Editorial de Prensa Libre (11 abr 08)
Los violentos incidentes ocurridos la noche del miércoles en San Juan Alotenango, Sacatepéquez, constituyen la más reciente prueba de la ingobernabilidad que campea en buena parte del país, como consecuencia de la poca o nula confianza del funcionamiento de las instituciones estatales, sobre todo, el sistema legal. Dos personas muertas y una treintena de heridos, entre ellos agentes policiales, fueron la consecuencia de la acción de vecinos que exigían la entrega de un supuesto robaniños que había sido capturado.
Los actos violentos del miércoles deben ser considerados el efecto, y no la causa, de numerosos problemas del país. Uno de ellos, el temor de que los niños y bebés de esa población sean víctimas de secuestro o de robo. Es inimaginable el dolor de los padres cuando uno de sus hijos es robado. Con denuncias de esos casos están llenos los archivos policiales, sin que el número de casos resueltos llegue a un porcentaje aceptable.
Otra causa es la duda en el funcionamiento del sistema judicial guatemalteco. Es lento, complicado, ineficiente, con poco presupuesto y escaso personal, sujeto a otorgarles privilegios a quienes los obtienen de manera fraudulenta. La población exige justicia inmediata, y este error es muy difícil de hacerlo desaparecer, porque son demasiados los casos en que el resultado del funcionamiento de la justicia ha sido vergonzoso.
Por las causas anteriormente señaladas, es necesario poner en el contexto las reacciones de los habitantes de Alotenango, población cuya importancia radica, sobre todo, en el hecho de encontrarse cercana del polo turístico más importante, la ciudad de Antigua Guatemala, que se encuentra unida con la costa sur del país por medio de una carretera que pasa por esa población, y que tiene gran belleza por pasar en medio de los volcanes De Agua y Acatenango.
La actuación de las autoridades de Policía necesita ser analizada cuidadosamente. Se ha informado de la participación de delincuentes infiltrados entre los ciudadanos que exigían la entrega del presunto delincuente. Pero es un hecho que al menos una de las víctimas mortales no parece haber tenido problemas anteriores con la ley, y se ignora por qué razones estaba presente en el lugar de los hechos. Ahora son las autoridades las que deben explicar los detalles de lo ocurrido y por qué se vieron en la necesidad de utilizar los gases lacrimógenos.
Ocurrió en Alotenango, pero pudo haber pasado en muchos otros municipios del país. La gente, en pocas palabras, está desesperada por la acción de los delincuentes y la impunidad con la que pueden actuar. Da la impresión de que, en todo el país, los ciudadanos están convencidos de que es imposible confiar en el sistema legal, y por ello la única manera de lograr castigos para los criminales es tomarla con la propia mano.
En varias ocasiones hemos señalado en este espacio la necesidad de que se aceleren los procesos judiciales, sobre todo, en las comunidades situadas en la provincia, y al mismo tiempo se realicen campañas para concienciar a la gente acerca de los efectos negativos de los linchamientos.
11 April 2008
10 April 2008
Turba quema municipalidad
Por C. Paredes, C. Fuentes, W. Sactic y T. López
Prensa Libre (10 abr 08)
San Juan Alotenango, Sacatepéquez. Un enfrentamiento entre pobladores de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, y agentes de las fuerzas de seguridad dejó dos personas muertas, además de la destrucción del edificio municipal y la subestación de la Policía del lugar.
A las 17.30 horas, vecinos con palos y armas de fuego capturaron a un grupo de presuntos mareros, liderados por Siriaco Palam, quien es acusado de robaniños, y los entregaron a la Policía Nacional Civil.
Otras versiones apuntan a que los pobladores querían linchar a los delincuentes, y los agentes lo impidieron.
La turba que se concentró frente a la sede policial creyó que los dejarían libertad, lo cual dio origen a los disturbios. Para defenderse, los agentes comenzaron a disparar bombas lacrimógenas.
Porfirio Rancho, de 25 años, resultó herido de bala, y luego murió, al igual que otro vecino del municipio.
A las 18 horas, un contingente de las fuerzas de seguridad llegó al sitio para apoyar a los agentes y, con gases lacrimógenos, se enfrentó a los pobladores, lo que dejó como saldo decenas de afectados por los gases, ocho heridos con arma de fuego, entre ellos, el jefe de la comisaría de Sumpango, Aníbal Hernández, y un reportero de televisión.
Pasadas las 21 horas, la turba quemó el edificio municipal y la subestación de la Policía.
Prensa Libre (10 abr 08)
San Juan Alotenango, Sacatepéquez. Un enfrentamiento entre pobladores de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, y agentes de las fuerzas de seguridad dejó dos personas muertas, además de la destrucción del edificio municipal y la subestación de la Policía del lugar.
A las 17.30 horas, vecinos con palos y armas de fuego capturaron a un grupo de presuntos mareros, liderados por Siriaco Palam, quien es acusado de robaniños, y los entregaron a la Policía Nacional Civil.
Otras versiones apuntan a que los pobladores querían linchar a los delincuentes, y los agentes lo impidieron.
La turba que se concentró frente a la sede policial creyó que los dejarían libertad, lo cual dio origen a los disturbios. Para defenderse, los agentes comenzaron a disparar bombas lacrimógenas.
Porfirio Rancho, de 25 años, resultó herido de bala, y luego murió, al igual que otro vecino del municipio.
A las 18 horas, un contingente de las fuerzas de seguridad llegó al sitio para apoyar a los agentes y, con gases lacrimógenos, se enfrentó a los pobladores, lo que dejó como saldo decenas de afectados por los gases, ocho heridos con arma de fuego, entre ellos, el jefe de la comisaría de Sumpango, Aníbal Hernández, y un reportero de televisión.
Pasadas las 21 horas, la turba quemó el edificio municipal y la subestación de la Policía.
Vapulean a asaltante
Por A. Ixcot y M. Toc
Prensa Libre (10 abr 08)
TOTONICAPÁN, Guatemala. Pobladores de esta ciudad capturaron y vapulearon ayer a Heizler Batz Alvarado, de 18 años, a quien señalan de integrar una banda de asaltantes que opera en la región.
Batz, luego de ser golpeado, fue entregado a la Policía Nacional Civil, junto con una pistola y mercadería que robara en un local.
La captura se registró después que el supuesto delincuente había robado en una venta de computadoras, ubicada en la 12 avenida entre 3a. y 4a. calles de la zona 2, de donde se llevó dinero en efectivo y artículos eléctricos.
Al momento que intentó huir, la propietaria del negocio pidió auxilio y, con un silbato, alertó a los vecinos, quienes lo rodearon y vapulearon.
“Fue atrapado, amarrado y llevado al parque central donde fue exhibido para que los vecinos lo identificaran. Al parecer se trata de la misma persona que ha cometido otros hechos delictivos en la ciudad”, comentó Karin Linares, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Totonicapán.
Andrés García, presidente de la directiva de los 48 cantones de la alcaldía indígena, lamentó el incremento en el índice delictivo, y refirió que este hecho sienta un precedente para que no se cometan más actos ilícitos.
Ante la alcaldía indígena, el detenido reconoció integrar una banda de asaltantes, e identificó a tres de sus cómplices, que supuestamente viven en Quetzaltenango.
Prensa Libre (10 abr 08)
TOTONICAPÁN, Guatemala. Pobladores de esta ciudad capturaron y vapulearon ayer a Heizler Batz Alvarado, de 18 años, a quien señalan de integrar una banda de asaltantes que opera en la región.
Batz, luego de ser golpeado, fue entregado a la Policía Nacional Civil, junto con una pistola y mercadería que robara en un local.
La captura se registró después que el supuesto delincuente había robado en una venta de computadoras, ubicada en la 12 avenida entre 3a. y 4a. calles de la zona 2, de donde se llevó dinero en efectivo y artículos eléctricos.
Al momento que intentó huir, la propietaria del negocio pidió auxilio y, con un silbato, alertó a los vecinos, quienes lo rodearon y vapulearon.
“Fue atrapado, amarrado y llevado al parque central donde fue exhibido para que los vecinos lo identificaran. Al parecer se trata de la misma persona que ha cometido otros hechos delictivos en la ciudad”, comentó Karin Linares, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Totonicapán.
Andrés García, presidente de la directiva de los 48 cantones de la alcaldía indígena, lamentó el incremento en el índice delictivo, y refirió que este hecho sienta un precedente para que no se cometan más actos ilícitos.
Ante la alcaldía indígena, el detenido reconoció integrar una banda de asaltantes, e identificó a tres de sus cómplices, que supuestamente viven en Quetzaltenango.
07 April 2008
Ecuador: Linchan a dos presuntos delincuentes colombianos
Prensa Asociada (7 abr 08)
QUITO (AP) - Dos presuntos delincuentes colombianos acusados de asesinato y robo fueron linchados e incinerados el lunes en la población de San Vicente, en la costa central de Ecuador.
En declaraciones a la radiodifusora Colón, la policía confirmó que en ese poblado costero, ubicado a unos 240 kilómetros al sureste de Quito, dos delincuentes colombianos asaltaron y mataron a tiros al empresario Ramón Zambrano, a quien le arrebataron una fuerte suma de dinero.
De inmediato los enardecidos pobladores de San Vicente iniciaron la búsqueda de los presuntos asaltantes, los hallaron y los lincharon en la calle, rociándolos con gasolina y prendiéndoles fuego.
La policía nada pudo hacer para contener a la población, que además amenazó a los periodistas que buscaban grabar las imágenes.
La AP intentó comunicarse al destacamento de policia de San Vicente para solicitar comentarios sobre lo sucedido, pero nadie respondió el teléfono.
Uno de los fallecidos fue identificado como el colombiano Héctor Fabián Hernández Quimbaña, de 28 años, pero no fue posible identificar a su compañero debido a que los documentos ardieron junto al cuerpo.
Los restos de los presuntos delincuentes quedaron en la calle.
Con relativa frecuencia los pobladores de zonas campesinas hacen justicia por propia mano debido a la lentitud de los tribunales del país, que tardan años en resolver los casos más simples.
QUITO (AP) - Dos presuntos delincuentes colombianos acusados de asesinato y robo fueron linchados e incinerados el lunes en la población de San Vicente, en la costa central de Ecuador.
En declaraciones a la radiodifusora Colón, la policía confirmó que en ese poblado costero, ubicado a unos 240 kilómetros al sureste de Quito, dos delincuentes colombianos asaltaron y mataron a tiros al empresario Ramón Zambrano, a quien le arrebataron una fuerte suma de dinero.
De inmediato los enardecidos pobladores de San Vicente iniciaron la búsqueda de los presuntos asaltantes, los hallaron y los lincharon en la calle, rociándolos con gasolina y prendiéndoles fuego.
La policía nada pudo hacer para contener a la población, que además amenazó a los periodistas que buscaban grabar las imágenes.
La AP intentó comunicarse al destacamento de policia de San Vicente para solicitar comentarios sobre lo sucedido, pero nadie respondió el teléfono.
Uno de los fallecidos fue identificado como el colombiano Héctor Fabián Hernández Quimbaña, de 28 años, pero no fue posible identificar a su compañero debido a que los documentos ardieron junto al cuerpo.
Los restos de los presuntos delincuentes quedaron en la calle.
Con relativa frecuencia los pobladores de zonas campesinas hacen justicia por propia mano debido a la lentitud de los tribunales del país, que tardan años en resolver los casos más simples.
20 March 2008
Hubo intento de linchamiento en Chiquimula
Por Carlos A. Mendoza
Según reporta Emisoras Unidas (20 mar 08), unas 200 personas estuvieron a punto de linchar a dos sujetos capturados in fraganti cuando le disparaban a una persona. Finalmente, los capturados fueron entregados a la Policía Nacional Civil.
Por cierto, el reportero decía orgulloso que en Chiquimula aún no son comunes los linchamientos.
¿Auto-censura de los medios escritos?
En las últimas semanas he escuchado continuamente las noticias transmitidas por la radio. Al menos se han reportado unos tres linchamientos en el interior de la República, pero al revisar los medios escritos esos hechos NO aparecen.[1] ¿Por qué?
Puede ser que los medios escritos no tienen la misma red de reporteros-corresponsales que perecen tener las radioemisoras grandes.
Sin embargo, me temo que también podría ser un ejercicio de auto-censura de los periódicos. Esto por dos razones. Uno, se cree que la cobertura de linchamientos en los medios es una causa del comportamiento epidémico que los mismos muestran. Es decir, facilita su imitación, difusión. Dos, los medios estaría evitando aumentar la percepción de inseguridad para no disuadir a los potenciales turistas en Semana Santa.
Al respecto, es posible que el artículo publicado en El Salvador el pasado fin de semana haya tenido el efecto de alejar turistas. Una familia amiga me dijo que después de leer eso era mejor no visitar Guatemala. Otro amigo salvadoreño me confirmaba que muchos visitarían Honduras o Nicaragua.
[1] Yo reviso los períodicos que tienen página de Internet. A lo mejor los hechos de violencia colectiva ya no son noticia para ellos. Puede ser que sí se registren en los períodicos populares, que casi sólo cubren la "nota roja".
Según reporta Emisoras Unidas (20 mar 08), unas 200 personas estuvieron a punto de linchar a dos sujetos capturados in fraganti cuando le disparaban a una persona. Finalmente, los capturados fueron entregados a la Policía Nacional Civil.
Por cierto, el reportero decía orgulloso que en Chiquimula aún no son comunes los linchamientos.
¿Auto-censura de los medios escritos?
En las últimas semanas he escuchado continuamente las noticias transmitidas por la radio. Al menos se han reportado unos tres linchamientos en el interior de la República, pero al revisar los medios escritos esos hechos NO aparecen.[1] ¿Por qué?
Puede ser que los medios escritos no tienen la misma red de reporteros-corresponsales que perecen tener las radioemisoras grandes.
Sin embargo, me temo que también podría ser un ejercicio de auto-censura de los periódicos. Esto por dos razones. Uno, se cree que la cobertura de linchamientos en los medios es una causa del comportamiento epidémico que los mismos muestran. Es decir, facilita su imitación, difusión. Dos, los medios estaría evitando aumentar la percepción de inseguridad para no disuadir a los potenciales turistas en Semana Santa.
Al respecto, es posible que el artículo publicado en El Salvador el pasado fin de semana haya tenido el efecto de alejar turistas. Una familia amiga me dijo que después de leer eso era mejor no visitar Guatemala. Otro amigo salvadoreño me confirmaba que muchos visitarían Honduras o Nicaragua.
[1] Yo reviso los períodicos que tienen página de Internet. A lo mejor los hechos de violencia colectiva ya no son noticia para ellos. Puede ser que sí se registren en los períodicos populares, que casi sólo cubren la "nota roja".
17 March 2008
El secreto de Cerro Alto
Por César Castro Fagoaga
La Prensa Gráfica, El Salvador (16 mar 08)
Lo llaman “rondear”. Cada noche de cada día de la semana, cientos de personas armadas con palos y machetes patrullan en grupos las calles de San Juan Sacatepéquez. Temen represalias de los pandilleros. No es, ni de lejos, el único municipio donde se “rondea” en Guatemala. Se hace por la convicción de que el Estado no los protege ni les brinda justicia que quieren, y están dispuestos a todo —a todo— para que se haga respetar su particular visión del orden, que incluye toques de queda y linchamientos públicos. “Nosotros sabemos cómo solucionar nuestros problemas”, justifica uno de ellos.
Leer artículo completo en la Revista Enfoques:
http://www.laprensagrafica.com/enfoques/1011733.asp
La Prensa Gráfica, El Salvador (16 mar 08)
Lo llaman “rondear”. Cada noche de cada día de la semana, cientos de personas armadas con palos y machetes patrullan en grupos las calles de San Juan Sacatepéquez. Temen represalias de los pandilleros. No es, ni de lejos, el único municipio donde se “rondea” en Guatemala. Se hace por la convicción de que el Estado no los protege ni les brinda justicia que quieren, y están dispuestos a todo —a todo— para que se haga respetar su particular visión del orden, que incluye toques de queda y linchamientos públicos. “Nosotros sabemos cómo solucionar nuestros problemas”, justifica uno de ellos.
Leer artículo completo en la Revista Enfoques:
http://www.laprensagrafica.com/enfoques/1011733.asp
11 March 2008
Turba vapulea a tres mujeres y un hombre
Por Julio F. Lara
Prensa Libre (11 mar 08)
Un grupo de campesinos vapuleó ayer, a las 0:15 horas, a tres menores y una mujer de 19 años, en el kilómetro 21.5 de la carretera a San Juan Sacatepéquez.
Las víctimas son Silvestre Sequén Tactic, de 16, y Alfredo Sequén Tactic, de 17, quienes además de sufrir golpes también fueron baleados.
Otras dos mujeres, María Estela Sequén Tacatic, de 12, y María Quim Bo, de 19, también fueron vapuleadas.
Los enardecidos vecinos los acusan de saquear casas y negocios.
Los cuatro fueron trasladados por los Bomberos Municipales al Hospital Roosevelt.
El comisario Mario Folgar, jefe de la Comisaría 16, informó que sólo cuentan con la acusación de los vecinos contra las personas agredidas.
“No tenemos una investigación, por lo que no podemos señalarlos de que son delincuentes. Los agresores decidieron entregarlos a los agentes que llegaron al lugar”, explicó.
Un testigo contó a los socorristas que observó cuando unas 200 personas los señalaron de cometer varias fechorías, y después los fueron a buscar para agredirlos.
Prensa Libre (11 mar 08)
Un grupo de campesinos vapuleó ayer, a las 0:15 horas, a tres menores y una mujer de 19 años, en el kilómetro 21.5 de la carretera a San Juan Sacatepéquez.
Las víctimas son Silvestre Sequén Tactic, de 16, y Alfredo Sequén Tactic, de 17, quienes además de sufrir golpes también fueron baleados.
Otras dos mujeres, María Estela Sequén Tacatic, de 12, y María Quim Bo, de 19, también fueron vapuleadas.
Los enardecidos vecinos los acusan de saquear casas y negocios.
Los cuatro fueron trasladados por los Bomberos Municipales al Hospital Roosevelt.
El comisario Mario Folgar, jefe de la Comisaría 16, informó que sólo cuentan con la acusación de los vecinos contra las personas agredidas.
“No tenemos una investigación, por lo que no podemos señalarlos de que son delincuentes. Los agresores decidieron entregarlos a los agentes que llegaron al lugar”, explicó.
Un testigo contó a los socorristas que observó cuando unas 200 personas los señalaron de cometer varias fechorías, y después los fueron a buscar para agredirlos.
07 March 2008
Informe del GAM: Juntas de Seguridad y Linchamientos
Grupo de Apoyo Mutuo
Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y hechos de violencia ocurridos durante los meses de enero y febrero del año 2008
Juntas de Seguridad Comunitaria
Desde meses anteriores, el control de la seguridad en San Juan Sacatepéquez se ha tornado en un tema delicado, ya que una noticia sobresaliente fue la conformación de 150 Juntas de Seguridad Comunitaria[6] solo en este municipio, como consecuencia de la implementación de la nueva estrategia que GAM ha mencionado en el informe sobre la situación de Derechos Humanos en el mes de enero[7] denominada “Juntas de Seguridad Comunitaria”. No obstante en este municipio han existido antecedentes de linchamientos y muertes violentas como: el caso de los hermanos Edwin Calel, Florentino Calel y el padre José Irineo Calel. El hecho ocurrió cuando Edwin de 17 años, fue capturado ilegalmente por habitantes de esta región acusado de ser pandillero, a quien ejecutaron de viarios disparos en la cabeza corriendo la misma suerte el hermano y padre del menor[8].
Lo preocupante al respecto es que después de la conformación de las juntas de seguridad, sus integrantes aseguran “no estar armados y que los sospechosos solo son rodeados”, pero en una población con este tipo de historial social es difícil establecer estas circunstancias; otros vecinos integrantes de las juntas mencionadas han indicado que sí poseen algún tipo de arma para agredir a los capturados. Sin embargo, el Ministro de Gobernación aún se está evaluado el estado de excepción en esta región[9].
Este tipo de eventualidades se pronosticaban con la conformación de estas juntas, augurados a consecuencia de la ingobernabilidad y exasperación de la población pues el debilitamiento institucional de justicia lleva a la ciudadanía a tomar la justicia por sus propias manos, cuestión que se rechaza pues en estos linchamientos sin lugar a duda se violenta el principio de debido proceso, presunción de inocencia, así como la existencia de violaciones a derechos humanos. Esto revela la debilidad de las estrategias para contrarrestar la violencia.
Linchamientos
Como muestra de lo descrito, durante el mes de febrero se produjeron 6 linchamientos. Sololá fue en este mes el departamento con mayor número de intentos, afortunadamente todos sin ninguna pérdida humana.
Cuadro 5: Linchamientos mes de febrero 2008
Agresión --- zona --- hombres --- mujeres --- niñas --- niños
Intento de ser quemado --- Amatitlán --- 1 --- 0 --- 0 --- 0
Intento de ser quemados --- Sololá --- 4 --- 0 --- 0 --- 0
Vapuleado --- Retalhuleu --- 1 --- 0 --- 0 --- 0
TOTALES --- País --- 6 --- 0 --- 0 --- 0
Fuente: GAM, por monitoreo con medios de comunicación
Notas:
[6] Siglo 21. Publicación del 03 de enero de 2008. Grupos de patrullaje son 150 en San Juan. Pág. 3.
[7] Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y hechos de violencia ocurridos en el mes de enero año 2008. Grupo de apoyo Mutuo. Pág. 9
[8] El Periódico. Publicación 06 de febrero de 2008. Grupo armado, a cargo de cinco ajusticiamientos. Pág. 3.
[9] Nadie puede movilizarse a determinadas horas, las personas pueden ser capturadas en cualquier lugar y hora y pueden tomarse su declaración en cualquier lugar. Siglo 21. Publicación del 03 de enero de 2008. Grupos de patrullaje son 150 en San Juan. Pág. 3
Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y hechos de violencia ocurridos durante los meses de enero y febrero del año 2008
Juntas de Seguridad Comunitaria
Desde meses anteriores, el control de la seguridad en San Juan Sacatepéquez se ha tornado en un tema delicado, ya que una noticia sobresaliente fue la conformación de 150 Juntas de Seguridad Comunitaria[6] solo en este municipio, como consecuencia de la implementación de la nueva estrategia que GAM ha mencionado en el informe sobre la situación de Derechos Humanos en el mes de enero[7] denominada “Juntas de Seguridad Comunitaria”. No obstante en este municipio han existido antecedentes de linchamientos y muertes violentas como: el caso de los hermanos Edwin Calel, Florentino Calel y el padre José Irineo Calel. El hecho ocurrió cuando Edwin de 17 años, fue capturado ilegalmente por habitantes de esta región acusado de ser pandillero, a quien ejecutaron de viarios disparos en la cabeza corriendo la misma suerte el hermano y padre del menor[8].
