Por Alberto Ramírez Espada
Prensa Libre (14 abr 08)
Cincuenta soldados y 49 policías cuidan San Juan Alotenango, Sacatepéquez, que luego de los disturbios del miércoles último se mantiene en calma; no obstante, la población señala que la causa persiste.
José Corado, uno de los oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) a cargo de las fuerzas combinadas enviadas a ese lugar, señaló que la calma es aparente y, para no provocar a los pobladores, los patrullajes se efectúan únicamente en el casco urbano.
El jefe policial destacó que los 99 integrantes de las fuerzas combinadas, entre militares y policías, tendrán presencia en San Juan Alotenango por tiempo indefinido.
El contingente también cuenta con 11 vehículos de doble tracción y varios microbuses para patrullar.
Juan Bayxac, de la estación local de Bomberos Voluntarios, dijo que la situación en el poblado ha sido de tranquilidad, luego de los disturbios, sin que se reporten brotes de violencia.
Pueblo tranquilo
Ayer, el día de mercado parecía como otro igual, y se observaba a centenares de personas de compras en la única calle formal, la cual es compartida por ventas ambulantes y buses extraurbanos.
La novedad pareció darla el vendedor de una publicación, sin firma responsable, de seis páginas, denominada Punto X. Aquél gritaba que el causante de los problemas en esa localidad había salido libre, y esto llamó la atención de algunos vecinos que compraron el pasquín, pero la nota no hacía referencia al sindicado.
El origen
Los vecinos comentaron que, desde hace algunos meses, pandilleros empezaron a operar en esa población, con extorsiones y asaltos a conductores de mototaxis.
Después, los delincuentes extorsionaban tiendas, situación que obligó a los pobladores a organizarse en patrullas nocturnas.
Julián Vásquez, de unos 50 años, habitante del lugar, comentó que la población había perdido la confianza en la Policía y en las autoridades edilicias, y esa fue una de las causas de los disturbios.
Disturbios
La noche del 9 de este mes, San Juan Alotenango vivió horas de violencia.
• Empezó con la captura de un supuesto extorsionista.
• Los vecinos pedían que se les entregase, para lincharlo.
• Al no lograrlo, destrozaron la subestación de la PNC y parte de la municipalidad.
• Hubo dos muertos en tiroteos.
• Además, siete heridos y cinco capturados
• Vecinos rechazan presencia de la PNC
14 April 2008
11 April 2008
Las lecciones de Alotenango
Editorial de Prensa Libre (11 abr 08)
Los violentos incidentes ocurridos la noche del miércoles en San Juan Alotenango, Sacatepéquez, constituyen la más reciente prueba de la ingobernabilidad que campea en buena parte del país, como consecuencia de la poca o nula confianza del funcionamiento de las instituciones estatales, sobre todo, el sistema legal. Dos personas muertas y una treintena de heridos, entre ellos agentes policiales, fueron la consecuencia de la acción de vecinos que exigían la entrega de un supuesto robaniños que había sido capturado.
Los actos violentos del miércoles deben ser considerados el efecto, y no la causa, de numerosos problemas del país. Uno de ellos, el temor de que los niños y bebés de esa población sean víctimas de secuestro o de robo. Es inimaginable el dolor de los padres cuando uno de sus hijos es robado. Con denuncias de esos casos están llenos los archivos policiales, sin que el número de casos resueltos llegue a un porcentaje aceptable.
Otra causa es la duda en el funcionamiento del sistema judicial guatemalteco. Es lento, complicado, ineficiente, con poco presupuesto y escaso personal, sujeto a otorgarles privilegios a quienes los obtienen de manera fraudulenta. La población exige justicia inmediata, y este error es muy difícil de hacerlo desaparecer, porque son demasiados los casos en que el resultado del funcionamiento de la justicia ha sido vergonzoso.
Por las causas anteriormente señaladas, es necesario poner en el contexto las reacciones de los habitantes de Alotenango, población cuya importancia radica, sobre todo, en el hecho de encontrarse cercana del polo turístico más importante, la ciudad de Antigua Guatemala, que se encuentra unida con la costa sur del país por medio de una carretera que pasa por esa población, y que tiene gran belleza por pasar en medio de los volcanes De Agua y Acatenango.
La actuación de las autoridades de Policía necesita ser analizada cuidadosamente. Se ha informado de la participación de delincuentes infiltrados entre los ciudadanos que exigían la entrega del presunto delincuente. Pero es un hecho que al menos una de las víctimas mortales no parece haber tenido problemas anteriores con la ley, y se ignora por qué razones estaba presente en el lugar de los hechos. Ahora son las autoridades las que deben explicar los detalles de lo ocurrido y por qué se vieron en la necesidad de utilizar los gases lacrimógenos.
Ocurrió en Alotenango, pero pudo haber pasado en muchos otros municipios del país. La gente, en pocas palabras, está desesperada por la acción de los delincuentes y la impunidad con la que pueden actuar. Da la impresión de que, en todo el país, los ciudadanos están convencidos de que es imposible confiar en el sistema legal, y por ello la única manera de lograr castigos para los criminales es tomarla con la propia mano.
En varias ocasiones hemos señalado en este espacio la necesidad de que se aceleren los procesos judiciales, sobre todo, en las comunidades situadas en la provincia, y al mismo tiempo se realicen campañas para concienciar a la gente acerca de los efectos negativos de los linchamientos.
Los violentos incidentes ocurridos la noche del miércoles en San Juan Alotenango, Sacatepéquez, constituyen la más reciente prueba de la ingobernabilidad que campea en buena parte del país, como consecuencia de la poca o nula confianza del funcionamiento de las instituciones estatales, sobre todo, el sistema legal. Dos personas muertas y una treintena de heridos, entre ellos agentes policiales, fueron la consecuencia de la acción de vecinos que exigían la entrega de un supuesto robaniños que había sido capturado.
Los actos violentos del miércoles deben ser considerados el efecto, y no la causa, de numerosos problemas del país. Uno de ellos, el temor de que los niños y bebés de esa población sean víctimas de secuestro o de robo. Es inimaginable el dolor de los padres cuando uno de sus hijos es robado. Con denuncias de esos casos están llenos los archivos policiales, sin que el número de casos resueltos llegue a un porcentaje aceptable.
Otra causa es la duda en el funcionamiento del sistema judicial guatemalteco. Es lento, complicado, ineficiente, con poco presupuesto y escaso personal, sujeto a otorgarles privilegios a quienes los obtienen de manera fraudulenta. La población exige justicia inmediata, y este error es muy difícil de hacerlo desaparecer, porque son demasiados los casos en que el resultado del funcionamiento de la justicia ha sido vergonzoso.
Por las causas anteriormente señaladas, es necesario poner en el contexto las reacciones de los habitantes de Alotenango, población cuya importancia radica, sobre todo, en el hecho de encontrarse cercana del polo turístico más importante, la ciudad de Antigua Guatemala, que se encuentra unida con la costa sur del país por medio de una carretera que pasa por esa población, y que tiene gran belleza por pasar en medio de los volcanes De Agua y Acatenango.
La actuación de las autoridades de Policía necesita ser analizada cuidadosamente. Se ha informado de la participación de delincuentes infiltrados entre los ciudadanos que exigían la entrega del presunto delincuente. Pero es un hecho que al menos una de las víctimas mortales no parece haber tenido problemas anteriores con la ley, y se ignora por qué razones estaba presente en el lugar de los hechos. Ahora son las autoridades las que deben explicar los detalles de lo ocurrido y por qué se vieron en la necesidad de utilizar los gases lacrimógenos.
Ocurrió en Alotenango, pero pudo haber pasado en muchos otros municipios del país. La gente, en pocas palabras, está desesperada por la acción de los delincuentes y la impunidad con la que pueden actuar. Da la impresión de que, en todo el país, los ciudadanos están convencidos de que es imposible confiar en el sistema legal, y por ello la única manera de lograr castigos para los criminales es tomarla con la propia mano.
En varias ocasiones hemos señalado en este espacio la necesidad de que se aceleren los procesos judiciales, sobre todo, en las comunidades situadas en la provincia, y al mismo tiempo se realicen campañas para concienciar a la gente acerca de los efectos negativos de los linchamientos.
10 April 2008
Turba quema municipalidad
Por C. Paredes, C. Fuentes, W. Sactic y T. López
Prensa Libre (10 abr 08)
San Juan Alotenango, Sacatepéquez. Un enfrentamiento entre pobladores de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, y agentes de las fuerzas de seguridad dejó dos personas muertas, además de la destrucción del edificio municipal y la subestación de la Policía del lugar.
A las 17.30 horas, vecinos con palos y armas de fuego capturaron a un grupo de presuntos mareros, liderados por Siriaco Palam, quien es acusado de robaniños, y los entregaron a la Policía Nacional Civil.
