Más linchamientos

Editorial La Hora (15 jun 09)

Los datos estadísticos dan cuenta que sin llegar aún al medio año, estamos a punto de superar la cantidad de linchamientos que se produjo el año pasado, lo que viene a evidenciar cuán seria es la situación y, sobre todo, el nivel de desesperación que prevalece entre una población harta de todas las formas de criminalidad y violencia que el Estado no es capaz de contener.

El Gobierno se siente reconfortado porque las protestas derivadas del asesinato del licenciado Rodrigo Rosenberg han bajado de tono y amainado notablemente, al punto de que el mismo Presidente dice que la crisis ya pasó y que no dejó mayores daños políticos al Gobierno. Pero ese respiro que está dando la sociedad al Gobierno tiene que servir para implementar acciones de fondo a fin de controlar la situación de violencia, porque ya quedó demostrado que existe volatilidad en el ambiente y que la población empieza a mostrar su cansancio con manifestaciones de protesta que comprometen la frágil institucionalidad del país.

Los linchamientos son la reacción de los guatemaltecos a la ausencia de justicia y de seguridad, es decir, a la incapacidad de sus instituciones para cumplir con los fines esenciales del Estado que consisten cabalmente en velar por la vida, la seguridad y la pacífica posesión de los bienes de las personas. Tienen además el serio problema de que se dirigen a quienes son sospechosos de cometer un delito, lo que significa que cualquiera que "parece" puede ser perseguido y hasta asesinado brutalmente por turbas que actúan sin control ni medida y sin establecer plenamente la responsabilidad de las personas. Además, generalmente no hay proporcionalidad entre el daño causado y el castigo que se propina a las víctimas del linchamiento.

Y si algo corrobora la fragilidad del Estado, al punto de que virtualmente nos coloca en condición fallida, es esa situación de pueblo sin ley, donde las turbas operan con la más absoluta impunidad para decidir sobre vidas y haciendas de las personas en sus respectivas comarcas. Se trata en verdad de una situación lamentable, penosa y desesperante, porque lejos de que los linchamientos ayuden a generar más seguridad, ponen la vida de todos pendiente de un hilo. Basta caerle mal a alguien en una comunidad o ser víctima de una falsa delación, no digamos un accidente de tránsito en el que se atropelle a alguien, para que uno pueda perder la vida a manos de enardecidos vecinos que actúan sin saber siquiera por qué ni contra quién.

La sangre de los linchados cae sobre los juzgadores venales, los fiscales corruptos y policías mordelones que han prostituido el sistema de justicia en Guatemala.