Lo preocupante al respecto es que después de la conformación de las juntas de seguridad, sus integrantes aseguran “no estar armados y que los sospechosos solo son rodeados”, pero en una población con este tipo de historial social es difícil establecer estas circunstancias; otros vecinos integrantes de las juntas mencionadas han indicado que sí poseen algún tipo de arma para agredir a los capturados. Sin embargo, el Ministro de Gobernación aún se está evaluado el estado de excepción en esta región[9].
Este tipo de eventualidades se pronosticaban con la conformación de estas juntas, augurados a consecuencia de la ingobernabilidad y exasperación de la población pues el debilitamiento institucional de justicia lleva a la ciudadanía a tomar la justicia por sus propias manos, cuestión que se rechaza pues en estos linchamientos sin lugar a duda se violenta el principio de debido proceso, presunción de inocencia, así como la existencia de violaciones a derechos humanos. Esto revela la debilidad de las estrategias para contrarrestar la violencia.
Linchamientos
Como muestra de lo descrito, durante el mes de febrero se produjeron 6 linchamientos. Sololá fue en este mes el departamento con mayor número de intentos, afortunadamente todos sin ninguna pérdida humana.
Cuadro 5: Linchamientos mes de febrero 2008
Agresión --- zona --- hombres --- mujeres --- niñas --- niños
Intento de ser quemado --- Amatitlán --- 1 --- 0 --- 0 --- 0
Intento de ser quemados --- Sololá --- 4 --- 0 --- 0 --- 0
Vapuleado --- Retalhuleu --- 1 --- 0 --- 0 --- 0
TOTALES --- País --- 6 --- 0 --- 0 --- 0
Fuente: GAM, por monitoreo con medios de comunicación
Notas:
[6] Siglo 21. Publicación del 03 de enero de 2008. Grupos de patrullaje son 150 en San Juan. Pág. 3.
[7] Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y hechos de violencia ocurridos en el mes de enero año 2008. Grupo de apoyo Mutuo. Pág. 9
[8] El Periódico. Publicación 06 de febrero de 2008. Grupo armado, a cargo de cinco ajusticiamientos. Pág. 3.
[9] Nadie puede movilizarse a determinadas horas, las personas pueden ser capturadas en cualquier lugar y hora y pueden tomarse su declaración en cualquier lugar. Siglo 21. Publicación del 03 de enero de 2008. Grupos de patrullaje son 150 en San Juan. Pág. 3
04 March 2008
Linchamientos en México
Por Carlos A. Mendoza
Estoy escribiendo un artículo para la Revista El Cotidiano, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco, México). Los artículo que ya se han publicado en la misma me sirven para enfatizar que los linchamientos NO son un fenómeno exclusivo de Guatemala, y por lo tanto no pueden explicarse con características particulares del país.
Estos son los títulos de los artículos y sus autores, pueden obtenerlos en formato PDF por medio de la página de El Cotidiano: AQUI. Seleccione el tema "violencia" y busque el título que desea.
El terror como dispositivo social de incertidumbre (nuevas identidades y linchamientos colectivos). Por Raúl René Villamil Uriarte. El Cotidiano 135.
Radiografía de los linchamientos en México. Por Raúl Rodríguez Guillén y Juan Mora Heredia. El Cotidiano 131.
Los linchamientos en México: entre el Estado de Derecho y los usos y costumbres. Por Raúl Rodríguez Guillén y Juan Mora Heredia. El Cotidiano 129.
Los linchamientos en México: crisis de autoridad y violencia social. Por Raúl Rodríguez Guillén. El Cotidiano 111.
Además de estos ensayos, el siguiente ya se volvió punto de referencia obligado:
Carlos M. Vilas, "(In)justicia por propia mano: los linchamientos en el México contemporáneo", en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 63, No. 1 (Jan. - Mar., 2001), pp. 131-160. Disponible AQUI.
Referencias complementarias:
El artículo de Villamil hace referencia a la noticia publicada en La Jornada, 24 nov. 2004: AQUI.
Estoy escribiendo un artículo para la Revista El Cotidiano, de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana (Azcapotzalco, México). Los artículo que ya se han publicado en la misma me sirven para enfatizar que los linchamientos NO son un fenómeno exclusivo de Guatemala, y por lo tanto no pueden explicarse con características particulares del país.
Estos son los títulos de los artículos y sus autores, pueden obtenerlos en formato PDF por medio de la página de El Cotidiano: AQUI. Seleccione el tema "violencia" y busque el título que desea.
El terror como dispositivo social de incertidumbre (nuevas identidades y linchamientos colectivos). Por Raúl René Villamil Uriarte. El Cotidiano 135.
Radiografía de los linchamientos en México. Por Raúl Rodríguez Guillén y Juan Mora Heredia. El Cotidiano 131.
Los linchamientos en México: entre el Estado de Derecho y los usos y costumbres. Por Raúl Rodríguez Guillén y Juan Mora Heredia. El Cotidiano 129.
Los linchamientos en México: crisis de autoridad y violencia social. Por Raúl Rodríguez Guillén. El Cotidiano 111.
Además de estos ensayos, el siguiente ya se volvió punto de referencia obligado:
Carlos M. Vilas, "(In)justicia por propia mano: los linchamientos en el México contemporáneo", en Revista Mexicana de Sociología, Vol. 63, No. 1 (Jan. - Mar., 2001), pp. 131-160. Disponible AQUI.
Referencias complementarias:
El artículo de Villamil hace referencia a la noticia publicada en La Jornada, 24 nov. 2004: AQUI.
03 March 2008
Víctimas de la Violencia
elEditorial de elPeriódico (3 mar 08)
Todos los días se reportan muertes violentas y lesionados como resultado de los incontrolables hechos de sangre que ocurren en todo el territorio nacional y que mantienen a la población en constante zozobra.
La saña con que se está matando en Guatemala ya ha excedido los límites de nuestra imaginación.
Los cadáveres aparecen acribillados a tiros, descuartizados, descabezados o lacerados brutalmente. También abundan los ajusticiamientos con tiro de gracia, así como los asesinatos de familias enteras presuntamente atribuidos a venganzas y silenciamientos del hampa y de la mafia, así como víctimas inocentes de balaceras y enfrentamientos armados.
Por otro lado, las fuerzas del orden no solo son impotentes ante el desborde delincuencial, sino que muchas veces participan activamente en la comisión de los crímenes, como autores, cómplices o encubridores. Se ha llegado al extremo que la gente le teme a la presencia policial debido a que no es confiable.
No quisiéramos pensar que el diálogo de las pistolas se ha convertido en la forma de dirimir los conflictos en Guatemala, porque esto, inexorablemente, nos llevará a una violencia generalizada superpuesta al régimen de legalidad y que nos condenará a la ley del más fuerte o del sálvese quien pueda.
En nuestra opinión, todas las disputas deben dirimirse en los tribunales de justicia y no en las calles.
Al respecto, debe tenerse presente que cuando se opta, como fórmula única, por hacer justicia por propia mano, la sociedad, irreversiblemente, habrá evolucionado hacia el caos, la anarquía y la total inseguridad personal.
La única vía hacia la paz y la estabilidad efectivas es a través del imperio de la ley. El Estado no debe escatimar ningún esfuerzo en lograr que la ley se observe, se cumpla y, en su caso, se aplique en nuestro país. El Estado debe monopolizar la fuerza e impedir, a toda costa, que esta esté en manos de particulares.
En todo caso, el imperio de la ley solamente se logrará con base en el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia, del apego a los procedimientos legales, así como de la capacidad y firmeza de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la administración de justicia.
Todos los días se reportan muertes violentas y lesionados como resultado de los incontrolables hechos de sangre que ocurren en todo el territorio nacional y que mantienen a la población en constante zozobra.
La saña con que se está matando en Guatemala ya ha excedido los límites de nuestra imaginación.
Los cadáveres aparecen acribillados a tiros, descuartizados, descabezados o lacerados brutalmente. También abundan los ajusticiamientos con tiro de gracia, así como los asesinatos de familias enteras presuntamente atribuidos a venganzas y silenciamientos del hampa y de la mafia, así como víctimas inocentes de balaceras y enfrentamientos armados.
Por otro lado, las fuerzas del orden no solo son impotentes ante el desborde delincuencial, sino que muchas veces participan activamente en la comisión de los crímenes, como autores, cómplices o encubridores. Se ha llegado al extremo que la gente le teme a la presencia policial debido a que no es confiable.
No quisiéramos pensar que el diálogo de las pistolas se ha convertido en la forma de dirimir los conflictos en Guatemala, porque esto, inexorablemente, nos llevará a una violencia generalizada superpuesta al régimen de legalidad y que nos condenará a la ley del más fuerte o del sálvese quien pueda.
En nuestra opinión, todas las disputas deben dirimirse en los tribunales de justicia y no en las calles.
Al respecto, debe tenerse presente que cuando se opta, como fórmula única, por hacer justicia por propia mano, la sociedad, irreversiblemente, habrá evolucionado hacia el caos, la anarquía y la total inseguridad personal.
La única vía hacia la paz y la estabilidad efectivas es a través del imperio de la ley. El Estado no debe escatimar ningún esfuerzo en lograr que la ley se observe, se cumpla y, en su caso, se aplique en nuestro país. El Estado debe monopolizar la fuerza e impedir, a toda costa, que esta esté en manos de particulares.
En todo caso, el imperio de la ley solamente se logrará con base en el fortalecimiento de las instituciones del sistema de justicia, del apego a los procedimientos legales, así como de la capacidad y firmeza de las autoridades encargadas de la seguridad pública y de la administración de justicia.
Escuadrón Secreto de Ejecución
Por Arturo Echeverría
Prensa Libre, Noticias de Última Hora (3 mar 08)
Veintiséis personas, acusadas de integrar una banda de secuestradores y extorsionistas, fueron amenazadas por el Escuadrón Secreto de Ejecución (ESE), grupo que se autodenomina defensor del pueblo honrado de Palín, Escuintla.
En un boletín difundido por el ESE aparecen los nombres completos de los sindicados, y las direcciones de sus residencias, las que amenazan con quemar. Este grupo además pide a las 26 personas que abandonen Guatemala lo más pronto posible, de lo contrario serán ejecutadas.
Entre la lista de los sindicados aparecen dos personas de Amatitlán, tres de Villa Nueva, y dos de San Vicente Pacaya.
Este escuadrón pide a la población estar atenta a otros comunicados y que se organice para terminar con la delincuencia que afecta a Palín.
Varias de las personas cuyos nombres aparecen en el boletín han indicado que son honradas y que no son culpables de lo que se les acusa y están dispuestas a someterse a cualquier investigación de las autoridades.
Prensa Libre, Noticias de Última Hora (3 mar 08)
Veintiséis personas, acusadas de integrar una banda de secuestradores y extorsionistas, fueron amenazadas por el Escuadrón Secreto de Ejecución (ESE), grupo que se autodenomina defensor del pueblo honrado de Palín, Escuintla.
En un boletín difundido por el ESE aparecen los nombres completos de los sindicados, y las direcciones de sus residencias, las que amenazan con quemar. Este grupo además pide a las 26 personas que abandonen Guatemala lo más pronto posible, de lo contrario serán ejecutadas.
Entre la lista de los sindicados aparecen dos personas de Amatitlán, tres de Villa Nueva, y dos de San Vicente Pacaya.
Este escuadrón pide a la población estar atenta a otros comunicados y que se organice para terminar con la delincuencia que afecta a Palín.
Varias de las personas cuyos nombres aparecen en el boletín han indicado que son honradas y que no son culpables de lo que se les acusa y están dispuestas a someterse a cualquier investigación de las autoridades.
26 February 2008
Linchamiento en Ecuador
Carlos A. Mendoza
Los linchamientos no ocurren solamente en Guatemala. Como lo muestra este video de YouTube tomado de un noticiero ecuatoriano. El hecho ocurre en una comunidad indígena y se presenta como una forma de castigo tradicional propio de la comunidad.
Los linchamientos no ocurren solamente en Guatemala. Como lo muestra este video de YouTube tomado de un noticiero ecuatoriano. El hecho ocurre en una comunidad indígena y se presenta como una forma de castigo tradicional propio de la comunidad.
Linchamientos en YouTube
Carlos A. Mendoza
Revisando YouTube me he encontrado con algunos materiales interesantes.
En este se explora el caso del Juez Alvaro Hugo Martínez, asesinado por una turba en Senahú, Alta Verapaz (2001). En el video la vocera de MINUGUA resume las causas de los linchamientos, según la Misión: pobreza, conflicto armado, falta de actuación de la Policía y cultura de la violencia. (Duración 7:35 min)
Este video es la continuación del otro. Aquí se dice que el desconocimiento del proceso legal también es una causa de los linchamientos. (Duración 5:22 min)
Revisando YouTube me he encontrado con algunos materiales interesantes.
En este se explora el caso del Juez Alvaro Hugo Martínez, asesinado por una turba en Senahú, Alta Verapaz (2001). En el video la vocera de MINUGUA resume las causas de los linchamientos, según la Misión: pobreza, conflicto armado, falta de actuación de la Policía y cultura de la violencia. (Duración 7:35 min)
Este video es la continuación del otro. Aquí se dice que el desconocimiento del proceso legal también es una causa de los linchamientos. (Duración 5:22 min)
23 February 2008
Autoridad en entredicho
Editorial Siglo XXI (23 feb 08)
Los enfrentamientos entre pobladores y PNC ocurridos en Sololá e Izabal son un reto al Estado de derecho que no se debe permitir.
Recuperar la imagen de autoridad y convencer a los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas del Gobierno.
Para los responsables de la seguridad pública, tener que enfrentarse con poblaciones enardecidas que cada vez demuestran menos respeto a la autoridad, se ha convertido en otro más de los constantes retos que deben enfrentar en su propósio de mantener la tranquilidad ciudadana. El principal problema es que cada vez tienen menos éxito en esa empresa.
Los hechos ocurridos esta semana en lugares de Sololá y Puerto Barrios, demuestran una pérdida de credibilidad creciente en la Policía Nacional Civil (PNC) por parte de las comunidades del interior y por ende, se enfrenta a graves dificultades para ejercer sus responsabilidades.
En el primer caso, desde el sábado anterior se habían producido incidentes cuando una multitud se enfrentó a la Policía, quemó 3 vehículos y atacó las sedes de 2 dependencias estatales, en demanda de la entrega de 4 supuestos secuestradores que habían sido aprehendidos. Pero los acontecimientos se salieron de control el miércoles, cuando cientos de sololatecos esperaban la visita del Ministro de Gobernación y del Director de la PNC, pero al no presentarse, tuvieron el pretexto para protagonizar disturbios que condujeron a un enfrentamiento entre fuerzas del orden y vecinos, con saldo de tres inmuebles incendiados y varias personas heridas.
Por si no fuera suficiente, en la aldea La Lámpara, cerca a Lívingston, en Izabal, varias decenas de agentes policiales, entre quienes se encontraba también el jefe de la Comisaría de Puerto Barrios, fueron retenidos en calidad de rehenes por una turba que exigía la liberación de uno de sus supuestos líderes.
Hechos similares han ocurrido en otros lugares conflictivos. Días atrás, por ejemplo, cinco comunidades de San Juan Sacatepéquez suscribieron un curioso documento con representantes de Gobernación, por medio del cual fijaron las reglas de juego para efectuar detenciones, lo cual incluye autorización previa de los grupos organizados de vecinos para que ingrese la PNC.
Por lo visto, el reto para las autoridades se hace más grande, porque no será posible ejercer la función de seguridad, mientras la Policía tenga que pedir permiso para llegar a imponer orden o, peor aún, si los ciudadanos reaccionan con violaciones flagrantes al Estado de derecho cada vez que ocurren acciones con las que no están de acuerdo.
La recuperación de la imagen de autoridad y la convicción de los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas impostergables para el Gobierno. Urge contar con una Policía que sirva para los fines que fue creada.
Los enfrentamientos entre pobladores y PNC ocurridos en Sololá e Izabal son un reto al Estado de derecho que no se debe permitir.
Recuperar la imagen de autoridad y convencer a los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas del Gobierno.
Para los responsables de la seguridad pública, tener que enfrentarse con poblaciones enardecidas que cada vez demuestran menos respeto a la autoridad, se ha convertido en otro más de los constantes retos que deben enfrentar en su propósio de mantener la tranquilidad ciudadana. El principal problema es que cada vez tienen menos éxito en esa empresa.
Los hechos ocurridos esta semana en lugares de Sololá y Puerto Barrios, demuestran una pérdida de credibilidad creciente en la Policía Nacional Civil (PNC) por parte de las comunidades del interior y por ende, se enfrenta a graves dificultades para ejercer sus responsabilidades.
En el primer caso, desde el sábado anterior se habían producido incidentes cuando una multitud se enfrentó a la Policía, quemó 3 vehículos y atacó las sedes de 2 dependencias estatales, en demanda de la entrega de 4 supuestos secuestradores que habían sido aprehendidos. Pero los acontecimientos se salieron de control el miércoles, cuando cientos de sololatecos esperaban la visita del Ministro de Gobernación y del Director de la PNC, pero al no presentarse, tuvieron el pretexto para protagonizar disturbios que condujeron a un enfrentamiento entre fuerzas del orden y vecinos, con saldo de tres inmuebles incendiados y varias personas heridas.
Por si no fuera suficiente, en la aldea La Lámpara, cerca a Lívingston, en Izabal, varias decenas de agentes policiales, entre quienes se encontraba también el jefe de la Comisaría de Puerto Barrios, fueron retenidos en calidad de rehenes por una turba que exigía la liberación de uno de sus supuestos líderes.
Hechos similares han ocurrido en otros lugares conflictivos. Días atrás, por ejemplo, cinco comunidades de San Juan Sacatepéquez suscribieron un curioso documento con representantes de Gobernación, por medio del cual fijaron las reglas de juego para efectuar detenciones, lo cual incluye autorización previa de los grupos organizados de vecinos para que ingrese la PNC.
Por lo visto, el reto para las autoridades se hace más grande, porque no será posible ejercer la función de seguridad, mientras la Policía tenga que pedir permiso para llegar a imponer orden o, peor aún, si los ciudadanos reaccionan con violaciones flagrantes al Estado de derecho cada vez que ocurren acciones con las que no están de acuerdo.
La recuperación de la imagen de autoridad y la convicción de los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas impostergables para el Gobierno. Urge contar con una Policía que sirva para los fines que fue creada.
Los vigilantes de San Juan
Por Gabriel Aguilera Peralta
elPeriódico (23 feb 08)
Conté lo que pasaba en San Juan Sacatepéquez en una reunión en Washington. Mis oyentes se sorprendieron al máximo, el representante del BID preguntó qué hacían las autoridades ante los grupos de vigilantes que impusieron el toque de queda con pena de muerte.
Tuve que contestarle que había denuncias en los medios de comunicación, pero no acción de las autoridades.
Lo acaecido en San Juan es un síntoma de “Estado fallido”. El Estado, perdiendo control territorial, ausentándose de un espacio, que en este caso pasa a ser disputado entre las maras y grupos de vigilantes, que ejercen una terrible justicia propia.
Por eso estoy de acuerdo con las medidas anunciadas por el Presidente y el Ministro de Gobernación en cuanto a recuperar el control de ese municipio. La participación ciudadana en seguridad preventiva es necesaria y debe incentivarse, pero no en la forma de “vigilantismo”, que es la sustitución del ejercicio de seguridad que pertenece al Estado por grupos privados que incurren en violaciones a los derechos humanos.
Para evitar ese fenómeno, que se está dando en varias partes del país, el Estado debe estar en condiciones de garantizar la seguridad ciudadana. Si no lo hace, la percepción de la amenaza de la violencia criminal en la ciudadanía empuja a soluciones y a la formación de pensamiento autoritario.
Un ejemplo de ello es la reciente decisión del Congreso de restablecer el derecho al indulto presidencial en los casos de pena de muerte, lo que de hecho restablece esa sanción que estaba en suspenso desde hace siete años.
No hay evidencias de que la pena de muerte sea realmente un disuasivo y ese tipo de sanción es fuertemente adversado en la cultura occidental, particularmente por la Unión Europea con quien estamos, como parte de Centroamérica, en negociaciones para un Acuerdo de Asociación que incluye un diálogo político, parte del cual son consideraciones sobre derechos humanos.
Sin embargo, la decisión en el Congreso contó con una abrumadora mayoría como reflejo del endurecimiento del pensamiento sobre seguridad, en sentido contrario al concepto sobre seguridad democrática que forma parte de los Acuerdos de Paz y del Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Solamente en la medida que mejore la situación de seguridad y la confianza en la capacidad estatal de proteger personas y bienes va retroceder el pensamiento autoritario. De allí que es importante la recuperación de San Juan Sacatepéquez para que el Estado de Derecho tenga éxito.
elPeriódico (23 feb 08)
Conté lo que pasaba en San Juan Sacatepéquez en una reunión en Washington. Mis oyentes se sorprendieron al máximo, el representante del BID preguntó qué hacían las autoridades ante los grupos de vigilantes que impusieron el toque de queda con pena de muerte.
Tuve que contestarle que había denuncias en los medios de comunicación, pero no acción de las autoridades.
Lo acaecido en San Juan es un síntoma de “Estado fallido”. El Estado, perdiendo control territorial, ausentándose de un espacio, que en este caso pasa a ser disputado entre las maras y grupos de vigilantes, que ejercen una terrible justicia propia.
Por eso estoy de acuerdo con las medidas anunciadas por el Presidente y el Ministro de Gobernación en cuanto a recuperar el control de ese municipio. La participación ciudadana en seguridad preventiva es necesaria y debe incentivarse, pero no en la forma de “vigilantismo”, que es la sustitución del ejercicio de seguridad que pertenece al Estado por grupos privados que incurren en violaciones a los derechos humanos.
Para evitar ese fenómeno, que se está dando en varias partes del país, el Estado debe estar en condiciones de garantizar la seguridad ciudadana. Si no lo hace, la percepción de la amenaza de la violencia criminal en la ciudadanía empuja a soluciones y a la formación de pensamiento autoritario.
Un ejemplo de ello es la reciente decisión del Congreso de restablecer el derecho al indulto presidencial en los casos de pena de muerte, lo que de hecho restablece esa sanción que estaba en suspenso desde hace siete años.
