tradiciones y cultura indígenas, permitiendo que sean las mismas comunidades quienes juzguen de acuerdo a sus costumbres a delincuentes. Sin embargo, en algunos lugares de Guatemala, se abusa de esta disposición ya que la gente ha decidido tomar la justicia por sus propias manos, actuando fuera del marco legal establecido y retrocediendo a un estado de naturaleza, haciendo caso omiso al contrato social tal y como lo propone Locke. Desde torturas hasta linchamientos son algunos de los ejemplos que se escuchan en las noticias casi semanalmente.
El siguiente paso, al no frenar estos actos desde un principio, ha desencadenado que en algunos departamentos, como Quiché y San Marcos, los policías, fiscales e incluso soldados sean retenidos para ser canjeados. Más impresionante aún es la decisión de los elementos de seguridad de abandonar estos lugares, como ocurrió en Quiché, donde los fiscales del MP firmaron un acta donde se comprometieron a abandonar la persecución penal de varios sindicados de delitos y en San Marcos donde la Policía Nacional Civil (PNC) ha decidido dejar varios municipios.
Para entender solo algunas de las ilegalidades cometidas por este tipo de accesiones, la Ley de la PNC desarrolla el concepto de seguridad pública “el que junto al de libertad de los habitantes, forma parte de los fines y deberes que justifican la propia existencia del Estado, conforme los Artículos 1o. y 2o. de la Constitución (…)”. Estos artículos establecen que el Estado se organiza para proteger a la persona y garantizar a sus habitantes la seguridad, paz, justicia y vida. ¿Atenta entonces este abandono contra lo establecido en la Constitución? Sin duda alguna sí lo hace.
Si bien la justificación del Estado para actuar de dicha manera es evitar que más agentes sean retenidos, este tipo de manifestaciones requieren de un control inmediato (si no es que no se han salido de control). Dentro de los planes de solución es una negociación con aquellas personas que realizan estos secuestros lo cual, a mi parecer, es sumamente inadecuada. En este caso valdría más la pena referirse al refrán que menciona que “tranquilidad viene de tranca”. No estoy proponiendo que se despliegue al Ejército de forma descabellada, sino que se haga valer la Constitución por los medios idóneos para no retardar más el proceso de justicia esencial en el contrato social del que todos formamos parte.
elPeriódico (25 ene 2012)
La Constitución reconoce y protege las tradiciones y cultura indígenas, permitiendo que sean las mismas comunidades quienes juzguen de acuerdo a sus costumbres a delincuentes. Sin embargo, en algunos lugares de Guatemala, se abusa de esta disposición ya que la gente ha decidido tomar la justicia por sus propias manos, actuando fuera del marco legal establecido y retrocediendo a un estado de naturaleza, haciendo caso omiso al contrato social tal y como lo propone Locke. Desde torturas hasta linchamientos son algunos de los ejemplos que se escuchan en las noticias casi semanalmente.
El siguiente paso, al no frenar estos actos desde un principio, ha desencadenado que en algunos departamentos, como Quiché y San Marcos, los policías, fiscales e incluso soldados sean retenidos para ser canjeados. Más impresionante aún es la decisión de los elementos de seguridad de abandonar estos lugares, como ocurrió en Quiché, donde los fiscales del MP firmaron un acta donde se comprometieron a abandonar la persecución penal de varios sindicados de delitos y en San Marcos donde la Policía Nacional Civil (PNC) ha decidido dejar varios municipios.
Para entender solo algunas de las ilegalidades cometidas por este tipo de accesiones, la Ley de la PNC desarrolla el concepto de seguridad pública “el que junto al de libertad de los habitantes, forma parte de los fines y deberes que justifican la propia existencia del Estado, conforme los Artículos 1o. y 2o. de la Constitución (…)”. Estos artículos establecen que el Estado se organiza para proteger a la persona y garantizar a sus habitantes la seguridad, paz, justicia y vida. ¿Atenta entonces este abandono contra lo establecido en la Constitución? Sin duda alguna sí lo hace.
Si bien la justificación del Estado para actuar de dicha manera es evitar que más agentes sean retenidos, este tipo de manifestaciones requieren de un control inmediato (si no es que no se han salido de control). Dentro de los planes de solución es una negociación con aquellas personas que realizan estos secuestros lo cual, a mi parecer, es sumamente inadecuada. En este caso valdría más la pena referirse al refrán que menciona que “tranquilidad viene de tranca”. No estoy proponiendo que se despliegue al Ejército de forma descabellada, sino que se haga valer la Constitución por los medios idóneos para no retardar más el proceso de justicia esencial en el contrato social del que todos formamos parte.
18 January 2012
Azotes como "castigo maya"
Azotan a pastor evangélico por agredir a su cuñada en Quiché
Un pastor evangélico recibió nueve azotes de manera pública como parte de un castigo maya por haber golpeado a su cuñada en la comunidad Xatinap Primer Centro, Santa Cruz del Quiché.
Leer más en PrensaLibre.com
Un pastor evangélico recibió nueve azotes de manera pública como parte de un castigo maya por haber golpeado a su cuñada en la comunidad Xatinap Primer Centro, Santa Cruz del Quiché.
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Definición del Diccionario de la Lengua Española
Linchar.
(De Ch. Lynch, juez de Virginia en el siglo XVIII).
1. tr. Ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo.
Real Academia Española, XXII edición.
(De Ch. Lynch, juez de Virginia en el siglo XVIII).
1. tr. Ejecutar sin proceso y tumultuariamente a un sospechoso o a un reo.
Real Academia Española, XXII edición.
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