Carlos A. Mendoza
Los linchamientos no ocurren solamente en Guatemala. Como lo muestra este video de YouTube tomado de un noticiero ecuatoriano. El hecho ocurre en una comunidad indígena y se presenta como una forma de castigo tradicional propio de la comunidad.
26 February 2008
Linchamientos en YouTube
Carlos A. Mendoza
Revisando YouTube me he encontrado con algunos materiales interesantes.
En este se explora el caso del Juez Alvaro Hugo Martínez, asesinado por una turba en Senahú, Alta Verapaz (2001). En el video la vocera de MINUGUA resume las causas de los linchamientos, según la Misión: pobreza, conflicto armado, falta de actuación de la Policía y cultura de la violencia. (Duración 7:35 min)
Este video es la continuación del otro. Aquí se dice que el desconocimiento del proceso legal también es una causa de los linchamientos. (Duración 5:22 min)
Revisando YouTube me he encontrado con algunos materiales interesantes.
En este se explora el caso del Juez Alvaro Hugo Martínez, asesinado por una turba en Senahú, Alta Verapaz (2001). En el video la vocera de MINUGUA resume las causas de los linchamientos, según la Misión: pobreza, conflicto armado, falta de actuación de la Policía y cultura de la violencia. (Duración 7:35 min)
Este video es la continuación del otro. Aquí se dice que el desconocimiento del proceso legal también es una causa de los linchamientos. (Duración 5:22 min)
23 February 2008
Autoridad en entredicho
Editorial Siglo XXI (23 feb 08)
Los enfrentamientos entre pobladores y PNC ocurridos en Sololá e Izabal son un reto al Estado de derecho que no se debe permitir.
Recuperar la imagen de autoridad y convencer a los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas del Gobierno.
Para los responsables de la seguridad pública, tener que enfrentarse con poblaciones enardecidas que cada vez demuestran menos respeto a la autoridad, se ha convertido en otro más de los constantes retos que deben enfrentar en su propósio de mantener la tranquilidad ciudadana. El principal problema es que cada vez tienen menos éxito en esa empresa.
Los hechos ocurridos esta semana en lugares de Sololá y Puerto Barrios, demuestran una pérdida de credibilidad creciente en la Policía Nacional Civil (PNC) por parte de las comunidades del interior y por ende, se enfrenta a graves dificultades para ejercer sus responsabilidades.
En el primer caso, desde el sábado anterior se habían producido incidentes cuando una multitud se enfrentó a la Policía, quemó 3 vehículos y atacó las sedes de 2 dependencias estatales, en demanda de la entrega de 4 supuestos secuestradores que habían sido aprehendidos. Pero los acontecimientos se salieron de control el miércoles, cuando cientos de sololatecos esperaban la visita del Ministro de Gobernación y del Director de la PNC, pero al no presentarse, tuvieron el pretexto para protagonizar disturbios que condujeron a un enfrentamiento entre fuerzas del orden y vecinos, con saldo de tres inmuebles incendiados y varias personas heridas.
Por si no fuera suficiente, en la aldea La Lámpara, cerca a Lívingston, en Izabal, varias decenas de agentes policiales, entre quienes se encontraba también el jefe de la Comisaría de Puerto Barrios, fueron retenidos en calidad de rehenes por una turba que exigía la liberación de uno de sus supuestos líderes.
Hechos similares han ocurrido en otros lugares conflictivos. Días atrás, por ejemplo, cinco comunidades de San Juan Sacatepéquez suscribieron un curioso documento con representantes de Gobernación, por medio del cual fijaron las reglas de juego para efectuar detenciones, lo cual incluye autorización previa de los grupos organizados de vecinos para que ingrese la PNC.
Por lo visto, el reto para las autoridades se hace más grande, porque no será posible ejercer la función de seguridad, mientras la Policía tenga que pedir permiso para llegar a imponer orden o, peor aún, si los ciudadanos reaccionan con violaciones flagrantes al Estado de derecho cada vez que ocurren acciones con las que no están de acuerdo.
La recuperación de la imagen de autoridad y la convicción de los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas impostergables para el Gobierno. Urge contar con una Policía que sirva para los fines que fue creada.
Los enfrentamientos entre pobladores y PNC ocurridos en Sololá e Izabal son un reto al Estado de derecho que no se debe permitir.
Recuperar la imagen de autoridad y convencer a los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas del Gobierno.
Para los responsables de la seguridad pública, tener que enfrentarse con poblaciones enardecidas que cada vez demuestran menos respeto a la autoridad, se ha convertido en otro más de los constantes retos que deben enfrentar en su propósio de mantener la tranquilidad ciudadana. El principal problema es que cada vez tienen menos éxito en esa empresa.
Los hechos ocurridos esta semana en lugares de Sololá y Puerto Barrios, demuestran una pérdida de credibilidad creciente en la Policía Nacional Civil (PNC) por parte de las comunidades del interior y por ende, se enfrenta a graves dificultades para ejercer sus responsabilidades.
En el primer caso, desde el sábado anterior se habían producido incidentes cuando una multitud se enfrentó a la Policía, quemó 3 vehículos y atacó las sedes de 2 dependencias estatales, en demanda de la entrega de 4 supuestos secuestradores que habían sido aprehendidos. Pero los acontecimientos se salieron de control el miércoles, cuando cientos de sololatecos esperaban la visita del Ministro de Gobernación y del Director de la PNC, pero al no presentarse, tuvieron el pretexto para protagonizar disturbios que condujeron a un enfrentamiento entre fuerzas del orden y vecinos, con saldo de tres inmuebles incendiados y varias personas heridas.
Por si no fuera suficiente, en la aldea La Lámpara, cerca a Lívingston, en Izabal, varias decenas de agentes policiales, entre quienes se encontraba también el jefe de la Comisaría de Puerto Barrios, fueron retenidos en calidad de rehenes por una turba que exigía la liberación de uno de sus supuestos líderes.
Hechos similares han ocurrido en otros lugares conflictivos. Días atrás, por ejemplo, cinco comunidades de San Juan Sacatepéquez suscribieron un curioso documento con representantes de Gobernación, por medio del cual fijaron las reglas de juego para efectuar detenciones, lo cual incluye autorización previa de los grupos organizados de vecinos para que ingrese la PNC.
Por lo visto, el reto para las autoridades se hace más grande, porque no será posible ejercer la función de seguridad, mientras la Policía tenga que pedir permiso para llegar a imponer orden o, peor aún, si los ciudadanos reaccionan con violaciones flagrantes al Estado de derecho cada vez que ocurren acciones con las que no están de acuerdo.
La recuperación de la imagen de autoridad y la convicción de los pobladores de que no se puede vivir en anarquía, son dos tareas impostergables para el Gobierno. Urge contar con una Policía que sirva para los fines que fue creada.
Los vigilantes de San Juan
Por Gabriel Aguilera Peralta
elPeriódico (23 feb 08)
Conté lo que pasaba en San Juan Sacatepéquez en una reunión en Washington. Mis oyentes se sorprendieron al máximo, el representante del BID preguntó qué hacían las autoridades ante los grupos de vigilantes que impusieron el toque de queda con pena de muerte.
Tuve que contestarle que había denuncias en los medios de comunicación, pero no acción de las autoridades.
Lo acaecido en San Juan es un síntoma de “Estado fallido”. El Estado, perdiendo control territorial, ausentándose de un espacio, que en este caso pasa a ser disputado entre las maras y grupos de vigilantes, que ejercen una terrible justicia propia.
Por eso estoy de acuerdo con las medidas anunciadas por el Presidente y el Ministro de Gobernación en cuanto a recuperar el control de ese municipio. La participación ciudadana en seguridad preventiva es necesaria y debe incentivarse, pero no en la forma de “vigilantismo”, que es la sustitución del ejercicio de seguridad que pertenece al Estado por grupos privados que incurren en violaciones a los derechos humanos.
Para evitar ese fenómeno, que se está dando en varias partes del país, el Estado debe estar en condiciones de garantizar la seguridad ciudadana. Si no lo hace, la percepción de la amenaza de la violencia criminal en la ciudadanía empuja a soluciones y a la formación de pensamiento autoritario.
Un ejemplo de ello es la reciente decisión del Congreso de restablecer el derecho al indulto presidencial en los casos de pena de muerte, lo que de hecho restablece esa sanción que estaba en suspenso desde hace siete años.
No hay evidencias de que la pena de muerte sea realmente un disuasivo y ese tipo de sanción es fuertemente adversado en la cultura occidental, particularmente por la Unión Europea con quien estamos, como parte de Centroamérica, en negociaciones para un Acuerdo de Asociación que incluye un diálogo político, parte del cual son consideraciones sobre derechos humanos.
Sin embargo, la decisión en el Congreso contó con una abrumadora mayoría como reflejo del endurecimiento del pensamiento sobre seguridad, en sentido contrario al concepto sobre seguridad democrática que forma parte de los Acuerdos de Paz y del Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Solamente en la medida que mejore la situación de seguridad y la confianza en la capacidad estatal de proteger personas y bienes va retroceder el pensamiento autoritario. De allí que es importante la recuperación de San Juan Sacatepéquez para que el Estado de Derecho tenga éxito.
elPeriódico (23 feb 08)
Conté lo que pasaba en San Juan Sacatepéquez en una reunión en Washington. Mis oyentes se sorprendieron al máximo, el representante del BID preguntó qué hacían las autoridades ante los grupos de vigilantes que impusieron el toque de queda con pena de muerte.