Otras versiones apuntan a que los pobladores querían linchar a los delincuentes, y los agentes lo impidieron.
La turba que se concentró frente a la sede policial creyó que los dejarían libertad, lo cual dio origen a los disturbios. Para defenderse, los agentes comenzaron a disparar bombas lacrimógenas.
Porfirio Rancho, de 25 años, resultó herido de bala, y luego murió, al igual que otro vecino del municipio.
A las 18 horas, un contingente de las fuerzas de seguridad llegó al sitio para apoyar a los agentes y, con gases lacrimógenos, se enfrentó a los pobladores, lo que dejó como saldo decenas de afectados por los gases, ocho heridos con arma de fuego, entre ellos, el jefe de la comisaría de Sumpango, Aníbal Hernández, y un reportero de televisión.
Pasadas las 21 horas, la turba quemó el edificio municipal y la subestación de la Policía.
Prensa Libre (10 abr 08)
San Juan Alotenango, Sacatepéquez. Un enfrentamiento entre pobladores de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, y agentes de las fuerzas de seguridad dejó dos personas muertas, además de la destrucción del edificio municipal y la subestación de la Policía del lugar.
A las 17.30 horas, vecinos con palos y armas de fuego capturaron a un grupo de presuntos mareros, liderados por Siriaco Palam, quien es acusado de robaniños, y los entregaron a la Policía Nacional Civil.
Otras versiones apuntan a que los pobladores querían linchar a los delincuentes, y los agentes lo impidieron.
La turba que se concentró frente a la sede policial creyó que los dejarían libertad, lo cual dio origen a los disturbios. Para defenderse, los agentes comenzaron a disparar bombas lacrimógenas.
Porfirio Rancho, de 25 años, resultó herido de bala, y luego murió, al igual que otro vecino del municipio.
A las 18 horas, un contingente de las fuerzas de seguridad llegó al sitio para apoyar a los agentes y, con gases lacrimógenos, se enfrentó a los pobladores, lo que dejó como saldo decenas de afectados por los gases, ocho heridos con arma de fuego, entre ellos, el jefe de la comisaría de Sumpango, Aníbal Hernández, y un reportero de televisión.
Pasadas las 21 horas, la turba quemó el edificio municipal y la subestación de la Policía.
Vapulean a asaltante
Por A. Ixcot y M. Toc
Prensa Libre (10 abr 08)
TOTONICAPÁN, Guatemala. Pobladores de esta ciudad capturaron y vapulearon ayer a Heizler Batz Alvarado, de 18 años, a quien señalan de integrar una banda de asaltantes que opera en la región.
Batz, luego de ser golpeado, fue entregado a la Policía Nacional Civil, junto con una pistola y mercadería que robara en un local.
La captura se registró después que el supuesto delincuente había robado en una venta de computadoras, ubicada en la 12 avenida entre 3a. y 4a. calles de la zona 2, de donde se llevó dinero en efectivo y artículos eléctricos.
Al momento que intentó huir, la propietaria del negocio pidió auxilio y, con un silbato, alertó a los vecinos, quienes lo rodearon y vapulearon.
“Fue atrapado, amarrado y llevado al parque central donde fue exhibido para que los vecinos lo identificaran. Al parecer se trata de la misma persona que ha cometido otros hechos delictivos en la ciudad”, comentó Karin Linares, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Totonicapán.
Andrés García, presidente de la directiva de los 48 cantones de la alcaldía indígena, lamentó el incremento en el índice delictivo, y refirió que este hecho sienta un precedente para que no se cometan más actos ilícitos.
Ante la alcaldía indígena, el detenido reconoció integrar una banda de asaltantes, e identificó a tres de sus cómplices, que supuestamente viven en Quetzaltenango.
Prensa Libre (10 abr 08)
TOTONICAPÁN, Guatemala. Pobladores de esta ciudad capturaron y vapulearon ayer a Heizler Batz Alvarado, de 18 años, a quien señalan de integrar una banda de asaltantes que opera en la región.
Batz, luego de ser golpeado, fue entregado a la Policía Nacional Civil, junto con una pistola y mercadería que robara en un local.
La captura se registró después que el supuesto delincuente había robado en una venta de computadoras, ubicada en la 12 avenida entre 3a. y 4a. calles de la zona 2, de donde se llevó dinero en efectivo y artículos eléctricos.
Al momento que intentó huir, la propietaria del negocio pidió auxilio y, con un silbato, alertó a los vecinos, quienes lo rodearon y vapulearon.
“Fue atrapado, amarrado y llevado al parque central donde fue exhibido para que los vecinos lo identificaran. Al parecer se trata de la misma persona que ha cometido otros hechos delictivos en la ciudad”, comentó Karin Linares, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Totonicapán.
Andrés García, presidente de la directiva de los 48 cantones de la alcaldía indígena, lamentó el incremento en el índice delictivo, y refirió que este hecho sienta un precedente para que no se cometan más actos ilícitos.
Ante la alcaldía indígena, el detenido reconoció integrar una banda de asaltantes, e identificó a tres de sus cómplices, que supuestamente viven en Quetzaltenango.
07 April 2008
Ecuador: Linchan a dos presuntos delincuentes colombianos
Prensa Asociada (7 abr 08)
QUITO (AP) - Dos presuntos delincuentes colombianos acusados de asesinato y robo fueron linchados e incinerados el lunes en la población de San Vicente, en la costa central de Ecuador.
En declaraciones a la radiodifusora Colón, la policía confirmó que en ese poblado costero, ubicado a unos 240 kilómetros al sureste de Quito, dos delincuentes colombianos asaltaron y mataron a tiros al empresario Ramón Zambrano, a quien le arrebataron una fuerte suma de dinero.
De inmediato los enardecidos pobladores de San Vicente iniciaron la búsqueda de los presuntos asaltantes, los hallaron y los lincharon en la calle, rociándolos con gasolina y prendiéndoles fuego.
La policía nada pudo hacer para contener a la población, que además amenazó a los periodistas que buscaban grabar las imágenes.
La AP intentó comunicarse al destacamento de policia de San Vicente para solicitar comentarios sobre lo sucedido, pero nadie respondió el teléfono.
Uno de los fallecidos fue identificado como el colombiano Héctor Fabián Hernández Quimbaña, de 28 años, pero no fue posible identificar a su compañero debido a que los documentos ardieron junto al cuerpo.
Los restos de los presuntos delincuentes quedaron en la calle.
Con relativa frecuencia los pobladores de zonas campesinas hacen justicia por propia mano debido a la lentitud de los tribunales del país, que tardan años en resolver los casos más simples.
QUITO (AP) - Dos presuntos delincuentes colombianos acusados de asesinato y robo fueron linchados e incinerados el lunes en la población de San Vicente, en la costa central de Ecuador.
En declaraciones a la radiodifusora Colón, la policía confirmó que en ese poblado costero, ubicado a unos 240 kilómetros al sureste de Quito, dos delincuentes colombianos asaltaron y mataron a tiros al empresario Ramón Zambrano, a quien le arrebataron una fuerte suma de dinero.
De inmediato los enardecidos pobladores de San Vicente iniciaron la búsqueda de los presuntos asaltantes, los hallaron y los lincharon en la calle, rociándolos con gasolina y prendiéndoles fuego.
La policía nada pudo hacer para contener a la población, que además amenazó a los periodistas que buscaban grabar las imágenes.
La AP intentó comunicarse al destacamento de policia de San Vicente para solicitar comentarios sobre lo sucedido, pero nadie respondió el teléfono.
Uno de los fallecidos fue identificado como el colombiano Héctor Fabián Hernández Quimbaña, de 28 años, pero no fue posible identificar a su compañero debido a que los documentos ardieron junto al cuerpo.
Los restos de los presuntos delincuentes quedaron en la calle.
Con relativa frecuencia los pobladores de zonas campesinas hacen justicia por propia mano debido a la lentitud de los tribunales del país, que tardan años en resolver los casos más simples.
20 March 2008
Hubo intento de linchamiento en Chiquimula
Por Carlos A. Mendoza
Según reporta Emisoras Unidas (20 mar 08), unas 200 personas estuvieron a punto de linchar a dos sujetos capturados in fraganti cuando le disparaban a una persona. Finalmente, los capturados fueron entregados a la Policía Nacional Civil.
Por cierto, el reportero decía orgulloso que en Chiquimula aún no son comunes los linchamientos.
¿Auto-censura de los medios escritos?
En las últimas semanas he escuchado continuamente las noticias transmitidas por la radio. Al menos se han reportado unos tres linchamientos en el interior de la República, pero al revisar los medios escritos esos hechos NO aparecen.[1] ¿Por qué?
Puede ser que los medios escritos no tienen la misma red de reporteros-corresponsales que perecen tener las radioemisoras grandes.
