Por Walter Sactic
Prensa Libre (27 dic 07)
Santo Domingo Xenacoj. Dos menores se salvaron ayer de ser linchados por un grupo de vecinos, que los acusaba de pertenecer a una banda de asaltantes que opera en el lugar; la Policía Nacional Civil (PNC) utilizó bombas lacrimógenas, para dispersar a la turba y rescatar a los sindicados.
Los menores fueron sorprendidos cuando, a eso de las 19.30 horas del martes, extraían un televisor de una casa ubicada en la zona 1 de la localidad.
Los vecinos vapulearon a los dos presuntos delincuentes, los exhibieron en público y los hicieron caminar por las principales calles.
Alrededor de las 20.50 horas, los menores fueron llevados a la subestación de la PNC y entregados a las autoridades. Los vecinos exigían que los encarcelaran y juzgaran.
Los uniformados intentaron sacar a los menores de la sede, pero los pobladores la rodearon y no se los permitieron.
Julio César Otzoy Catú, juez de Paz, llegó a la sede policial a las 22.30 horas y prometió a los lugareños que los capturados serían procesados, y solicitó a los vecinos que permitieran que ambos fueran llevados a un correccional de menores.
En ese momento, la Policía logró evacuar a los menores, y en un autopatrulla se los llevó, lo cual causó malestar entre los vecinos, quienes comenzaron a lanzar piedras contra la sede policial y amenazaban con quemar las instalaciones.
Lanzan bombas
Rodolfo Folgar, jefe de la Comisaría 74, detalló que un contingente de agentes antidisturbios llegó al lugar y dispersó a los vecinos con bombas lacrimógenas.
Los pobladores solicitaron a la PNC que dejara de lanzar los artefactos y se comprometieron a resguardar las instalaciones y el equipo policial.
Líderes comunitarios aseguraron que la próxima vez que capturen a presuntos delincuentes harán justicia con su propia mano, pues no confían en las autoridades.
Los ánimos de los vecinos se calmaron al filo de la 1.00 horas.
28 December 2007
18 December 2007
Castigarán linchamientos
Por Ana Lucía Blas
Prensa Libre (18 dic 07)
Con la reforma al Código Penal, el Congreso puede tipificar como delito los linchamientos y fijar duras sanciones contra quienes los promuevan o participen en ellos; la iniciativa ya recibió dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y será conocida el próximo año.
El proyecto de ley, presentado en el 2001 por el diputado Baudilio Hichos, propone reformar los artículos 132, 421 y 471 del Código Penal, para castigar con prisión inconmutable de 25 a 50 años a quienes participen en linchamientos.
“Se quiere tipificar esos actos como delito, equipararlos con los de asesinato y homicidio, porque, en la mayoría de casos, la turba termina por quitarle la vida a una persona, y ese hecho debe ser castigado”, explicó Jorge Ríos, presidente de la Sala de Legislación.
Por ello, se sancionaría “a todos los que tomen parte en ese acto, desde el que pega hasta el que lleva los palos, los fósforos o la gasolina”, refirió el congresista.
La Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos reportó, en julio último, un aumento de casos en comparación con el año anterior. Hasta esa fecha, se habían registrado 22 casos (lo que representa un promedio de tres al mes), mientras en el 2006, se reportaron 33 en todo el año.
En San Juan Sacatepéquez, tan sólo entre octubre y noviembre, fueron linchadas cinco personas, entre ellas, tres adolescentes, a quienes los vecinos quemaron el 1 de noviembre recién pasado, porque supuestamente se proponían cobrar una extorsión.
De acuerdo con el informe presentado por esa Comisión, la principal causa de esos ajusticiamientos fue el supuesto robo de niños, en el que la población pretende aplicar la ley para que las mujeres dejen de comprar y vender menores.
Otras razones son que las personas no ven que se aplique la justicia contra quienes cometen esa clase de delitos y la inseguridad, argumentó la referida instancia.
El diputado Ríos descartó que la lentitud en la aplicación de justicia sea excusa para linchar a un supuesto delincuente. “Lo que en realidad anima esos actos es la euforia colectiva; la responsabilidad se reparte. Además, se sabe que la muerte de esa persona quedará impune”, opinó.