Tuve que contestarle que había denuncias en los medios de comunicación, pero no acción de las autoridades.
Lo acaecido en San Juan es un síntoma de “Estado fallido”. El Estado, perdiendo control territorial, ausentándose de un espacio, que en este caso pasa a ser disputado entre las maras y grupos de vigilantes, que ejercen una terrible justicia propia.
Por eso estoy de acuerdo con las medidas anunciadas por el Presidente y el Ministro de Gobernación en cuanto a recuperar el control de ese municipio. La participación ciudadana en seguridad preventiva es necesaria y debe incentivarse, pero no en la forma de “vigilantismo”, que es la sustitución del ejercicio de seguridad que pertenece al Estado por grupos privados que incurren en violaciones a los derechos humanos.
Para evitar ese fenómeno, que se está dando en varias partes del país, el Estado debe estar en condiciones de garantizar la seguridad ciudadana. Si no lo hace, la percepción de la amenaza de la violencia criminal en la ciudadanía empuja a soluciones y a la formación de pensamiento autoritario.
Un ejemplo de ello es la reciente decisión del Congreso de restablecer el derecho al indulto presidencial en los casos de pena de muerte, lo que de hecho restablece esa sanción que estaba en suspenso desde hace siete años.
No hay evidencias de que la pena de muerte sea realmente un disuasivo y ese tipo de sanción es fuertemente adversado en la cultura occidental, particularmente por la Unión Europea con quien estamos, como parte de Centroamérica, en negociaciones para un Acuerdo de Asociación que incluye un diálogo político, parte del cual son consideraciones sobre derechos humanos.
Sin embargo, la decisión en el Congreso contó con una abrumadora mayoría como reflejo del endurecimiento del pensamiento sobre seguridad, en sentido contrario al concepto sobre seguridad democrática que forma parte de los Acuerdos de Paz y del Tratado Marco de Seguridad Democrática.
Solamente en la medida que mejore la situación de seguridad y la confianza en la capacidad estatal de proteger personas y bienes va retroceder el pensamiento autoritario. De allí que es importante la recuperación de San Juan Sacatepéquez para que el Estado de Derecho tenga éxito.
Un peligroso vacío de poder
elEditorial de elPeriódico (23 feb 08)
Unos 1,500 campesinos de 26 comunidades de Livingston, Izabal mantenían ayer secuestrados a 29 miembros de la Policía Nacional Civil, PNC, como una medida de presión para obtener la libertad de su “líder” Ramiro Choc, capturado el 14 de febrero en curso bajo la sindicación de haber cometido los delitos de usurpación agravada, robo agravado y detención ilegal.
Tales hechos ocurrían a pocas horas de que una concentración de vecinos de Sololá, en rechazo a la ola de secuestros que está afectando a tal departamento, culminó en violentos disturbios callejeros, cuando los pobladores arremetieron contra la Policía Nacional Civil local e incendiaron cuatro inmuebles, supuestamente pertenecientes a una banda de plagiarios.
Ambos sucesos claramente ilegales señalan la deficiencia que muestran las fuerzas de seguridad ante la escalada delictiva, lo cual hace que nuestros connacionales sigan optando por el procedimiento antijurídico de pretender hacerse justicia por su propia mano. La falta de autoridad en los departamentos se agudizó en los últimos años. El proceso de paz condujo a un repliegue de las fuerzas de seguridad, originando en muchas poblaciones un peligroso vacío de poder que ha sido aprovechado por delincuentes y maleantes.
Creemos que el Gobierno debe hacer un rápido esfuerzo para que tan anómala situación sea superada, pues las autoridades del Estado deben cumplir con su obligación constitucional de mantener el orden y la tranquilidad en todo el territorio nacional.
El pueblo de Guatemala sigue esperando que el Gobierno de la República le restituya la seguridad pública a que tiene derecho. Los repetidos hechos de violencia colectiva que están ocurriendo en el interior del país están rompiendo deleznablemente las reglas del juego de nuestra convivencia civilizada. Con razón la representante especial del Secretariado General de las Naciones Unidas, Hina Jilani, tras una visita de observación a nuestro país ha concluido en que “la justicia es una palabra vacía en Guatemala”.
Unos 1,500 campesinos de 26 comunidades de Livingston, Izabal mantenían ayer secuestrados a 29 miembros de la Policía Nacional Civil, PNC, como una medida de presión para obtener la libertad de su “líder” Ramiro Choc, capturado el 14 de febrero en curso bajo la sindicación de haber cometido los delitos de usurpación agravada, robo agravado y detención ilegal.
Tales hechos ocurrían a pocas horas de que una concentración de vecinos de Sololá, en rechazo a la ola de secuestros que está afectando a tal departamento, culminó en violentos disturbios callejeros, cuando los pobladores arremetieron contra la Policía Nacional Civil local e incendiaron cuatro inmuebles, supuestamente pertenecientes a una banda de plagiarios.
Ambos sucesos claramente ilegales señalan la deficiencia que muestran las fuerzas de seguridad ante la escalada delictiva, lo cual hace que nuestros connacionales sigan optando por el procedimiento antijurídico de pretender hacerse justicia por su propia mano. La falta de autoridad en los departamentos se agudizó en los últimos años. El proceso de paz condujo a un repliegue de las fuerzas de seguridad, originando en muchas poblaciones un peligroso vacío de poder que ha sido aprovechado por delincuentes y maleantes.
Creemos que el Gobierno debe hacer un rápido esfuerzo para que tan anómala situación sea superada, pues las autoridades del Estado deben cumplir con su obligación constitucional de mantener el orden y la tranquilidad en todo el territorio nacional.
El pueblo de Guatemala sigue esperando que el Gobierno de la República le restituya la seguridad pública a que tiene derecho. Los repetidos hechos de violencia colectiva que están ocurriendo en el interior del país están rompiendo deleznablemente las reglas del juego de nuestra convivencia civilizada. Con razón la representante especial del Secretariado General de las Naciones Unidas, Hina Jilani, tras una visita de observación a nuestro país ha concluido en que “la justicia es una palabra vacía en Guatemala”.
22 February 2008
Pobladores de Izabal secuestran a 29 policías
Por Luis Angel Sas
elPeriódico (22 feb 08)
Un grupo de 29 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos un comisario policíaco y una mujer, fueron secuestrados por pobladores de Livingston, Izabal, como medida de protesta por la captura de uno de sus líderes.
Los policías fueron llevados a una aldea llamada Creek Maya, a 22 kilómetros de Livingston (para llegar al lugar se debe realizar un recorrido en lancha durante 45 minutos y caminar 30 minutos por el bosque).
Las autoridades enviaron al lugar un grupo élite de agentes para tratar de liberar a los policías; sin embargo, hasta anoche no habían actuado.
El jueves 14 de febrero fue capturado Ramiro Choc, por orden de un juzgado de Izabal, por los delitos de depredación de la Bios-fera Maya, daños a la propiedad privada y pública, usurpación y robo agravado. Aunque al principio se decidió que este quedaría recluido en una cárcel local, la PNC recibió informes que sus seguidores lo tratarían de liberar, por lo que lo trasladaron al Centro Preventivo de la zona 18.
Quema de juzgado
La PNC recibió información que un grupo de campesinos quemaría el juzgado en protesta, por lo que enviaron a 14 agentes para que cuidaran la judicatura. Sin embargo, un grupo aproximado de mil pobladores los tomaron como rehenes. Después llegó otro grupo de 15 agentes, quienes también fueron secuestrados. El vocero del Ministerio de Gobernación, Ricardo Gatica, expresó que los policías no se resistieron, para evitar una matanza. “Decidieron ceder y usaron el sentido común”, dijo Gatica.
El viceministro de Gobernación, Edgar Hernández, indicó que se intentará dialogar con la población para que entreguen a los policías, pero señaló que no pueden liberar a Choc, tal y como lo solicitan los inconformes, porque el caso está en manos del juzgado.
elPeriódico (22 feb 08)
Un grupo de 29 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre ellos un comisario policíaco y una mujer, fueron secuestrados por pobladores de Livingston, Izabal, como medida de protesta por la captura de uno de sus líderes.
Los policías fueron llevados a una aldea llamada Creek Maya, a 22 kilómetros de Livingston (para llegar al lugar se debe realizar un recorrido en lancha durante 45 minutos y caminar 30 minutos por el bosque).
Las autoridades enviaron al lugar un grupo élite de agentes para tratar de liberar a los policías; sin embargo, hasta anoche no habían actuado.
El jueves 14 de febrero fue capturado Ramiro Choc, por orden de un juzgado de Izabal, por los delitos de depredación de la Bios-fera Maya, daños a la propiedad privada y pública, usurpación y robo agravado. Aunque al principio se decidió que este quedaría recluido en una cárcel local, la PNC recibió informes que sus seguidores lo tratarían de liberar, por lo que lo trasladaron al Centro Preventivo de la zona 18.
Quema de juzgado
La PNC recibió información que un grupo de campesinos quemaría el juzgado en protesta, por lo que enviaron a 14 agentes para que cuidaran la judicatura. Sin embargo, un grupo aproximado de mil pobladores los tomaron como rehenes. Después llegó otro grupo de 15 agentes, quienes también fueron secuestrados. El vocero del Ministerio de Gobernación, Ricardo Gatica, expresó que los policías no se resistieron, para evitar una matanza. “Decidieron ceder y usaron el sentido común”, dijo Gatica.