Sin embargo, me temo que también podría ser un ejercicio de auto-censura de los periódicos. Esto por dos razones. Uno, se cree que la cobertura de linchamientos en los medios es una causa del comportamiento epidémico que los mismos muestran. Es decir, facilita su imitación, difusión. Dos, los medios estaría evitando aumentar la percepción de inseguridad para no disuadir a los potenciales turistas en Semana Santa.
Al respecto, es posible que el artículo publicado en El Salvador el pasado fin de semana haya tenido el efecto de alejar turistas. Una familia amiga me dijo que después de leer eso era mejor no visitar Guatemala. Otro amigo salvadoreño me confirmaba que muchos visitarían Honduras o Nicaragua.
[1] Yo reviso los períodicos que tienen página de Internet. A lo mejor los hechos de violencia colectiva ya no son noticia para ellos. Puede ser que sí se registren en los períodicos populares, que casi sólo cubren la "nota roja".
Según reporta Emisoras Unidas (20 mar 08), unas 200 personas estuvieron a punto de linchar a dos sujetos capturados in fraganti cuando le disparaban a una persona. Finalmente, los capturados fueron entregados a la Policía Nacional Civil.
Por cierto, el reportero decía orgulloso que en Chiquimula aún no son comunes los linchamientos.
¿Auto-censura de los medios escritos?
En las últimas semanas he escuchado continuamente las noticias transmitidas por la radio. Al menos se han reportado unos tres linchamientos en el interior de la República, pero al revisar los medios escritos esos hechos NO aparecen.[1] ¿Por qué?
Puede ser que los medios escritos no tienen la misma red de reporteros-corresponsales que perecen tener las radioemisoras grandes.
Sin embargo, me temo que también podría ser un ejercicio de auto-censura de los periódicos. Esto por dos razones. Uno, se cree que la cobertura de linchamientos en los medios es una causa del comportamiento epidémico que los mismos muestran. Es decir, facilita su imitación, difusión. Dos, los medios estaría evitando aumentar la percepción de inseguridad para no disuadir a los potenciales turistas en Semana Santa.
Al respecto, es posible que el artículo publicado en El Salvador el pasado fin de semana haya tenido el efecto de alejar turistas. Una familia amiga me dijo que después de leer eso era mejor no visitar Guatemala. Otro amigo salvadoreño me confirmaba que muchos visitarían Honduras o Nicaragua.
[1] Yo reviso los períodicos que tienen página de Internet. A lo mejor los hechos de violencia colectiva ya no son noticia para ellos. Puede ser que sí se registren en los períodicos populares, que casi sólo cubren la "nota roja".
17 March 2008
El secreto de Cerro Alto
Por César Castro Fagoaga
La Prensa Gráfica, El Salvador (16 mar 08)
Lo llaman “rondear”. Cada noche de cada día de la semana, cientos de personas armadas con palos y machetes patrullan en grupos las calles de San Juan Sacatepéquez. Temen represalias de los pandilleros. No es, ni de lejos, el único municipio donde se “rondea” en Guatemala. Se hace por la convicción de que el Estado no los protege ni les brinda justicia que quieren, y están dispuestos a todo —a todo— para que se haga respetar su particular visión del orden, que incluye toques de queda y linchamientos públicos. “Nosotros sabemos cómo solucionar nuestros problemas”, justifica uno de ellos.
Leer artículo completo en la Revista Enfoques:
http://www.laprensagrafica.com/enfoques/1011733.asp
La Prensa Gráfica, El Salvador (16 mar 08)
Lo llaman “rondear”. Cada noche de cada día de la semana, cientos de personas armadas con palos y machetes patrullan en grupos las calles de San Juan Sacatepéquez. Temen represalias de los pandilleros. No es, ni de lejos, el único municipio donde se “rondea” en Guatemala. Se hace por la convicción de que el Estado no los protege ni les brinda justicia que quieren, y están dispuestos a todo —a todo— para que se haga respetar su particular visión del orden, que incluye toques de queda y linchamientos públicos. “Nosotros sabemos cómo solucionar nuestros problemas”, justifica uno de ellos.
Leer artículo completo en la Revista Enfoques:
http://www.laprensagrafica.com/enfoques/1011733.asp
11 March 2008
Turba vapulea a tres mujeres y un hombre
Por Julio F. Lara
Prensa Libre (11 mar 08)
Un grupo de campesinos vapuleó ayer, a las 0:15 horas, a tres menores y una mujer de 19 años, en el kilómetro 21.5 de la carretera a San Juan Sacatepéquez.
Las víctimas son Silvestre Sequén Tactic, de 16, y Alfredo Sequén Tactic, de 17, quienes además de sufrir golpes también fueron baleados.
Otras dos mujeres, María Estela Sequén Tacatic, de 12, y María Quim Bo, de 19, también fueron vapuleadas.
Los enardecidos vecinos los acusan de saquear casas y negocios.
Los cuatro fueron trasladados por los Bomberos Municipales al Hospital Roosevelt.
El comisario Mario Folgar, jefe de la Comisaría 16, informó que sólo cuentan con la acusación de los vecinos contra las personas agredidas.
“No tenemos una investigación, por lo que no podemos señalarlos de que son delincuentes. Los agresores decidieron entregarlos a los agentes que llegaron al lugar”, explicó.
Un testigo contó a los socorristas que observó cuando unas 200 personas los señalaron de cometer varias fechorías, y después los fueron a buscar para agredirlos.
Prensa Libre (11 mar 08)
Un grupo de campesinos vapuleó ayer, a las 0:15 horas, a tres menores y una mujer de 19 años, en el kilómetro 21.5 de la carretera a San Juan Sacatepéquez.
Las víctimas son Silvestre Sequén Tactic, de 16, y Alfredo Sequén Tactic, de 17, quienes además de sufrir golpes también fueron baleados.
Otras dos mujeres, María Estela Sequén Tacatic, de 12, y María Quim Bo, de 19, también fueron vapuleadas.
Los enardecidos vecinos los acusan de saquear casas y negocios.
Los cuatro fueron trasladados por los Bomberos Municipales al Hospital Roosevelt.
El comisario Mario Folgar, jefe de la Comisaría 16, informó que sólo cuentan con la acusación de los vecinos contra las personas agredidas.
“No tenemos una investigación, por lo que no podemos señalarlos de que son delincuentes. Los agresores decidieron entregarlos a los agentes que llegaron al lugar”, explicó.
Un testigo contó a los socorristas que observó cuando unas 200 personas los señalaron de cometer varias fechorías, y después los fueron a buscar para agredirlos.
07 March 2008
Informe del GAM: Juntas de Seguridad y Linchamientos
Grupo de Apoyo Mutuo
Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y hechos de violencia ocurridos durante los meses de enero y febrero del año 2008
Juntas de Seguridad Comunitaria
Desde meses anteriores, el control de la seguridad en San Juan Sacatepéquez se ha tornado en un tema delicado, ya que una noticia sobresaliente fue la conformación de 150 Juntas de Seguridad Comunitaria[6] solo en este municipio, como consecuencia de la implementación de la nueva estrategia que GAM ha mencionado en el informe sobre la situación de Derechos Humanos en el mes de enero[7] denominada “Juntas de Seguridad Comunitaria”. No obstante en este municipio han existido antecedentes de linchamientos y muertes violentas como: el caso de los hermanos Edwin Calel, Florentino Calel y el padre José Irineo Calel. El hecho ocurrió cuando Edwin de 17 años, fue capturado ilegalmente por habitantes de esta región acusado de ser pandillero, a quien ejecutaron de viarios disparos en la cabeza corriendo la misma suerte el hermano y padre del menor[8].
Lo preocupante al respecto es que después de la conformación de las juntas de seguridad, sus integrantes aseguran “no estar armados y que los sospechosos solo son rodeados”, pero en una población con este tipo de historial social es difícil establecer estas circunstancias; otros vecinos integrantes de las juntas mencionadas han indicado que sí poseen algún tipo de arma para agredir a los capturados. Sin embargo, el Ministro de Gobernación aún se está evaluado el estado de excepción en esta región[9].
Este tipo de eventualidades se pronosticaban con la conformación de estas juntas, augurados a consecuencia de la ingobernabilidad y exasperación de la población pues el debilitamiento institucional de justicia lleva a la ciudadanía a tomar la justicia por sus propias manos, cuestión que se rechaza pues en estos linchamientos sin lugar a duda se violenta el principio de debido proceso, presunción de inocencia, así como la existencia de violaciones a derechos humanos. Esto revela la debilidad de las estrategias para contrarrestar la violencia.
Linchamientos
Como muestra de lo descrito, durante el mes de febrero se produjeron 6 linchamientos. Sololá fue en este mes el departamento con mayor número de intentos, afortunadamente todos sin ninguna pérdida humana.