No hay evidencias de que la pena de muerte sea realmente un disuasivo y ese tipo de sanción es fuertemente adversado en la cultura occidental, particularmente por la Unión Europea con quien estamos, como parte de Centroamérica, en negociaciones para un Acuerdo de Asociación que incluye un diálogo político, parte del cual son consideraciones sobre derechos humanos.
Sin embargo, la decisión en el Congreso contó con una abrumadora mayoría como reflejo del endurecimiento del pensamiento sobre seguridad, en sentido contrario al concepto sobre seguridad democrática que forma parte de los Acuerdos de Paz y del Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Solamente en la medida que mejore la situación de seguridad y la confianza en la capacidad estatal de proteger personas y bienes va retroceder el pensamiento autoritario. De allí que es importante la recuperación de San Juan Sacatepéquez para que el Estado de Derecho tenga éxito.
Un peligroso vacío de poder
elEditorial de elPeriódico (23 feb 08)
Unos 1,500 campesinos de 26 comunidades de Livingston, Izabal mantenían ayer secuestrados a 29 miembros de la Policía Nacional Civil, PNC, como una medida de presión para obtener la libertad de su “líder” Ramiro Choc, capturado el 14 de febrero en curso bajo la sindicación de haber cometido los delitos de usurpación agravada, robo agravado y detención ilegal.
Tales hechos ocurrían a pocas horas de que una concentración de vecinos de Sololá, en rechazo a la ola de secuestros que está afectando a tal departamento, culminó en violentos disturbios callejeros, cuando los pobladores arremetieron contra la Policía Nacional Civil local e incendiaron cuatro inmuebles, supuestamente pertenecientes a una banda de plagiarios.
Ambos sucesos claramente ilegales señalan la deficiencia que muestran las fuerzas de seguridad ante la escalada delictiva, lo cual hace que nuestros connacionales sigan optando por el procedimiento antijurídico de pretender hacerse justicia por su propia mano. La falta de autoridad en los departamentos se agudizó en los últimos años. El proceso de paz condujo a un repliegue de las fuerzas de seguridad, originando en muchas poblaciones un peligroso vacío de poder que ha sido aprovechado por delincuentes y maleantes.
Creemos que el Gobierno debe hacer un rápido esfuerzo para que tan anómala situación sea superada, pues las autoridades del Estado deben cumplir con su obligación constitucional de mantener el orden y la tranquilidad en todo el territorio nacional.
El pueblo de Guatemala sigue esperando que el Gobierno de la República le restituya la seguridad pública a que tiene derecho. Los repetidos hechos de violencia colectiva que están ocurriendo en el interior del país están rompiendo deleznablemente las reglas del juego de nuestra convivencia civilizada. Con razón la representante especial del Secretariado General de las Naciones Unidas, Hina Jilani, tras una visita de observación a nuestro país ha concluido en que “la justicia es una palabra vacía en Guatemala”.
Unos 1,500 campesinos de 26 comunidades de Livingston, Izabal mantenían ayer secuestrados a 29 miembros de la Policía Nacional Civil, PNC, como una medida de presión para obtener la libertad de su “líder” Ramiro Choc, capturado el 14 de febrero en curso bajo la sindicación de haber cometido los delitos de usurpación agravada, robo agravado y detención ilegal.
Tales hechos ocurrían a pocas horas de que una concentración de vecinos de Sololá, en rechazo a la ola de secuestros que está afectando a tal departamento, culminó en violentos disturbios callejeros, cuando los pobladores arremetieron contra la Policía Nacional Civil local e incendiaron cuatro inmuebles, supuestamente pertenecientes a una banda de plagiarios.
Ambos sucesos claramente ilegales señalan la deficiencia que muestran las fuerzas de seguridad ante la escalada delictiva, lo cual hace que nuestros connacionales sigan optando por el procedimiento antijurídico de pretender hacerse justicia por su propia mano. La falta de autoridad en los departamentos se agudizó en los últimos años. El proceso de paz condujo a un repliegue de las fuerzas de seguridad, originando en muchas poblaciones un peligroso vacío de poder que ha sido aprovechado por delincuentes y maleantes.
Creemos que el Gobierno debe hacer un rápido esfuerzo para que tan anómala situación sea superada, pues las autoridades del Estado deben cumplir con su obligación constitucional de mantener el orden y la tranquilidad en todo el territorio nacional.
El pueblo de Guatemala sigue esperando que el Gobierno de la República le restituya la seguridad pública a que tiene derecho. Los repetidos hechos de violencia colectiva que están ocurriendo en el interior del país están rompiendo deleznablemente las reglas del juego de nuestra convivencia civilizada. Con razón la representante especial del Secretariado General de las Naciones Unidas, Hina Jilani, tras una visita de observación a nuestro país ha concluido en que “la justicia es una palabra vacía en Guatemala”.
22 February 2008
Pobladores de Izabal secuestran a 29 policías
Por Luis Angel Sas
elPeriódico (22 feb 08)
Un grupo de 29 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos un comisario policíaco y una mujer, fueron secuestrados por pobladores de Livingston, Izabal, como medida de protesta por la captura de uno de sus líderes.
Los policías fueron llevados a una aldea llamada Creek Maya, a 22 kilómetros de Livingston (para llegar al lugar se debe realizar un recorrido en lancha durante 45 minutos y caminar 30 minutos por el bosque).
Las autoridades enviaron al lugar un grupo élite de agentes para tratar de liberar a los policías; sin embargo, hasta anoche no habían actuado.
El jueves 14 de febrero fue capturado Ramiro Choc, por orden de un juzgado de Izabal, por los delitos de depredación de la Bios-fera Maya, daños a la propiedad privada y pública, usurpación y robo agravado. Aunque al principio se decidió que este quedaría recluido en una cárcel local, la PNC recibió informes que sus seguidores lo tratarían de liberar, por lo que lo trasladaron al Centro Preventivo de la zona 18.
Quema de juzgado
La PNC recibió información que un grupo de campesinos quemaría el juzgado en protesta, por lo que enviaron a 14 agentes para que cuidaran la judicatura. Sin embargo, un grupo aproximado de mil pobladores los tomaron como rehenes. Después llegó otro grupo de 15 agentes, quienes también fueron secuestrados. El vocero del Ministerio de Gobernación, Ricardo Gatica, expresó que los policías no se resistieron, para evitar una matanza. “Decidieron ceder y usaron el sentido común”, dijo Gatica.
El viceministro de Gobernación, Edgar Hernández, indicó que se intentará dialogar con la población para que entreguen a los policías, pero señaló que no pueden liberar a Choc, tal y como lo solicitan los inconformes, porque el caso está en manos del juzgado.
elPeriódico (22 feb 08)
Un grupo de 29 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos un comisario policíaco y una mujer, fueron secuestrados por pobladores de Livingston, Izabal, como medida de protesta por la captura de uno de sus líderes.
Los policías fueron llevados a una aldea llamada Creek Maya, a 22 kilómetros de Livingston (para llegar al lugar se debe realizar un recorrido en lancha durante 45 minutos y caminar 30 minutos por el bosque).
Las autoridades enviaron al lugar un grupo élite de agentes para tratar de liberar a los policías; sin embargo, hasta anoche no habían actuado.
El jueves 14 de febrero fue capturado Ramiro Choc, por orden de un juzgado de Izabal, por los delitos de depredación de la Bios-fera Maya, daños a la propiedad privada y pública, usurpación y robo agravado. Aunque al principio se decidió que este quedaría recluido en una cárcel local, la PNC recibió informes que sus seguidores lo tratarían de liberar, por lo que lo trasladaron al Centro Preventivo de la zona 18.
Quema de juzgado
La PNC recibió información que un grupo de campesinos quemaría el juzgado en protesta, por lo que enviaron a 14 agentes para que cuidaran la judicatura. Sin embargo, un grupo aproximado de mil pobladores los tomaron como rehenes. Después llegó otro grupo de 15 agentes, quienes también fueron secuestrados. El vocero del Ministerio de Gobernación, Ricardo Gatica, expresó que los policías no se resistieron, para evitar una matanza. “Decidieron ceder y usaron el sentido común”, dijo Gatica.
El viceministro de Gobernación, Edgar Hernández, indicó que se intentará dialogar con la población para que entreguen a los policías, pero señaló que no pueden liberar a Choc, tal y como lo solicitan los inconformes, porque el caso está en manos del juzgado.
21 February 2008
Sololá: Vecinos reclaman con violencia
Por Edgar Rene Saénz y Oscar Figueroa
Prensa Libre (21 feb 08)
Lo que ayer comenzó como una concentración pacífica, en rechazo a la ola de secuestros que afecta a este departamento, terminó en disturbios cuando un grupo de pobladores arremetió contra la Policía e incendió cuatro inmuebles, a cuyos propietarios señalan de pertenecer a la banda de plagiarios denominada los Noj.
A las 8 horas, miles de vecinos de aquella cabecera departamental y de municipios aledaños empezaron a reunirse, luego de que, días antes, los 59 alcaldes auxiliares convocaran a una concentración en el estadio Xamba.
Una hora más tarde, tanto éstos como vecinos y el alcalde indígena José María Julajuj asistieron a la concentración masiva, a la que fueron invitados el jefe edilicio de la cabecera, Pedro Saloj Quisquiná; la gobernadora departamental, Elena Yojcom Ujpán, y representantes de la Policía, del Ministerio Público y del Organismo Judicial.
Denuncian a secuestradores
Los dirigentes indígenas les entregaron a las autoridades un memorial en el que exigen la captura de los supuestos autores de al menos 15 secuestros en lo que va del año.
Identificaron como autores de esos delitos a Juan Yaxón Zerat, alias Chatarra; José Daniel Samines Baquín, Mono; José Zet Solís, Joz; Alex Ben Chiroy, Chuky; Nicolás Bocel, Denis Rodríguez Sapón, Juan José Noj Chiroy y Ricardo Noj Cuxulic, presunto líder de la banda.
Los manifestantes les fijaron un plazo de 30 días a las autoridades para que investiguen a esas personas y ordenen su captura; de lo contrario, advirtieron que tomarán la justicia por mano propia.
La gobernadora intentó hablar con los vecinos, pero éstos se lo impidieron y la abuchearon.
De armas tomar
Al mediodía, la mayoría de pobladores empezaba a retornar a sus comunidades, pues dieron por terminada la concentración; sin embargo, otro grupo, inconforme por la pasividad de las autoridades, que no pusieron atención a sus demandas, decidió actuar.
Comienzan los disturbios
A las 14 horas, los descontentos enfilaron hacia el Bar Internacional El Paso, propiedad de Noj Cuxulic. Este negocio había sido rechazado por la población desde su apertura.
El local estaba cerrado, por lo que los vecinos violentaron la puerta, lo saquearon y lo quemaron. Otro grupo se dirigió a la casa de la familia Noj, ubicada en el barrio El Calvario; a la de Rodríguez Sapón, en el barrio San Bartolo, y a la de los presuntos plagiarios, a las cuales prendieron fuego. Además quemaron un vehículo y dos motocicletas.
La PNC lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los revoltosos, pero la cantidad de agentes fue insuficiente para lograr ese objetivo, pues aquellos les lanzaron piedras, palos y otros objetos. Varios policías y vecinos resultaron heridos. Fueron capturadas 16 personas, que horas después salieron libres. Los Bomberos Voluntarios auxiliaron a varios pobladores intoxicados o con crisis nerviosa.
Entrada la noche, la calma había vuelto a la ciudad, y la Policía, retomado el control. Se desconoce el paradero de los supuestos secuestradores.
Prensa Libre (21 feb 08)
Lo que ayer comenzó como una concentración pacífica, en rechazo a la ola de secuestros que afecta a este departamento, terminó en disturbios cuando un grupo de pobladores arremetió contra la Policía e incendió cuatro inmuebles, a cuyos propietarios señalan de pertenecer a la banda de plagiarios denominada los Noj.
A las 8 horas, miles de vecinos de aquella cabecera departamental y de municipios aledaños empezaron a reunirse, luego de que, días antes, los 59 alcaldes auxiliares convocaran a una concentración en el estadio Xamba.
Una hora más tarde, tanto éstos como vecinos y el alcalde indígena José María Julajuj asistieron a la concentración masiva, a la que fueron invitados el jefe edilicio de la cabecera, Pedro Saloj Quisquiná; la gobernadora departamental, Elena Yojcom Ujpán, y representantes de la Policía, del Ministerio Público y del Organismo Judicial.
Denuncian a secuestradores
Los dirigentes indígenas les entregaron a las autoridades un memorial en el que exigen la captura de los supuestos autores de al menos 15 secuestros en lo que va del año.
Identificaron como autores de esos delitos a Juan Yaxón Zerat, alias Chatarra; José Daniel Samines Baquín, Mono; José Zet Solís, Joz; Alex Ben Chiroy, Chuky; Nicolás Bocel, Denis Rodríguez Sapón, Juan José Noj Chiroy y Ricardo Noj Cuxulic, presunto líder de la banda.
Los manifestantes les fijaron un plazo de 30 días a las autoridades para que investiguen a esas personas y ordenen su captura; de lo contrario, advirtieron que tomarán la justicia por mano propia.
La gobernadora intentó hablar con los vecinos, pero éstos se lo impidieron y la abuchearon.
De armas tomar
Al mediodía, la mayoría de pobladores empezaba a retornar a sus comunidades, pues dieron por terminada la concentración; sin embargo, otro grupo, inconforme por la pasividad de las autoridades, que no pusieron atención a sus demandas, decidió actuar.
Comienzan los disturbios
A las 14 horas, los descontentos enfilaron hacia el Bar Internacional El Paso, propiedad de Noj Cuxulic. Este negocio había sido rechazado por la población desde su apertura.
El local estaba cerrado, por lo que los vecinos violentaron la puerta, lo saquearon y lo quemaron. Otro grupo se dirigió a la casa de la familia Noj, ubicada en el barrio El Calvario; a la de Rodríguez Sapón, en el barrio San Bartolo, y a la de los presuntos plagiarios, a las cuales prendieron fuego. Además quemaron un vehículo y dos motocicletas.
La PNC lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los revoltosos, pero la cantidad de agentes fue insuficiente para lograr ese objetivo, pues aquellos les lanzaron piedras, palos y otros objetos. Varios policías y vecinos resultaron heridos. Fueron capturadas 16 personas, que horas después salieron libres. Los Bomberos Voluntarios auxiliaron a varios pobladores intoxicados o con crisis nerviosa.
Entrada la noche, la calma había vuelto a la ciudad, y la Policía, retomado el control. Se desconoce el paradero de los supuestos secuestradores.
Vecinos ocasionan daños durante disturbios en Sololá
Por Lucía Escobar
elPeriódico (21 feb 08)
La cabecera departamental de Sololá se convirtió en escenario de disturbios ayer, como consecuencia de una manifestación convocada a ser pacífica, pero que luego se salió de control.
Habitantes exigen un alto a los actos criminales suscitados en el municipio, entre los que se cuentan al menos diez secuestros en lo que va del año.
Hace algunas semanas comenzaron a circular panfletos en los que se advertía a las autoridades judiciales que, de no actuar, el pueblo arremetería contra diez personas, acusadas de cometer hechos ilícitos.
El sábado se suscitó un supuesto secuestro, cuyos implicados fueron detenidos por pobladores para luego ser rescatados por la Policía Nacional Civil (PNC). Se ocasionaron daños al edificio de la Gobernación Departamental, además de la quema de tres vehículos.
Al día siguiente derribaron árboles en los accesos a la ciudad, impidiendo el paso vehicular, y autoridades de la Municipalidad, la Alcaldía Indígena y la Auxiliatura de los Derechos Humanos anunciaron que las medidas se depondrían hasta ayer miércoles, día en que se realizó una asamblea general.
Durante la reunión, representantes de Cocodes y de la sociedad civil expusieron sus demandas. Se presentó un memorial en el que se exige a las autoridades una efectiva actuación en sus deberes, y se enfatizó en la necesidad de actuar de forma pacífica.
Al mediodía, una parte de los concurrentes se dirigió al negocio El Paso Internacional, propiedad de Ricardo Noj, uno de los sindicados de integrar una banda que, además de secuestros, se dedica a las extorsiones. El local fue incendiado, así como las residencias de otros dos acusados , un automóvil y una moto. La turba apedreó la subestación 72 11, de la PNC de dicha cabecera, y a periodistas de Radio Magia de Sololá, quienes además fueron expuestos a detonaciones de explosivos caseros.
Restaurantes y comercios de Panajachel cerraron ayer por la tarde, ante la amenaza de habitantes de Sololá de bajar a liberar a manifestantes detenidos por la PNC y recluidos en la cárcel de dicho sitio turístico. Estos fueron liberados posteriormente. se rumoreaba que la turba quemaría negocios y casas de los involucrados. Sin embargo, nada de esto sucedió. Marcelino Ajcabul, director departamental del Ministerio de Educación de Sololá, suspendió las clases en el área.
elPeriódico (21 feb 08)
La cabecera departamental de Sololá se convirtió en escenario de disturbios ayer, como consecuencia de una manifestación convocada a ser pacífica, pero que luego se salió de control.
Habitantes exigen un alto a los actos criminales suscitados en el municipio, entre los que se cuentan al menos diez secuestros en lo que va del año.
Hace algunas semanas comenzaron a circular panfletos en los que se advertía a las autoridades judiciales que, de no actuar, el pueblo arremetería contra diez personas, acusadas de cometer hechos ilícitos.
El sábado se suscitó un supuesto secuestro, cuyos implicados fueron detenidos por pobladores para luego ser rescatados por la Policía Nacional Civil (PNC). Se ocasionaron daños al edificio de la Gobernación Departamental, además de la quema de tres vehículos.
Al día siguiente derribaron árboles en los accesos a la ciudad, impidiendo el paso vehicular, y autoridades de la Municipalidad, la Alcaldía Indígena y la Auxiliatura de los Derechos Humanos anunciaron que las medidas se depondrían hasta ayer miércoles, día en que se realizó una asamblea general.
Durante la reunión, representantes de Cocodes y de la sociedad civil expusieron sus demandas. Se presentó un memorial en el que se exige a las autoridades una efectiva actuación en sus deberes, y se enfatizó en la necesidad de actuar de forma pacífica.
Al mediodía, una parte de los concurrentes se dirigió al negocio El Paso Internacional, propiedad de Ricardo Noj, uno de los sindicados de integrar una banda que, además de secuestros, se dedica a las extorsiones. El local fue incendiado, así como las residencias de otros dos acusados , un automóvil y una moto. La turba apedreó la subestación 72 11, de la PNC de dicha cabecera, y a periodistas de Radio Magia de Sololá, quienes además fueron expuestos a detonaciones de explosivos caseros.
Restaurantes y comercios de Panajachel cerraron ayer por la tarde, ante la amenaza de habitantes de Sololá de bajar a liberar a manifestantes detenidos por la PNC y recluidos en la cárcel de dicho sitio turístico. Estos fueron liberados posteriormente. se rumoreaba que la turba quemaría negocios y casas de los involucrados. Sin embargo, nada de esto sucedió. Marcelino Ajcabul, director departamental del Ministerio de Educación de Sololá, suspendió las clases en el área.
18 February 2008
Sigue la tensión en Sololá
Por Edgar Rene Saenz
Prensa Libre (18 feb 08)
Pobladores de Sololá bloquearon durante seis horas los accesos hacia la cabecera , mientras otros verificaban si la Policía había capturado a algún vecino en la protesta contra la ola de secuestros, que terminó en disturbios, la tarde del sábado.
Los inconformes bloquearon ayer las principales entradas a esa cabecera departamental, a partir de las 9 horas, ya que, supuestamente, la PNC había retenido a unos 30 pobladores que participaron en las protestas del día anterior.
A las 15 horas, los vecinos despejaron el paso, luego de comprobar que no había ningún habitante detenido.
Roberto Vega, encargado de la Comisaría 72 de Sololá, informó que se integró una comisión con el alcalde Pedro Saloj Quisquina; José María Julajuj, alcalde indígena, y otros líderes comunitarios, para convencer a la población de que depusiera su actitud.
La reunión se efectuó en la comunidad Santa María El Tablón, con la presencia de unas dos mil 500 personas. Los pobladores se quejan de supuesta complicidad de la Policía con malhechores.
La protesta del sábado dejó tres autos quemados y daños a las sedes policial y de Gobernación.
Prensa Libre (18 feb 08)
Pobladores de Sololá bloquearon durante seis horas los accesos hacia la cabecera , mientras otros verificaban si la Policía había capturado a algún vecino en la protesta contra la ola de secuestros, que terminó en disturbios, la tarde del sábado.
Los inconformes bloquearon ayer las principales entradas a esa cabecera departamental, a partir de las 9 horas, ya que, supuestamente, la PNC había retenido a unos 30 pobladores que participaron en las protestas del día anterior.
A las 15 horas, los vecinos despejaron el paso, luego de comprobar que no había ningún habitante detenido.
Roberto Vega, encargado de la Comisaría 72 de Sololá, informó que se integró una comisión con el alcalde Pedro Saloj Quisquina; José María Julajuj, alcalde indígena, y otros líderes comunitarios, para convencer a la población de que depusiera su actitud.
La reunión se efectuó en la comunidad Santa María El Tablón, con la presencia de unas dos mil 500 personas. Los pobladores se quejan de supuesta complicidad de la Policía con malhechores.
La protesta del sábado dejó tres autos quemados y daños a las sedes policial y de Gobernación.
17 February 2008
Disturbios en Sololá, por ola de secuestros
Por Edgar Rene Saenz
Prensa Libre (17 feb 2008)
Vecinos de Sololá se enfrentaron ayer con agentes de la Policía Nacional Civil, y quemaron tres autos, durante una protesta contra el alto número de secuestros perpetrados en la zona y la falta de acciones de los agentes para capturar a sospechosos.
En lo que va del año, al menos una decena de personas han sido secuestradas en Sololá, y ayer, el rumor de que se había cometido un nuevo plagio alteró los ánimos de los pobladores.
Éstos se concentraron frente a la subestación de la Policía, para conocer del caso e indagar si habían sido detenidos los culpables. Al no recibir respuesta de las autoridades, empezaron los enfrentamientos.
Los inconformes prendieron fuego a tres vehículos que estaban parqueados en la zona, por lo que la Policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos, para disolver a la turba, que también dañó la sede de la Gobernación Departamental.
La queja común de los pobladores es que las personas que cometen los secuestros han sido identificadas, pero la Policía no las captura, por lo que suponen que los agentes están vinculados con las bandas delincuenciales.