El viceministro de Gobernación, Edgar Hernández, indicó que se intentará dialogar con la población para que entreguen a los policías, pero señaló que no pueden liberar a Choc, tal y como lo solicitan los inconformes, porque el caso está en manos del juzgado.
21 February 2008
Sololá: Vecinos reclaman con violencia
Por Edgar Rene Saénz y Oscar Figueroa
Prensa Libre (21 feb 08)
Lo que ayer comenzó como una concentración pacífica, en rechazo a la ola de secuestros que afecta a este departamento, terminó en disturbios cuando un grupo de pobladores arremetió contra la Policía e incendió cuatro inmuebles, a cuyos propietarios señalan de pertenecer a la banda de plagiarios denominada los Noj.
A las 8 horas, miles de vecinos de aquella cabecera departamental y de municipios aledaños empezaron a reunirse, luego de que, días antes, los 59 alcaldes auxiliares convocaran a una concentración en el estadio Xamba.
Una hora más tarde, tanto éstos como vecinos y el alcalde indígena José María Julajuj asistieron a la concentración masiva, a la que fueron invitados el jefe edilicio de la cabecera, Pedro Saloj Quisquiná; la gobernadora departamental, Elena Yojcom Ujpán, y representantes de la Policía, del Ministerio Público y del Organismo Judicial.
Denuncian a secuestradores
Los dirigentes indígenas les entregaron a las autoridades un memorial en el que exigen la captura de los supuestos autores de al menos 15 secuestros en lo que va del año.
Identificaron como autores de esos delitos a Juan Yaxón Zerat, alias Chatarra; José Daniel Samines Baquín, Mono; José Zet Solís, Joz; Alex Ben Chiroy, Chuky; Nicolás Bocel, Denis Rodríguez Sapón, Juan José Noj Chiroy y Ricardo Noj Cuxulic, presunto líder de la banda.
Los manifestantes les fijaron un plazo de 30 días a las autoridades para que investiguen a esas personas y ordenen su captura; de lo contrario, advirtieron que tomarán la justicia por mano propia.
La gobernadora intentó hablar con los vecinos, pero éstos se lo impidieron y la abuchearon.
De armas tomar
Al mediodía, la mayoría de pobladores empezaba a retornar a sus comunidades, pues dieron por terminada la concentración; sin embargo, otro grupo, inconforme por la pasividad de las autoridades, que no pusieron atención a sus demandas, decidió actuar.
Comienzan los disturbios
A las 14 horas, los descontentos enfilaron hacia el Bar Internacional El Paso, propiedad de Noj Cuxulic. Este negocio había sido rechazado por la población desde su apertura.
El local estaba cerrado, por lo que los vecinos violentaron la puerta, lo saquearon y lo quemaron. Otro grupo se dirigió a la casa de la familia Noj, ubicada en el barrio El Calvario; a la de Rodríguez Sapón, en el barrio San Bartolo, y a la de los presuntos plagiarios, a las cuales prendieron fuego. Además quemaron un vehículo y dos motocicletas.
La PNC lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los revoltosos, pero la cantidad de agentes fue insuficiente para lograr ese objetivo, pues aquellos les lanzaron piedras, palos y otros objetos. Varios policías y vecinos resultaron heridos. Fueron capturadas 16 personas, que horas después salieron libres. Los Bomberos Voluntarios auxiliaron a varios pobladores intoxicados o con crisis nerviosa.
Entrada la noche, la calma había vuelto a la ciudad, y la Policía, retomado el control. Se desconoce el paradero de los supuestos secuestradores.
Prensa Libre (21 feb 08)
Lo que ayer comenzó como una concentración pacífica, en rechazo a la ola de secuestros que afecta a este departamento, terminó en disturbios cuando un grupo de pobladores arremetió contra la Policía e incendió cuatro inmuebles, a cuyos propietarios señalan de pertenecer a la banda de plagiarios denominada los Noj.
A las 8 horas, miles de vecinos de aquella cabecera departamental y de municipios aledaños empezaron a reunirse, luego de que, días antes, los 59 alcaldes auxiliares convocaran a una concentración en el estadio Xamba.
Una hora más tarde, tanto éstos como vecinos y el alcalde indígena José María Julajuj asistieron a la concentración masiva, a la que fueron invitados el jefe edilicio de la cabecera, Pedro Saloj Quisquiná; la gobernadora departamental, Elena Yojcom Ujpán, y representantes de la Policía, del Ministerio Público y del Organismo Judicial.
Denuncian a secuestradores
Los dirigentes indígenas les entregaron a las autoridades un memorial en el que exigen la captura de los supuestos autores de al menos 15 secuestros en lo que va del año.
Identificaron como autores de esos delitos a Juan Yaxón Zerat, alias Chatarra; José Daniel Samines Baquín, Mono; José Zet Solís, Joz; Alex Ben Chiroy, Chuky; Nicolás Bocel, Denis Rodríguez Sapón, Juan José Noj Chiroy y Ricardo Noj Cuxulic, presunto líder de la banda.
Los manifestantes les fijaron un plazo de 30 días a las autoridades para que investiguen a esas personas y ordenen su captura; de lo contrario, advirtieron que tomarán la justicia por mano propia.
La gobernadora intentó hablar con los vecinos, pero éstos se lo impidieron y la abuchearon.
De armas tomar
Al mediodía, la mayoría de pobladores empezaba a retornar a sus comunidades, pues dieron por terminada la concentración; sin embargo, otro grupo, inconforme por la pasividad de las autoridades, que no pusieron atención a sus demandas, decidió actuar.
Comienzan los disturbios
A las 14 horas, los descontentos enfilaron hacia el Bar Internacional El Paso, propiedad de Noj Cuxulic. Este negocio había sido rechazado por la población desde su apertura.
El local estaba cerrado, por lo que los vecinos violentaron la puerta, lo saquearon y lo quemaron. Otro grupo se dirigió a la casa de la familia Noj, ubicada en el barrio El Calvario; a la de Rodríguez Sapón, en el barrio San Bartolo, y a la de los presuntos plagiarios, a las cuales prendieron fuego. Además quemaron un vehículo y dos motocicletas.
La PNC lanzó bombas lacrimógenas para dispersar a los revoltosos, pero la cantidad de agentes fue insuficiente para lograr ese objetivo, pues aquellos les lanzaron piedras, palos y otros objetos. Varios policías y vecinos resultaron heridos. Fueron capturadas 16 personas, que horas después salieron libres. Los Bomberos Voluntarios auxiliaron a varios pobladores intoxicados o con crisis nerviosa.
Entrada la noche, la calma había vuelto a la ciudad, y la Policía, retomado el control. Se desconoce el paradero de los supuestos secuestradores.
Vecinos ocasionan daños durante disturbios en Sololá
Por Lucía Escobar
elPeriódico (21 feb 08)
La cabecera departamental de Sololá se convirtió en escenario de disturbios ayer, como consecuencia de una manifestación convocada a ser pacífica, pero que luego se salió de control.
Habitantes exigen un alto a los actos criminales suscitados en el municipio, entre los que se cuentan al menos diez secuestros en lo que va del año.
Hace algunas semanas comenzaron a circular panfletos en los que se advertía a las autoridades judiciales que, de no actuar, el pueblo arremetería contra diez personas, acusadas de cometer hechos ilícitos.
El sábado se suscitó un supuesto secuestro, cuyos implicados fueron detenidos por pobladores para luego ser rescatados por la Policía Nacional Civil (PNC). Se ocasionaron daños al edificio de la Gobernación Departamental, además de la quema de tres vehículos.
Al día siguiente derribaron árboles en los accesos a la ciudad, impidiendo el paso vehicular, y autoridades de la Municipalidad, la Alcaldía Indígena y la Auxiliatura de los Derechos Humanos anunciaron que las medidas se depondrían hasta ayer miércoles, día en que se realizó una asamblea general.
Durante la reunión, representantes de Cocodes y de la sociedad civil expusieron sus demandas. Se presentó un memorial en el que se exige a las autoridades una efectiva actuación en sus deberes, y se enfatizó en la necesidad de actuar de forma pacífica.
Al mediodía, una parte de los concurrentes se dirigió al negocio El Paso Internacional, propiedad de Ricardo Noj, uno de los sindicados de integrar una banda que, además de secuestros, se dedica a las extorsiones. El local fue incendiado, así como las residencias de otros dos acusados , un automóvil y una moto. La turba apedreó la subestación 72 11, de la PNC de dicha cabecera, y a periodistas de Radio Magia de Sololá, quienes además fueron expuestos a detonaciones de explosivos caseros.
Restaurantes y comercios de Panajachel cerraron ayer por la tarde, ante la amenaza de habitantes de Sololá de bajar a liberar a manifestantes detenidos por la PNC y recluidos en la cárcel de dicho sitio turístico. Estos fueron liberados posteriormente. se rumoreaba que la turba quemaría negocios y casas de los involucrados. Sin embargo, nada de esto sucedió. Marcelino Ajcabul, director departamental del Ministerio de Educación de Sololá, suspendió las clases en el área.
elPeriódico (21 feb 08)
La cabecera departamental de Sololá se convirtió en escenario de disturbios ayer, como consecuencia de una manifestación convocada a ser pacífica, pero que luego se salió de control.
Habitantes exigen un alto a los actos criminales suscitados en el municipio, entre los que se cuentan al menos diez secuestros en lo que va del año.