Las estadísticas presentadas por la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos revelaron entonces que el occidente es el área donde ocurren más linchamientos. Quiché ocupa el primer lugar, con seis casos, donde se reportaban 12 víctimas. Le siguen Chimaltenango, Quetzaltenango y Huehuetenango.
Durante los linchamientos, las turbas han quemado estaciones de Policía y han motivado a que los juzgados sean cerrados, pero a pesar de que se han iniciado acciones para castigar a los incitadores, las autoridades aún no han dado con éstos.
Para Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, ese tipo de acciones colectivas “convierte en criminales a toda una comunidad”, porque, animados por la turba y por el contagio social, todos son responsables de cometer una ejecución extrajudicial.
Sanciones
Estas son las propuestas que contiene la iniciativa de reforma al Código Penal, que ya cuenta con dictamen favorable en el Legislativo.
Se modificarán los artículos 132, 421 y 471 del Código Penal, para sancionar con prisión inconmutable de 25 a 50 años a quienes participen en linchamientos.
Se castigará a todos los que participen en linchamientos.
Un informe de la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos afirma que hasta julio último habían sido linchadas 22 personas.
Entre septiembre y noviembre recién pasados, pobladores de San Juan Sacatepéquez lincharon a cinco personas, entre ellos, tres adolescentes.
Prensa Libre (18 dic 07)
Con la reforma al Código Penal, el Congreso puede tipificar como delito los linchamientos y fijar duras sanciones contra quienes los promuevan o participen en ellos; la iniciativa ya recibió dictamen favorable de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y será conocida el próximo año.
El proyecto de ley, presentado en el 2001 por el diputado Baudilio Hichos, propone reformar los artículos 132, 421 y 471 del Código Penal, para castigar con prisión inconmutable de 25 a 50 años a quienes participen en linchamientos.
“Se quiere tipificar esos actos como delito, equipararlos con los de asesinato y homicidio, porque, en la mayoría de casos, la turba termina por quitarle la vida a una persona, y ese hecho debe ser castigado”, explicó Jorge Ríos, presidente de la Sala de Legislación.
Por ello, se sancionaría “a todos los que tomen parte en ese acto, desde el que pega hasta el que lleva los palos, los fósforos o la gasolina”, refirió el congresista.
La Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos reportó, en julio último, un aumento de casos en comparación con el año anterior. Hasta esa fecha, se habían registrado 22 casos (lo que representa un promedio de tres al mes), mientras en el 2006, se reportaron 33 en todo el año.
En San Juan Sacatepéquez, tan sólo entre octubre y noviembre, fueron linchadas cinco personas, entre ellas, tres adolescentes, a quienes los vecinos quemaron el 1 de noviembre recién pasado, porque supuestamente se proponían cobrar una extorsión.
De acuerdo con el informe presentado por esa Comisión, la principal causa de esos ajusticiamientos fue el supuesto robo de niños, en el que la población pretende aplicar la ley para que las mujeres dejen de comprar y vender menores.
Otras razones son que las personas no ven que se aplique la justicia contra quienes cometen esa clase de delitos y la inseguridad, argumentó la referida instancia.
El diputado Ríos descartó que la lentitud en la aplicación de justicia sea excusa para linchar a un supuesto delincuente. “Lo que en realidad anima esos actos es la euforia colectiva; la responsabilidad se reparte. Además, se sabe que la muerte de esa persona quedará impune”, opinó.
Las estadísticas presentadas por la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos revelaron entonces que el occidente es el área donde ocurren más linchamientos. Quiché ocupa el primer lugar, con seis casos, donde se reportaban 12 víctimas. Le siguen Chimaltenango, Quetzaltenango y Huehuetenango.
Durante los linchamientos, las turbas han quemado estaciones de Policía y han motivado a que los juzgados sean cerrados, pero a pesar de que se han iniciado acciones para castigar a los incitadores, las autoridades aún no han dado con éstos.
Para Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, ese tipo de acciones colectivas “convierte en criminales a toda una comunidad”, porque, animados por la turba y por el contagio social, todos son responsables de cometer una ejecución extrajudicial.
Sanciones
Estas son las propuestas que contiene la iniciativa de reforma al Código Penal, que ya cuenta con dictamen favorable en el Legislativo.