Cuadro 5: Linchamientos mes de febrero 2008
Agresión --- zona --- hombres --- mujeres --- niñas --- niños
Intento de ser quemado --- Amatitlán --- 1 --- 0 --- 0 --- 0
Intento de ser quemados --- Sololá --- 4 --- 0 --- 0 --- 0
Vapuleado --- Retalhuleu --- 1 --- 0 --- 0 --- 0
TOTALES --- País --- 6 --- 0 --- 0 --- 0
Fuente: GAM, por monitoreo con medios de comunicación
Notas:
[6] Siglo 21. Publicación del 03 de enero de 2008. Grupos de patrullaje son 150 en San Juan. Pág. 3.
[7] Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y hechos de violencia ocurridos en el mes de enero año 2008. Grupo de apoyo Mutuo. Pág. 9
[8] El Periódico. Publicación 06 de febrero de 2008. Grupo armado, a cargo de cinco ajusticiamientos. Pág. 3.
[9] Nadie puede movilizarse a determinadas horas, las personas pueden ser capturadas en cualquier lugar y hora y pueden tomarse su declaración en cualquier lugar. Siglo 21. Publicación del 03 de enero de 2008. Grupos de patrullaje son 150 en San Juan. Pág. 3
Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y hechos de violencia ocurridos durante los meses de enero y febrero del año 2008
Juntas de Seguridad Comunitaria
Desde meses anteriores, el control de la seguridad en San Juan Sacatepéquez se ha tornado en un tema delicado, ya que una noticia sobresaliente fue la conformación de 150 Juntas de Seguridad Comunitaria[6] solo en este municipio, como consecuencia de la implementación de la nueva estrategia que GAM ha mencionado en el informe sobre la situación de Derechos Humanos en el mes de enero[7] denominada “Juntas de Seguridad Comunitaria”. No obstante en este municipio han existido antecedentes de linchamientos y muertes violentas como: el caso de los hermanos Edwin Calel, Florentino Calel y el padre José Irineo Calel. El hecho ocurrió cuando Edwin de 17 años, fue capturado ilegalmente por habitantes de esta región acusado de ser pandillero, a quien ejecutaron de viarios disparos en la cabeza corriendo la misma suerte el hermano y padre del menor[8].
Lo preocupante al respecto es que después de la conformación de las juntas de seguridad, sus integrantes aseguran “no estar armados y que los sospechosos solo son rodeados”, pero en una población con este tipo de historial social es difícil establecer estas circunstancias; otros vecinos integrantes de las juntas mencionadas han indicado que sí poseen algún tipo de arma para agredir a los capturados. Sin embargo, el Ministro de Gobernación aún se está evaluado el estado de excepción en esta región[9].
Este tipo de eventualidades se pronosticaban con la conformación de estas juntas, augurados a consecuencia de la ingobernabilidad y exasperación de la población pues el debilitamiento institucional de justicia lleva a la ciudadanía a tomar la justicia por sus propias manos, cuestión que se rechaza pues en estos linchamientos sin lugar a duda se violenta el principio de debido proceso, presunción de inocencia, así como la existencia de violaciones a derechos humanos. Esto revela la debilidad de las estrategias para contrarrestar la violencia.
Linchamientos
Como muestra de lo descrito, durante el mes de febrero se produjeron 6 linchamientos. Sololá fue en este mes el departamento con mayor número de intentos, afortunadamente todos sin ninguna pérdida humana.
Cuadro 5: Linchamientos mes de febrero 2008
Agresión --- zona --- hombres --- mujeres --- niñas --- niños
Intento de ser quemado --- Amatitlán --- 1 --- 0 --- 0 --- 0
Intento de ser quemados --- Sololá --- 4 --- 0 --- 0 --- 0
Vapuleado --- Retalhuleu --- 1 --- 0 --- 0 --- 0
TOTALES --- País --- 6 --- 0 --- 0 --- 0
Fuente: GAM, por monitoreo con medios de comunicación
Notas:
[6] Siglo 21. Publicación del 03 de enero de 2008. Grupos de patrullaje son 150 en San Juan. Pág. 3.
[7] Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y hechos de violencia ocurridos en el mes de enero año 2008. Grupo de apoyo Mutuo. Pág. 9
[8] El Periódico. Publicación 06 de febrero de 2008. Grupo armado, a cargo de cinco ajusticiamientos. Pág. 3.
[9] Nadie puede movilizarse a determinadas horas, las personas pueden ser capturadas en cualquier lugar y hora y pueden tomarse su declaración en cualquier lugar. Siglo 21. Publicación del 03 de enero de 2008. Grupos de patrullaje son 150 en San Juan. Pág. 3
04 March 2008
Linchamientos en México
Por Carlos A. Mendoza
Estoy escribiendo un artículo para la Revista El Cotidiano, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco, México). Los artículo que ya se han publicado en la misma me sirven para enfatizar que los linchamientos NO son un fenómeno exclusivo de Guatemala, y por lo tanto no pueden explicarse con características particulares del país.
Estos son los títulos de los artículos y sus autores, pueden obtenerlos en formato PDF por medio de la página de El Cotidiano: AQUI. Seleccione el tema "violencia" y busque el título que desea.
El terror como dispositivo social de incertidumbre (nuevas identidades y linchamientos colectivos). Por Raúl René Villamil Uriarte. El Cotidiano 135.
Radiografía de los linchamientos en México. Por Raúl Rodríguez Guillén y Juan Mora Heredia. El Cotidiano 131.
Los linchamientos en México: entre el Estado de Derecho y los usos y costumbres. Por Raúl Rodríguez Guillén y Juan Mora Heredia. El Cotidiano 129.
Los linchamientos en México: crisis de autoridad y violencia social. Por Raúl Rodríguez Guillén. El Cotidiano 111.
Además de estos ensayos, el siguiente ya se volvió punto de referencia obligado:
Carlos M. Vilas, "(In)justicia por propia mano: los linchamientos en el México contemporáneo", en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 63, No. 1 (Jan. - Mar., 2001), pp. 131-160. Disponible AQUI.
Referencias complementarias:
El artículo de Villamil hace referencia a la noticia publicada en La Jornada, 24 nov. 2004: AQUI.
Estoy escribiendo un artículo para la Revista El Cotidiano, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco, México). Los artículo que ya se han publicado en la misma me sirven para enfatizar que los linchamientos NO son un fenómeno exclusivo de Guatemala, y por lo tanto no pueden explicarse con características particulares del país.
Estos son los títulos de los artículos y sus autores, pueden obtenerlos en formato PDF por medio de la página de El Cotidiano: AQUI. Seleccione el tema "violencia" y busque el título que desea.
El terror como dispositivo social de incertidumbre (nuevas identidades y linchamientos colectivos). Por Raúl René Villamil Uriarte. El Cotidiano 135.
Radiografía de los linchamientos en México. Por Raúl Rodríguez Guillén y Juan Mora Heredia. El Cotidiano 131.
Los linchamientos en México: entre el Estado de Derecho y los usos y costumbres. Por Raúl Rodríguez Guillén y Juan Mora Heredia. El Cotidiano 129.
Los linchamientos en México: crisis de autoridad y violencia social. Por Raúl Rodríguez Guillén. El Cotidiano 111.
Además de estos ensayos, el siguiente ya se volvió punto de referencia obligado:
Carlos M. Vilas, "(In)justicia por propia mano: los linchamientos en el México contemporáneo", en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 63, No. 1 (Jan. - Mar., 2001), pp. 131-160. Disponible AQUI.
Referencias complementarias:
El artículo de Villamil hace referencia a la noticia publicada en La Jornada, 24 nov. 2004: AQUI.
03 March 2008
Víctimas de la Violencia
elEditorial de elPeriódico (3 mar 08)
Todos los días se reportan muertes violentas y lesionados como resultado de los incontrolables hechos de sangre que ocurren en todo el territorio nacional y que mantienen a la población en constante zozobra.
La saña con que se está matando en Guatemala ya ha excedido los límites de nuestra imaginación.
Los cadáveres aparecen acribillados a tiros, descuartizados, descabezados o lacerados brutalmente. También abundan los ajusticiamientos con tiro de gracia, así como los asesinatos de familias enteras presuntamente atribuidos a venganzas y silenciamientos del hampa y de la mafia, así como víctimas inocentes de balaceras y enfrentamientos armados.
Por otro lado, las fuerzas del orden no solo son impotentes ante el desborde delincuencial, sino que muchas veces participan activamente en la comisión de los crímenes, como autores, cómplices o encubridores. Se ha llegado al extremo que la gente le teme a la presencia policial debido a que no es confiable.
No quisiéramos pensar que el diálogo de las pistolas se ha convertido en la forma de dirimir los conflictos en Guatemala, porque esto, inexorablemente, nos llevará a una violencia generalizada superpuesta al régimen de legalidad y que nos condenará a la ley del más fuerte o del sálvese quien pueda.