Hace algunas semanas comenzaron a circular panfletos en los que se advertía a las autoridades judiciales que, de no actuar, el pueblo arremetería contra diez personas, acusadas de cometer hechos ilícitos.
El sábado se suscitó un supuesto secuestro, cuyos implicados fueron detenidos por pobladores para luego ser rescatados por la Policía Nacional Civil (PNC). Se ocasionaron daños al edificio de la Gobernación Departamental, además de la quema de tres vehículos.
Al día siguiente derribaron árboles en los accesos a la ciudad, impidiendo el paso vehicular, y autoridades de la Municipalidad, la Alcaldía Indígena y la Auxiliatura de los Derechos Humanos anunciaron que las medidas se depondrían hasta ayer miércoles, día en que se realizó una asamblea general.
Durante la reunión, representantes de Cocodes y de la sociedad civil expusieron sus demandas. Se presentó un memorial en el que se exige a las autoridades una efectiva actuación en sus deberes, y se enfatizó en la necesidad de actuar de forma pacífica.
Al mediodía, una parte de los concurrentes se dirigió al negocio El Paso Internacional, propiedad de Ricardo Noj, uno de los sindicados de integrar una banda que, además de secuestros, se dedica a las extorsiones. El local fue incendiado, así como las residencias de otros dos acusados , un automóvil y una moto. La turba apedreó la subestación 72 11, de la PNC de dicha cabecera, y a periodistas de Radio Magia de Sololá, quienes además fueron expuestos a detonaciones de explosivos caseros.
Restaurantes y comercios de Panajachel cerraron ayer por la tarde, ante la amenaza de habitantes de Sololá de bajar a liberar a manifestantes detenidos por la PNC y recluidos en la cárcel de dicho sitio turístico. Estos fueron liberados posteriormente. se rumoreaba que la turba quemaría negocios y casas de los involucrados. Sin embargo, nada de esto sucedió. Marcelino Ajcabul, director departamental del Ministerio de Educación de Sololá, suspendió las clases en el área.
18 February 2008
Sigue la tensión en Sololá
Por Edgar Rene Saenz
Prensa Libre (18 feb 08)
Pobladores de Sololá bloquearon durante seis horas los accesos hacia la cabecera , mientras otros verificaban si la Policía había capturado a algún vecino en la protesta contra la ola de secuestros, que terminó en disturbios, la tarde del sábado.
Los inconformes bloquearon ayer las principales entradas a esa cabecera departamental, a partir de las 9 horas, ya que, supuestamente, la PNC había retenido a unos 30 pobladores que participaron en las protestas del día anterior.
A las 15 horas, los vecinos despejaron el paso, luego de comprobar que no había ningún habitante detenido.
Roberto Vega, encargado de la Comisaría 72 de Sololá, informó que se integró una comisión con el alcalde Pedro Saloj Quisquina; José María Julajuj, alcalde indígena, y otros líderes comunitarios, para convencer a la población de que depusiera su actitud.
La reunión se efectuó en la comunidad Santa María El Tablón, con la presencia de unas dos mil 500 personas. Los pobladores se quejan de supuesta complicidad de la Policía con malhechores.
La protesta del sábado dejó tres autos quemados y daños a las sedes policial y de Gobernación.
Prensa Libre (18 feb 08)
Pobladores de Sololá bloquearon durante seis horas los accesos hacia la cabecera , mientras otros verificaban si la Policía había capturado a algún vecino en la protesta contra la ola de secuestros, que terminó en disturbios, la tarde del sábado.
Los inconformes bloquearon ayer las principales entradas a esa cabecera departamental, a partir de las 9 horas, ya que, supuestamente, la PNC había retenido a unos 30 pobladores que participaron en las protestas del día anterior.
A las 15 horas, los vecinos despejaron el paso, luego de comprobar que no había ningún habitante detenido.
Roberto Vega, encargado de la Comisaría 72 de Sololá, informó que se integró una comisión con el alcalde Pedro Saloj Quisquina; José María Julajuj, alcalde indígena, y otros líderes comunitarios, para convencer a la población de que depusiera su actitud.
La reunión se efectuó en la comunidad Santa María El Tablón, con la presencia de unas dos mil 500 personas. Los pobladores se quejan de supuesta complicidad de la Policía con malhechores.
La protesta del sábado dejó tres autos quemados y daños a las sedes policial y de Gobernación.
17 February 2008
Disturbios en Sololá, por ola de secuestros
Por Edgar Rene Saenz
Prensa Libre (17 feb 2008)
Vecinos de Sololá se enfrentaron ayer con agentes de la Policía Nacional Civil, y quemaron tres autos, durante una protesta contra el alto número de secuestros perpetrados en la zona y la falta de acciones de los agentes para capturar a sospechosos.
En lo que va del año, al menos una decena de personas han sido secuestradas en Sololá, y ayer, el rumor de que se había cometido un nuevo plagio alteró los ánimos de los pobladores.
Éstos se concentraron frente a la subestación de la Policía, para conocer del caso e indagar si habían sido detenidos los culpables. Al no recibir respuesta de las autoridades, empezaron los enfrentamientos.
Los inconformes prendieron fuego a tres vehículos que estaban parqueados en la zona, por lo que la Policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos, para disolver a la turba, que también dañó la sede de la Gobernación Departamental.
La queja común de los pobladores es que las personas que cometen los secuestros han sido identificadas, pero la Policía no las captura, por lo que suponen que los agentes están vinculados con las bandas delincuenciales.
Los Bomberos Voluntarios tuvieron que atender a cinco personas con contusiones, y a otras que sufrieron shock nervioso. También, residentes en los alrededores de la subestación policial resultaron con síntomas de intoxicación, por los gases lacrimógenos.
Detienen a cuatro
Según los manifestantes, la Policía capturó a cuatro habitantes que participaron en las protestas, y exigían que los dejaran en libertad; de lo contrario, aseguraban, no se retirarían del lugar.
Pobladores de aldeas cercanas llegaron a lo largo de la tarde para apoyar la protesta, y cerraron los accesos al municipio, a fin de evitar el ingreso de más policías.
Se niegan a dialogar
Ovidio Paz, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos, trató de mediar en el conflicto, pero los inconformes no desistieron en su medida, y tuvo que salir del lugar, auxiliado por los bomberos.
Los residentes de esa cabecera departamental protegieron sus viviendas, por temor a que las dañaran. Los comercios cerraron sus puertas, y las iglesias suspendieron los servicios, por la jornada tensa que se vivía.
Prensa Libre (17 feb 2008)
Vecinos de Sololá se enfrentaron ayer con agentes de la Policía Nacional Civil, y quemaron tres autos, durante una protesta contra el alto número de secuestros perpetrados en la zona y la falta de acciones de los agentes para capturar a sospechosos.
En lo que va del año, al menos una decena de personas han sido secuestradas en Sololá, y ayer, el rumor de que se había cometido un nuevo plagio alteró los ánimos de los pobladores.
Éstos se concentraron frente a la subestación de la Policía, para conocer del caso e indagar si habían sido detenidos los culpables. Al no recibir respuesta de las autoridades, empezaron los enfrentamientos.
Los inconformes prendieron fuego a tres vehículos que estaban parqueados en la zona, por lo que la Policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos, para disolver a la turba, que también dañó la sede de la Gobernación Departamental.
La queja común de los pobladores es que las personas que cometen los secuestros han sido identificadas, pero la Policía no las captura, por lo que suponen que los agentes están vinculados con las bandas delincuenciales.
Los Bomberos Voluntarios tuvieron que atender a cinco personas con contusiones, y a otras que sufrieron shock nervioso. También, residentes en los alrededores de la subestación policial resultaron con síntomas de intoxicación, por los gases lacrimógenos.
Detienen a cuatro
Según los manifestantes, la Policía capturó a cuatro habitantes que participaron en las protestas, y exigían que los dejaran en libertad; de lo contrario, aseguraban, no se retirarían del lugar.
Pobladores de aldeas cercanas llegaron a lo largo de la tarde para apoyar la protesta, y cerraron los accesos al municipio, a fin de evitar el ingreso de más policías.
Se niegan a dialogar
Ovidio Paz, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos, trató de mediar en el conflicto, pero los inconformes no desistieron en su medida, y tuvo que salir del lugar, auxiliado por los bomberos.
Los residentes de esa cabecera departamental protegieron sus viviendas, por temor a que las dañaran. Los comercios cerraron sus puertas, y las iglesias suspendieron los servicios, por la jornada tensa que se vivía.
16 February 2008
Vecinos se cuidan solos
Por Carlos E. Paredes
Prensa Libre (16 feb 08)
Puerto San José. Cansados de los hechos delictivos que ocurren en su comunidad, vecinos del parcelamiento San Juan El Paraíso, integraron su Junta Local de Seguridad (JLS).
La comunidad está ubicada en el kilómetro 95 de la antigua carretera que de este municipio lleva a Escuintla y en ella habitan unas 200 familias que han manifestado malestar por el aumento de los índices de violencia y hechos delictivos.
Rafael Ríos, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), comentó que en los últimos meses han ocurrido más robos a mano armada, cuatro violaciones contra menores de edad y secuestros.
Además, los pandilleros atemorizan con acciones, como extorsiones y amenazas.
Franci de Guerra, presidenta del Comité de Mujeres, recordó que el pasado domingo desconocidos secuestraron a una niña y, horas después, la liberaron en Escuintla junto a un rótulo que citaba: “Nos equivocamos de niña, por eso la dejamos libre”.