Se modificarán los artículos 132, 421 y 471 del Código Penal, para sancionar con prisión inconmutable de 25 a 50 años a quienes participen en linchamientos.
Se castigará a todos los que participen en linchamientos.
Un informe de la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos afirma que hasta julio último habían sido linchadas 22 personas.
Entre septiembre y noviembre recién pasados, pobladores de San Juan Sacatepéquez lincharon a cinco personas, entre ellos, tres adolescentes.
24 November 2007
Vecinos vapulean a asaltante
Por Martin Tax y Eduardo Sam Chun
Prensa Libre (24 nov 07)
Tactic, Alta Verapaz.- Miguel Chakib Misti, de 27 años, ingresó la noche de jueves a la vivienda de Hugo Rolando Caal Co, recientemente electo alcalde de esta localidad, por el Partido de Avanzada Nacional, y le exigió Q100 mil a cambio de no matarlo.
Caal Co logró disuadirlo y se comunicó con la Policía. El presunto delincuente escapó del lugar y se refugió en la casa de Francisco Xoy, en donde hirió, con arma blanca, a Milton Saúl Xoy Pa, 18, y Yesenia Xoy Pa, 16, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Hellen Lossi de Laugerud, de Cobán.
Posteriormente, un grupo de vecinos se organizó y logró capturarlo, y lo vapuleó.
Gabriel Xol Ta, de los Bomberos Voluntarios, dijo que la Policía Nacional logró rescatar a Chakib Misti, quien también fue trasladado al centro asistencial cobanero.
Los vecinos señalaron que ya están cansados de tantos asaltos y que castigarán a los delincuentes que sean descubiertos cometiendo sus fechorías.
Pidieron a las autoridades que los ayuden a capturar a los malhechores para aplicarles “su justicia”, porque si los trasladan a los tribunales, en Cobán, los jueces los liberan.
“Ya tenemos controlado a un grupo, de unos 20 hombres, que comete asaltos. Vamos a capturar a sus integrantes y no los vamos a liberar hasta que nos devuelvan lo que se han llevado”, manifestó otro vecino, indignado por tanta violencia que afecta Tactic.
Prensa Libre (24 nov 07)
Tactic, Alta Verapaz.- Miguel Chakib Misti, de 27 años, ingresó la noche de jueves a la vivienda de Hugo Rolando Caal Co, recientemente electo alcalde de esta localidad, por el Partido de Avanzada Nacional, y le exigió Q100 mil a cambio de no matarlo.
Caal Co logró disuadirlo y se comunicó con la Policía. El presunto delincuente escapó del lugar y se refugió en la casa de Francisco Xoy, en donde hirió, con arma blanca, a Milton Saúl Xoy Pa, 18, y Yesenia Xoy Pa, 16, quienes fueron trasladados de emergencia al Hospital Hellen Lossi de Laugerud, de Cobán.
Posteriormente, un grupo de vecinos se organizó y logró capturarlo, y lo vapuleó.
Gabriel Xol Ta, de los Bomberos Voluntarios, dijo que la Policía Nacional logró rescatar a Chakib Misti, quien también fue trasladado al centro asistencial cobanero.
Los vecinos señalaron que ya están cansados de tantos asaltos y que castigarán a los delincuentes que sean descubiertos cometiendo sus fechorías.
Pidieron a las autoridades que los ayuden a capturar a los malhechores para aplicarles “su justicia”, porque si los trasladan a los tribunales, en Cobán, los jueces los liberan.
“Ya tenemos controlado a un grupo, de unos 20 hombres, que comete asaltos. Vamos a capturar a sus integrantes y no los vamos a liberar hasta que nos devuelvan lo que se han llevado”, manifestó otro vecino, indignado por tanta violencia que afecta Tactic.
21 November 2007
Datos recientes sobre linchamientos
Por Carlos A. Mendoza
La Policía Nacional Civil [1] ha contabilizado los casos de linchamiento ocurridos en Guatemala durante el año 2006. Se distribuyen de la siguiente forma a lo largo del mismo año:
Ene 1
Feb 2
Mar 0
Abr 4
May 4
Jun 0
Jul 0
Ago 0
Sep 1
Oct 0
Nov 1
Dic 0
Es decir que fueron 13 casos registrados en todo el año. Ese número representa menos del 1 por ciento de los casos de homicidios reportados dicho año (total de 5,885). De las 13 víctimas, 1 fue mujer y 12 hombres.