En nuestra opinión, todas las disputas deben dirimirse en los tribunales de justicia y no en las calles.
Al respecto, debe tenerse presente que cuando se opta, como fórmula única, por hacer justicia por propia mano, la sociedad, irreversiblemente, habrá evolucionado hacia el caos, la anarquía y la total inseguridad personal.
La única vía hacia la paz y la estabilidad efectivas es a través del imperio de la ley. El Estado no debe escatimar ningún esfuerzo en lograr que la ley se observe, se cumpla y, en su caso, se aplique en nuestro país. El Estado debe monopolizar la fuerza e impedir, a toda costa, que esta esté en manos de particulares.
En todo caso, el imperio de la ley solamente se logrará con base en el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia, del apego a los procedimientos legales, así como de la capacidad y firmeza de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la administración de justicia.
Todos los días se reportan muertes violentas y lesionados como resultado de los incontrolables hechos de sangre que ocurren en todo el territorio nacional y que mantienen a la población en constante zozobra.
La saña con que se está matando en Guatemala ya ha excedido los límites de nuestra imaginación.
Los cadáveres aparecen acribillados a tiros, descuartizados, descabezados o lacerados brutalmente. También abundan los ajusticiamientos con tiro de gracia, así como los asesinatos de familias enteras presuntamente atribuidos a venganzas y silenciamientos del hampa y de la mafia, así como víctimas inocentes de balaceras y enfrentamientos armados.
Por otro lado, las fuerzas del orden no solo son impotentes ante el desborde delincuencial, sino que muchas veces participan activamente en la comisión de los crímenes, como autores, cómplices o encubridores. Se ha llegado al extremo que la gente le teme a la presencia policial debido a que no es confiable.
No quisiéramos pensar que el diálogo de las pistolas se ha convertido en la forma de dirimir los conflictos en Guatemala, porque esto, inexorablemente, nos llevará a una violencia generalizada superpuesta al régimen de legalidad y que nos condenará a la ley del más fuerte o del sálvese quien pueda.
En nuestra opinión, todas las disputas deben dirimirse en los tribunales de justicia y no en las calles.
Al respecto, debe tenerse presente que cuando se opta, como fórmula única, por hacer justicia por propia mano, la sociedad, irreversiblemente, habrá evolucionado hacia el caos, la anarquía y la total inseguridad personal.
La única vía hacia la paz y la estabilidad efectivas es a través del imperio de la ley. El Estado no debe escatimar ningún esfuerzo en lograr que la ley se observe, se cumpla y, en su caso, se aplique en nuestro país. El Estado debe monopolizar la fuerza e impedir, a toda costa, que esta esté en manos de particulares.
En todo caso, el imperio de la ley solamente se logrará con base en el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia, del apego a los procedimientos legales, así como de la capacidad y firmeza de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la administración de justicia.
Escuadrón Secreto de Ejecución
Por Arturo Echeverría
Prensa Libre, Noticias de Última Hora (3 mar 08)
Veintiséis personas, acusadas de integrar una banda de secuestradores y extorsionistas, fueron amenazadas por el Escuadrón Secreto de Ejecución (ESE), grupo que se autodenomina defensor del pueblo honrado de Palín, Escuintla.
En un boletín difundido por el ESE aparecen los nombres completos de los sindicados, y las direcciones de sus residencias, las que amenazan con quemar. Este grupo además pide a las 26 personas que abandonen Guatemala lo más pronto posible, de lo contrario serán ejecutadas.
Entre la lista de los sindicados aparecen dos personas de Amatitlán, tres de Villa Nueva, y dos de San Vicente Pacaya.
Este escuadrón pide a la población estar atenta a otros comunicados y que se organice para terminar con la delincuencia que afecta a Palín.
Varias de las personas cuyos nombres aparecen en el boletín han indicado que son honradas y que no son culpables de lo que se les acusa y están dispuestas a someterse a cualquier investigación de las autoridades.
Prensa Libre, Noticias de Última Hora (3 mar 08)
Veintiséis personas, acusadas de integrar una banda de secuestradores y extorsionistas, fueron amenazadas por el Escuadrón Secreto de Ejecución (ESE), grupo que se autodenomina defensor del pueblo honrado de Palín, Escuintla.
En un boletín difundido por el ESE aparecen los nombres completos de los sindicados, y las direcciones de sus residencias, las que amenazan con quemar. Este grupo además pide a las 26 personas que abandonen Guatemala lo más pronto posible, de lo contrario serán ejecutadas.
Entre la lista de los sindicados aparecen dos personas de Amatitlán, tres de Villa Nueva, y dos de San Vicente Pacaya.
Este escuadrón pide a la población estar atenta a otros comunicados y que se organice para terminar con la delincuencia que afecta a Palín.
Varias de las personas cuyos nombres aparecen en el boletín han indicado que son honradas y que no son culpables de lo que se les acusa y están dispuestas a someterse a cualquier investigación de las autoridades.
26 February 2008
Linchamiento en Ecuador
Carlos A. Mendoza
Los linchamientos no ocurren solamente en Guatemala. Como lo muestra este video de YouTube tomado de un noticiero ecuatoriano. El hecho ocurre en una comunidad indígena y se presenta como una forma de castigo tradicional propio de la comunidad.
Los linchamientos no ocurren solamente en Guatemala. Como lo muestra este video de YouTube tomado de un noticiero ecuatoriano. El hecho ocurre en una comunidad indígena y se presenta como una forma de castigo tradicional propio de la comunidad.
Linchamientos en YouTube
Carlos A. Mendoza
Revisando YouTube me he encontrado con algunos materiales interesantes.
En este se explora el caso del Juez Alvaro Hugo Martínez, asesinado por una turba en Senahú, Alta Verapaz (2001). En el video la vocera de MINUGUA resume las causas de los linchamientos, según la Misión: pobreza, conflicto armado, falta de actuación de la Policía y cultura de la violencia. (Duración 7:35 min)
Este video es la continuación del otro. Aquí se dice que el desconocimiento del proceso legal también es una causa de los linchamientos. (Duración 5:22 min)
Revisando YouTube me he encontrado con algunos materiales interesantes.
En este se explora el caso del Juez Alvaro Hugo Martínez, asesinado por una turba en Senahú, Alta Verapaz (2001). En el video la vocera de MINUGUA resume las causas de los linchamientos, según la Misión: pobreza, conflicto armado, falta de actuación de la Policía y cultura de la violencia. (Duración 7:35 min)
Este video es la continuación del otro. Aquí se dice que el desconocimiento del proceso legal también es una causa de los linchamientos. (Duración 5:22 min)
23 February 2008
Autoridad en entredicho
Editorial Siglo XXI (23 feb 08)
Los enfrentamientos entre pobladores y PNC ocurridos en Sololá e Izabal son un reto al Estado de derecho que no se debe permitir.
Recuperar la imagen de autoridad y convencer a los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas del Gobierno.
Para los responsables de la seguridad pública, tener que enfrentarse con poblaciones enardecidas que cada vez demuestran menos respeto a la autoridad, se ha convertido en otro más de los constantes retos que deben enfrentar en su propósio de mantener la tranquilidad ciudadana. El principal problema es que cada vez tienen menos éxito en esa empresa.
Los hechos ocurridos esta semana en lugares de Sololá y Puerto Barrios, demuestran una pérdida de credibilidad creciente en la Policía Nacional Civil (PNC) por parte de las comunidades del interior y por ende, se enfrenta a graves dificultades para ejercer sus responsabilidades.
En el primer caso, desde el sábado anterior se habían producido incidentes cuando una multitud se enfrentó a la Policía, quemó 3 vehículos y atacó las sedes de 2 dependencias estatales, en demanda de la entrega de 4 supuestos secuestradores que habían sido aprehendidos. Pero los acontecimientos se salieron de control el miércoles, cuando cientos de sololatecos esperaban la visita del Ministro de Gobernación y del Director de la PNC, pero al no presentarse, tuvieron el pretexto para protagonizar disturbios que condujeron a un enfrentamiento entre fuerzas del orden y vecinos, con saldo de tres inmuebles incendiados y varias personas heridas.
Por si no fuera suficiente, en la aldea La Lámpara, cerca a Lívingston, en Izabal, varias decenas de agentes policiales, entre quienes se encontraba también el jefe de la Comisaría de Puerto Barrios, fueron retenidos en calidad de rehenes por una turba que exigía la liberación de uno de sus supuestos líderes.
Hechos similares han ocurrido en otros lugares conflictivos. Días atrás, por ejemplo, cinco comunidades de San Juan Sacatepéquez suscribieron un curioso documento con representantes de Gobernación, por medio del cual fijaron las reglas de juego para efectuar detenciones, lo cual incluye autorización previa de los grupos organizados de vecinos para que ingrese la PNC.