Agregó que los pobladores están cansados de esos actos vandálicos y se temía que por esa razón tomaran acciones, como linchar a delincuentes, por lo que se optó por formar la JLS, cuyos integrantes, además de coordinar con la Policía Nacional Civil (PNC), harán patrullajes en las calles del lugar.
Exigen seguridad
Karen Rivera de Joya, vecina del sector comentó que en la comunidad hay poca presencia policial y es tanto el temor que se ven en la obligación de llevar y traer a los niños a la escuela, para evitar que sean víctimas de los pandilleros o de secuestradores.
Recordó que han visto carros desconocidos que rondan el plantel educativo, lo que ocasiona más zozobra.
La junta recibió el aval del alcalde José Esteban López y del subcomisario Filadelfo López, quienes dijeron que apoyarían en todo lo posible a los integrantes de esa agrupación.
López expuso que es importante la participación de la población para prevenir y combatir a los criminales.
La junta quedó integrada por Encarnación Perfecto, presidente; Martín Arredondo, vicepresidente; Griselda Ríos, secretaria, y Hernán López, de la PNC, como vocal primero. Además, cuentan con 10 vecinos como colaboradores directos.
Prensa Libre (16 feb 08)
Puerto San José. Cansados de los hechos delictivos que ocurren en su comunidad, vecinos del parcelamiento San Juan El Paraíso, integraron su Junta Local de Seguridad (JLS).
La comunidad está ubicada en el kilómetro 95 de la antigua carretera que de este municipio lleva a Escuintla y en ella habitan unas 200 familias que han manifestado malestar por el aumento de los índices de violencia y hechos delictivos.
Rafael Ríos, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode), comentó que en los últimos meses han ocurrido más robos a mano armada, cuatro violaciones contra menores de edad y secuestros.
Además, los pandilleros atemorizan con acciones, como extorsiones y amenazas.
Franci de Guerra, presidenta del Comité de Mujeres, recordó que el pasado domingo desconocidos secuestraron a una niña y, horas después, la liberaron en Escuintla junto a un rótulo que citaba: “Nos equivocamos de niña, por eso la dejamos libre”.
Agregó que los pobladores están cansados de esos actos vandálicos y se temía que por esa razón tomaran acciones, como linchar a delincuentes, por lo que se optó por formar la JLS, cuyos integrantes, además de coordinar con la Policía Nacional Civil (PNC), harán patrullajes en las calles del lugar.
Exigen seguridad
Karen Rivera de Joya, vecina del sector comentó que en la comunidad hay poca presencia policial y es tanto el temor que se ven en la obligación de llevar y traer a los niños a la escuela, para evitar que sean víctimas de los pandilleros o de secuestradores.
Recordó que han visto carros desconocidos que rondan el plantel educativo, lo que ocasiona más zozobra.
La junta recibió el aval del alcalde José Esteban López y del subcomisario Filadelfo López, quienes dijeron que apoyarían en todo lo posible a los integrantes de esa agrupación.
López expuso que es importante la participación de la población para prevenir y combatir a los criminales.
La junta quedó integrada por Encarnación Perfecto, presidente; Martín Arredondo, vicepresidente; Griselda Ríos, secretaria, y Hernán López, de la PNC, como vocal primero. Además, cuentan con 10 vecinos como colaboradores directos.
06 February 2008
Grupo armado, a cargo de cinco ajusticiamientos
Por Luis Angel Sas
elPeriódico (6 feb 08)
Los vecinos que se cubrían el rostro con gorros pasamontañas, dispararon al aire para que los cascabillos se mezclaran con los que cubrían las balas que hirieron mortalmente a tres hombres, y así evitar cualquier investigación.
El hecho sucedió el 20 de enero en la aldea Loma Alta de San Juan Sacatepéquez. Allí, según un informe de inteligencia elaborado por el Ministerio de Gobernación e inteligencia militar, fueron ejecutados tres hombres a sangre fría.
Eran los hermanos Erwin (17) y Florentino Canel (19) y su padre José Irineo. Un grupo de aproximadamente 100 personas llegó su casa y buscaba a Erwin, a quien acusaban de ser pandillero. Lo sacaron de la vivienda y le levantaron la camisa en busca de tatuajes que no encontraron. Después lo acusaron de apoyar a la cementera y lo ejecutaron de varios disparos en la cabeza. Florentino intentó ayudarlo pero las balas lo detuvieron. Su padre José corrió la misma suerte.
Este es uno de los hechos que se le atribuyen a los grupos que patrullan ese municipio para evitar que miembros de pandillas actúen. Según el informe, estos “cometen violaciones a los derechos de los vecinos llegando al punto de asesinar a varias personas”. Se maneja la cifra de cinco muertos.
El 28 de enero retuvieron a fiscales que investigaban los tres crímenes. Antes de liberarlos les hicieron firmar un papel donde se comprometían a no investigar.
El grupo inició a actuar a partir del 9 de septiembre. Ese día, en la aldea Cerro Alto de dicho municipio, quemaron a un supuesto pandillero.
Dos días después, lincharon a otro supuesto marero, y para evitar cualquier pesquisa amenazaron al médico forense para que en el certificado de defunción colocara que su deceso se debió a muerte natural, “cirrosis”.
“Dedujimos que algunas juntas extorsionan y había indicios que participaron por lo menos en tres asesinatos”, relató el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.
El ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, anunció que se ubicará un campamento en el lugar con miembros del Ejército.
Hechos de los que se les acusa
12 mayo de 2007
Queman el vehículo de Lázaro Pirir, alcalde de ese municipio.
9 de septiembre de 2007
Linchan a Mynor Cotzojay, de 19 años, en Cerro Alto.
11 de septiembre de 2007
Linchan en esa aldea a un supuesto pandillero.
13 de septiembre de 2007
Incendian maquinaria en la aldea Cruz Blanca.
7 de noviembre de 2007
Linchan a tres supuestos pandilleros en San Juan Sacatepéquez.
16 de noviembre de 2007
Dinamitan un puente en la aldea Cruz Blanca.
20 de enero de 2008
Asesinan a tres hombres en la aldea Loma Alta.
28 de enero de 2008
Retienen a fiscales del Ministerio Público.
elPeriódico (6 feb 08)
Los vecinos que se cubrían el rostro con gorros pasamontañas, dispararon al aire para que los cascabillos se mezclaran con los que cubrían las balas que hirieron mortalmente a tres hombres, y así evitar cualquier investigación.
El hecho sucedió el 20 de enero en la aldea Loma Alta de San Juan Sacatepéquez. Allí, según un informe de inteligencia elaborado por el Ministerio de Gobernación e inteligencia militar, fueron ejecutados tres hombres a sangre fría.
Eran los hermanos Erwin (17) y Florentino Canel (19) y su padre José Irineo. Un grupo de aproximadamente 100 personas llegó su casa y buscaba a Erwin, a quien acusaban de ser pandillero. Lo sacaron de la vivienda y le levantaron la camisa en busca de tatuajes que no encontraron. Después lo acusaron de apoyar a la cementera y lo ejecutaron de varios disparos en la cabeza. Florentino intentó ayudarlo pero las balas lo detuvieron. Su padre José corrió la misma suerte.
Este es uno de los hechos que se le atribuyen a los grupos que patrullan ese municipio para evitar que miembros de pandillas actúen. Según el informe, estos “cometen violaciones a los derechos de los vecinos llegando al punto de asesinar a varias personas”. Se maneja la cifra de cinco muertos.
El 28 de enero retuvieron a fiscales que investigaban los tres crímenes. Antes de liberarlos les hicieron firmar un papel donde se comprometían a no investigar.
El grupo inició a actuar a partir del 9 de septiembre. Ese día, en la aldea Cerro Alto de dicho municipio, quemaron a un supuesto pandillero.
Dos días después, lincharon a otro supuesto marero, y para evitar cualquier pesquisa amenazaron al médico forense para que en el certificado de defunción colocara que su deceso se debió a muerte natural, “cirrosis”.
“Dedujimos que algunas juntas extorsionan y había indicios que participaron por lo menos en tres asesinatos”, relató el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.
El ministro de Gobernación, Vinicio Gómez, anunció que se ubicará un campamento en el lugar con miembros del Ejército.
Hechos de los que se les acusa
12 mayo de 2007
Queman el vehículo de Lázaro Pirir, alcalde de ese municipio.
9 de septiembre de 2007
Linchan a Mynor Cotzojay, de 19 años, en Cerro Alto.
11 de septiembre de 2007
Linchan en esa aldea a un supuesto pandillero.
13 de septiembre de 2007
Incendian maquinaria en la aldea Cruz Blanca.
7 de noviembre de 2007
Linchan a tres supuestos pandilleros en San Juan Sacatepéquez.
16 de noviembre de 2007
Dinamitan un puente en la aldea Cruz Blanca.
20 de enero de 2008
Asesinan a tres hombres en la aldea Loma Alta.
28 de enero de 2008
Retienen a fiscales del Ministerio Público.
05 February 2008
Resumen de casos de linchamiento 2006
Por Carlos A. Mendoza (5 feb 08)
Linchamientos consumados
Número 6 casos
Fallecidos 10 (9 hombres, 1 mujer)
Vapuleados 18 (6 hombres, 12 mujeres)
Ilesos 0
Intentos de linchamiento
Número 7 casos
Fallecidos 0
Vapuleados 29 (22 hombres, 7 mujeres)
Ilesos 0
Consideraciones
Aunque estos datos NO son fruto de un seguimiento sistemático de los medios electrónicos, reflejan la tendencia del comportamiento de la variable y, al mismo tiempo, ponen en evidencia las contradicciones con los datos provistos por la PNC (ver POST del 21 nov 07).