[1] El reporte de la PNC se titula "HECHOS DELICTIVOS COMETIDOS EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA POR MES Y SEXO, SEGÚN TIPO DE DELITO. AÑO 2006."
Agradezco a Cristian Cabrera, Coordinador de Estadísticas Vitales del INE, por haberme facilitado esta información.
La Policía Nacional Civil [1] ha contabilizado los casos de linchamiento ocurridos en Guatemala durante el año 2006. Se distribuyen de la siguiente forma a lo largo del mismo año:
Ene 1
Feb 2
Mar 0
Abr 4
May 4
Jun 0
Jul 0
Ago 0
Sep 1
Oct 0
Nov 1
Dic 0
Es decir que fueron 13 casos registrados en todo el año. Ese número representa menos del 1 por ciento de los casos de homicidios reportados dicho año (total de 5,885). De las 13 víctimas, 1 fue mujer y 12 hombres.
[1] El reporte de la PNC se titula "HECHOS DELICTIVOS COMETIDOS EN LA REPÚBLICA DE GUATEMALA POR MES Y SEXO, SEGÚN TIPO DE DELITO. AÑO 2006."
Agradezco a Cristian Cabrera, Coordinador de Estadísticas Vitales del INE, por haberme facilitado esta información.
Libro en Inglés sobre Linchamientos en Guatemala
Angelina Snodgrass Godoy. Popular Injustice: Violence, Community, and Law in Latin America. Stanford: Stanford University Press, 2006. xvii + 233 pp. Notes, bibliographical references, index. $50.00 (cloth), ISBN 978-0-8047-5348-7; $19.95 (paper), ISBN 978-0-8047-5383-8
Leer (también en Inglés) la reseña del libro realizada por Daniel Brinks, Department of Government, University of Texas at Austin. Publicada por H-Law (July, 2007) y disponible en:
http://www.h-net.org/reviews/showpdf.cgi?path=73661191089022
Leer (también en Inglés) la reseña del libro realizada por Daniel Brinks, Department of Government, University of Texas at Austin. Publicada por H-Law (July, 2007) y disponible en:
http://www.h-net.org/reviews/showpdf.cgi?path=73661191089022
16 November 2007
Post 100 sobre linchamientos
Por Carlos A. Mendoza
Chicago, USA (16 nov 07)
Con este se alcanzan 100 entradas en el BLOG sobre linchamientos en Guatemala.
A pesar de que no es un sitio muy visitado, sí ha tenido cierta resonancia entre aquellos que se interesan en el tema. Colegas de Ecuador, México y otros países latinoamericanos me han contactado gracias a este espacio.
Debo lamentar dos situaciones. Primero, que los linchamientos siguen siendo parte de la cotidianidad guatemalteca. Segundo, que nadie ha dado un seguimiento sistemático a dichos episodios de violencia colectiva.
Mi deseo es seguir contribuyendo desde este y otros espacios a un mejor entendimiento de las causas de la violencia homicida y colectiva y, gracias a ello, a su reducción.
Invito a los lectores a dejar sus comentarios y enviar información que consideren debe ser incluida en el BLOG. Gracias.
Chicago, USA (16 nov 07)
Con este se alcanzan 100 entradas en el BLOG sobre linchamientos en Guatemala.
A pesar de que no es un sitio muy visitado, sí ha tenido cierta resonancia entre aquellos que se interesan en el tema. Colegas de Ecuador, México y otros países latinoamericanos me han contactado gracias a este espacio.
Debo lamentar dos situaciones. Primero, que los linchamientos siguen siendo parte de la cotidianidad guatemalteca. Segundo, que nadie ha dado un seguimiento sistemático a dichos episodios de violencia colectiva.
Mi deseo es seguir contribuyendo desde este y otros espacios a un mejor entendimiento de las causas de la violencia homicida y colectiva y, gracias a ello, a su reducción.
Invito a los lectores a dejar sus comentarios y enviar información que consideren debe ser incluida en el BLOG. Gracias.