Los Bomberos Voluntarios tuvieron que atender a cinco personas con contusiones, y a otras que sufrieron shock nervioso. También, residentes en los alrededores de la subestación policial resultaron con síntomas de intoxicación, por los gases lacrimógenos.
Detienen a cuatro
Según los manifestantes, la Policía capturó a cuatro habitantes que participaron en las protestas, y exigían que los dejaran en libertad; de lo contrario, aseguraban, no se retirarían del lugar.
Pobladores de aldeas cercanas llegaron a lo largo de la tarde para apoyar la protesta, y cerraron los accesos al municipio, a fin de evitar el ingreso de más policías.
Se niegan a dialogar
Ovidio Paz, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos, trató de mediar en el conflicto, pero los inconformes no desistieron en su medida, y tuvo que salir del lugar, auxiliado por los bomberos.
Los residentes de esa cabecera departamental protegieron sus viviendas, por temor a que las dañaran. Los comercios cerraron sus puertas, y las iglesias suspendieron los servicios, por la jornada tensa que se vivía.
Prensa Libre (17 feb 2008)
Vecinos de Sololá se enfrentaron ayer con agentes de la Policía Nacional Civil, y quemaron tres autos, durante una protesta contra el alto número de secuestros perpetrados en la zona y la falta de acciones de los agentes para capturar a sospechosos.
En lo que va del año, al menos una decena de personas han sido secuestradas en Sololá, y ayer, el rumor de que se había cometido un nuevo plagio alteró los ánimos de los pobladores.
Éstos se concentraron frente a la subestación de la Policía, para conocer del caso e indagar si habían sido detenidos los culpables. Al no recibir respuesta de las autoridades, empezaron los enfrentamientos.
Los inconformes prendieron fuego a tres vehículos que estaban parqueados en la zona, por lo que la Policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos, para disolver a la turba, que también dañó la sede de la Gobernación Departamental.
La queja común de los pobladores es que las personas que cometen los secuestros han sido identificadas, pero la Policía no las captura, por lo que suponen que los agentes están vinculados con las bandas delincuenciales.
Los Bomberos Voluntarios tuvieron que atender a cinco personas con contusiones, y a otras que sufrieron shock nervioso. También, residentes en los alrededores de la subestación policial resultaron con síntomas de intoxicación, por los gases lacrimógenos.
Detienen a cuatro
Según los manifestantes, la Policía capturó a cuatro habitantes que participaron en las protestas, y exigían que los dejaran en libertad; de lo contrario, aseguraban, no se retirarían del lugar.
Pobladores de aldeas cercanas llegaron a lo largo de la tarde para apoyar la protesta, y cerraron los accesos al municipio, a fin de evitar el ingreso de más policías.
Se niegan a dialogar
Ovidio Paz, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos, trató de mediar en el conflicto, pero los inconformes no desistieron en su medida, y tuvo que salir del lugar, auxiliado por los bomberos.
Los residentes de esa cabecera departamental protegieron sus viviendas, por temor a que las dañaran. Los comercios cerraron sus puertas, y las iglesias suspendieron los servicios, por la jornada tensa que se vivía.
16 February 2008
Vecinos se cuidan solos
Por Carlos E. Paredes
Prensa Libre (16 feb 08)
Puerto San José. Cansados de los hechos delictivos que ocurren en su comunidad, vecinos del parcelamiento San Juan El Paraíso, integraron su Junta Local de Seguridad (JLS).
La comunidad está ubicada en el kilómetro 95 de la antigua carretera que de este municipio lleva a Escuintla y en ella habitan unas 200 familias que han manifestado malestar por el aumento de los índices de violencia y hechos delictivos.
Rafael Ríos, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), comentó que en los últimos meses han ocurrido más robos a mano armada, cuatro violaciones contra menores de edad y secuestros.
Además, los pandilleros atemorizan con acciones, como extorsiones y amenazas.
Franci de Guerra, presidenta del Comité de Mujeres, recordó que el pasado domingo desconocidos secuestraron a una niña y, horas después, la liberaron en Escuintla junto a un rótulo que citaba: “Nos equivocamos de niña, por eso la dejamos libre”.
Agregó que los pobladores están cansados de esos actos vandálicos y se temía que por esa razón tomaran acciones, como linchar a delincuentes, por lo que se optó por formar la JLS, cuyos integrantes, además de coordinar con la Policía Nacional Civil (PNC), harán patrullajes en las calles del lugar.
Exigen seguridad
Karen Rivera de Joya, vecina del sector comentó que en la comunidad hay poca presencia policial y es tanto el temor que se ven en la obligación de llevar y traer a los niños a la escuela, para evitar que sean víctimas de los pandilleros o de secuestradores.
Recordó que han visto carros desconocidos que rondan el plantel educativo, lo que ocasiona más zozobra.
La junta recibió el aval del alcalde José Esteban López y del subcomisario Filadelfo López, quienes dijeron que apoyarían en todo lo posible a los integrantes de esa agrupación.
López expuso que es importante la participación de la población para prevenir y combatir a los criminales.
La junta quedó integrada por Encarnación Perfecto, presidente; Martín Arredondo, vicepresidente; Griselda Ríos, secretaria, y Hernán López, de la PNC, como vocal primero. Además, cuentan con 10 vecinos como colaboradores directos.
Prensa Libre (16 feb 08)
Puerto San José. Cansados de los hechos delictivos que ocurren en su comunidad, vecinos del parcelamiento San Juan El Paraíso, integraron su Junta Local de Seguridad (JLS).
La comunidad está ubicada en el kilómetro 95 de la antigua carretera que de este municipio lleva a Escuintla y en ella habitan unas 200 familias que han manifestado malestar por el aumento de los índices de violencia y hechos delictivos.
Rafael Ríos, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), comentó que en los últimos meses han ocurrido más robos a mano armada, cuatro violaciones contra menores de edad y secuestros.
Además, los pandilleros atemorizan con acciones, como extorsiones y amenazas.
Franci de Guerra, presidenta del Comité de Mujeres, recordó que el pasado domingo desconocidos secuestraron a una niña y, horas después, la liberaron en Escuintla junto a un rótulo que citaba: “Nos equivocamos de niña, por eso la dejamos libre”.
Agregó que los pobladores están cansados de esos actos vandálicos y se temía que por esa razón tomaran acciones, como linchar a delincuentes, por lo que se optó por formar la JLS, cuyos integrantes, además de coordinar con la Policía Nacional Civil (PNC), harán patrullajes en las calles del lugar.
Exigen seguridad
Karen Rivera de Joya, vecina del sector comentó que en la comunidad hay poca presencia policial y es tanto el temor que se ven en la obligación de llevar y traer a los niños a la escuela, para evitar que sean víctimas de los pandilleros o de secuestradores.
Recordó que han visto carros desconocidos que rondan el plantel educativo, lo que ocasiona más zozobra.
La junta recibió el aval del alcalde José Esteban López y del subcomisario Filadelfo López, quienes dijeron que apoyarían en todo lo posible a los integrantes de esa agrupación.
López expuso que es importante la participación de la población para prevenir y combatir a los criminales.
La junta quedó integrada por Encarnación Perfecto, presidente; Martín Arredondo, vicepresidente; Griselda Ríos, secretaria, y Hernán López, de la PNC, como vocal primero. Además, cuentan con 10 vecinos como colaboradores directos.
06 February 2008
Grupo armado, a cargo de cinco ajusticiamientos
Por Luis Angel Sas
elPeriódico (6 feb 08)
Los vecinos que se cubrían el rostro con gorros pasamontañas, dispararon al aire para que los cascabillos se mezclaran con los que cubrían las balas que hirieron mortalmente a tres hombres, y así evitar cualquier investigación.
El hecho sucedió el 20 de enero en la aldea Loma Alta de San Juan Sacatepéquez. Allí, según un informe de inteligencia elaborado por el Ministerio de Gobernación e inteligencia militar, fueron ejecutados tres hombres a sangre fría.
Eran los hermanos Erwin (17) y Florentino Canel (19) y su padre José Irineo. Un grupo de aproximadamente 100 personas llegó su casa y buscaba a Erwin, a quien acusaban de ser pandillero. Lo sacaron de la vivienda y le levantaron la camisa en busca de tatuajes que no encontraron. Después lo acusaron de apoyar a la cementera y lo ejecutaron de varios disparos en la cabeza. Florentino intentó ayudarlo pero las balas lo detuvieron. Su padre José corrió la misma suerte.
Este es uno de los hechos que se le atribuyen a los grupos que patrullan ese municipio para evitar que miembros de pandillas actúen. Según el informe, estos “cometen violaciones a los derechos de los vecinos llegando al punto de asesinar a varias personas”. Se maneja la cifra de cinco muertos.
El 28 de enero retuvieron a fiscales que investigaban los tres crímenes. Antes de liberarlos les hicieron firmar un papel donde se comprometían a no investigar.
El grupo inició a actuar a partir del 9 de septiembre. Ese día, en la aldea Cerro Alto de dicho municipio, quemaron a un supuesto pandillero.
Dos días después, lincharon a otro supuesto marero, y para evitar cualquier pesquisa amenazaron al médico forense para que en el certificado de defunción colocara que su deceso se debió a muerte natural, “cirrosis”.
“Dedujimos que algunas juntas extorsionan y había indicios que participaron por lo menos en tres asesinatos”, relató el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.
El ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, anunció que se ubicará un campamento en el lugar con miembros del Ejército.
Hechos de los que se les acusa
12 mayo de 2007
Queman el vehículo de Lázaro Pirir, alcalde de ese municipio.
9 de septiembre de 2007
Linchan a Mynor Cotzojay, de 19 años, en Cerro Alto.
11 de septiembre de 2007
Linchan en esa aldea a un supuesto pandillero.
13 de septiembre de 2007
Incendian maquinaria en la aldea Cruz Blanca.
7 de noviembre de 2007
Linchan a tres supuestos pandilleros en San Juan Sacatepéquez.
16 de noviembre de 2007
Dinamitan un puente en la aldea Cruz Blanca.
20 de enero de 2008
Asesinan a tres hombres en la aldea Loma Alta.
28 de enero de 2008
Retienen a fiscales del Ministerio Público.
elPeriódico (6 feb 08)
Los vecinos que se cubrían el rostro con gorros pasamontañas, dispararon al aire para que los cascabillos se mezclaran con los que cubrían las balas que hirieron mortalmente a tres hombres, y así evitar cualquier investigación.
El hecho sucedió el 20 de enero en la aldea Loma Alta de San Juan Sacatepéquez. Allí, según un informe de inteligencia elaborado por el Ministerio de Gobernación e inteligencia militar, fueron ejecutados tres hombres a sangre fría.
Eran los hermanos Erwin (17) y Florentino Canel (19) y su padre José Irineo. Un grupo de aproximadamente 100 personas llegó su casa y buscaba a Erwin, a quien acusaban de ser pandillero. Lo sacaron de la vivienda y le levantaron la camisa en busca de tatuajes que no encontraron. Después lo acusaron de apoyar a la cementera y lo ejecutaron de varios disparos en la cabeza. Florentino intentó ayudarlo pero las balas lo detuvieron. Su padre José corrió la misma suerte.
Este es uno de los hechos que se le atribuyen a los grupos que patrullan ese municipio para evitar que miembros de pandillas actúen. Según el informe, estos “cometen violaciones a los derechos de los vecinos llegando al punto de asesinar a varias personas”. Se maneja la cifra de cinco muertos.
El 28 de enero retuvieron a fiscales que investigaban los tres crímenes. Antes de liberarlos les hicieron firmar un papel donde se comprometían a no investigar.
El grupo inició a actuar a partir del 9 de septiembre. Ese día, en la aldea Cerro Alto de dicho municipio, quemaron a un supuesto pandillero.
Dos días después, lincharon a otro supuesto marero, y para evitar cualquier pesquisa amenazaron al médico forense para que en el certificado de defunción colocara que su deceso se debió a muerte natural, “cirrosis”.
“Dedujimos que algunas juntas extorsionan y había indicios que participaron por lo menos en tres asesinatos”, relató el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.
El ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, anunció que se ubicará un campamento en el lugar con miembros del Ejército.
Hechos de los que se les acusa
12 mayo de 2007
Queman el vehículo de Lázaro Pirir, alcalde de ese municipio.
9 de septiembre de 2007
Linchan a Mynor Cotzojay, de 19 años, en Cerro Alto.
11 de septiembre de 2007
Linchan en esa aldea a un supuesto pandillero.
13 de septiembre de 2007
Incendian maquinaria en la aldea Cruz Blanca.
7 de noviembre de 2007
Linchan a tres supuestos pandilleros en San Juan Sacatepéquez.
16 de noviembre de 2007
Dinamitan un puente en la aldea Cruz Blanca.
20 de enero de 2008
Asesinan a tres hombres en la aldea Loma Alta.
28 de enero de 2008
Retienen a fiscales del Ministerio Público.
05 February 2008
Resumen de casos de linchamiento 2006
Por Carlos A. Mendoza (5 feb 08)
Linchamientos consumados
Número 6 casos
Fallecidos 10 (9 hombres, 1 mujer)
Vapuleados 18 (6 hombres, 12 mujeres)
Ilesos 0
Intentos de linchamiento
Número 7 casos
Fallecidos 0
Vapuleados 29 (22 hombres, 7 mujeres)
Ilesos 0
Consideraciones
Aunque estos datos NO son fruto de un seguimiento sistemático de los medios electrónicos, reflejan la tendencia del comportamiento de la variable y, al mismo tiempo, ponen en evidencia las contradicciones con los datos provistos por la PNC (ver POST del 21 nov 07).
La PNC contabilizó 13 personas linchadas (fallecidas) a lo largo de 2006. Por lo tanto, yo tengo un subregistro de 3 personas, cuyos casos ocurrieron en enero y febrero de ese año. Por el momento, no encuentro el registro periodístico de los mismos.
Sí coincidimos al afirmar que sólo una mujer fue linchada (el caso del 19 de abril, en Sumpango). Sin embargo, no coincidimos con los meses en los que ocurrieron el resto de muertes. Ver la siguiente tabla.
Mes / PNC / Monitoreo de Medios Electrónicos (verificables en este BLOG)
Ene 1 / 0
Feb 2 / 0
Mar 0 / 0
Abr 4 / 2
May 4 / 3
Jun 0 / 0
Jul 0 / 1
Ago 0 / 0
Sep 1 / 0
Oct 0 / 3
Nov 1 / 1
Dic 0 / 0
Total 13 / 10
Únicamente se coincide con la información en cinco meses, de doce. Esto es preocupante porque nos impide saber con certeza lo que está ocurriendo.
Linchamientos consumados
Número 6 casos
Fallecidos 10 (9 hombres, 1 mujer)
Vapuleados 18 (6 hombres, 12 mujeres)
Ilesos 0
Intentos de linchamiento
Número 7 casos
Fallecidos 0
Vapuleados 29 (22 hombres, 7 mujeres)
Ilesos 0
Consideraciones
Aunque estos datos NO son fruto de un seguimiento sistemático de los medios electrónicos, reflejan la tendencia del comportamiento de la variable y, al mismo tiempo, ponen en evidencia las contradicciones con los datos provistos por la PNC (ver POST del 21 nov 07).
La PNC contabilizó 13 personas linchadas (fallecidas) a lo largo de 2006. Por lo tanto, yo tengo un subregistro de 3 personas, cuyos casos ocurrieron en enero y febrero de ese año. Por el momento, no encuentro el registro periodístico de los mismos.
Sí coincidimos al afirmar que sólo una mujer fue linchada (el caso del 19 de abril, en Sumpango). Sin embargo, no coincidimos con los meses en los que ocurrieron el resto de muertes. Ver la siguiente tabla.
Mes / PNC / Monitoreo de Medios Electrónicos (verificables en este BLOG)
Ene 1 / 0
Feb 2 / 0
Mar 0 / 0
Abr 4 / 2
May 4 / 3
Jun 0 / 0
Jul 0 / 1
Ago 0 / 0
Sep 1 / 0
Oct 0 / 3
Nov 1 / 1
Dic 0 / 0
Total 13 / 10
Únicamente se coincide con la información en cinco meses, de doce. Esto es preocupante porque nos impide saber con certeza lo que está ocurriendo.
01 February 2008
GAM: Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y hechos de violencia ocurridos en el año 2007
Sobre Linchamientos
Las instituciones del Estado se encuentran sumamente débiles, especialmente las operadoras de justicia, situación que ha provocado que la población deje de confiar en las mismas, en muchos casos creyendo que el linchamiento o las ejecuciones extrajudiciales, son la solución a los problemas de seguridad. Como ya es de conocimiento nacional e internacional, la seguridad y el sistema de justicia en nuestro país se encuentra cercano a un nivel de insostenibilidad total, debido a la impunidad con que actúan los perpetradores y falta de capacidad de los operadores de justicia en la aplicación de la normativa constitucional.
A manera de ejemplo uno de los hechos ocurridos durante el año fue el linchamiento de 3 supuestos mareros, quienes fueron quemados en San Juan Sacatepéquez.[10] Los vecinos al ver que no pueden obtener seguridad de parte del Estado, la buscan por todos los medios; si bien es cierto que toda persona que infringe la ley debe ser sometida a un proceso y al ser hallada culpable debe cumplir con la pena respectiva, en un Estado democrático esa no es la forma de buscar justicia; esto hace que en nuestro país se viva la sensación de vulnerabilidad extrema, porque existiendo leyes que protegen los derechos de las personas no se cumplen.
En este departamento se ha conocido 5 linchamientos en tan solo dos meses, se esta adoptando la ley del talión[11], estos tienen su propia comisión de seguridad para lograr protegerse, ninguno de ellos ha sido investigado a pesar de que se han presentado denuncias contra tales delitos.[12]
La sociedad y gobierno guatemalteco debe evitar los retrocesos, en tanto en Guatemala se continúe con ese tipo de prácticas no podremos madurar como sociedad. GAM está a favor de la organización de los vecinos e incluso la promueve y promociona la organización pues de esta manera se alcanzan logros importantes en las comunidades. Pero en lo que difiere es que se utilice este tipo de mecanismos violentos. Castigar a los supuestos responsables de actos reñidos con la ley, es un derecho pero debe ser el Estado quien lo haga, por lo que es necesario exigir a las autoridades competentes, actuar con agilidad y responsabilidad para brindar seguridad a la ciudadanía; esto será el mejor método preventivo de estos actos tan degradantes.
Notas:
[10] http://www.elperiodico.com.gt/es/20071102/actualidad/45240/
[11] El término ley del talión (latín: lex talionis) se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. De esta manera, no sólo se habla de una pena equivalente, sino de una pena idéntica. La expresión más famosa de la ley del talión es "ojo por ojo, diente por diente" aparecida en el Éxodo veterotestamentario.
Históricamente, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un crimen y daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza libre.
[12] http://www.prensalibre.com/pl/2007/noviembre/07/187127.html
Las instituciones del Estado se encuentran sumamente débiles, especialmente las operadoras de justicia, situación que ha provocado que la población deje de confiar en las mismas, en muchos casos creyendo que el linchamiento o las ejecuciones extrajudiciales, son la solución a los problemas de seguridad. Como ya es de conocimiento nacional e internacional, la seguridad y el sistema de justicia en nuestro país se encuentra cercano a un nivel de insostenibilidad total, debido a la impunidad con que actúan los perpetradores y falta de capacidad de los operadores de justicia en la aplicación de la normativa constitucional.
A manera de ejemplo uno de los hechos ocurridos durante el año fue el linchamiento de 3 supuestos mareros, quienes fueron quemados en San Juan Sacatepéquez.[10] Los vecinos al ver que no pueden obtener seguridad de parte del Estado, la buscan por todos los medios; si bien es cierto que toda persona que infringe la ley debe ser sometida a un proceso y al ser hallada culpable debe cumplir con la pena respectiva, en un Estado democrático esa no es la forma de buscar justicia; esto hace que en nuestro país se viva la sensación de vulnerabilidad extrema, porque existiendo leyes que protegen los derechos de las personas no se cumplen.
En este departamento se ha conocido 5 linchamientos en tan solo dos meses, se esta adoptando la ley del talión[11], estos tienen su propia comisión de seguridad para lograr protegerse, ninguno de ellos ha sido investigado a pesar de que se han presentado denuncias contra tales delitos.[12]
La sociedad y gobierno guatemalteco debe evitar los retrocesos, en tanto en Guatemala se continúe con ese tipo de prácticas no podremos madurar como sociedad. GAM está a favor de la organización de los vecinos e incluso la promueve y promociona la organización pues de esta manera se alcanzan logros importantes en las comunidades. Pero en lo que difiere es que se utilice este tipo de mecanismos violentos. Castigar a los supuestos responsables de actos reñidos con la ley, es un derecho pero debe ser el Estado quien lo haga, por lo que es necesario exigir a las autoridades competentes, actuar con agilidad y responsabilidad para brindar seguridad a la ciudadanía; esto será el mejor método preventivo de estos actos tan degradantes.
Notas:
[10] http://www.elperiodico.com.gt/es/20071102/actualidad/45240/
[11] El término ley del talión (latín: lex talionis) se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. De esta manera, no sólo se habla de una pena equivalente, sino de una pena idéntica. La expresión más famosa de la ley del talión es "ojo por ojo, diente por diente" aparecida en el Éxodo veterotestamentario.
Históricamente, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un crimen y daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza libre.
[12] http://www.prensalibre.com/pl/2007/noviembre/07/187127.html
30 January 2008
Resumen de casos de linchamiento 2007
Por Carlos A. Mendoza (30 ene 08)
Linchamientos consumados
Número 12 casos
Fallecidos 16 (15 hombres, 1 mujer)
Vapuleados 6 (2 hombres, 4 mujeres)
Ilesos 4 (3 hombres, 1 mujer)
Intentos de linchamiento
Número 21 casos
Fallecidos 1 (1 hombre)
Vapuleados 42 (32 hombres, 10 mujeres)
Ilesos 1 (1 hombre)
Advertencia
Estos datos se basan en el seguimiento a los diversos medios de comunicación de Guatemala, especialmente periódicos electrónicos. Ello significa que el autor ha omitido otras fuentes, y se le puede haber pasado algún caso. Además, puede ser que los medios consultados tampoco hayan sido rigurosos en su registro. También se han encontrado incosistencias entre los medios, por ejemplo, en el número de víctimas.
Observaciones
En los casos consumados siempre hay al menos una víctima fatal, mientras que otras pueden haber sido vapuleadas o salido ilesas (sólo fueron capturadas). En los llamados intentos no hay fatalidades, excepto en un extraño caso donde la turba hizo que se pelearan los capturados hasta que uno mató al otro.