La PNC contabilizó 13 personas linchadas (fallecidas) a lo largo de 2006. Por lo tanto, yo tengo un subregistro de 3 personas, cuyos casos ocurrieron en enero y febrero de ese año. Por el momento, no encuentro el registro periodístico de los mismos.
Sí coincidimos al afirmar que sólo una mujer fue linchada (el caso del 19 de abril, en Sumpango). Sin embargo, no coincidimos con los meses en los que ocurrieron el resto de muertes. Ver la siguiente tabla.
Mes / PNC / Monitoreo de Medios Electrónicos (verificables en este BLOG)
Ene 1 / 0
Feb 2 / 0
Mar 0 / 0
Abr 4 / 2
May 4 / 3
Jun 0 / 0
Jul 0 / 1
Ago 0 / 0
Sep 1 / 0
Oct 0 / 3
Nov 1 / 1
Dic 0 / 0
Total 13 / 10
Únicamente se coincide con la información en cinco meses, de doce. Esto es preocupante porque nos impide saber con certeza lo que está ocurriendo.
Linchamientos consumados
Número 6 casos
Fallecidos 10 (9 hombres, 1 mujer)
Vapuleados 18 (6 hombres, 12 mujeres)
Ilesos 0
Intentos de linchamiento
Número 7 casos
Fallecidos 0
Vapuleados 29 (22 hombres, 7 mujeres)
Ilesos 0
Consideraciones
Aunque estos datos NO son fruto de un seguimiento sistemático de los medios electrónicos, reflejan la tendencia del comportamiento de la variable y, al mismo tiempo, ponen en evidencia las contradicciones con los datos provistos por la PNC (ver POST del 21 nov 07).
La PNC contabilizó 13 personas linchadas (fallecidas) a lo largo de 2006. Por lo tanto, yo tengo un subregistro de 3 personas, cuyos casos ocurrieron en enero y febrero de ese año. Por el momento, no encuentro el registro periodístico de los mismos.
Sí coincidimos al afirmar que sólo una mujer fue linchada (el caso del 19 de abril, en Sumpango). Sin embargo, no coincidimos con los meses en los que ocurrieron el resto de muertes. Ver la siguiente tabla.
Mes / PNC / Monitoreo de Medios Electrónicos (verificables en este BLOG)
Ene 1 / 0
Feb 2 / 0
Mar 0 / 0
Abr 4 / 2
May 4 / 3
Jun 0 / 0
Jul 0 / 1
Ago 0 / 0
Sep 1 / 0
Oct 0 / 3
Nov 1 / 1
Dic 0 / 0
Total 13 / 10
Únicamente se coincide con la información en cinco meses, de doce. Esto es preocupante porque nos impide saber con certeza lo que está ocurriendo.
01 February 2008
GAM: Informe sobre la situación de los Derechos Humanos y hechos de violencia ocurridos en el año 2007
Sobre Linchamientos
Las instituciones del Estado se encuentran sumamente débiles, especialmente las operadoras de justicia, situación que ha provocado que la población deje de confiar en las mismas, en muchos casos creyendo que el linchamiento o las ejecuciones extrajudiciales, son la solución a los problemas de seguridad. Como ya es de conocimiento nacional e internacional, la seguridad y el sistema de justicia en nuestro país se encuentra cercano a un nivel de insostenibilidad total, debido a la impunidad con que actúan los perpetradores y falta de capacidad de los operadores de justicia en la aplicación de la normativa constitucional.
A manera de ejemplo uno de los hechos ocurridos durante el año fue el linchamiento de 3 supuestos mareros, quienes fueron quemados en San Juan Sacatepéquez.[10] Los vecinos al ver que no pueden obtener seguridad de parte del Estado, la buscan por todos los medios; si bien es cierto que toda persona que infringe la ley debe ser sometida a un proceso y al ser hallada culpable debe cumplir con la pena respectiva, en un Estado democrático esa no es la forma de buscar justicia; esto hace que en nuestro país se viva la sensación de vulnerabilidad extrema, porque existiendo leyes que protegen los derechos de las personas no se cumplen.
En este departamento se ha conocido 5 linchamientos en tan solo dos meses, se esta adoptando la ley del talión[11], estos tienen su propia comisión de seguridad para lograr protegerse, ninguno de ellos ha sido investigado a pesar de que se han presentado denuncias contra tales delitos.[12]
La sociedad y gobierno guatemalteco debe evitar los retrocesos, en tanto en Guatemala se continúe con ese tipo de prácticas no podremos madurar como sociedad. GAM está a favor de la organización de los vecinos e incluso la promueve y promociona la organización pues de esta manera se alcanzan logros importantes en las comunidades. Pero en lo que difiere es que se utilice este tipo de mecanismos violentos. Castigar a los supuestos responsables de actos reñidos con la ley, es un derecho pero debe ser el Estado quien lo haga, por lo que es necesario exigir a las autoridades competentes, actuar con agilidad y responsabilidad para brindar seguridad a la ciudadanía; esto será el mejor método preventivo de estos actos tan degradantes.
Notas:
[10] http://www.elperiodico.com.gt/es/20071102/actualidad/45240/
[11] El término ley del talión (latín: lex talionis) se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. De esta manera, no sólo se habla de una pena equivalente, sino de una pena idéntica. La expresión más famosa de la ley del talión es "ojo por ojo, diente por diente" aparecida en el Éxodo veterotestamentario.
Históricamente, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un crimen y daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza libre.
[12] http://www.prensalibre.com/pl/2007/noviembre/07/187127.html
Las instituciones del Estado se encuentran sumamente débiles, especialmente las operadoras de justicia, situación que ha provocado que la población deje de confiar en las mismas, en muchos casos creyendo que el linchamiento o las ejecuciones extrajudiciales, son la solución a los problemas de seguridad. Como ya es de conocimiento nacional e internacional, la seguridad y el sistema de justicia en nuestro país se encuentra cercano a un nivel de insostenibilidad total, debido a la impunidad con que actúan los perpetradores y falta de capacidad de los operadores de justicia en la aplicación de la normativa constitucional.
A manera de ejemplo uno de los hechos ocurridos durante el año fue el linchamiento de 3 supuestos mareros, quienes fueron quemados en San Juan Sacatepéquez.[10] Los vecinos al ver que no pueden obtener seguridad de parte del Estado, la buscan por todos los medios; si bien es cierto que toda persona que infringe la ley debe ser sometida a un proceso y al ser hallada culpable debe cumplir con la pena respectiva, en un Estado democrático esa no es la forma de buscar justicia; esto hace que en nuestro país se viva la sensación de vulnerabilidad extrema, porque existiendo leyes que protegen los derechos de las personas no se cumplen.
En este departamento se ha conocido 5 linchamientos en tan solo dos meses, se esta adoptando la ley del talión[11], estos tienen su propia comisión de seguridad para lograr protegerse, ninguno de ellos ha sido investigado a pesar de que se han presentado denuncias contra tales delitos.[12]
La sociedad y gobierno guatemalteco debe evitar los retrocesos, en tanto en Guatemala se continúe con ese tipo de prácticas no podremos madurar como sociedad. GAM está a favor de la organización de los vecinos e incluso la promueve y promociona la organización pues de esta manera se alcanzan logros importantes en las comunidades. Pero en lo que difiere es que se utilice este tipo de mecanismos violentos. Castigar a los supuestos responsables de actos reñidos con la ley, es un derecho pero debe ser el Estado quien lo haga, por lo que es necesario exigir a las autoridades competentes, actuar con agilidad y responsabilidad para brindar seguridad a la ciudadanía; esto será el mejor método preventivo de estos actos tan degradantes.
Notas:
[10] http://www.elperiodico.com.gt/es/20071102/actualidad/45240/
[11] El término ley del talión (latín: lex talionis) se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. De esta manera, no sólo se habla de una pena equivalente, sino de una pena idéntica. La expresión más famosa de la ley del talión es "ojo por ojo, diente por diente" aparecida en el Éxodo veterotestamentario.
Históricamente, constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre daño recibido en un crimen y daño producido en el castigo, siendo así el primer límite a la venganza libre.
[12] http://www.prensalibre.com/pl/2007/noviembre/07/187127.html
30 January 2008
Resumen de casos de linchamiento 2007
Por Carlos A. Mendoza (30 ene 08)
Linchamientos consumados
Número 12 casos
Fallecidos 16 (15 hombres, 1 mujer)
Vapuleados 6 (2 hombres, 4 mujeres)
Ilesos 4 (3 hombres, 1 mujer)
Intentos de linchamiento
Número 21 casos
Fallecidos 1 (1 hombre)
Vapuleados 42 (32 hombres, 10 mujeres)
Ilesos 1 (1 hombre)
Advertencia
Estos datos se basan en el seguimiento a los diversos medios de comunicación de Guatemala, especialmente periódicos electrónicos. Ello significa que el autor ha omitido otras fuentes, y se le puede haber pasado algún caso. Además, puede ser que los medios consultados tampoco hayan sido rigurosos en su registro. También se han encontrado incosistencias entre los medios, por ejemplo, en el número de víctimas.