Por lo visto, el reto para las autoridades se hace más grande, porque no será posible ejercer la función de seguridad, mientras la Policía tenga que pedir permiso para llegar a imponer orden o, peor aún, si los ciudadanos reaccionan con violaciones flagrantes al Estado de derecho cada vez que ocurren acciones con las que no están de acuerdo.
La recuperación de la imagen de autoridad y la convicción de los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas impostergables para el Gobierno. Urge contar con una Policía que sirva para los fines que fue creada.
Los enfrentamientos entre pobladores y PNC ocurridos en Sololá e Izabal son un reto al Estado de derecho que no se debe permitir.
Recuperar la imagen de autoridad y convencer a los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas del Gobierno.
Para los responsables de la seguridad pública, tener que enfrentarse con poblaciones enardecidas que cada vez demuestran menos respeto a la autoridad, se ha convertido en otro más de los constantes retos que deben enfrentar en su propósio de mantener la tranquilidad ciudadana. El principal problema es que cada vez tienen menos éxito en esa empresa.
Los hechos ocurridos esta semana en lugares de Sololá y Puerto Barrios, demuestran una pérdida de credibilidad creciente en la Policía Nacional Civil (PNC) por parte de las comunidades del interior y por ende, se enfrenta a graves dificultades para ejercer sus responsabilidades.
En el primer caso, desde el sábado anterior se habían producido incidentes cuando una multitud se enfrentó a la Policía, quemó 3 vehículos y atacó las sedes de 2 dependencias estatales, en demanda de la entrega de 4 supuestos secuestradores que habían sido aprehendidos. Pero los acontecimientos se salieron de control el miércoles, cuando cientos de sololatecos esperaban la visita del Ministro de Gobernación y del Director de la PNC, pero al no presentarse, tuvieron el pretexto para protagonizar disturbios que condujeron a un enfrentamiento entre fuerzas del orden y vecinos, con saldo de tres inmuebles incendiados y varias personas heridas.
Por si no fuera suficiente, en la aldea La Lámpara, cerca a Lívingston, en Izabal, varias decenas de agentes policiales, entre quienes se encontraba también el jefe de la Comisaría de Puerto Barrios, fueron retenidos en calidad de rehenes por una turba que exigía la liberación de uno de sus supuestos líderes.
Hechos similares han ocurrido en otros lugares conflictivos. Días atrás, por ejemplo, cinco comunidades de San Juan Sacatepéquez suscribieron un curioso documento con representantes de Gobernación, por medio del cual fijaron las reglas de juego para efectuar detenciones, lo cual incluye autorización previa de los grupos organizados de vecinos para que ingrese la PNC.
Por lo visto, el reto para las autoridades se hace más grande, porque no será posible ejercer la función de seguridad, mientras la Policía tenga que pedir permiso para llegar a imponer orden o, peor aún, si los ciudadanos reaccionan con violaciones flagrantes al Estado de derecho cada vez que ocurren acciones con las que no están de acuerdo.
La recuperación de la imagen de autoridad y la convicción de los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas impostergables para el Gobierno. Urge contar con una Policía que sirva para los fines que fue creada.
Los vigilantes de San Juan
Por Gabriel Aguilera Peralta
elPeriódico (23 feb 08)
Conté lo que pasaba en San Juan Sacatepéquez en una reunión en Washington. Mis oyentes se sorprendieron al máximo, el representante del BID preguntó qué hacían las autoridades ante los grupos de vigilantes que impusieron el toque de queda con pena de muerte.
Tuve que contestarle que había denuncias en los medios de comunicación, pero no acción de las autoridades.
Lo acaecido en San Juan es un síntoma de “Estado fallido”. El Estado, perdiendo control territorial, ausentándose de un espacio, que en este caso pasa a ser disputado entre las maras y grupos de vigilantes, que ejercen una terrible justicia propia.
Por eso estoy de acuerdo con las medidas anunciadas por el Presidente y el Ministro de Gobernación en cuanto a recuperar el control de ese municipio. La participación ciudadana en seguridad preventiva es necesaria y debe incentivarse, pero no en la forma de “vigilantismo”, que es la sustitución del ejercicio de seguridad que pertenece al Estado por grupos privados que incurren en violaciones a los derechos humanos.
Para evitar ese fenómeno, que se está dando en varias partes del país, el Estado debe estar en condiciones de garantizar la seguridad ciudadana. Si no lo hace, la percepción de la amenaza de la violencia criminal en la ciudadanía empuja a soluciones y a la formación de pensamiento autoritario.
Un ejemplo de ello es la reciente decisión del Congreso de restablecer el derecho al indulto presidencial en los casos de pena de muerte, lo que de hecho restablece esa sanción que estaba en suspenso desde hace siete años.
No hay evidencias de que la pena de muerte sea realmente un disuasivo y ese tipo de sanción es fuertemente adversado en la cultura occidental, particularmente por la Unión Europea con quien estamos, como parte de Centroamérica, en negociaciones para un Acuerdo de Asociación que incluye un diálogo político, parte del cual son consideraciones sobre derechos humanos.
Sin embargo, la decisión en el Congreso contó con una abrumadora mayoría como reflejo del endurecimiento del pensamiento sobre seguridad, en sentido contrario al concepto sobre seguridad democrática que forma parte de los Acuerdos de Paz y del Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Solamente en la medida que mejore la situación de seguridad y la confianza en la capacidad estatal de proteger personas y bienes va retroceder el pensamiento autoritario. De allí que es importante la recuperación de San Juan Sacatepéquez para que el Estado de Derecho tenga éxito.
elPeriódico (23 feb 08)
Conté lo que pasaba en San Juan Sacatepéquez en una reunión en Washington. Mis oyentes se sorprendieron al máximo, el representante del BID preguntó qué hacían las autoridades ante los grupos de vigilantes que impusieron el toque de queda con pena de muerte.
Tuve que contestarle que había denuncias en los medios de comunicación, pero no acción de las autoridades.
Lo acaecido en San Juan es un síntoma de “Estado fallido”. El Estado, perdiendo control territorial, ausentándose de un espacio, que en este caso pasa a ser disputado entre las maras y grupos de vigilantes, que ejercen una terrible justicia propia.
Por eso estoy de acuerdo con las medidas anunciadas por el Presidente y el Ministro de Gobernación en cuanto a recuperar el control de ese municipio. La participación ciudadana en seguridad preventiva es necesaria y debe incentivarse, pero no en la forma de “vigilantismo”, que es la sustitución del ejercicio de seguridad que pertenece al Estado por grupos privados que incurren en violaciones a los derechos humanos.
Para evitar ese fenómeno, que se está dando en varias partes del país, el Estado debe estar en condiciones de garantizar la seguridad ciudadana. Si no lo hace, la percepción de la amenaza de la violencia criminal en la ciudadanía empuja a soluciones y a la formación de pensamiento autoritario.
Un ejemplo de ello es la reciente decisión del Congreso de restablecer el derecho al indulto presidencial en los casos de pena de muerte, lo que de hecho restablece esa sanción que estaba en suspenso desde hace siete años.
No hay evidencias de que la pena de muerte sea realmente un disuasivo y ese tipo de sanción es fuertemente adversado en la cultura occidental, particularmente por la Unión Europea con quien estamos, como parte de Centroamérica, en negociaciones para un Acuerdo de Asociación que incluye un diálogo político, parte del cual son consideraciones sobre derechos humanos.
Sin embargo, la decisión en el Congreso contó con una abrumadora mayoría como reflejo del endurecimiento del pensamiento sobre seguridad, en sentido contrario al concepto sobre seguridad democrática que forma parte de los Acuerdos de Paz y del Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Solamente en la medida que mejore la situación de seguridad y la confianza en la capacidad estatal de proteger personas y bienes va retroceder el pensamiento autoritario. De allí que es importante la recuperación de San Juan Sacatepéquez para que el Estado de Derecho tenga éxito.
Un peligroso vacío de poder
elEditorial de elPeriódico (23 feb 08)
Unos 1,500 campesinos de 26 comunidades de Livingston, Izabal mantenían ayer secuestrados a 29 miembros de la Policía Nacional Civil, PNC, como una medida de presión para obtener la libertad de su “líder” Ramiro Choc, capturado el 14 de febrero en curso bajo la sindicación de haber cometido los delitos de usurpación agravada, robo agravado y detención ilegal.
Tales hechos ocurrían a pocas horas de que una concentración de vecinos de Sololá, en rechazo a la ola de secuestros que está afectando a tal departamento, culminó en violentos disturbios callejeros, cuando los pobladores arremetieron contra la Policía Nacional Civil local e incendiaron cuatro inmuebles, supuestamente pertenecientes a una banda de plagiarios.