11 November 2007
La vida después del 11 de septiembre en Cerro Alto
Por Lucía Escobar
elPeriódico (11 nov 07)
Cansados de los robos a plena luz del día y las extorsiones, ese domingo 9 de septiembre, día de las elecciones, unos 60 ciudadanos, padres de familia, evangélicos y representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocodes) de la aldea Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez, decidieron ponerle un alto a los pandilleros. “Platicamos, llegamos a un consenso y nos comprometimos con Dios a que rescataríamos a esos muchachos, no importaba si perdíamos la vida por el bien de la aldea. Pero nunca pensamos que la gente llegaría a la situación drástica de quemarlos”, recuerda Luis Ramón Paredes, secretario general del ministerio Cristo Viene.
Antes de morir, los pandilleros Mynor Cotzojay y otro identificado únicamente como el Lechero dictaron los nombres de cada uno de los jefes de sectores y de cada integrante de su pandilla. Así, lograron capturar a los cabecillas en un trabajo de allanamiento, casa por casa, que comenzó a las 6:00 de la mañana y finalizó a las 9:00 de la noche, cuando pandilleros y padres de familia estaban convencidos de la importancia de firmar un acta de rendición. Cotzojay y el Lechero se negaron a aceptar la amnistía, y por eso fueron ajusticiados. Ese día, en la aldea se sintió el olor a quemado del infierno.
Eso fue hace dos meses y los habitantes de la aldea Cerro Alto, en San Juan Sacatepéquez, tratan de no pensar mucho en el pasado; suficientes problemas tienen que resolver ahora. En sus manos está la responsabilidad de no decepcionar a los 173 pandilleros, algunos con educación primaria, otros sin ningún tipo de instrucción, que se rindieron y entregaron simbólicamente sus armas. “Al final dieron las que ya no servían, unas cuatro o cinco armas fuertes, una escopeta hechiza y algunas municiones de calibre 45 expansivo”, recuerda un vecino.
A cambio, los pandilleros recibieron un carné que aún los acredita como jóvenes en proceso de reinserción social, comprometidos a no consumir drogas, a llevar el pelo recortado y vestirse correctamente (no gorras de lado, no pantalones flojos), a no cargar celulares y a no andar dos de ellos o más juntos. Tampoco pueden ir a la cantina como remedio alcohólico contra la abstinencia del crack.
A pesar de esta tregua, la tranquilidad no llega por arte de magia a los 17 mil habitantes repartidos en los caseríos Realguit, Los Chajones, Ajvix, Pasajoc, Cerro Alto, Patzanes I, Patzanes II y los Cux, jurisdicción de San Juan Sacatepéquez, a 37 kilómetros de la ciudad capital. Viven en tal pobreza y abandono, propia más bien de Los Cuchumatanes, que no cuentan con una escuela secundaria ni vías de acceso pavimentadas ni tampoco espacios para el deporte o la distracción, mucho menos capacitaciones o fuentes de trabajo o estudio para los casi 10 mil jóvenes y niños que solo cuentan con 17 iglesias evangélicas y 8 católicas como opción recreativa.
Paredes, del ministerio Cristo Viene, no quiere que los ex pandilleros piensen que ahora que dejaron de hacer daño a la sociedad nadie se ocupa de ellos. Le inquieta que, aunque muchos tienen la esperanza y la disposición para dejar de consumir el crack, no cuentan con ningún programa de higiene mental para desintoxicarse. Además, la tentación está a la vuelta, con sus vecinos de San Raymundo, Ciudad Quetzal o Villa Nueva, de donde llegan los distribuidores de drogas y armas.
Por eso mismo, los vecinos de Cerro Alto no descartan la posibilidad de una contraofensiva de pandilleros de otros barrios, que no se resignan a perder la clientela, así de fácil.
No es paranoia, ya que uno de los vecinos más activos en la reinserción de los jóvenes va y viene de la capital buscando programas de ayuda, y debió cambiar su número de celular por las amenazas recibidas. Su esposa le ruega que ya no siga, le dice que suficiente ha hecho por Cerro Alto, que es hora de que otros vecinos prosigan su trabajo. Él sólo responde: “Si nos unimos para algo tan malo, ahora debemos seguir unidos para rescatarlos y darles una oportunidad”.