Observaciones
En los casos consumados siempre hay al menos una víctima fatal, mientras que otras pueden haber sido vapuleadas o salido ilesas (sólo fueron capturadas). En los llamados intentos no hay fatalidades, excepto en un extraño caso donde la turba hizo que se pelearan los capturados hasta que uno mató al otro.
Linchamientos consumados
Número 12 casos
Fallecidos 16 (15 hombres, 1 mujer)
Vapuleados 6 (2 hombres, 4 mujeres)
Ilesos 4 (3 hombres, 1 mujer)
Intentos de linchamiento
Número 21 casos
Fallecidos 1 (1 hombre)
Vapuleados 42 (32 hombres, 10 mujeres)
Ilesos 1 (1 hombre)
Advertencia
Estos datos se basan en el seguimiento a los diversos medios de comunicación de Guatemala, especialmente periódicos electrónicos. Ello significa que el autor ha omitido otras fuentes, y se le puede haber pasado algún caso. Además, puede ser que los medios consultados tampoco hayan sido rigurosos en su registro. También se han encontrado incosistencias entre los medios, por ejemplo, en el número de víctimas.
Observaciones
En los casos consumados siempre hay al menos una víctima fatal, mientras que otras pueden haber sido vapuleadas o salido ilesas (sólo fueron capturadas). En los llamados intentos no hay fatalidades, excepto en un extraño caso donde la turba hizo que se pelearan los capturados hasta que uno mató al otro.
28 January 2008
Noticias en el extranjero
Así se han reportado algunos de los casos de linchamiento en periódicos de habla inglesa.
“Lynchings of suspected gang members or petty thieves have become common, especially in indigenous areas of the country. Fed up with an inept and corrupt police force, Guatemalans are increasingly taking the law into their own hands. It is their own form of social cleansing.”
Guatemala's gruesome cleansing of the streets; Police death squads, public lynchings and vigilante groups take a brutal toll on the country's teeming poor and other 'undesirables'
By Gary Mason
The Globe and Mail (Canada), p. A3
January 11, 2008 Friday
“In far-flung rural areas, meanwhile, so strong is the hysteria about child-stealing gangs that there have been dozens of lynchings of suspected baby thieves - although the victims have often simply been outsiders, not known in the remote villages.”
Child-snatchers plague Guatemala as US couples flock to adopt babies
By Philip Sherwell
The Sunday Telegraph (London), p. 28
September 2, 2007 Sunday
As well as death squads, whole communities are handing out vigilante justice.
A year ago in the small town of Palin, just outside the city, three gang members were beaten and then burnt to death. More than a thousand people, including women and children, took part. After the lynching, the community formed its own protection group, which now patrols the streets every night, armed with guns and machetes.
"The community was forced to act. Crimes don't get investigated here," said Jose Dario Lopez, head of the protection group. "The lynching sent out a pretty strong message."
Death squads for hire as citizens tackle gang rule
By Ramita Navai
The Times (London), p. 52
November 3, 2006, Friday
“Lynchings of suspected gang members or petty thieves have become common, especially in indigenous areas of the country. Fed up with an inept and corrupt police force, Guatemalans are increasingly taking the law into their own hands. It is their own form of social cleansing.”
Guatemala's gruesome cleansing of the streets; Police death squads, public lynchings and vigilante groups take a brutal toll on the country's teeming poor and other 'undesirables'
By Gary Mason
The Globe and Mail (Canada), p. A3
January 11, 2008 Friday
“In far-flung rural areas, meanwhile, so strong is the hysteria about child-stealing gangs that there have been dozens of lynchings of suspected baby thieves - although the victims have often simply been outsiders, not known in the remote villages.”
Child-snatchers plague Guatemala as US couples flock to adopt babies
By Philip Sherwell
The Sunday Telegraph (London), p. 28
September 2, 2007 Sunday
As well as death squads, whole communities are handing out vigilante justice.
A year ago in the small town of Palin, just outside the city, three gang members were beaten and then burnt to death. More than a thousand people, including women and children, took part. After the lynching, the community formed its own protection group, which now patrols the streets every night, armed with guns and machetes.
"The community was forced to act. Crimes don't get investigated here," said Jose Dario Lopez, head of the protection group. "The lynching sent out a pretty strong message."
Death squads for hire as citizens tackle gang rule
By Ramita Navai
The Times (London), p. 52
November 3, 2006, Friday
21 January 2008
Linchan a familia en San Juan
Por Juan Revolorio
elPeriódico (21 ene 08)
José Irineo Raxón Canel, de 47 años, junto a sus dos hijos, Erwin de 17 y Florentino de 19, fueron asesinados ayer en la aldea Loma Alta, de San Juan Sacatepéquez.
Según versiones de vecinos, las víctimas fueron sacadas en horas de la madrugada de su residencia por un grupo de alrededor de cien personas; la turba procedió a vapulearlos y luego a darles muerte con heridas de armas punzocortantes y disparos de armas de fuego.
Lugareños comentan en voz baja que el crimen fue motivo del público apoyo que los Raxón daban a la instalación de una cementera en el área, por lo que el objetivo es enviar un mensaje a la población.
Víctor Ruiz, jefe de la División de Investigación Criminal (Dinc), reconoció que se han enterado del rumor del móvil de la cementera.
Doce asesinatos
A las tres víctimas de San Juan Sacatepéquez se sumaron los casos de siete personas asesinadas en Chinautla y dos más en Santa Catarina Pinula, que retornaban de una boda.
elPeriódico (21 ene 08)
José Irineo Raxón Canel, de 47 años, junto a sus dos hijos, Erwin de 17 y Florentino de 19, fueron asesinados ayer en la aldea Loma Alta, de San Juan Sacatepéquez.
Según versiones de vecinos, las víctimas fueron sacadas en horas de la madrugada de su residencia por un grupo de alrededor de cien personas; la turba procedió a vapulearlos y luego a darles muerte con heridas de armas punzocortantes y disparos de armas de fuego.
Lugareños comentan en voz baja que el crimen fue motivo del público apoyo que los Raxón daban a la instalación de una cementera en el área, por lo que el objetivo es enviar un mensaje a la población.
Víctor Ruiz, jefe de la División de Investigación Criminal (Dinc), reconoció que se han enterado del rumor del móvil de la cementera.
Doce asesinatos
A las tres víctimas de San Juan Sacatepéquez se sumaron los casos de siete personas asesinadas en Chinautla y dos más en Santa Catarina Pinula, que retornaban de una boda.
18 January 2008
Chichicastenango: Castigan a ladrones
Por Jimmy Ren
Prensa Libre (18 ene 08)
Chichicastenango. Vecinos del cantón Chulumal Segundo castigaron ayer a tres hombres que antenoche habían robado un picop y herido de gravedad al piloto.
Se trata de Pascual Grave Chivalán, de 21 años; Mario Ramos Domínguez, 15, ambos de la comunidad Chulumal Tres, y Pedro Mateo Mejía, 19, de Chulumal Cuatro.
Solicitaron los servicios del picop a Sebastián Yacon, originario del cantón Sepelá, para que les trasladara redes de mazorcas, desde la aldea Chitatul a Chulumal Segundo.
Yacon envió a su piloto Marcelo Tiriquiz; pero al llegar al lugar, dos de los individuos golpearon con palos en la cabeza a Tiriquiz, y lo dejaron herido de gravedad.
Los presuntos delincuentes, al ver que el agredido no se movía, creyeron que lo habían matado y abandonaron su cuerpo entre unos matorrales y huyeron con el picop Toyota, color blanco, placas P-331 CZD.
Minutos después, Tiriquiz se levantó y pidió auxilio en una tienda cercana, de donde llamaron a los Bomberos Voluntarios de Santa Cruz y trasladaron al piloto al Hospital Nacional de Santa Elena.
El piloto denunció con su patrono a sus atacantes, y éste alertó a los vecinos de su comunidad, quienes se organizaron durante la noche para atrapar a los supuestos maleantes.
No fue sino hasta las 4 horas que lograron capturar a estas personas, cuando pretendían salir de esa comunidad con dirección hacia la capital.
Las autoridades de las cuatro comunidades de Chulumal bloquearon las cuatro rutas de acceso a ese sector y, de esa manera lograron capturar a los supuestos ladrones.
28 December 2007
Querían linchar a dos menores
Por Walter Sactic
Prensa Libre (27 dic 07)
Santo Domingo Xenacoj. Dos menores se salvaron ayer de ser linchados por un grupo de vecinos, que los acusaba de pertenecer a una banda de asaltantes que opera en el lugar; la Policía Nacional Civil (PNC) utilizó bombas lacrimógenas, para dispersar a la turba y rescatar a los sindicados.
Los menores fueron sorprendidos cuando, a eso de las 19.30 horas del martes, extraían un televisor de una casa ubicada en la zona 1 de la localidad.
Los vecinos vapulearon a los dos presuntos delincuentes, los exhibieron en público y los hicieron caminar por las principales calles.
Alrededor de las 20.50 horas, los menores fueron llevados a la subestación de la PNC y entregados a las autoridades. Los vecinos exigían que los encarcelaran y juzgaran.
Los uniformados intentaron sacar a los menores de la sede, pero los pobladores la rodearon y no se los permitieron.
Julio César Otzoy Catú, juez de Paz, llegó a la sede policial a las 22.30 horas y prometió a los lugareños que los capturados serían procesados, y solicitó a los vecinos que permitieran que ambos fueran llevados a un correccional de menores.