Linchamientos consumados
Número 12 casos
Fallecidos 16 (15 hombres, 1 mujer)
Vapuleados 6 (2 hombres, 4 mujeres)
Ilesos 4 (3 hombres, 1 mujer)
Intentos de linchamiento
Número 21 casos
Fallecidos 1 (1 hombre)
Vapuleados 42 (32 hombres, 10 mujeres)
Ilesos 1 (1 hombre)
Advertencia
Estos datos se basan en el seguimiento a los diversos medios de comunicación de Guatemala, especialmente periódicos electrónicos. Ello significa que el autor ha omitido otras fuentes, y se le puede haber pasado algún caso. Además, puede ser que los medios consultados tampoco hayan sido rigurosos en su registro. También se han encontrado incosistencias entre los medios, por ejemplo, en el número de víctimas.
Observaciones
En los casos consumados siempre hay al menos una víctima fatal, mientras que otras pueden haber sido vapuleadas o salido ilesas (sólo fueron capturadas). En los llamados intentos no hay fatalidades, excepto en un extraño caso donde la turba hizo que se pelearan los capturados hasta que uno mató al otro.
28 January 2008
Noticias en el extranjero
Así se han reportado algunos de los casos de linchamiento en periódicos de habla inglesa.
“Lynchings of suspected gang members or petty thieves have become common, especially in indigenous areas of the country. Fed up with an inept and corrupt police force, Guatemalans are increasingly taking the law into their own hands. It is their own form of social cleansing.”
Guatemala's gruesome cleansing of the streets; Police death squads, public lynchings and vigilante groups take a brutal toll on the country's teeming poor and other 'undesirables'
By Gary Mason
The Globe and Mail (Canada), p. A3
January 11, 2008 Friday
“In far-flung rural areas, meanwhile, so strong is the hysteria about child-stealing gangs that there have been dozens of lynchings of suspected baby thieves - although the victims have often simply been outsiders, not known in the remote villages.”
Child-snatchers plague Guatemala as US couples flock to adopt babies
By Philip Sherwell
The Sunday Telegraph (London), p. 28
September 2, 2007 Sunday
As well as death squads, whole communities are handing out vigilante justice.
A year ago in the small town of Palin, just outside the city, three gang members were beaten and then burnt to death. More than a thousand people, including women and children, took part. After the lynching, the community formed its own protection group, which now patrols the streets every night, armed with guns and machetes.
"The community was forced to act. Crimes don't get investigated here," said Jose Dario Lopez, head of the protection group. "The lynching sent out a pretty strong message."
Death squads for hire as citizens tackle gang rule
By Ramita Navai
The Times (London), p. 52
November 3, 2006, Friday
“Lynchings of suspected gang members or petty thieves have become common, especially in indigenous areas of the country. Fed up with an inept and corrupt police force, Guatemalans are increasingly taking the law into their own hands. It is their own form of social cleansing.”
Guatemala's gruesome cleansing of the streets; Police death squads, public lynchings and vigilante groups take a brutal toll on the country's teeming poor and other 'undesirables'
By Gary Mason
The Globe and Mail (Canada), p. A3
January 11, 2008 Friday
“In far-flung rural areas, meanwhile, so strong is the hysteria about child-stealing gangs that there have been dozens of lynchings of suspected baby thieves - although the victims have often simply been outsiders, not known in the remote villages.”
Child-snatchers plague Guatemala as US couples flock to adopt babies
By Philip Sherwell
The Sunday Telegraph (London), p. 28
September 2, 2007 Sunday
As well as death squads, whole communities are handing out vigilante justice.
A year ago in the small town of Palin, just outside the city, three gang members were beaten and then burnt to death. More than a thousand people, including women and children, took part. After the lynching, the community formed its own protection group, which now patrols the streets every night, armed with guns and machetes.
"The community was forced to act. Crimes don't get investigated here," said Jose Dario Lopez, head of the protection group. "The lynching sent out a pretty strong message."
Death squads for hire as citizens tackle gang rule
By Ramita Navai
The Times (London), p. 52
November 3, 2006, Friday
21 January 2008
Linchan a familia en San Juan
Por Juan Revolorio
elPeriódico (21 ene 08)
José Irineo Raxón Canel, de 47 años, junto a sus dos hijos, Erwin de 17 y Florentino de 19, fueron asesinados ayer en la aldea Loma Alta, de San Juan Sacatepéquez.
Según versiones de vecinos, las víctimas fueron sacadas en horas de la madrugada de su residencia por un grupo de alrededor de cien personas; la turba procedió a vapulearlos y luego a darles muerte con heridas de armas punzocortantes y disparos de armas de fuego.
Lugareños comentan en voz baja que el crimen fue motivo del público apoyo que los Raxón daban a la instalación de una cementera en el área, por lo que el objetivo es enviar un mensaje a la población.
Víctor Ruiz, jefe de la División de Investigación Criminal (Dinc), reconoció que se han enterado del rumor del móvil de la cementera.
Doce asesinatos
A las tres víctimas de San Juan Sacatepéquez se sumaron los casos de siete personas asesinadas en Chinautla y dos más en Santa Catarina Pinula, que retornaban de una boda.
elPeriódico (21 ene 08)
José Irineo Raxón Canel, de 47 años, junto a sus dos hijos, Erwin de 17 y Florentino de 19, fueron asesinados ayer en la aldea Loma Alta, de San Juan Sacatepéquez.
Según versiones de vecinos, las víctimas fueron sacadas en horas de la madrugada de su residencia por un grupo de alrededor de cien personas; la turba procedió a vapulearlos y luego a darles muerte con heridas de armas punzocortantes y disparos de armas de fuego.
Lugareños comentan en voz baja que el crimen fue motivo del público apoyo que los Raxón daban a la instalación de una cementera en el área, por lo que el objetivo es enviar un mensaje a la población.
Víctor Ruiz, jefe de la División de Investigación Criminal (Dinc), reconoció que se han enterado del rumor del móvil de la cementera.
Doce asesinatos
A las tres víctimas de San Juan Sacatepéquez se sumaron los casos de siete personas asesinadas en Chinautla y dos más en Santa Catarina Pinula, que retornaban de una boda.
18 January 2008
Chichicastenango: Castigan a ladrones
Por Jimmy Ren
Prensa Libre (18 ene 08)
Chichicastenango. Vecinos del cantón Chulumal Segundo castigaron ayer a tres hombres que antenoche habían robado un picop y herido de gravedad al piloto.
Se trata de Pascual Grave Chivalán, de 21 años; Mario Ramos Domínguez, 15, ambos de la comunidad Chulumal Tres, y Pedro Mateo Mejía, 19, de Chulumal Cuatro.
Solicitaron los servicios del picop a Sebastián Yacon, originario del cantón Sepelá, para que les trasladara redes de mazorcas, desde la aldea Chitatul a Chulumal Segundo.
Yacon envió a su piloto Marcelo Tiriquiz; pero al llegar al lugar, dos de los individuos golpearon con palos en la cabeza a Tiriquiz, y lo dejaron herido de gravedad.
Los presuntos delincuentes, al ver que el agredido no se movía, creyeron que lo habían matado y abandonaron su cuerpo entre unos matorrales y huyeron con el picop Toyota, color blanco, placas P-331 CZD.
Minutos después, Tiriquiz se levantó y pidió auxilio en una tienda cercana, de donde llamaron a los Bomberos Voluntarios de Santa Cruz y trasladaron al piloto al Hospital Nacional de Santa Elena.
El piloto denunció con su patrono a sus atacantes, y éste alertó a los vecinos de su comunidad, quienes se organizaron durante la noche para atrapar a los supuestos maleantes.
No fue sino hasta las 4 horas que lograron capturar a estas personas, cuando pretendían salir de esa comunidad con dirección hacia la capital.
Las autoridades de las cuatro comunidades de Chulumal bloquearon las cuatro rutas de acceso a ese sector y, de esa manera lograron capturar a los supuestos ladrones.
28 December 2007
Querían linchar a dos menores
Por Walter Sactic
Prensa Libre (27 dic 07)
Santo Domingo Xenacoj. Dos menores se salvaron ayer de ser linchados por un grupo de vecinos, que los acusaba de pertenecer a una banda de asaltantes que opera en el lugar; la Policía Nacional Civil (PNC) utilizó bombas lacrimógenas, para dispersar a la turba y rescatar a los sindicados.
Los menores fueron sorprendidos cuando, a eso de las 19.30 horas del martes, extraían un televisor de una casa ubicada en la zona 1 de la localidad.
Los vecinos vapulearon a los dos presuntos delincuentes, los exhibieron en público y los hicieron caminar por las principales calles.
Alrededor de las 20.50 horas, los menores fueron llevados a la subestación de la PNC y entregados a las autoridades. Los vecinos exigían que los encarcelaran y juzgaran.
Los uniformados intentaron sacar a los menores de la sede, pero los pobladores la rodearon y no se los permitieron.
Julio César Otzoy Catú, juez de Paz, llegó a la sede policial a las 22.30 horas y prometió a los lugareños que los capturados serían procesados, y solicitó a los vecinos que permitieran que ambos fueran llevados a un correccional de menores.
En ese momento, la Policía logró evacuar a los menores, y en un autopatrulla se los llevó, lo cual causó malestar entre los vecinos, quienes comenzaron a lanzar piedras contra la sede policial y amenazaban con quemar las instalaciones.
Lanzan bombas
Rodolfo Folgar, jefe de la Comisaría 74, detalló que un contingente de agentes antidisturbios llegó al lugar y dispersó a los vecinos con bombas lacrimógenas.
Los pobladores solicitaron a la PNC que dejara de lanzar los artefactos y se comprometieron a resguardar las instalaciones y el equipo policial.
Líderes comunitarios aseguraron que la próxima vez que capturen a presuntos delincuentes harán justicia con su propia mano, pues no confían en las autoridades.
Los ánimos de los vecinos se calmaron al filo de la 1.00 horas.
Prensa Libre (27 dic 07)
Santo Domingo Xenacoj. Dos menores se salvaron ayer de ser linchados por un grupo de vecinos, que los acusaba de pertenecer a una banda de asaltantes que opera en el lugar; la Policía Nacional Civil (PNC) utilizó bombas lacrimógenas, para dispersar a la turba y rescatar a los sindicados.
Los menores fueron sorprendidos cuando, a eso de las 19.30 horas del martes, extraían un televisor de una casa ubicada en la zona 1 de la localidad.
Los vecinos vapulearon a los dos presuntos delincuentes, los exhibieron en público y los hicieron caminar por las principales calles.
Alrededor de las 20.50 horas, los menores fueron llevados a la subestación de la PNC y entregados a las autoridades. Los vecinos exigían que los encarcelaran y juzgaran.
Los uniformados intentaron sacar a los menores de la sede, pero los pobladores la rodearon y no se los permitieron.
Julio César Otzoy Catú, juez de Paz, llegó a la sede policial a las 22.30 horas y prometió a los lugareños que los capturados serían procesados, y solicitó a los vecinos que permitieran que ambos fueran llevados a un correccional de menores.
En ese momento, la Policía logró evacuar a los menores, y en un autopatrulla se los llevó, lo cual causó malestar entre los vecinos, quienes comenzaron a lanzar piedras contra la sede policial y amenazaban con quemar las instalaciones.
Lanzan bombas
Rodolfo Folgar, jefe de la Comisaría 74, detalló que un contingente de agentes antidisturbios llegó al lugar y dispersó a los vecinos con bombas lacrimógenas.
Los pobladores solicitaron a la PNC que dejara de lanzar los artefactos y se comprometieron a resguardar las instalaciones y el equipo policial.
Líderes comunitarios aseguraron que la próxima vez que capturen a presuntos delincuentes harán justicia con su propia mano, pues no confían en las autoridades.
Los ánimos de los vecinos se calmaron al filo de la 1.00 horas.
18 December 2007
Castigarán linchamientos
Por Ana Lucía Blas
Prensa Libre (18 dic 07)
Con la reforma al Código Penal, el Congreso puede tipificar como delito los linchamientos y fijar duras sanciones contra quienes los promuevan o participen en ellos; la iniciativa ya recibió dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y será conocida el próximo año.
El proyecto de ley, presentado en el 2001 por el diputado Baudilio Hichos, propone reformar los artículos 132, 421 y 471 del Código Penal, para castigar con prisión inconmutable de 25 a 50 años a quienes participen en linchamientos.
“Se quiere tipificar esos actos como delito, equipararlos con los de asesinato y homicidio, porque, en la mayoría de casos, la turba termina por quitarle la vida a una persona, y ese hecho debe ser castigado”, explicó Jorge Ríos, presidente de la Sala de Legislación.
Por ello, se sancionaría “a todos los que tomen parte en ese acto, desde el que pega hasta el que lleva los palos, los fósforos o la gasolina”, refirió el congresista.
La Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos reportó, en julio último, un aumento de casos en comparación con el año anterior. Hasta esa fecha, se habían registrado 22 casos (lo que representa un promedio de tres al mes), mientras en el 2006, se reportaron 33 en todo el año.
En San Juan Sacatepéquez, tan sólo entre octubre y noviembre, fueron linchadas cinco personas, entre ellas, tres adolescentes, a quienes los vecinos quemaron el 1 de noviembre recién pasado, porque supuestamente se proponían cobrar una extorsión.
De acuerdo con el informe presentado por esa Comisión, la principal causa de esos ajusticiamientos fue el supuesto robo de niños, en el que la población pretende aplicar la ley para que las mujeres dejen de comprar y vender menores.
Otras razones son que las personas no ven que se aplique la justicia contra quienes cometen esa clase de delitos y la inseguridad, argumentó la referida instancia.
El diputado Ríos descartó que la lentitud en la aplicación de justicia sea excusa para linchar a un supuesto delincuente. “Lo que en realidad anima esos actos es la euforia colectiva; la responsabilidad se reparte. Además, se sabe que la muerte de esa persona quedará impune”, opinó.
Las estadísticas presentadas por la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos revelaron entonces que el occidente es el área donde ocurren más linchamientos. Quiché ocupa el primer lugar, con seis casos, donde se reportaban 12 víctimas. Le siguen Chimaltenango, Quetzaltenango y Huehuetenango.
Durante los linchamientos, las turbas han quemado estaciones de Policía y han motivado a que los juzgados sean cerrados, pero a pesar de que se han iniciado acciones para castigar a los incitadores, las autoridades aún no han dado con éstos.
Para Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, ese tipo de acciones colectivas “convierte en criminales a toda una comunidad”, porque, animados por la turba y por el contagio social, todos son responsables de cometer una ejecución extrajudicial.
Sanciones
Estas son las propuestas que contiene la iniciativa de reforma al Código Penal, que ya cuenta con dictamen favorable en el Legislativo.
Se modificarán los artículos 132, 421 y 471 del Código Penal, para sancionar con prisión inconmutable de 25 a 50 años a quienes participen en linchamientos.
Se castigará a todos los que participen en linchamientos.
Un informe de la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos afirma que hasta julio último habían sido linchadas 22 personas.
Entre septiembre y noviembre recién pasados, pobladores de San Juan Sacatepéquez lincharon a cinco personas, entre ellos, tres adolescentes.
Prensa Libre (18 dic 07)
Con la reforma al Código Penal, el Congreso puede tipificar como delito los linchamientos y fijar duras sanciones contra quienes los promuevan o participen en ellos; la iniciativa ya recibió dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y será conocida el próximo año.
El proyecto de ley, presentado en el 2001 por el diputado Baudilio Hichos, propone reformar los artículos 132, 421 y 471 del Código Penal, para castigar con prisión inconmutable de 25 a 50 años a quienes participen en linchamientos.
“Se quiere tipificar esos actos como delito, equipararlos con los de asesinato y homicidio, porque, en la mayoría de casos, la turba termina por quitarle la vida a una persona, y ese hecho debe ser castigado”, explicó Jorge Ríos, presidente de la Sala de Legislación.
Por ello, se sancionaría “a todos los que tomen parte en ese acto, desde el que pega hasta el que lleva los palos, los fósforos o la gasolina”, refirió el congresista.
La Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos reportó, en julio último, un aumento de casos en comparación con el año anterior. Hasta esa fecha, se habían registrado 22 casos (lo que representa un promedio de tres al mes), mientras en el 2006, se reportaron 33 en todo el año.
En San Juan Sacatepéquez, tan sólo entre octubre y noviembre, fueron linchadas cinco personas, entre ellas, tres adolescentes, a quienes los vecinos quemaron el 1 de noviembre recién pasado, porque supuestamente se proponían cobrar una extorsión.
De acuerdo con el informe presentado por esa Comisión, la principal causa de esos ajusticiamientos fue el supuesto robo de niños, en el que la población pretende aplicar la ley para que las mujeres dejen de comprar y vender menores.
Otras razones son que las personas no ven que se aplique la justicia contra quienes cometen esa clase de delitos y la inseguridad, argumentó la referida instancia.
El diputado Ríos descartó que la lentitud en la aplicación de justicia sea excusa para linchar a un supuesto delincuente. “Lo que en realidad anima esos actos es la euforia colectiva; la responsabilidad se reparte. Además, se sabe que la muerte de esa persona quedará impune”, opinó.
Las estadísticas presentadas por la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos revelaron entonces que el occidente es el área donde ocurren más linchamientos. Quiché ocupa el primer lugar, con seis casos, donde se reportaban 12 víctimas. Le siguen Chimaltenango, Quetzaltenango y Huehuetenango.
Durante los linchamientos, las turbas han quemado estaciones de Policía y han motivado a que los juzgados sean cerrados, pero a pesar de que se han iniciado acciones para castigar a los incitadores, las autoridades aún no han dado con éstos.
Para Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, ese tipo de acciones colectivas “convierte en criminales a toda una comunidad”, porque, animados por la turba y por el contagio social, todos son responsables de cometer una ejecución extrajudicial.
Sanciones
Estas son las propuestas que contiene la iniciativa de reforma al Código Penal, que ya cuenta con dictamen favorable en el Legislativo.
Se modificarán los artículos 132, 421 y 471 del Código Penal, para sancionar con prisión inconmutable de 25 a 50 años a quienes participen en linchamientos.
Se castigará a todos los que participen en linchamientos.
Un informe de la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos afirma que hasta julio último habían sido linchadas 22 personas.
Entre septiembre y noviembre recién pasados, pobladores de San Juan Sacatepéquez lincharon a cinco personas, entre ellos, tres adolescentes.
24 November 2007
Vecinos vapulean a asaltante
Por Martin Tax y Eduardo Sam Chun
Prensa Libre (24 nov 07)
Tactic, Alta Verapaz.- Miguel Chakib Misti, de 27 años, ingresó la noche de jueves a la vivienda de Hugo Rolando Caal Co, recientemente electo alcalde de esta localidad, por el Partido de Avanzada Nacional, y le exigió Q100 mil a cambio de no matarlo.
Caal Co logró disuadirlo y se comunicó con la Policía. El presunto delincuente escapó del lugar y se refugió en la casa de Francisco Xoy, en donde hirió, con arma blanca, a Milton Saúl Xoy Pa, 18, y Yesenia Xoy Pa, 16, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Hellen Lossi de Laugerud, de Cobán.
Posteriormente, un grupo de vecinos se organizó y logró capturarlo, y lo vapuleó.
Gabriel Xol Ta, de los Bomberos Voluntarios, dijo que la Policía Nacional logró rescatar a Chakib Misti, quien también fue trasladado al centro asistencial cobanero.
Los vecinos señalaron que ya están cansados de tantos asaltos y que castigarán a los delincuentes que sean descubiertos cometiendo sus fechorías.
Pidieron a las autoridades que los ayuden a capturar a los malhechores para aplicarles “su justicia”, porque si los trasladan a los tribunales, en Cobán, los jueces los liberan.
“Ya tenemos controlado a un grupo, de unos 20 hombres, que comete asaltos. Vamos a capturar a sus integrantes y no los vamos a liberar hasta que nos devuelvan lo que se han llevado”, manifestó otro vecino, indignado por tanta violencia que afecta Tactic.
Prensa Libre (24 nov 07)
Tactic, Alta Verapaz.- Miguel Chakib Misti, de 27 años, ingresó la noche de jueves a la vivienda de Hugo Rolando Caal Co, recientemente electo alcalde de esta localidad, por el Partido de Avanzada Nacional, y le exigió Q100 mil a cambio de no matarlo.
Caal Co logró disuadirlo y se comunicó con la Policía. El presunto delincuente escapó del lugar y se refugió en la casa de Francisco Xoy, en donde hirió, con arma blanca, a Milton Saúl Xoy Pa, 18, y Yesenia Xoy Pa, 16, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Hellen Lossi de Laugerud, de Cobán.
Posteriormente, un grupo de vecinos se organizó y logró capturarlo, y lo vapuleó.
Gabriel Xol Ta, de los Bomberos Voluntarios, dijo que la Policía Nacional logró rescatar a Chakib Misti, quien también fue trasladado al centro asistencial cobanero.
Los vecinos señalaron que ya están cansados de tantos asaltos y que castigarán a los delincuentes que sean descubiertos cometiendo sus fechorías.
Pidieron a las autoridades que los ayuden a capturar a los malhechores para aplicarles “su justicia”, porque si los trasladan a los tribunales, en Cobán, los jueces los liberan.
“Ya tenemos controlado a un grupo, de unos 20 hombres, que comete asaltos. Vamos a capturar a sus integrantes y no los vamos a liberar hasta que nos devuelvan lo que se han llevado”, manifestó otro vecino, indignado por tanta violencia que afecta Tactic.
21 November 2007
Datos recientes sobre linchamientos
Por Carlos A. Mendoza
La Policía Nacional Civil [1] ha contabilizado los casos de linchamiento ocurridos en Guatemala durante el año 2006. Se distribuyen de la siguiente forma a lo largo del mismo año:
Ene 1
Feb 2
Mar 0
Abr 4
May 4
Jun 0
Jul 0
Ago 0
Sep 1
Oct 0
Nov 1
Dic 0
Es decir que fueron 13 casos registrados en todo el año. Ese número representa menos del 1 por ciento de los casos de homicidios reportados dicho año (total de 5,885). De las 13 víctimas, 1 fue mujer y 12 hombres.
[1] El reporte de la PNC se titula "HECHOS DELICTIVOS COMETIDOS EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA POR MES Y SEXO, SEGÚN TIPO DE DELITO. AÑO 2006."
Agradezco a Cristian Cabrera, Coordinador de Estadísticas Vitales del INE, por haberme facilitado esta información.