Ambos sucesos claramente ilegales señalan la deficiencia que muestran las fuerzas de seguridad ante la escalada delictiva, lo cual hace que nuestros connacionales sigan optando por el procedimiento antijurídico de pretender hacerse justicia por su propia mano. La falta de autoridad en los departamentos se agudizó en los últimos años. El proceso de paz condujo a un repliegue de las fuerzas de seguridad, originando en muchas poblaciones un peligroso vacío de poder que ha sido aprovechado por delincuentes y maleantes.
Creemos que el Gobierno debe hacer un rápido esfuerzo para que tan anómala situación sea superada, pues las autoridades del Estado deben cumplir con su obligación constitucional de mantener el orden y la tranquilidad en todo el territorio nacional.
El pueblo de Guatemala sigue esperando que el Gobierno de la República le restituya la seguridad pública a que tiene derecho. Los repetidos hechos de violencia colectiva que están ocurriendo en el interior del país están rompiendo deleznablemente las reglas del juego de nuestra convivencia civilizada. Con razón la representante especial del Secretariado General de las Naciones Unidas, Hina Jilani, tras una visita de observación a nuestro país ha concluido en que “la justicia es una palabra vacía en Guatemala”.
Unos 1,500 campesinos de 26 comunidades de Livingston, Izabal mantenían ayer secuestrados a 29 miembros de la Policía Nacional Civil, PNC, como una medida de presión para obtener la libertad de su “líder” Ramiro Choc, capturado el 14 de febrero en curso bajo la sindicación de haber cometido los delitos de usurpación agravada, robo agravado y detención ilegal.
Tales hechos ocurrían a pocas horas de que una concentración de vecinos de Sololá, en rechazo a la ola de secuestros que está afectando a tal departamento, culminó en violentos disturbios callejeros, cuando los pobladores arremetieron contra la Policía Nacional Civil local e incendiaron cuatro inmuebles, supuestamente pertenecientes a una banda de plagiarios.
Ambos sucesos claramente ilegales señalan la deficiencia que muestran las fuerzas de seguridad ante la escalada delictiva, lo cual hace que nuestros connacionales sigan optando por el procedimiento antijurídico de pretender hacerse justicia por su propia mano. La falta de autoridad en los departamentos se agudizó en los últimos años. El proceso de paz condujo a un repliegue de las fuerzas de seguridad, originando en muchas poblaciones un peligroso vacío de poder que ha sido aprovechado por delincuentes y maleantes.
Creemos que el Gobierno debe hacer un rápido esfuerzo para que tan anómala situación sea superada, pues las autoridades del Estado deben cumplir con su obligación constitucional de mantener el orden y la tranquilidad en todo el territorio nacional.
El pueblo de Guatemala sigue esperando que el Gobierno de la República le restituya la seguridad pública a que tiene derecho. Los repetidos hechos de violencia colectiva que están ocurriendo en el interior del país están rompiendo deleznablemente las reglas del juego de nuestra convivencia civilizada. Con razón la representante especial del Secretariado General de las Naciones Unidas, Hina Jilani, tras una visita de observación a nuestro país ha concluido en que “la justicia es una palabra vacía en Guatemala”.
22 February 2008
Pobladores de Izabal secuestran a 29 policías
Por Luis Angel Sas
elPeriódico (22 feb 08)
Un grupo de 29 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos un comisario policíaco y una mujer, fueron secuestrados por pobladores de Livingston, Izabal, como medida de protesta por la captura de uno de sus líderes.
Los policías fueron llevados a una aldea llamada Creek Maya, a 22 kilómetros de Livingston (para llegar al lugar se debe realizar un recorrido en lancha durante 45 minutos y caminar 30 minutos por el bosque).
Las autoridades enviaron al lugar un grupo élite de agentes para tratar de liberar a los policías; sin embargo, hasta anoche no habían actuado.
El jueves 14 de febrero fue capturado Ramiro Choc, por orden de un juzgado de Izabal, por los delitos de depredación de la Bios-fera Maya, daños a la propiedad privada y pública, usurpación y robo agravado. Aunque al principio se decidió que este quedaría recluido en una cárcel local, la PNC recibió informes que sus seguidores lo tratarían de liberar, por lo que lo trasladaron al Centro Preventivo de la zona 18.
Quema de juzgado
La PNC recibió información que un grupo de campesinos quemaría el juzgado en protesta, por lo que enviaron a 14 agentes para que cuidaran la judicatura. Sin embargo, un grupo aproximado de mil pobladores los tomaron como rehenes. Después llegó otro grupo de 15 agentes, quienes también fueron secuestrados. El vocero del Ministerio de Gobernación, Ricardo Gatica, expresó que los policías no se resistieron, para evitar una matanza. “Decidieron ceder y usaron el sentido común”, dijo Gatica.
El viceministro de Gobernación, Edgar Hernández, indicó que se intentará dialogar con la población para que entreguen a los policías, pero señaló que no pueden liberar a Choc, tal y como lo solicitan los inconformes, porque el caso está en manos del juzgado.
elPeriódico (22 feb 08)
Un grupo de 29 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos un comisario policíaco y una mujer, fueron secuestrados por pobladores de Livingston, Izabal, como medida de protesta por la captura de uno de sus líderes.
Los policías fueron llevados a una aldea llamada Creek Maya, a 22 kilómetros de Livingston (para llegar al lugar se debe realizar un recorrido en lancha durante 45 minutos y caminar 30 minutos por el bosque).
Las autoridades enviaron al lugar un grupo élite de agentes para tratar de liberar a los policías; sin embargo, hasta anoche no habían actuado.
El jueves 14 de febrero fue capturado Ramiro Choc, por orden de un juzgado de Izabal, por los delitos de depredación de la Bios-fera Maya, daños a la propiedad privada y pública, usurpación y robo agravado. Aunque al principio se decidió que este quedaría recluido en una cárcel local, la PNC recibió informes que sus seguidores lo tratarían de liberar, por lo que lo trasladaron al Centro Preventivo de la zona 18.
Quema de juzgado
La PNC recibió información que un grupo de campesinos quemaría el juzgado en protesta, por lo que enviaron a 14 agentes para que cuidaran la judicatura. Sin embargo, un grupo aproximado de mil pobladores los tomaron como rehenes. Después llegó otro grupo de 15 agentes, quienes también fueron secuestrados. El vocero del Ministerio de Gobernación, Ricardo Gatica, expresó que los policías no se resistieron, para evitar una matanza. “Decidieron ceder y usaron el sentido común”, dijo Gatica.
El viceministro de Gobernación, Edgar Hernández, indicó que se intentará dialogar con la población para que entreguen a los policías, pero señaló que no pueden liberar a Choc, tal y como lo solicitan los inconformes, porque el caso está en manos del juzgado.
21 February 2008
Sololá: Vecinos reclaman con violencia
Por Edgar Rene Saénz y Oscar Figueroa
Prensa Libre (21 feb 08)
Lo que ayer comenzó como una concentración pacífica, en rechazo a la ola de secuestros que afecta a este departamento, terminó en disturbios cuando un grupo de pobladores arremetió contra la Policía e incendió cuatro inmuebles, a cuyos propietarios señalan de pertenecer a la banda de plagiarios denominada los Noj.
A las 8 horas, miles de vecinos de aquella cabecera departamental y de municipios aledaños empezaron a reunirse, luego de que, días antes, los 59 alcaldes auxiliares convocaran a una concentración en el estadio Xamba.
Una hora más tarde, tanto éstos como vecinos y el alcalde indígena José María Julajuj asistieron a la concentración masiva, a la que fueron invitados el jefe edilicio de la cabecera, Pedro Saloj Quisquiná; la gobernadora departamental, Elena Yojcom Ujpán, y representantes de la Policía, del Ministerio Público y del Organismo Judicial.
Denuncian a secuestradores
Los dirigentes indígenas les entregaron a las autoridades un memorial en el que exigen la captura de los supuestos autores de al menos 15 secuestros en lo que va del año.
Identificaron como autores de esos delitos a Juan Yaxón Zerat, alias Chatarra; José Daniel Samines Baquín, Mono; José Zet Solís, Joz; Alex Ben Chiroy, Chuky; Nicolás Bocel, Denis Rodríguez Sapón, Juan José Noj Chiroy y Ricardo Noj Cuxulic, presunto líder de la banda.
Los manifestantes les fijaron un plazo de 30 días a las autoridades para que investiguen a esas personas y ordenen su captura; de lo contrario, advirtieron que tomarán la justicia por mano propia.
La gobernadora intentó hablar con los vecinos, pero éstos se lo impidieron y la abuchearon.
De armas tomar
Al mediodía, la mayoría de pobladores empezaba a retornar a sus comunidades, pues dieron por terminada la concentración; sin embargo, otro grupo, inconforme por la pasividad de las autoridades, que no pusieron atención a sus demandas, decidió actuar.
Comienzan los disturbios
A las 14 horas, los descontentos enfilaron hacia el Bar Internacional El Paso, propiedad de Noj Cuxulic. Este negocio había sido rechazado por la población desde su apertura.