En ese momento, la Policía logró evacuar a los menores, y en un autopatrulla se los llevó, lo cual causó malestar entre los vecinos, quienes comenzaron a lanzar piedras contra la sede policial y amenazaban con quemar las instalaciones.
Lanzan bombas
Rodolfo Folgar, jefe de la Comisaría 74, detalló que un contingente de agentes antidisturbios llegó al lugar y dispersó a los vecinos con bombas lacrimógenas.
Los pobladores solicitaron a la PNC que dejara de lanzar los artefactos y se comprometieron a resguardar las instalaciones y el equipo policial.
Líderes comunitarios aseguraron que la próxima vez que capturen a presuntos delincuentes harán justicia con su propia mano, pues no confían en las autoridades.
Los ánimos de los vecinos se calmaron al filo de la 1.00 horas.
Prensa Libre (27 dic 07)
Santo Domingo Xenacoj. Dos menores se salvaron ayer de ser linchados por un grupo de vecinos, que los acusaba de pertenecer a una banda de asaltantes que opera en el lugar; la Policía Nacional Civil (PNC) utilizó bombas lacrimógenas, para dispersar a la turba y rescatar a los sindicados.
Los menores fueron sorprendidos cuando, a eso de las 19.30 horas del martes, extraían un televisor de una casa ubicada en la zona 1 de la localidad.
Los vecinos vapulearon a los dos presuntos delincuentes, los exhibieron en público y los hicieron caminar por las principales calles.
Alrededor de las 20.50 horas, los menores fueron llevados a la subestación de la PNC y entregados a las autoridades. Los vecinos exigían que los encarcelaran y juzgaran.
Los uniformados intentaron sacar a los menores de la sede, pero los pobladores la rodearon y no se los permitieron.
Julio César Otzoy Catú, juez de Paz, llegó a la sede policial a las 22.30 horas y prometió a los lugareños que los capturados serían procesados, y solicitó a los vecinos que permitieran que ambos fueran llevados a un correccional de menores.
En ese momento, la Policía logró evacuar a los menores, y en un autopatrulla se los llevó, lo cual causó malestar entre los vecinos, quienes comenzaron a lanzar piedras contra la sede policial y amenazaban con quemar las instalaciones.
Lanzan bombas
Rodolfo Folgar, jefe de la Comisaría 74, detalló que un contingente de agentes antidisturbios llegó al lugar y dispersó a los vecinos con bombas lacrimógenas.
Los pobladores solicitaron a la PNC que dejara de lanzar los artefactos y se comprometieron a resguardar las instalaciones y el equipo policial.
Líderes comunitarios aseguraron que la próxima vez que capturen a presuntos delincuentes harán justicia con su propia mano, pues no confían en las autoridades.
Los ánimos de los vecinos se calmaron al filo de la 1.00 horas.
18 December 2007
Castigarán linchamientos
Por Ana Lucía Blas
Prensa Libre (18 dic 07)
Con la reforma al Código Penal, el Congreso puede tipificar como delito los linchamientos y fijar duras sanciones contra quienes los promuevan o participen en ellos; la iniciativa ya recibió dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y será conocida el próximo año.
El proyecto de ley, presentado en el 2001 por el diputado Baudilio Hichos, propone reformar los artículos 132, 421 y 471 del Código Penal, para castigar con prisión inconmutable de 25 a 50 años a quienes participen en linchamientos.
“Se quiere tipificar esos actos como delito, equipararlos con los de asesinato y homicidio, porque, en la mayoría de casos, la turba termina por quitarle la vida a una persona, y ese hecho debe ser castigado”, explicó Jorge Ríos, presidente de la Sala de Legislación.
Por ello, se sancionaría “a todos los que tomen parte en ese acto, desde el que pega hasta el que lleva los palos, los fósforos o la gasolina”, refirió el congresista.
La Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos reportó, en julio último, un aumento de casos en comparación con el año anterior. Hasta esa fecha, se habían registrado 22 casos (lo que representa un promedio de tres al mes), mientras en el 2006, se reportaron 33 en todo el año.
En San Juan Sacatepéquez, tan sólo entre octubre y noviembre, fueron linchadas cinco personas, entre ellas, tres adolescentes, a quienes los vecinos quemaron el 1 de noviembre recién pasado, porque supuestamente se proponían cobrar una extorsión.
De acuerdo con el informe presentado por esa Comisión, la principal causa de esos ajusticiamientos fue el supuesto robo de niños, en el que la población pretende aplicar la ley para que las mujeres dejen de comprar y vender menores.
Otras razones son que las personas no ven que se aplique la justicia contra quienes cometen esa clase de delitos y la inseguridad, argumentó la referida instancia.
El diputado Ríos descartó que la lentitud en la aplicación de justicia sea excusa para linchar a un supuesto delincuente. “Lo que en realidad anima esos actos es la euforia colectiva; la responsabilidad se reparte. Además, se sabe que la muerte de esa persona quedará impune”, opinó.
Las estadísticas presentadas por la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos revelaron entonces que el occidente es el área donde ocurren más linchamientos. Quiché ocupa el primer lugar, con seis casos, donde se reportaban 12 víctimas. Le siguen Chimaltenango, Quetzaltenango y Huehuetenango.
Durante los linchamientos, las turbas han quemado estaciones de Policía y han motivado a que los juzgados sean cerrados, pero a pesar de que se han iniciado acciones para castigar a los incitadores, las autoridades aún no han dado con éstos.
Para Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, ese tipo de acciones colectivas “convierte en criminales a toda una comunidad”, porque, animados por la turba y por el contagio social, todos son responsables de cometer una ejecución extrajudicial.
Sanciones
Estas son las propuestas que contiene la iniciativa de reforma al Código Penal, que ya cuenta con dictamen favorable en el Legislativo.
Se modificarán los artículos 132, 421 y 471 del Código Penal, para sancionar con prisión inconmutable de 25 a 50 años a quienes participen en linchamientos.
Se castigará a todos los que participen en linchamientos.
Un informe de la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos afirma que hasta julio último habían sido linchadas 22 personas.
Entre septiembre y noviembre recién pasados, pobladores de San Juan Sacatepéquez lincharon a cinco personas, entre ellos, tres adolescentes.
Prensa Libre (18 dic 07)
Con la reforma al Código Penal, el Congreso puede tipificar como delito los linchamientos y fijar duras sanciones contra quienes los promuevan o participen en ellos; la iniciativa ya recibió dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y será conocida el próximo año.
El proyecto de ley, presentado en el 2001 por el diputado Baudilio Hichos, propone reformar los artículos 132, 421 y 471 del Código Penal, para castigar con prisión inconmutable de 25 a 50 años a quienes participen en linchamientos.
“Se quiere tipificar esos actos como delito, equipararlos con los de asesinato y homicidio, porque, en la mayoría de casos, la turba termina por quitarle la vida a una persona, y ese hecho debe ser castigado”, explicó Jorge Ríos, presidente de la Sala de Legislación.
Por ello, se sancionaría “a todos los que tomen parte en ese acto, desde el que pega hasta el que lleva los palos, los fósforos o la gasolina”, refirió el congresista.
La Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos reportó, en julio último, un aumento de casos en comparación con el año anterior. Hasta esa fecha, se habían registrado 22 casos (lo que representa un promedio de tres al mes), mientras en el 2006, se reportaron 33 en todo el año.
En San Juan Sacatepéquez, tan sólo entre octubre y noviembre, fueron linchadas cinco personas, entre ellas, tres adolescentes, a quienes los vecinos quemaron el 1 de noviembre recién pasado, porque supuestamente se proponían cobrar una extorsión.
De acuerdo con el informe presentado por esa Comisión, la principal causa de esos ajusticiamientos fue el supuesto robo de niños, en el que la población pretende aplicar la ley para que las mujeres dejen de comprar y vender menores.
Otras razones son que las personas no ven que se aplique la justicia contra quienes cometen esa clase de delitos y la inseguridad, argumentó la referida instancia.
El diputado Ríos descartó que la lentitud en la aplicación de justicia sea excusa para linchar a un supuesto delincuente. “Lo que en realidad anima esos actos es la euforia colectiva; la responsabilidad se reparte. Además, se sabe que la muerte de esa persona quedará impune”, opinó.
Las estadísticas presentadas por la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos revelaron entonces que el occidente es el área donde ocurren más linchamientos. Quiché ocupa el primer lugar, con seis casos, donde se reportaban 12 víctimas. Le siguen Chimaltenango, Quetzaltenango y Huehuetenango.
Durante los linchamientos, las turbas han quemado estaciones de Policía y han motivado a que los juzgados sean cerrados, pero a pesar de que se han iniciado acciones para castigar a los incitadores, las autoridades aún no han dado con éstos.
Para Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, ese tipo de acciones colectivas “convierte en criminales a toda una comunidad”, porque, animados por la turba y por el contagio social, todos son responsables de cometer una ejecución extrajudicial.
Sanciones
Estas son las propuestas que contiene la iniciativa de reforma al Código Penal, que ya cuenta con dictamen favorable en el Legislativo.
Se modificarán los artículos 132, 421 y 471 del Código Penal, para sancionar con prisión inconmutable de 25 a 50 años a quienes participen en linchamientos.
Se castigará a todos los que participen en linchamientos.
Un informe de la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos afirma que hasta julio último habían sido linchadas 22 personas.
Entre septiembre y noviembre recién pasados, pobladores de San Juan Sacatepéquez lincharon a cinco personas, entre ellos, tres adolescentes.
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