La Policía Nacional Civil [1] ha contabilizado los casos de linchamiento ocurridos en Guatemala durante el año 2006. Se distribuyen de la siguiente forma a lo largo del mismo año:
Ene 1
Feb 2
Mar 0
Abr 4
May 4
Jun 0
Jul 0
Ago 0
Sep 1
Oct 0
Nov 1
Dic 0
Es decir que fueron 13 casos registrados en todo el año. Ese número representa menos del 1 por ciento de los casos de homicidios reportados dicho año (total de 5,885). De las 13 víctimas, 1 fue mujer y 12 hombres.
[1] El reporte de la PNC se titula "HECHOS DELICTIVOS COMETIDOS EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA POR MES Y SEXO, SEGÚN TIPO DE DELITO. AÑO 2006."
Agradezco a Cristian Cabrera, Coordinador de Estadísticas Vitales del INE, por haberme facilitado esta información.
Libro en Inglés sobre Linchamientos en Guatemala
Angelina Snodgrass Godoy. Popular Injustice: Violence, Community, and Law in Latin America. Stanford: Stanford University Press, 2006. xvii + 233 pp. Notes, bibliographical references, index. $50.00 (cloth), ISBN 978-0-8047-5348-7; $19.95 (paper), ISBN 978-0-8047-5383-8
Leer (también en Inglés) la reseña del libro realizada por Daniel Brinks, Department of Government, University of Texas at Austin. Publicada por H-Law (July, 2007) y disponible en:
http://www.h-net.org/reviews/showpdf.cgi?path=73661191089022
Leer (también en Inglés) la reseña del libro realizada por Daniel Brinks, Department of Government, University of Texas at Austin. Publicada por H-Law (July, 2007) y disponible en:
http://www.h-net.org/reviews/showpdf.cgi?path=73661191089022
16 November 2007
Post 100 sobre linchamientos
Por Carlos A. Mendoza
Chicago, USA (16 nov 07)
Con este se alcanzan 100 entradas en el BLOG sobre linchamientos en Guatemala.
A pesar de que no es un sitio muy visitado, sí ha tenido cierta resonancia entre aquellos que se interesan en el tema. Colegas de Ecuador, México y otros países latinoamericanos me han contactado gracias a este espacio.
Debo lamentar dos situaciones. Primero, que los linchamientos siguen siendo parte de la cotidianidad guatemalteca. Segundo, que nadie ha dado un seguimiento sistemático a dichos episodios de violencia colectiva.
Mi deseo es seguir contribuyendo desde este y otros espacios a un mejor entendimiento de las causas de la violencia homicida y colectiva y, gracias a ello, a su reducción.
Invito a los lectores a dejar sus comentarios y enviar información que consideren debe ser incluida en el BLOG. Gracias.
Chicago, USA (16 nov 07)
Con este se alcanzan 100 entradas en el BLOG sobre linchamientos en Guatemala.
A pesar de que no es un sitio muy visitado, sí ha tenido cierta resonancia entre aquellos que se interesan en el tema. Colegas de Ecuador, México y otros países latinoamericanos me han contactado gracias a este espacio.
Debo lamentar dos situaciones. Primero, que los linchamientos siguen siendo parte de la cotidianidad guatemalteca. Segundo, que nadie ha dado un seguimiento sistemático a dichos episodios de violencia colectiva.
Mi deseo es seguir contribuyendo desde este y otros espacios a un mejor entendimiento de las causas de la violencia homicida y colectiva y, gracias a ello, a su reducción.
Invito a los lectores a dejar sus comentarios y enviar información que consideren debe ser incluida en el BLOG. Gracias.
11 November 2007
La vida después del 11 de septiembre en Cerro Alto
Por Lucía Escobar
elPeriódico (11 nov 07)
Cansados de los robos a plena luz del día y las extorsiones, ese domingo 9 de septiembre, día de las elecciones, unos 60 ciudadanos, padres de familia, evangélicos y representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocodes) de la aldea Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez, decidieron ponerle un alto a los pandilleros. “Platicamos, llegamos a un consenso y nos comprometimos con Dios a que rescataríamos a esos muchachos, no importaba si perdíamos la vida por el bien de la aldea. Pero nunca pensamos que la gente llegaría a la situación drástica de quemarlos”, recuerda Luis Ramón Paredes, secretario general del ministerio Cristo Viene.
Antes de morir, los pandilleros Mynor Cotzojay y otro identificado únicamente como el Lechero dictaron los nombres de cada uno de los jefes de sectores y de cada integrante de su pandilla. Así, lograron capturar a los cabecillas en un trabajo de allanamiento, casa por casa, que comenzó a las 6:00 de la mañana y finalizó a las 9:00 de la noche, cuando pandilleros y padres de familia estaban convencidos de la importancia de firmar un acta de rendición. Cotzojay y el Lechero se negaron a aceptar la amnistía, y por eso fueron ajusticiados. Ese día, en la aldea se sintió el olor a quemado del infierno.
Eso fue hace dos meses y los habitantes de la aldea Cerro Alto, en San Juan Sacatepéquez, tratan de no pensar mucho en el pasado; suficientes problemas tienen que resolver ahora. En sus manos está la responsabilidad de no decepcionar a los 173 pandilleros, algunos con educación primaria, otros sin ningún tipo de instrucción, que se rindieron y entregaron simbólicamente sus armas. “Al final dieron las que ya no servían, unas cuatro o cinco armas fuertes, una escopeta hechiza y algunas municiones de calibre 45 expansivo”, recuerda un vecino.
A cambio, los pandilleros recibieron un carné que aún los acredita como jóvenes en proceso de reinserción social, comprometidos a no consumir drogas, a llevar el pelo recortado y vestirse correctamente (no gorras de lado, no pantalones flojos), a no cargar celulares y a no andar dos de ellos o más juntos. Tampoco pueden ir a la cantina como remedio alcohólico contra la abstinencia del crack.
A pesar de esta tregua, la tranquilidad no llega por arte de magia a los 17 mil habitantes repartidos en los caseríos Realguit, Los Chajones, Ajvix, Pasajoc, Cerro Alto, Patzanes I, Patzanes II y los Cux, jurisdicción de San Juan Sacatepéquez, a 37 kilómetros de la ciudad capital. Viven en tal pobreza y abandono, propia más bien de Los Cuchumatanes, que no cuentan con una escuela secundaria ni vías de acceso pavimentadas ni tampoco espacios para el deporte o la distracción, mucho menos capacitaciones o fuentes de trabajo o estudio para los casi 10 mil jóvenes y niños que solo cuentan con 17 iglesias evangélicas y 8 católicas como opción recreativa.
Paredes, del ministerio Cristo Viene, no quiere que los ex pandilleros piensen que ahora que dejaron de hacer daño a la sociedad nadie se ocupa de ellos. Le inquieta que, aunque muchos tienen la esperanza y la disposición para dejar de consumir el crack, no cuentan con ningún programa de higiene mental para desintoxicarse. Además, la tentación está a la vuelta, con sus vecinos de San Raymundo, Ciudad Quetzal o Villa Nueva, de donde llegan los distribuidores de drogas y armas.
Por eso mismo, los vecinos de Cerro Alto no descartan la posibilidad de una contraofensiva de pandilleros de otros barrios, que no se resignan a perder la clientela, así de fácil.
No es paranoia, ya que uno de los vecinos más activos en la reinserción de los jóvenes va y viene de la capital buscando programas de ayuda, y debió cambiar su número de celular por las amenazas recibidas. Su esposa le ruega que ya no siga, le dice que suficiente ha hecho por Cerro Alto, que es hora de que otros vecinos prosigan su trabajo. Él sólo responde: “Si nos unimos para algo tan malo, ahora debemos seguir unidos para rescatarlos y darles una oportunidad”.
Más de tres puntos para el futuro
Un vecino de Cerro Alto asegura que los problemas empezaron luego de la firma de la paz en Guatemala, cuando el Ejército dejó de reclutar jóvenes. “Estos ya no se escondían, y empezaron a sentir la libertad de poder hacer lo que quisieran”. Pero más que exceso de libertad, lo que parecen pedir muchos de estos jóvenes es un trabajo. Ni siquiera uno que compita con los Q200 diarios que ganaban en extorsiones, sino tan sólo uno seguro y estable, uno de los 120 mil nuevos empleos que este país necesita cada año para absorber a los jóvenes al sector productivo. Una forma de acabar con el fenómenos de las pandillas.
Para empezar el cambio, los padres de familia consideran que el Gobierno debe poner el material y la maquinaria para pavimentar las calles, y la comunidad pondría la mano de obra. También proponen que el financiamiento internacional que se consiga vaya directamente a la Asociación de Desarrollo de Cerro Alto; ya no quieren que la ayuda se diluya en diagnósticos o informes de terceros. “Los Cocodes estamos legalizados, y contamos con un terreno listo para construir un campo de fútbol, y un centro de enseñanza de oficios para capacitar en mecánica, computación, carpintería, panadería y colchonería”.
Sueños o promesas
Hasta el momento, no hay señas del serenazgo solicitado a Gobernación ni se han vuelto a ver las patrullas que reforzarían la seguridad y que solo aparecieron los primeros días.
No se supo nada de los cinco trabajos en carpintería que María Adela de Torrebiarte prometió a los ex pandilleros; tampoco se han visto los hornos y computadoras que Emilio Goubod, de Asociación Prevención del Delito (Aprede), aseguró proveer. Y los jóvenes aún esperan al psicólogo que Banrural prometió mandar para curar las adicciones.
Nadie ha escrito el proyecto de la escuela de bomberos y paramédicos con la que sueñan algunos de los jóvenes de allí, y que aseguran hace falta en la zona. Nada hay de la idea de cambiar armas por computadoras o cámaras de fotos. Todos son proyectos que deben gestionarse y para los que se necesita algo de recursos económicos, empezando con el uso de Internet, que la Asociación de Cerro Alto no puede financiar.
Hasta el momento sólo la ONG Gente Ayudando Gente, sin recursos pero con muchas ganas, se reúne todos los domingos con casi 40 jóvenes ex rivales en las pandillas para apoyarlos en pláticas no religiosas, algunos juegos y deportes, “para que no pierdan la continuidad ni el proceso”.
Habrá que ver si eso es suficiente para desafiar a la ley de la mara, ese destino de tres aristas donde solo caben el hospital, la cárcel o el cementerio, y que casi todos los pandilleros llevan no solo asumido, sino tatuado en la piel.
Dos fichados y un sueño
Otto* tiene 19 años y desde hace tres era miembro de la mara Salvatrucha. Lee y escribe sólo un poco. Hoy lo acompaña su padre, un señor poco expresivo que se lamenta porque no tuvo los recursos económicos para mandar a estudiar a sus nueve hijos. Otto es uno de los cinco que no pudieron asistir a la escuela. “¡Imagínese, Q40 por alumno! A la iglesia sí lo llevé desde chiquito, está bautizado, y cuando me daba cuenta de sus malos pasos lo corregía. Estuve contra ellos. Le decía: ahí sólo se matan, salí de ahí, mirá a tus hermanos que trabajan en casa”. Por eso, cuando Otto intentaba dejar la pandilla recurría a la iglesia. Pero luego encontraba a los amigos y, cuando sentía, ya se estaban echando el primo (mariguana y piedra). No sé qué pasaba por mi mente, que no podía dejarlo. Salíamos a todos los lugares juntos, nos ayudábamos, teníamos una comunión. Mi chava desde hace tiempo quería que la dejara. Lo que más me cuesta es no consumir mariguana y crack”.
Finalmente, ahora está trabajando con sus hermanos en una fábrica casera de cohetes o cuetes artesanales. Aún confía en que se le cumpla su mayor anhelo: tener un trabajo estable, ser un operario de maquila.
Junto a Otto se encuentra el Enano*. Tiene 16 años y una cojera que lo acompaña desde la niñez.
En parte de su brazo y cuello sobresale una enorme cicatriz, producto de una quemadura. Es un “niño de la pólvora”, uno más de esos 84 millones de infantes que trabajan en labores peligrosas en el mundo y, según estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo uno de los 3 mil 709 menores de edad que fabrican cohetes, morteros, y los –¿extintos?– cachinflines en San Juan Sacatepéquez. Apenas hizo la escuela primaria, y a los 12 años ya era orgullosamente parte de los salvatruchas. “Allí todos éramos iguales, no habían jefes, teníamos que morir por la mara, nadie se hacía para atrás, teníamos conciencia de qué es una guerra. Yo conocí a los dos linchados, crecimos juntos desde los cuatro años; a uno lo agarraron delante de mí. Desde hace tiempo sabía que me estaba haciendo daño y me quería salir.
Mi única solución fue entregarme, no puedo huir toda la vida, ahora me gustaría estudiar o trabajar de mecánico”.
*nombre ficticio, persona real.
Cuando esté listo el churrasco
Hace dos semanas fue linchado otro supuesto pandillero a pocas cuadras del parque de San Juan. A decir de los lugareños, “estaba asaltando una casa junto a otros dos”, pero solo uno cayó en manos del grupo que ha decidido ajusticiar a quien resulte sospechoso de pertenecer a una pandilla. “Esta acción es mejor que se mantenga calladita, para que no se hagan mayores averiguaciones. Lamentablemente, es la única solución”, comenta una persona que supuestamente participó en el linchamiento.
En San Raymundo, el municipio que colinda con la aldea Cerro Alto, lincharon a otro presunto pandillero que momentos antes había robado un celular a una mujer. “Le prendieron fuego tres veces, y por último le pegaron un tiro en la cabeza”, dice una testigo. La Policía pasa a ser un observador más de la justicia popular, e incluso hay versiones de algunos dirigentes de estos grupos que dan cuenta de que, vía telefónica, los jefes de las sub-estaciones de la PNC han dicho: “Den parte hasta que ya lo hayan chamuscado, y nosotros nos encargamos del resto”.
PAC, versión 2007
Las noches de todo el municipio de San Juan Sacatepéquez no son las mismas desde que los pobladores de Cerro Alto hicieron frente a las pandillas. Los patrullajes nocturnos se han vuelto parte de la rutina de los varones del vecindario. “Cuando los vi por primera vez creí que eran pandilleros que iban a agredirme”, dice un vecino, que se enteró hasta que se topó con el grupo de encapuchados. “No nos consultaron, solo nos dijeron qué día nos tocaba velar hasta las 2:00 de la madrugada”, dice el sexagenario, quien los compara con las extintas Patrullas de Autodefensa Civil.
Los grupos se han definido por cuadras o sectores. “Rondamos cada noche”, dice un sanjuanero con el rostro cubierto con un gorro pasamontañas. “Es incierto lo que haremos si capturamos a un pandillero: si lo entregamos a la Policía, lo soltarán a pocas cuadras y corremos el riesgo de que se vengue. No hay otra solución que gasolina y fósforos”, confiesa sereno el encapuchado.
Para ayudar
Para conseguir programas de desintoxicación o capacitaciones, pueden comunicarse a la Asociación de Desarrollo de Cerro Alto, al teléfono: (502) 5513-9847.
elPeriódico (11 nov 07)
Cansados de los robos a plena luz del día y las extorsiones, ese domingo 9 de septiembre, día de las elecciones, unos 60 ciudadanos, padres de familia, evangélicos y representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocodes) de la aldea Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez, decidieron ponerle un alto a los pandilleros. “Platicamos, llegamos a un consenso y nos comprometimos con Dios a que rescataríamos a esos muchachos, no importaba si perdíamos la vida por el bien de la aldea. Pero nunca pensamos que la gente llegaría a la situación drástica de quemarlos”, recuerda Luis Ramón Paredes, secretario general del ministerio Cristo Viene.
Antes de morir, los pandilleros Mynor Cotzojay y otro identificado únicamente como el Lechero dictaron los nombres de cada uno de los jefes de sectores y de cada integrante de su pandilla. Así, lograron capturar a los cabecillas en un trabajo de allanamiento, casa por casa, que comenzó a las 6:00 de la mañana y finalizó a las 9:00 de la noche, cuando pandilleros y padres de familia estaban convencidos de la importancia de firmar un acta de rendición. Cotzojay y el Lechero se negaron a aceptar la amnistía, y por eso fueron ajusticiados. Ese día, en la aldea se sintió el olor a quemado del infierno.
Eso fue hace dos meses y los habitantes de la aldea Cerro Alto, en San Juan Sacatepéquez, tratan de no pensar mucho en el pasado; suficientes problemas tienen que resolver ahora. En sus manos está la responsabilidad de no decepcionar a los 173 pandilleros, algunos con educación primaria, otros sin ningún tipo de instrucción, que se rindieron y entregaron simbólicamente sus armas. “Al final dieron las que ya no servían, unas cuatro o cinco armas fuertes, una escopeta hechiza y algunas municiones de calibre 45 expansivo”, recuerda un vecino.
A cambio, los pandilleros recibieron un carné que aún los acredita como jóvenes en proceso de reinserción social, comprometidos a no consumir drogas, a llevar el pelo recortado y vestirse correctamente (no gorras de lado, no pantalones flojos), a no cargar celulares y a no andar dos de ellos o más juntos. Tampoco pueden ir a la cantina como remedio alcohólico contra la abstinencia del crack.
A pesar de esta tregua, la tranquilidad no llega por arte de magia a los 17 mil habitantes repartidos en los caseríos Realguit, Los Chajones, Ajvix, Pasajoc, Cerro Alto, Patzanes I, Patzanes II y los Cux, jurisdicción de San Juan Sacatepéquez, a 37 kilómetros de la ciudad capital. Viven en tal pobreza y abandono, propia más bien de Los Cuchumatanes, que no cuentan con una escuela secundaria ni vías de acceso pavimentadas ni tampoco espacios para el deporte o la distracción, mucho menos capacitaciones o fuentes de trabajo o estudio para los casi 10 mil jóvenes y niños que solo cuentan con 17 iglesias evangélicas y 8 católicas como opción recreativa.
Paredes, del ministerio Cristo Viene, no quiere que los ex pandilleros piensen que ahora que dejaron de hacer daño a la sociedad nadie se ocupa de ellos. Le inquieta que, aunque muchos tienen la esperanza y la disposición para dejar de consumir el crack, no cuentan con ningún programa de higiene mental para desintoxicarse. Además, la tentación está a la vuelta, con sus vecinos de San Raymundo, Ciudad Quetzal o Villa Nueva, de donde llegan los distribuidores de drogas y armas.
Por eso mismo, los vecinos de Cerro Alto no descartan la posibilidad de una contraofensiva de pandilleros de otros barrios, que no se resignan a perder la clientela, así de fácil.
No es paranoia, ya que uno de los vecinos más activos en la reinserción de los jóvenes va y viene de la capital buscando programas de ayuda, y debió cambiar su número de celular por las amenazas recibidas. Su esposa le ruega que ya no siga, le dice que suficiente ha hecho por Cerro Alto, que es hora de que otros vecinos prosigan su trabajo. Él sólo responde: “Si nos unimos para algo tan malo, ahora debemos seguir unidos para rescatarlos y darles una oportunidad”.
Más de tres puntos para el futuro
Un vecino de Cerro Alto asegura que los problemas empezaron luego de la firma de la paz en Guatemala, cuando el Ejército dejó de reclutar jóvenes. “Estos ya no se escondían, y empezaron a sentir la libertad de poder hacer lo que quisieran”. Pero más que exceso de libertad, lo que parecen pedir muchos de estos jóvenes es un trabajo. Ni siquiera uno que compita con los Q200 diarios que ganaban en extorsiones, sino tan sólo uno seguro y estable, uno de los 120 mil nuevos empleos que este país necesita cada año para absorber a los jóvenes al sector productivo. Una forma de acabar con el fenómenos de las pandillas.
Para empezar el cambio, los padres de familia consideran que el Gobierno debe poner el material y la maquinaria para pavimentar las calles, y la comunidad pondría la mano de obra. También proponen que el financiamiento internacional que se consiga vaya directamente a la Asociación de Desarrollo de Cerro Alto; ya no quieren que la ayuda se diluya en diagnósticos o informes de terceros. “Los Cocodes estamos legalizados, y contamos con un terreno listo para construir un campo de fútbol, y un centro de enseñanza de oficios para capacitar en mecánica, computación, carpintería, panadería y colchonería”.
Sueños o promesas
Hasta el momento, no hay señas del serenazgo solicitado a Gobernación ni se han vuelto a ver las patrullas que reforzarían la seguridad y que solo aparecieron los primeros días.
No se supo nada de los cinco trabajos en carpintería que María Adela de Torrebiarte prometió a los ex pandilleros; tampoco se han visto los hornos y computadoras que Emilio Goubod, de Asociación Prevención del Delito (Aprede), aseguró proveer. Y los jóvenes aún esperan al psicólogo que Banrural prometió mandar para curar las adicciones.
Nadie ha escrito el proyecto de la escuela de bomberos y paramédicos con la que sueñan algunos de los jóvenes de allí, y que aseguran hace falta en la zona. Nada hay de la idea de cambiar armas por computadoras o cámaras de fotos. Todos son proyectos que deben gestionarse y para los que se necesita algo de recursos económicos, empezando con el uso de Internet, que la Asociación de Cerro Alto no puede financiar.
Hasta el momento sólo la ONG Gente Ayudando Gente, sin recursos pero con muchas ganas, se reúne todos los domingos con casi 40 jóvenes ex rivales en las pandillas para apoyarlos en pláticas no religiosas, algunos juegos y deportes, “para que no pierdan la continuidad ni el proceso”.
Habrá que ver si eso es suficiente para desafiar a la ley de la mara, ese destino de tres aristas donde solo caben el hospital, la cárcel o el cementerio, y que casi todos los pandilleros llevan no solo asumido, sino tatuado en la piel.
Dos fichados y un sueño
Otto* tiene 19 años y desde hace tres era miembro de la mara Salvatrucha. Lee y escribe sólo un poco. Hoy lo acompaña su padre, un señor poco expresivo que se lamenta porque no tuvo los recursos económicos para mandar a estudiar a sus nueve hijos. Otto es uno de los cinco que no pudieron asistir a la escuela. “¡Imagínese, Q40 por alumno! A la iglesia sí lo llevé desde chiquito, está bautizado, y cuando me daba cuenta de sus malos pasos lo corregía. Estuve contra ellos. Le decía: ahí sólo se matan, salí de ahí, mirá a tus hermanos que trabajan en casa”. Por eso, cuando Otto intentaba dejar la pandilla recurría a la iglesia. Pero luego encontraba a los amigos y, cuando sentía, ya se estaban echando el primo (mariguana y piedra). No sé qué pasaba por mi mente, que no podía dejarlo. Salíamos a todos los lugares juntos, nos ayudábamos, teníamos una comunión. Mi chava desde hace tiempo quería que la dejara. Lo que más me cuesta es no consumir mariguana y crack”.
