Editorial de Prensa Libre (11 abr 08)
Los violentos incidentes ocurridos la noche del miércoles en San Juan Alotenango, Sacatepéquez, constituyen la más reciente prueba de la ingobernabilidad que campea en buena parte del país, como consecuencia de la poca o nula confianza del funcionamiento de las instituciones estatales, sobre todo, el sistema legal. Dos personas muertas y una treintena de heridos, entre ellos agentes policiales, fueron la consecuencia de la acción de vecinos que exigían la entrega de un supuesto robaniños que había sido capturado.
Los actos violentos del miércoles deben ser considerados el efecto, y no la causa, de numerosos problemas del país. Uno de ellos, el temor de que los niños y bebés de esa población sean víctimas de secuestro o de robo. Es inimaginable el dolor de los padres cuando uno de sus hijos es robado. Con denuncias de esos casos están llenos los archivos policiales, sin que el número de casos resueltos llegue a un porcentaje aceptable.
Otra causa es la duda en el funcionamiento del sistema judicial guatemalteco. Es lento, complicado, ineficiente, con poco presupuesto y escaso personal, sujeto a otorgarles privilegios a quienes los obtienen de manera fraudulenta. La población exige justicia inmediata, y este error es muy difícil de hacerlo desaparecer, porque son demasiados los casos en que el resultado del funcionamiento de la justicia ha sido vergonzoso.
Por las causas anteriormente señaladas, es necesario poner en el contexto las reacciones de los habitantes de Alotenango, población cuya importancia radica, sobre todo, en el hecho de encontrarse cercana del polo turístico más importante, la ciudad de Antigua Guatemala, que se encuentra unida con la costa sur del país por medio de una carretera que pasa por esa población, y que tiene gran belleza por pasar en medio de los volcanes De Agua y Acatenango.
La actuación de las autoridades de Policía necesita ser analizada cuidadosamente. Se ha informado de la participación de delincuentes infiltrados entre los ciudadanos que exigían la entrega del presunto delincuente. Pero es un hecho que al menos una de las víctimas mortales no parece haber tenido problemas anteriores con la ley, y se ignora por qué razones estaba presente en el lugar de los hechos. Ahora son las autoridades las que deben explicar los detalles de lo ocurrido y por qué se vieron en la necesidad de utilizar los gases lacrimógenos.
Ocurrió en Alotenango, pero pudo haber pasado en muchos otros municipios del país. La gente, en pocas palabras, está desesperada por la acción de los delincuentes y la impunidad con la que pueden actuar. Da la impresión de que, en todo el país, los ciudadanos están convencidos de que es imposible confiar en el sistema legal, y por ello la única manera de lograr castigos para los criminales es tomarla con la propia mano.
En varias ocasiones hemos señalado en este espacio la necesidad de que se aceleren los procesos judiciales, sobre todo, en las comunidades situadas en la provincia, y al mismo tiempo se realicen campañas para concienciar a la gente acerca de los efectos negativos de los linchamientos.
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