El local estaba cerrado, por lo que los vecinos violentaron la puerta, lo saquearon y lo quemaron. Otro grupo se dirigió a la casa de la familia Noj, ubicada en el barrio El Calvario; a la de Rodríguez Sapón, en el barrio San Bartolo, y a la de los presuntos plagiarios, a las cuales prendieron fuego. Además quemaron un vehículo y dos motocicletas.
La PNC lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los revoltosos, pero la cantidad de agentes fue insuficiente para lograr ese objetivo, pues aquellos les lanzaron piedras, palos y otros objetos. Varios policías y vecinos resultaron heridos. Fueron capturadas 16 personas, que horas después salieron libres. Los Bomberos Voluntarios auxiliaron a varios pobladores intoxicados o con crisis nerviosa.
Entrada la noche, la calma había vuelto a la ciudad, y la Policía, retomado el control. Se desconoce el paradero de los supuestos secuestradores.
Prensa Libre (21 feb 08)
Lo que ayer comenzó como una concentración pacífica, en rechazo a la ola de secuestros que afecta a este departamento, terminó en disturbios cuando un grupo de pobladores arremetió contra la Policía e incendió cuatro inmuebles, a cuyos propietarios señalan de pertenecer a la banda de plagiarios denominada los Noj.
A las 8 horas, miles de vecinos de aquella cabecera departamental y de municipios aledaños empezaron a reunirse, luego de que, días antes, los 59 alcaldes auxiliares convocaran a una concentración en el estadio Xamba.
Una hora más tarde, tanto éstos como vecinos y el alcalde indígena José María Julajuj asistieron a la concentración masiva, a la que fueron invitados el jefe edilicio de la cabecera, Pedro Saloj Quisquiná; la gobernadora departamental, Elena Yojcom Ujpán, y representantes de la Policía, del Ministerio Público y del Organismo Judicial.
Denuncian a secuestradores
Los dirigentes indígenas les entregaron a las autoridades un memorial en el que exigen la captura de los supuestos autores de al menos 15 secuestros en lo que va del año.
Identificaron como autores de esos delitos a Juan Yaxón Zerat, alias Chatarra; José Daniel Samines Baquín, Mono; José Zet Solís, Joz; Alex Ben Chiroy, Chuky; Nicolás Bocel, Denis Rodríguez Sapón, Juan José Noj Chiroy y Ricardo Noj Cuxulic, presunto líder de la banda.
Los manifestantes les fijaron un plazo de 30 días a las autoridades para que investiguen a esas personas y ordenen su captura; de lo contrario, advirtieron que tomarán la justicia por mano propia.
La gobernadora intentó hablar con los vecinos, pero éstos se lo impidieron y la abuchearon.
De armas tomar
Al mediodía, la mayoría de pobladores empezaba a retornar a sus comunidades, pues dieron por terminada la concentración; sin embargo, otro grupo, inconforme por la pasividad de las autoridades, que no pusieron atención a sus demandas, decidió actuar.
Comienzan los disturbios
A las 14 horas, los descontentos enfilaron hacia el Bar Internacional El Paso, propiedad de Noj Cuxulic. Este negocio había sido rechazado por la población desde su apertura.
El local estaba cerrado, por lo que los vecinos violentaron la puerta, lo saquearon y lo quemaron. Otro grupo se dirigió a la casa de la familia Noj, ubicada en el barrio El Calvario; a la de Rodríguez Sapón, en el barrio San Bartolo, y a la de los presuntos plagiarios, a las cuales prendieron fuego. Además quemaron un vehículo y dos motocicletas.
La PNC lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los revoltosos, pero la cantidad de agentes fue insuficiente para lograr ese objetivo, pues aquellos les lanzaron piedras, palos y otros objetos. Varios policías y vecinos resultaron heridos. Fueron capturadas 16 personas, que horas después salieron libres. Los Bomberos Voluntarios auxiliaron a varios pobladores intoxicados o con crisis nerviosa.
Entrada la noche, la calma había vuelto a la ciudad, y la Policía, retomado el control. Se desconoce el paradero de los supuestos secuestradores.
Vecinos ocasionan daños durante disturbios en Sololá
Por Lucía Escobar
elPeriódico (21 feb 08)
La cabecera departamental de Sololá se convirtió en escenario de disturbios ayer, como consecuencia de una manifestación convocada a ser pacífica, pero que luego se salió de control.
Habitantes exigen un alto a los actos criminales suscitados en el municipio, entre los que se cuentan al menos diez secuestros en lo que va del año.
Hace algunas semanas comenzaron a circular panfletos en los que se advertía a las autoridades judiciales que, de no actuar, el pueblo arremetería contra diez personas, acusadas de cometer hechos ilícitos.
El sábado se suscitó un supuesto secuestro, cuyos implicados fueron detenidos por pobladores para luego ser rescatados por la Policía Nacional Civil (PNC). Se ocasionaron daños al edificio de la Gobernación Departamental, además de la quema de tres vehículos.
Al día siguiente derribaron árboles en los accesos a la ciudad, impidiendo el paso vehicular, y autoridades de la Municipalidad, la Alcaldía Indígena y la Auxiliatura de los Derechos Humanos anunciaron que las medidas se depondrían hasta ayer miércoles, día en que se realizó una asamblea general.
Durante la reunión, representantes de Cocodes y de la sociedad civil expusieron sus demandas. Se presentó un memorial en el que se exige a las autoridades una efectiva actuación en sus deberes, y se enfatizó en la necesidad de actuar de forma pacífica.
Al mediodía, una parte de los concurrentes se dirigió al negocio El Paso Internacional, propiedad de Ricardo Noj, uno de los sindicados de integrar una banda que, además de secuestros, se dedica a las extorsiones. El local fue incendiado, así como las residencias de otros dos acusados , un automóvil y una moto. La turba apedreó la subestación 72 11, de la PNC de dicha cabecera, y a periodistas de Radio Magia de Sololá, quienes además fueron expuestos a detonaciones de explosivos caseros.
Restaurantes y comercios de Panajachel cerraron ayer por la tarde, ante la amenaza de habitantes de Sololá de bajar a liberar a manifestantes detenidos por la PNC y recluidos en la cárcel de dicho sitio turístico. Estos fueron liberados posteriormente. se rumoreaba que la turba quemaría negocios y casas de los involucrados. Sin embargo, nada de esto sucedió. Marcelino Ajcabul, director departamental del Ministerio de Educación de Sololá, suspendió las clases en el área.
elPeriódico (21 feb 08)
La cabecera departamental de Sololá se convirtió en escenario de disturbios ayer, como consecuencia de una manifestación convocada a ser pacífica, pero que luego se salió de control.
Habitantes exigen un alto a los actos criminales suscitados en el municipio, entre los que se cuentan al menos diez secuestros en lo que va del año.
Hace algunas semanas comenzaron a circular panfletos en los que se advertía a las autoridades judiciales que, de no actuar, el pueblo arremetería contra diez personas, acusadas de cometer hechos ilícitos.
El sábado se suscitó un supuesto secuestro, cuyos implicados fueron detenidos por pobladores para luego ser rescatados por la Policía Nacional Civil (PNC). Se ocasionaron daños al edificio de la Gobernación Departamental, además de la quema de tres vehículos.
Al día siguiente derribaron árboles en los accesos a la ciudad, impidiendo el paso vehicular, y autoridades de la Municipalidad, la Alcaldía Indígena y la Auxiliatura de los Derechos Humanos anunciaron que las medidas se depondrían hasta ayer miércoles, día en que se realizó una asamblea general.
Durante la reunión, representantes de Cocodes y de la sociedad civil expusieron sus demandas. Se presentó un memorial en el que se exige a las autoridades una efectiva actuación en sus deberes, y se enfatizó en la necesidad de actuar de forma pacífica.
Al mediodía, una parte de los concurrentes se dirigió al negocio El Paso Internacional, propiedad de Ricardo Noj, uno de los sindicados de integrar una banda que, además de secuestros, se dedica a las extorsiones. El local fue incendiado, así como las residencias de otros dos acusados , un automóvil y una moto. La turba apedreó la subestación 72 11, de la PNC de dicha cabecera, y a periodistas de Radio Magia de Sololá, quienes además fueron expuestos a detonaciones de explosivos caseros.
Restaurantes y comercios de Panajachel cerraron ayer por la tarde, ante la amenaza de habitantes de Sololá de bajar a liberar a manifestantes detenidos por la PNC y recluidos en la cárcel de dicho sitio turístico. Estos fueron liberados posteriormente. se rumoreaba que la turba quemaría negocios y casas de los involucrados. Sin embargo, nada de esto sucedió. Marcelino Ajcabul, director departamental del Ministerio de Educación de Sololá, suspendió las clases en el área.
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