Finalmente, ahora está trabajando con sus hermanos en una fábrica casera de cohetes o cuetes artesanales. Aún confía en que se le cumpla su mayor anhelo: tener un trabajo estable, ser un operario de maquila.
Junto a Otto se encuentra el Enano*. Tiene 16 años y una cojera que lo acompaña desde la niñez.
En parte de su brazo y cuello sobresale una enorme cicatriz, producto de una quemadura. Es un “niño de la pólvora”, uno más de esos 84 millones de infantes que trabajan en labores peligrosas en el mundo y, según estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo uno de los 3 mil 709 menores de edad que fabrican cohetes, morteros, y los –¿extintos?– cachinflines en San Juan Sacatepéquez. Apenas hizo la escuela primaria, y a los 12 años ya era orgullosamente parte de los salvatruchas. “Allí todos éramos iguales, no habían jefes, teníamos que morir por la mara, nadie se hacía para atrás, teníamos conciencia de qué es una guerra. Yo conocí a los dos linchados, crecimos juntos desde los cuatro años; a uno lo agarraron delante de mí. Desde hace tiempo sabía que me estaba haciendo daño y me quería salir.
Mi única solución fue entregarme, no puedo huir toda la vida, ahora me gustaría estudiar o trabajar de mecánico”.
*nombre ficticio, persona real.
Cuando esté listo el churrasco
Hace dos semanas fue linchado otro supuesto pandillero a pocas cuadras del parque de San Juan. A decir de los lugareños, “estaba asaltando una casa junto a otros dos”, pero solo uno cayó en manos del grupo que ha decidido ajusticiar a quien resulte sospechoso de pertenecer a una pandilla. “Esta acción es mejor que se mantenga calladita, para que no se hagan mayores averiguaciones. Lamentablemente, es la única solución”, comenta una persona que supuestamente participó en el linchamiento.
En San Raymundo, el municipio que colinda con la aldea Cerro Alto, lincharon a otro presunto pandillero que momentos antes había robado un celular a una mujer. “Le prendieron fuego tres veces, y por último le pegaron un tiro en la cabeza”, dice una testigo. La Policía pasa a ser un observador más de la justicia popular, e incluso hay versiones de algunos dirigentes de estos grupos que dan cuenta de que, vía telefónica, los jefes de las sub-estaciones de la PNC han dicho: “Den parte hasta que ya lo hayan chamuscado, y nosotros nos encargamos del resto”.
PAC, versión 2007
Las noches de todo el municipio de San Juan Sacatepéquez no son las mismas desde que los pobladores de Cerro Alto hicieron frente a las pandillas. Los patrullajes nocturnos se han vuelto parte de la rutina de los varones del vecindario. “Cuando los vi por primera vez creí que eran pandilleros que iban a agredirme”, dice un vecino, que se enteró hasta que se topó con el grupo de encapuchados. “No nos consultaron, solo nos dijeron qué día nos tocaba velar hasta las 2:00 de la madrugada”, dice el sexagenario, quien los compara con las extintas Patrullas de Autodefensa Civil.
Los grupos se han definido por cuadras o sectores. “Rondamos cada noche”, dice un sanjuanero con el rostro cubierto con un gorro pasamontañas. “Es incierto lo que haremos si capturamos a un pandillero: si lo entregamos a la Policía, lo soltarán a pocas cuadras y corremos el riesgo de que se vengue. No hay otra solución que gasolina y fósforos”, confiesa sereno el encapuchado.
Para ayudar
Para conseguir programas de desintoxicación o capacitaciones, pueden comunicarse a la Asociación de Desarrollo de Cerro Alto, al teléfono: (502) 5513-9847.
07 November 2007
Linchan a cinco en dos meses
Por Gema Palencia
Prensa Libre (07 nov 07)
Los vecinos de San Juan Sacatepéquez se han hecho con el control de la seguridad en ese municipio, pero sus acciones han sobrepasado los límites, porque en solo dos meses, cinco personas han muerto linchadas por la población.
Los últimos en morir quemados fueron tres adolescentes que supuestamente se proponían cobrar una extorsión, el recién pasado 1 de noviembre, y a principios de septiembre murieron dos jóvenes en la aldea Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez.
Ante el aumento de asaltos y extorsiones, los vecinos están bien organizados y patrullan cada noche, tanto en la cabecera municipal como en varias aldeas.
El problema es que estas patrullas han decidido imponer toque de queda y prohibir la salida a los jóvenes después de 19 horas, además de la circulación de mototaxis en la noche.
Suena la alarma
Durante el día los comerciantes hacen sonar los gorgoritos cuando pandilleros llegan a extorsionarlos, y se juntan para defenderse. “A la gente no le importa que hayan linchado a los tres jóvenes. Al contrario, se han unido más a las patrullas”, relató uno de los vecinos, que no quiso revelar su identidad.
Carlos Arenas, viceministro de Apoyo Comunitario, del Ministerio de Gobernación, explicó que están en conversaciones con ellos, para que poco a poco dejen de patrullar y la Policía se haga cargo de la vigilancia.
Pero los pobladores no parecen estar dispuestos a dejar estas acciones, y piensan coordinarse mejor. Ya tienen aparatos de radiocomunicación, y van a identificar a los patrulleros y a ponerles uniforme “para que no haya abusos”, aseguran.
El comisario policial Samuel Florián aseguró que solo hay 20 agentes para ese lugar y no pueden atender a todas las aldeas.
Dijo que en el caso de Cerro Alto ya han negociado con los líderes, para que les entreguen a las personas que capturan, y en el último linchamiento no pudieron intervenir porque la población lo impidió.
Ministerio: Trabajamos con vecinos
Carlos Arenas, viceministro de Apoyo Comunitario, del Ministerio de Gobernación, explicó que trabajan con líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, en acciones de prevención del delito y para evitar que la población tome acciones reactivas.
Afirmó que también la Policía Nacional Civil está en contacto con los vecinos de este municipio, a fin de que sean los agentes quienes se hagan cargo de los patrullajes, para lo que asignarán más medios a esta localidad.
Poblador: Tenemos que protegernos
“Patrullamos porque hay demasiados mareros. Al principio había poca gente, pero se están uniendo, porque al que no patrulla, no lo ayudamos cuando necesita algo”, relató uno de los vecinos de San Juan Sacatepéquez. Salen de las 21 horas a la 1 de la mañana, y no dejan que circulen los mototaxis. “Sólo si es por emergencia, porque asaltan con ellos”, afirmó.
Ahora que controlan por la noche, aumentaron las extorsiones a comercios en la mañana. “Por eso lincharon a los tres, y la gente ayudó”, refirió.
Más que vigilancia
Excesos en patrullajes:
En la aldea Cerro Alto hay toque de queda, y los jóvenes no pueden estar en la calle después de las 19 horas. A los que encuentran, los registran y los encierran en un calabozo.
En San Juan Sacatepéquez no permiten que circulen mototaxis a partir de las 21 horas, porque los han usado para delinquir.
Si algún delincuente actúa, llaman a vecinos con gorgoritos y lo reprimen.
Prensa Libre (07 nov 07)
Los vecinos de San Juan Sacatepéquez se han hecho con el control de la seguridad en ese municipio, pero sus acciones han sobrepasado los límites, porque en solo dos meses, cinco personas han muerto linchadas por la población.
Los últimos en morir quemados fueron tres adolescentes que supuestamente se proponían cobrar una extorsión, el recién pasado 1 de noviembre, y a principios de septiembre murieron dos jóvenes en la aldea Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez.
Ante el aumento de asaltos y extorsiones, los vecinos están bien organizados y patrullan cada noche, tanto en la cabecera municipal como en varias aldeas.
El problema es que estas patrullas han decidido imponer toque de queda y prohibir la salida a los jóvenes después de 19 horas, además de la circulación de mototaxis en la noche.
Suena la alarma
Durante el día los comerciantes hacen sonar los gorgoritos cuando pandilleros llegan a extorsionarlos, y se juntan para defenderse. “A la gente no le importa que hayan linchado a los tres jóvenes. Al contrario, se han unido más a las patrullas”, relató uno de los vecinos, que no quiso revelar su identidad.
Carlos Arenas, viceministro de Apoyo Comunitario, del Ministerio de Gobernación, explicó que están en conversaciones con ellos, para que poco a poco dejen de patrullar y la Policía se haga cargo de la vigilancia.
Pero los pobladores no parecen estar dispuestos a dejar estas acciones, y piensan coordinarse mejor. Ya tienen aparatos de radiocomunicación, y van a identificar a los patrulleros y a ponerles uniforme “para que no haya abusos”, aseguran.
El comisario policial Samuel Florián aseguró que solo hay 20 agentes para ese lugar y no pueden atender a todas las aldeas.
Dijo que en el caso de Cerro Alto ya han negociado con los líderes, para que les entreguen a las personas que capturan, y en el último linchamiento no pudieron intervenir porque la población lo impidió.
Ministerio: Trabajamos con vecinos
Carlos Arenas, viceministro de Apoyo Comunitario, del Ministerio de Gobernación, explicó que trabajan con líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, en acciones de prevención del delito y para evitar que la población tome acciones reactivas.
Afirmó que también la Policía Nacional Civil está en contacto con los vecinos de este municipio, a fin de que sean los agentes quienes se hagan cargo de los patrullajes, para lo que asignarán más medios a esta localidad.
Poblador: Tenemos que protegernos
“Patrullamos porque hay demasiados mareros. Al principio había poca gente, pero se están uniendo, porque al que no patrulla, no lo ayudamos cuando necesita algo”, relató uno de los vecinos de San Juan Sacatepéquez. Salen de las 21 horas a la 1 de la mañana, y no dejan que circulen los mototaxis. “Sólo si es por emergencia, porque asaltan con ellos”, afirmó.
Ahora que controlan por la noche, aumentaron las extorsiones a comercios en la mañana. “Por eso lincharon a los tres, y la gente ayudó”, refirió.
Más que vigilancia
Excesos en patrullajes:
En la aldea Cerro Alto hay toque de queda, y los jóvenes no pueden estar en la calle después de las 19 horas. A los que encuentran, los registran y los encierran en un calabozo.
En San Juan Sacatepéquez no permiten que circulen mototaxis a partir de las 21 horas, porque los han usado para delinquir.
Si algún delincuente actúa, llaman a vecinos con gorgoritos y lo reprimen.
02 November 2007
Linchan a tres supuestos mareros
Por Kenia Reyes
elPeriódico (02 nov 07)
Eran las 11:30 de ayer, cuando en los alrededores del parque de San Juan Sacatepéquez se escuchó el sonido de un silbato, que puso en alerta a los vecinos. Este provenía del segundo nivel de la vivienda de una comerciante, donde tres supuestos pandilleros llegaron a cobrar la extorsión.
“Aquí todos tienen su gorgorito para pedir auxilio. Los vecinos detuvieron a los tres muchachos, que según sabemos, eran mandados por alguien más”, dijo un vecino.
Los primos José Efraín Pirir Chitay, José Daniel Pirir Suruy, de 17 años; y Julián Pirir Baten, de 18, fueron amarrados y golpeados. Eran originarios del caserío Las Palmas, aldea Suacité, San Juan Sacatepéquez.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), los supuestos pandilleros fueron llevados a la carretera que conduce a San Raymundo, por el kilómetro 31.8, donde les rociaron gasolina y los quemaron.
El vocero de la PNC, Carlos Caljú, dijo que los policías no lograron llegar al lugar para tratar de calmar los ánimos, pues los pobladores advirtieron que, si intervenían, les pasaría lo mismo.
Los Bomberos Voluntarios se limitaron a sofocar el fuego de algunas llantas que se colocaron cerca del área donde se encontraban los cuerpos calcinados de las víctimas.
En 2006 se conocieron 33 intentos de linchamientos, donde murieron 13 personas. Durante 2007, se han registrado 29 casos, de los cuales se estima que murieron 10 personas.
“Esto es un llamado de atención serio a las autoridades encargadas de la justicia, pues no es con campañas que se evitarán estos hechos. Se debe poner a funcionar otro tipo de medidas. Estamos ante un Estado decepcionante, pues la Ley no funciona, detienen a extorsionistas y por la falta de pruebas salen de la cárcel. Creo que la población ya se cansó de eso. Esto es una situación que deberá analizar el nuevo Gobierno, pues en los últimos tres meses han resurgido estas prácticas”, dijo Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos.
María Suruy, madre de José Daniel y tía de las otras víctimas, señaló en la Policía a los líderes comunitarios del municipio como los responsables de las muertes.
elPeriódico (02 nov 07)
Eran las 11:30 de ayer, cuando en los alrededores del parque de San Juan Sacatepéquez se escuchó el sonido de un silbato, que puso en alerta a los vecinos. Este provenía del segundo nivel de la vivienda de una comerciante, donde tres supuestos pandilleros llegaron a cobrar la extorsión.
“Aquí todos tienen su gorgorito para pedir auxilio. Los vecinos detuvieron a los tres muchachos, que según sabemos, eran mandados por alguien más”, dijo un vecino.
Los primos José Efraín Pirir Chitay, José Daniel Pirir Suruy, de 17 años; y Julián Pirir Baten, de 18, fueron amarrados y golpeados. Eran originarios del caserío Las Palmas, aldea Suacité, San Juan Sacatepéquez.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), los supuestos pandilleros fueron llevados a la carretera que conduce a San Raymundo, por el kilómetro 31.8, donde les rociaron gasolina y los quemaron.
El vocero de la PNC, Carlos Caljú, dijo que los policías no lograron llegar al lugar para tratar de calmar los ánimos, pues los pobladores advirtieron que, si intervenían, les pasaría lo mismo.
Los Bomberos Voluntarios se limitaron a sofocar el fuego de algunas llantas que se colocaron cerca del área donde se encontraban los cuerpos calcinados de las víctimas.
En 2006 se conocieron 33 intentos de linchamientos, donde murieron 13 personas. Durante 2007, se han registrado 29 casos, de los cuales se estima que murieron 10 personas.
“Esto es un llamado de atención serio a las autoridades encargadas de la justicia, pues no es con campañas que se evitarán estos hechos. Se debe poner a funcionar otro tipo de medidas. Estamos ante un Estado decepcionante, pues la Ley no funciona, detienen a extorsionistas y por la falta de pruebas salen de la cárcel. Creo que la población ya se cansó de eso. Esto es una situación que deberá analizar el nuevo Gobierno, pues en los últimos tres meses han resurgido estas prácticas”, dijo Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos.
María Suruy, madre de José Daniel y tía de las otras víctimas, señaló en la Policía a los líderes comunitarios del municipio como los responsables de las muertes.
Turba lincha a tres primos
Por Julio F. Lara
Prensa Libre (02 nov 07)
Una turba de alrededor de 400 personas linchó a tres primos que supuestamente extorsionaban a dueños de tiendas.
A las 12 horas, el grupo los detuvo y los llevó hasta la finca La Viña, San Juan Sacatepéquez, donde les rociaron gasolina y los quemaron.
Los muertos fueron identificados como José Daniel Pirir Suruy, de 17 años; José Efraín Chitay, de 17, y Julio Pirir Baten, de 18.
Samuel Florián, jefe de la Comisaría 16, informó que los tres eran investigados por extorsiones a comerciantes y pilotos de autobuses en ese pueblo.
Testigos refirieron que el miércoles recién pasado, los ahora occisos llegaron a una abarrotería a extorsionar a la encargada, y le advirtieron que pasarían ayer a recoger el dinero.
Al llegar los tres, los vecinos se aglomeraron de inmediato y los detuvieron. Los llevaron hasta el parque de San Juan, donde varias personas los golpearon.
Luego los amarraron y los llevaron arrastrados hasta un área de la finca, donde siguieron golpeándolos, les rociaron gasolina y les prendieron fuego.
El comisario señaló que agentes de un autopatrulla intentaron intervenir, pero la turba les advirtió que si no se alejaban correrían la misma suerte. Inclusive, el vehículo de la Policía fue dañado por los enardecidos.
Los Bomberos Voluntarios comentaron que también intentaron mediar para evitar el crimen, pero también los amenazaron.
La Policía y los socorristas pudieron ingresar en la escena del crimen una hora después, cuando el fuego se había extinguido.
María Guillermina Suruy, madre de José Daniel, quien lloraba de forma inconsolable, se contradijo en sus declaraciones a la prensa, pues dijo que su hijo había salido del caserío Las Palmas, donde viven, y llegó al pueblo a comprarle un delantal.
Después refirió que llegaron al centro de la población a comprarle una medicina, cuando lo confundieron y lo mataron.
Añadió que su primo (no precisó quién de los dos) sí tenía peinado de pandillero y posiblemente por eso los confundieron. “Él (José Daniel) se dedicaba a trabajar de agricultura con su papá”, dijo Suruy.
Cuando llegaron los fiscales del Ministerio Público, los cuerpos aún expelían humo.
Agentes de la División de Investigaciones Criminológicas informaron que fue difícil establecer quiénes fueron los incitadores del linchamiento, pues los pobladores guardaron hermético silencio.
Otros casos
Turbas han actuado contra presuntos delincuentes.
El 10 de septiembre último, un pandillero fue linchado en la aldea Cerro Alto, de San Juan Sacatepéquez.
Seis días después, los pobladores de Cerro Alto obligaron a un grupo de pandilleros a entregar las armas que portaban y reinsertarse a la sociedad, bajo la amenaza de que los lincharían. En acto especial, los jóvenes prometieron que no cometerían fechorías.
El 6 de octubre murió Moisés Tepeu a manos de una turba, que lo señaló de robar un teléfono celular, en avenida El Carrizal, aldea Pamuac, San Raymundo.
Prensa Libre (02 nov 07)
Una turba de alrededor de 400 personas linchó a tres primos que supuestamente extorsionaban a dueños de tiendas.
A las 12 horas, el grupo los detuvo y los llevó hasta la finca La Viña, San Juan Sacatepéquez, donde les rociaron gasolina y los quemaron.
Los muertos fueron identificados como José Daniel Pirir Suruy, de 17 años; José Efraín Chitay, de 17, y Julio Pirir Baten, de 18.
Samuel Florián, jefe de la Comisaría 16, informó que los tres eran investigados por extorsiones a comerciantes y pilotos de autobuses en ese pueblo.
Testigos refirieron que el miércoles recién pasado, los ahora occisos llegaron a una abarrotería a extorsionar a la encargada, y le advirtieron que pasarían ayer a recoger el dinero.
Al llegar los tres, los vecinos se aglomeraron de inmediato y los detuvieron. Los llevaron hasta el parque de San Juan, donde varias personas los golpearon.
Luego los amarraron y los llevaron arrastrados hasta un área de la finca, donde siguieron golpeándolos, les rociaron gasolina y les prendieron fuego.
El comisario señaló que agentes de un autopatrulla intentaron intervenir, pero la turba les advirtió que si no se alejaban correrían la misma suerte. Inclusive, el vehículo de la Policía fue dañado por los enardecidos.
Los Bomberos Voluntarios comentaron que también intentaron mediar para evitar el crimen, pero también los amenazaron.
La Policía y los socorristas pudieron ingresar en la escena del crimen una hora después, cuando el fuego se había extinguido.
María Guillermina Suruy, madre de José Daniel, quien lloraba de forma inconsolable, se contradijo en sus declaraciones a la prensa, pues dijo que su hijo había salido del caserío Las Palmas, donde viven, y llegó al pueblo a comprarle un delantal.
Después refirió que llegaron al centro de la población a comprarle una medicina, cuando lo confundieron y lo mataron.
Añadió que su primo (no precisó quién de los dos) sí tenía peinado de pandillero y posiblemente por eso los confundieron. “Él (José Daniel) se dedicaba a trabajar de agricultura con su papá”, dijo Suruy.
Cuando llegaron los fiscales del Ministerio Público, los cuerpos aún expelían humo.
Agentes de la División de Investigaciones Criminológicas informaron que fue difícil establecer quiénes fueron los incitadores del linchamiento, pues los pobladores guardaron hermético silencio.
Otros casos
Turbas han actuado contra presuntos delincuentes.
El 10 de septiembre último, un pandillero fue linchado en la aldea Cerro Alto, de San Juan Sacatepéquez.
Seis días después, los pobladores de Cerro Alto obligaron a un grupo de pandilleros a entregar las armas que portaban y reinsertarse a la sociedad, bajo la amenaza de que los lincharían. En acto especial, los jóvenes prometieron que no cometerían fechorías.
El 6 de octubre murió Moisés Tepeu a manos de una turba, que lo señaló de robar un teléfono celular, en avenida El Carrizal, aldea Pamuac, San Raymundo.
24 October 2007
El linchamiento no es justicia maya
Por Lucía Escobar
elPeriódico (24 oct 07)
Ayudados por traductores, casi 200 autoridades de las etnias mam, q’anjob’al, ixil, poqoman, tz’utujil, kaqchikel, k’iche’ y q’eqchi’s participaron en un diálogo donde intercambiaron experiencias en la resolución de conflictos en sus comunidades y de su relación con las autoridades estatales. También recibieron información sobre las leyes y convenios internacionales.
Tomas Ajpop, juez comunitario de San Pedro Carchá, dijo: “Nuestras leyes tienen cientos de años y en ellas no está escrito el linchamiento, nosotros buscamos la armonía en las comunidades y no la violencia, ni los azotes, esa es una herencia de la guerra”.
Juan Camajá Pinula, representante de cuatro cofradías de Cunén, también reconoció que ha habido errores en la aplicación de justicia, pero que eso no debe desacreditar el trabajo que realizan diariamente y por el que no cobran un sueldo.
“Nuestra justicia es inmediata, gratuita y efectiva. Nosotros involucramos a los padres y familia en nuestros juicios porque buscamos la reinserción inmediata del delincuente en la sociedad”, comentó Víctor Larios, del consejo de nueve pueblos mayas de Huehuetenango.
Eddy Burgoa , abogado indígena Qullasuyu, de Bolivia, dijo que es necesario que presenten una iniciativa de ley que reconozca explícitamente la aplicación del Derecho Indígena y que deje claro la jurisdicción de la misma.
elPeriódico (24 oct 07)
Ayudados por traductores, casi 200 autoridades de las etnias mam, q’anjob’al, ixil, poqoman, tz’utujil, kaqchikel, k’iche’ y q’eqchi’s participaron en un diálogo donde intercambiaron experiencias en la resolución de conflictos en sus comunidades y de su relación con las autoridades estatales. También recibieron información sobre las leyes y convenios internacionales.
Tomas Ajpop, juez comunitario de San Pedro Carchá, dijo: “Nuestras leyes tienen cientos de años y en ellas no está escrito el linchamiento, nosotros buscamos la armonía en las comunidades y no la violencia, ni los azotes, esa es una herencia de la guerra”.
Juan Camajá Pinula, representante de cuatro cofradías de Cunén, también reconoció que ha habido errores en la aplicación de justicia, pero que eso no debe desacreditar el trabajo que realizan diariamente y por el que no cobran un sueldo.
“Nuestra justicia es inmediata, gratuita y efectiva. Nosotros involucramos a los padres y familia en nuestros juicios porque buscamos la reinserción inmediata del delincuente en la sociedad”, comentó Víctor Larios, del consejo de nueve pueblos mayas de Huehuetenango.
Eddy Burgoa , abogado indígena Qullasuyu, de Bolivia, dijo que es necesario que presenten una iniciativa de ley que reconozca explícitamente la aplicación del Derecho Indígena y que deje claro la jurisdicción de la misma.
23 September 2007
El método que persuadió a los pandilleros de Cerro Alto
Por Óscar F. Herrera
elPeriódico (23 sep 07)
El 17 de junio de 1996, Javier Cotzojay fue asesinado por desconocidos en el caserío Los Patzanes I, aldea Cerro Alto, en San Juan Sacatepéquez. Era el progenitor de Mynor Cotzojay.
En la misma fecha llegó a la escuela el nuevo profesor de primer grado. El niño que estudiaba en esa aula no mostraba cambios en su actitud después del suceso. “Mi primera impresión fue que no le había afectado la muerte de su papá, pese a que fue el mero Día del Padre”, refiere el docente.
Mynor no tenía comportamientos ajenos a un niño de 8 años, no se perdía la oportunidad de salir al recreo y, al igual que sus compañeros, gritaba con alegría cuando la campana de la escuela anunciaba que la jornada diaria había finalizado.
El docente, que ahora tiene 11 años de laborar en el plantel, se sorprendió cuando oyó el anuncio en la radio: Mynor, su ex alumno, es el chico que fue linchado el 9 de septiembre en el centro de la aldea.
Recuerda que el niño cursó hasta el tercer grado en el establecimiento y después de cambiarse de casa, no volvió a saber más de él. Algunos amigos y ex compañeros del joven refieren que este adoptó comportamientos hostiles y se dedicó a delinquir fuera de la aldea, y se animan a señalar que “ya había matado gente”.
Su mirada implacable parecía que encerraba resentimientos acumulados de varios años atrás. El día de las elecciones asaltó a un comerciante y esta acción fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de los pobladores. Cuentan que varios meses atrás los hechos delictivos cometidos por delincuentes juveniles se incrementaron al punto que sucedían a plena luz del día.
Una turba lo capturó a pocos metros de la iglesia católica del lugar. Después de recibir golpes y un corte de arma blanca, gritaba confiado: “Ya los conocí y después de salir les va a tocar lo suyo. Solo tengo que pagar Q2 mil”. Las palabras enardecieron a la gente, que cambió la tunda por gasolina y fósforos.
Extorsiones a la orden
Algunos pobladores justificaban la acción, vociferando que la víctima tenía un listado de 60 tiendas de la comunidad que aguardaban ser extorsionadas. “A empresarios del transporte les pidieron Q100 mil que debían ser depositados en una cuenta bancaria en Banrural. Sin embargo, solo les depositaron Q25 mil”, refiere un vecino.
Pese a que los pobladores sabían con certeza que Mynor era uno de los líderes de la pandilla, lo veían pasar y bajaban la mirada, “por temor a represalias”.
Esa misma noche, estos acordaron patrullar la aldea con rondas realizadas por grupos de 40 hombres que recorren desde sus caseríos hasta el centro de la aldea, y viceversa.
Después del medio día. Del martes 11 de septiembre, otro pandillero asaltó a una anciana de 75 años, a quien obligó a desnudarse mientras la amenazaba con un machete en la mano. Le robó Q25.
Un grupo de patrulleros pasaba por el lugar y lo capturó. Los ánimos se caldearon de nuevo. La familia del delincuente lloraba tras la turba que lo llevaba rumbo al centro de la aldea, justo frente a la iglesia. La madre pedía ser ella la ajusticiada y el hijo se arrodillaba y clamaba perdón por sus “errores”.
En ese momento, su teléfono celular sonó y el padre respondió. Después de un tiempo de espera dijo: “Suéltenlo, porque acaban de llamar los pandilleros de Ciudad Quetzal, que ya vienen a salvarlo”. Sus palabras fueron como la chispa que empezó a encender el fuego. Los airados habitantes clamaban: “¡Quémenlo, quémenlo!”.
Un grupo de hombres con los rostros cubiertos ordenaron a un pandillero que horas atrás se había entregado, que rociara combustible al capturado si no quería correr su misma suerte. “Cuando agarró fuego, se levantó y corrió, pero por las llamas se cayó en una zanja. De ahí su familia se lo llevó”, cuenta un niño que cursa el cuarto grado de primaria, testigo del linchamiento.
Los pobladores no dejaron que el moribundo fuera llevado a ningún centro asistencial. Incluso, obligaron a una curandera del pueblo a que retirara un suero que minutos antes le había puesto, advirtiéndole que, de no hacerlo, la quemarían a ella también. Catorce horas después, el muchacho murió en su vivienda.
“Me entregué para que no me pase lo mismo”, susurró un joven en la fila mientras esperaba turno para ser fotografiado y plenamente identificado el domingo 16 de septiembre, cuando más de 200 supuestos pandilleros se rindieron ante las autoridades locales de Cerro Alto.
¿Y ahora qué?
Los pobladores buscan apoyo para introducir programas de reinserción de pandilleros, porque “no podemos dejarlos sin atención”, señala un dirigente de la aldea.
La noticia se propagó por distintos medios de prensa nacional e internacional. Instituciones no gubernamentales se acercaron a los dirigentes para ofrecerles asesoría en el asunto. “Trabajamos el tema de delincuencia juvenil en Antigua, Jocotenango, San Juan del Obispo y San Pedro Las Huertas. Propondremos realizar un diagnóstico social de estos muchachos”, indicó Juan Carlos Arrivillaga, director ejecutivo de la Asociación Gente Ayudando Gente.
“Estos jóvenes demandan de la comunidad que respondan a sus necesidades. Al no haber ninguna respuesta, esto puede terminar peor que la enfermedad”, apunta.
Narcóticos Anónimos ofreció conformar un grupo de ayuda mutua para apoyar a los adictos que delinquían para obtener drogas.
elPeriódico (23 sep 07)
El 17 de junio de 1996, Javier Cotzojay fue asesinado por desconocidos en el caserío Los Patzanes I, aldea Cerro Alto, en San Juan Sacatepéquez. Era el progenitor de Mynor Cotzojay.
En la misma fecha llegó a la escuela el nuevo profesor de primer grado. El niño que estudiaba en esa aula no mostraba cambios en su actitud después del suceso. “Mi primera impresión fue que no le había afectado la muerte de su papá, pese a que fue el mero Día del Padre”, refiere el docente.
Mynor no tenía comportamientos ajenos a un niño de 8 años, no se perdía la oportunidad de salir al recreo y, al igual que sus compañeros, gritaba con alegría cuando la campana de la escuela anunciaba que la jornada diaria había finalizado.
El docente, que ahora tiene 11 años de laborar en el plantel, se sorprendió cuando oyó el anuncio en la radio: Mynor, su ex alumno, es el chico que fue linchado el 9 de septiembre en el centro de la aldea.
Recuerda que el niño cursó hasta el tercer grado en el establecimiento y después de cambiarse de casa, no volvió a saber más de él. Algunos amigos y ex compañeros del joven refieren que este adoptó comportamientos hostiles y se dedicó a delinquir fuera de la aldea, y se animan a señalar que “ya había matado gente”.
Su mirada implacable parecía que encerraba resentimientos acumulados de varios años atrás. El día de las elecciones asaltó a un comerciante y esta acción fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de los pobladores. Cuentan que varios meses atrás los hechos delictivos cometidos por delincuentes juveniles se incrementaron al punto que sucedían a plena luz del día.
Una turba lo capturó a pocos metros de la iglesia católica del lugar. Después de recibir golpes y un corte de arma blanca, gritaba confiado: “Ya los conocí y después de salir les va a tocar lo suyo. Solo tengo que pagar Q2 mil”. Las palabras enardecieron a la gente, que cambió la tunda por gasolina y fósforos.
Extorsiones a la orden
Algunos pobladores justificaban la acción, vociferando que la víctima tenía un listado de 60 tiendas de la comunidad que aguardaban ser extorsionadas. “A empresarios del transporte les pidieron Q100 mil que debían ser depositados en una cuenta bancaria en Banrural. Sin embargo, solo les depositaron Q25 mil”, refiere un vecino.
Pese a que los pobladores sabían con certeza que Mynor era uno de los líderes de la pandilla, lo veían pasar y bajaban la mirada, “por temor a represalias”.
Esa misma noche, estos acordaron patrullar la aldea con rondas realizadas por grupos de 40 hombres que recorren desde sus caseríos hasta el centro de la aldea, y viceversa.
Después del medio día. Del martes 11 de septiembre, otro pandillero asaltó a una anciana de 75 años, a quien obligó a desnudarse mientras la amenazaba con un machete en la mano. Le robó Q25.
Un grupo de patrulleros pasaba por el lugar y lo capturó. Los ánimos se caldearon de nuevo. La familia del delincuente lloraba tras la turba que lo llevaba rumbo al centro de la aldea, justo frente a la iglesia. La madre pedía ser ella la ajusticiada y el hijo se arrodillaba y clamaba perdón por sus “errores”.
En ese momento, su teléfono celular sonó y el padre respondió. Después de un tiempo de espera dijo: “Suéltenlo, porque acaban de llamar los pandilleros de Ciudad Quetzal, que ya vienen a salvarlo”. Sus palabras fueron como la chispa que empezó a encender el fuego. Los airados habitantes clamaban: “¡Quémenlo, quémenlo!”.
Un grupo de hombres con los rostros cubiertos ordenaron a un pandillero que horas atrás se había entregado, que rociara combustible al capturado si no quería correr su misma suerte. “Cuando agarró fuego, se levantó y corrió, pero por las llamas se cayó en una zanja. De ahí su familia se lo llevó”, cuenta un niño que cursa el cuarto grado de primaria, testigo del linchamiento.
Los pobladores no dejaron que el moribundo fuera llevado a ningún centro asistencial. Incluso, obligaron a una curandera del pueblo a que retirara un suero que minutos antes le había puesto, advirtiéndole que, de no hacerlo, la quemarían a ella también. Catorce horas después, el muchacho murió en su vivienda.
“Me entregué para que no me pase lo mismo”, susurró un joven en la fila mientras esperaba turno para ser fotografiado y plenamente identificado el domingo 16 de septiembre, cuando más de 200 supuestos pandilleros se rindieron ante las autoridades locales de Cerro Alto.
¿Y ahora qué?
Los pobladores buscan apoyo para introducir programas de reinserción de pandilleros, porque “no podemos dejarlos sin atención”, señala un dirigente de la aldea.
La noticia se propagó por distintos medios de prensa nacional e internacional. Instituciones no gubernamentales se acercaron a los dirigentes para ofrecerles asesoría en el asunto. “Trabajamos el tema de delincuencia juvenil en Antigua, Jocotenango, San Juan del Obispo y San Pedro Las Huertas. Propondremos realizar un diagnóstico social de estos muchachos”, indicó Juan Carlos Arrivillaga, director ejecutivo de la Asociación Gente Ayudando Gente.
“Estos jóvenes demandan de la comunidad que respondan a sus necesidades. Al no haber ninguna respuesta, esto puede terminar peor que la enfermedad”, apunta.
Narcóticos Anónimos ofreció conformar un grupo de ayuda mutua para apoyar a los adictos que delinquían para obtener drogas.
17 September 2007
Viven secuelas de violencia
Por César Pérez
Prensa Libre (17 sep 07)
San Martín Jilotepeque. El 16 de agosto recién pasado, los vecinos de esta localidad fueron testigos de una brutal pelea, al estilo del circo romano, en que dos hombres fueron obligados a pelear, a cambio de no ser linchados por una turba.
Un mes después de los hechos, la comunidad aún no se repone del trauma que le dejó ese acto de barbarie, aunque insiste en que es la única solución para frenar la delincuencia.
Comerciantes citaron que ha habido daños para el pueblo, pues ventas y turismo han disminuido; además del daño sicológico que sufren los niños, que viven pensando en la violencia.
Desprotegidos
El día del linchamiento, en la subestación de Policía sólo había un elemento; otros dos patrullaban en motocicleta, cuando fueron alertados de lo que ocurría en la plaza. Los motoristas se acercaron temerosos y pidieron apoyo a otras estaciones.
La subestación no tenía patrulla ni línea telefónica. En hechos como ese, varios factores coincidieron, como el que temen por su vida ante la falta de equipo y de personal.
Presa del temor
Hoy, los vecinos se han organizado en comités de seguridad, pues temen que desconocidos impulsen la violencia.
Después de las 20 horas, imponen una especie de toque de queda y cualquier persona puede ser sometida a registros e interrogatorios.
El gobernador departamental, Alejandro Jarquín, dijo que a consecuencia de lo ocurrido coordinó con el alcalde y la PNC para que se repare la patrulla que está fuera de servicio. Además, el comisario Robbyn Solares insistió en que es necesario que la población colabore con la Policía.
Ingrid Sucup, del Centro de Justicia, aseguró que los linchamientos son el reflejo de la falta de confianza por parte de la población hacia las autoridades.
Postura: Mata para vivir
El jueves 16 de agosto, tres desconocidos secuestraron al concejal Armando Velasco y se dirigieron, por equivocación, hacia la aldea Xezuj, donde el funcionario fue auxiliado por los lugareños.
Allí fue detenido Edwin Leonel Chonay, de 21 años, quien fue amarrado y golpeado por una turba. Minutos después, Benito Barán, 38, fue señalado de estafa y también fue vapuleado.
Finalmente, la turba decidió que ambos debían enfrentarse a golpes hasta que uno de los dos muriera.
Chonay asfixió a Barán con la misma cuerda con que los habían atado a ambos y después lo quemó.
Tema: Pierden identidad
Nelly Gómez, sicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, expresó que quien sobrevive a un linchamiento pierde su identidad social.
Agrega que linchadores y espectadores del hecho también son afectados por las secuelas de esa violencia.
Quien participa en un hecho de esa naturaleza, ¿lo podría volver a hacer?
Con facilidad. Se convierte en persona antisocial, criminal y despiadada. Pierde los valores humanos.
¿Cómo evitar que vuelvan a participar en un linchamiento?
Lo que ocurre es que un desorden mental crea un resentimiento personal, lo cual los obliga a comportarse de forma violenta, sin importarles el daño que ocasionen a los demás.
Prensa Libre (17 sep 07)
San Martín Jilotepeque. El 16 de agosto recién pasado, los vecinos de esta localidad fueron testigos de una brutal pelea, al estilo del circo romano, en que dos hombres fueron obligados a pelear, a cambio de no ser linchados por una turba.
Un mes después de los hechos, la comunidad aún no se repone del trauma que le dejó ese acto de barbarie, aunque insiste en que es la única solución para frenar la delincuencia.
Comerciantes citaron que ha habido daños para el pueblo, pues ventas y turismo han disminuido; además del daño sicológico que sufren los niños, que viven pensando en la violencia.
Desprotegidos
El día del linchamiento, en la subestación de Policía sólo había un elemento; otros dos patrullaban en motocicleta, cuando fueron alertados de lo que ocurría en la plaza. Los motoristas se acercaron temerosos y pidieron apoyo a otras estaciones.
La subestación no tenía patrulla ni línea telefónica. En hechos como ese, varios factores coincidieron, como el que temen por su vida ante la falta de equipo y de personal.
Presa del temor
Hoy, los vecinos se han organizado en comités de seguridad, pues temen que desconocidos impulsen la violencia.
Después de las 20 horas, imponen una especie de toque de queda y cualquier persona puede ser sometida a registros e interrogatorios.
El gobernador departamental, Alejandro Jarquín, dijo que a consecuencia de lo ocurrido coordinó con el alcalde y la PNC para que se repare la patrulla que está fuera de servicio. Además, el comisario Robbyn Solares insistió en que es necesario que la población colabore con la Policía.
Ingrid Sucup, del Centro de Justicia, aseguró que los linchamientos son el reflejo de la falta de confianza por parte de la población hacia las autoridades.
Postura: Mata para vivir
El jueves 16 de agosto, tres desconocidos secuestraron al concejal Armando Velasco y se dirigieron, por equivocación, hacia la aldea Xezuj, donde el funcionario fue auxiliado por los lugareños.
Allí fue detenido Edwin Leonel Chonay, de 21 años, quien fue amarrado y golpeado por una turba. Minutos después, Benito Barán, 38, fue señalado de estafa y también fue vapuleado.
Finalmente, la turba decidió que ambos debían enfrentarse a golpes hasta que uno de los dos muriera.
Chonay asfixió a Barán con la misma cuerda con que los habían atado a ambos y después lo quemó.
Tema: Pierden identidad
Nelly Gómez, sicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, expresó que quien sobrevive a un linchamiento pierde su identidad social.
Agrega que linchadores y espectadores del hecho también son afectados por las secuelas de esa violencia.
Quien participa en un hecho de esa naturaleza, ¿lo podría volver a hacer?
Con facilidad. Se convierte en persona antisocial, criminal y despiadada. Pierde los valores humanos.
¿Cómo evitar que vuelvan a participar en un linchamiento?
Lo que ocurre es que un desorden mental crea un resentimiento personal, lo cual los obliga a comportarse de forma violenta, sin importarles el daño que ocasionen a los demás.
16 August 2007
“Hasta que uno de los dos muera”
Por Luis Ángel Sas
elPeriódico (16 ago 07)
Dos supuestos maleantes fueron obligados por un grupo de pobladores de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, a pelear a muerte.
Todo se inició, según el alcalde del lugar, Nery Orlando Ruano, cuando tres hombres interceptaron al concejal, Armando Velásquez, cuando este salía de su casa a bordo de su vehículo. Los delincuentes le obligaron a pasar al asiento trasero y se lo llevaron en su propio carro. “Él escuchó que lo iban a matar y decidió atacar al conductor. El vehículo se encunetó y fue cuando la población se dio cuenta que lo llevaban secuestrado. Aunque escaparon dos maleantes, uno fue capturado por vecinos”, dijo Ruano.
Este fue identificado como Edwin Leonel Chonay. Después, fue llevado frente al edificio de la municipalidad. Cuando discutían qué hacer con Chonay, pasó por el lugar un hombre a quien acusaban de estafar a varios de los lugareños.
El jefe de la Policía Municipal de ese municipio, Feliciano Culajay, dijo que los pobladores también golpearon al transeúnte. “Hicieron que se pelearan, aunque ya estaban bien golpeados. Uno de ellos (Chonay) se subió sobre el otro y le puso las manos en el cuello, después le echó gasolina y alguien le alcanzó un encendedor y le prendió fuego”.
El agente policíaco José Esquivel dijo que los pobladores le pedían que lo dejaran ir (a Chonay) porque había “ganado”; sin embargo, fue detenido.
Ruano mencionó que en dicho municipio hay 9 policías, sin embargo, 3 están de descanso. Dos atienden la oficina de la Policía, 2 más realizan notificaciones y solo 2 realizan patrullaje en el lugar donde hay una población de 70 mil personas.
elPeriódico (16 ago 07)
Dos supuestos maleantes fueron obligados por un grupo de pobladores de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, a pelear a muerte.
Todo se inició, según el alcalde del lugar, Nery Orlando Ruano, cuando tres hombres interceptaron al concejal, Armando Velásquez, cuando este salía de su casa a bordo de su vehículo. Los delincuentes le obligaron a pasar al asiento trasero y se lo llevaron en su propio carro. “Él escuchó que lo iban a matar y decidió atacar al conductor. El vehículo se encunetó y fue cuando la población se dio cuenta que lo llevaban secuestrado. Aunque escaparon dos maleantes, uno fue capturado por vecinos”, dijo Ruano.
Este fue identificado como Edwin Leonel Chonay. Después, fue llevado frente al edificio de la municipalidad. Cuando discutían qué hacer con Chonay, pasó por el lugar un hombre a quien acusaban de estafar a varios de los lugareños.
El jefe de la Policía Municipal de ese municipio, Feliciano Culajay, dijo que los pobladores también golpearon al transeúnte. “Hicieron que se pelearan, aunque ya estaban bien golpeados. Uno de ellos (Chonay) se subió sobre el otro y le puso las manos en el cuello, después le echó gasolina y alguien le alcanzó un encendedor y le prendió fuego”.
El agente policíaco José Esquivel dijo que los pobladores le pedían que lo dejaran ir (a Chonay) porque había “ganado”; sin embargo, fue detenido.
Ruano mencionó que en dicho municipio hay 9 policías, sin embargo, 3 están de descanso. Dos atienden la oficina de la Policía, 2 más realizan notificaciones y solo 2 realizan patrullaje en el lugar donde hay una población de 70 mil personas.
06 August 2007
Vapulean a dos supuestos delincuentes
Por Eduardo Sam Chum
Prensa Libre (6 ago 07)
Los hermanos José Víctor y German Che Caal, de 18 y 22 años, respectivamente, fueron vapuleados ayer por vecinos de Chisec, Alta Verapaz, sindicados de robar y matar a un guardián.
Los vecinos denunciaron que el viernes recién pasado los dos sindicados ingresaron a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural, donde después de matar a Arnoldo Cucul Cuc, de 41 años, se llevaron ocho computadoras.
La policía efectuó varios allanamientos en busca de los victimarios, pero sin resultados. Por esa razón los pobladores decidieron hacer justicia y cuando los hallaron, los desnudaron, golpearon y obligaron a caminar por las principales calles de ese municipio.
Después de ser rescatados, la policía los trasladó al Hospital Nacional de Cobán.
Prensa Libre (6 ago 07)
Los hermanos José Víctor y German Che Caal, de 18 y 22 años, respectivamente, fueron vapuleados ayer por vecinos de Chisec, Alta Verapaz, sindicados de robar y matar a un guardián.
Los vecinos denunciaron que el viernes recién pasado los dos sindicados ingresaron a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural, donde después de matar a Arnoldo Cucul Cuc, de 41 años, se llevaron ocho computadoras.
La policía efectuó varios allanamientos en busca de los victimarios, pero sin resultados. Por esa razón los pobladores decidieron hacer justicia y cuando los hallaron, los desnudaron, golpearon y obligaron a caminar por las principales calles de ese municipio.
Después de ser rescatados, la policía los trasladó al Hospital Nacional de Cobán.
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