Más de tres puntos para el futuro
Un vecino de Cerro Alto asegura que los problemas empezaron luego de la firma de la paz en Guatemala, cuando el Ejército dejó de reclutar jóvenes. “Estos ya no se escondían, y empezaron a sentir la libertad de poder hacer lo que quisieran”. Pero más que exceso de libertad, lo que parecen pedir muchos de estos jóvenes es un trabajo. Ni siquiera uno que compita con los Q200 diarios que ganaban en extorsiones, sino tan sólo uno seguro y estable, uno de los 120 mil nuevos empleos que este país necesita cada año para absorber a los jóvenes al sector productivo. Una forma de acabar con el fenómenos de las pandillas.
Para empezar el cambio, los padres de familia consideran que el Gobierno debe poner el material y la maquinaria para pavimentar las calles, y la comunidad pondría la mano de obra. También proponen que el financiamiento internacional que se consiga vaya directamente a la Asociación de Desarrollo de Cerro Alto; ya no quieren que la ayuda se diluya en diagnósticos o informes de terceros. “Los Cocodes estamos legalizados, y contamos con un terreno listo para construir un campo de fútbol, y un centro de enseñanza de oficios para capacitar en mecánica, computación, carpintería, panadería y colchonería”.
Sueños o promesas
Hasta el momento, no hay señas del serenazgo solicitado a Gobernación ni se han vuelto a ver las patrullas que reforzarían la seguridad y que solo aparecieron los primeros días.
No se supo nada de los cinco trabajos en carpintería que María Adela de Torrebiarte prometió a los ex pandilleros; tampoco se han visto los hornos y computadoras que Emilio Goubod, de Asociación Prevención del Delito (Aprede), aseguró proveer. Y los jóvenes aún esperan al psicólogo que Banrural prometió mandar para curar las adicciones.
Nadie ha escrito el proyecto de la escuela de bomberos y paramédicos con la que sueñan algunos de los jóvenes de allí, y que aseguran hace falta en la zona. Nada hay de la idea de cambiar armas por computadoras o cámaras de fotos. Todos son proyectos que deben gestionarse y para los que se necesita algo de recursos económicos, empezando con el uso de Internet, que la Asociación de Cerro Alto no puede financiar.
Hasta el momento sólo la ONG Gente Ayudando Gente, sin recursos pero con muchas ganas, se reúne todos los domingos con casi 40 jóvenes ex rivales en las pandillas para apoyarlos en pláticas no religiosas, algunos juegos y deportes, “para que no pierdan la continuidad ni el proceso”.
Habrá que ver si eso es suficiente para desafiar a la ley de la mara, ese destino de tres aristas donde solo caben el hospital, la cárcel o el cementerio, y que casi todos los pandilleros llevan no solo asumido, sino tatuado en la piel.
Dos fichados y un sueño
Otto* tiene 19 años y desde hace tres era miembro de la mara Salvatrucha. Lee y escribe sólo un poco. Hoy lo acompaña su padre, un señor poco expresivo que se lamenta porque no tuvo los recursos económicos para mandar a estudiar a sus nueve hijos. Otto es uno de los cinco que no pudieron asistir a la escuela. “¡Imagínese, Q40 por alumno! A la iglesia sí lo llevé desde chiquito, está bautizado, y cuando me daba cuenta de sus malos pasos lo corregía. Estuve contra ellos. Le decía: ahí sólo se matan, salí de ahí, mirá a tus hermanos que trabajan en casa”. Por eso, cuando Otto intentaba dejar la pandilla recurría a la iglesia. Pero luego encontraba a los amigos y, cuando sentía, ya se estaban echando el primo (mariguana y piedra). No sé qué pasaba por mi mente, que no podía dejarlo. Salíamos a todos los lugares juntos, nos ayudábamos, teníamos una comunión. Mi chava desde hace tiempo quería que la dejara. Lo que más me cuesta es no consumir mariguana y crack”.
Finalmente, ahora está trabajando con sus hermanos en una fábrica casera de cohetes o cuetes artesanales. Aún confía en que se le cumpla su mayor anhelo: tener un trabajo estable, ser un operario de maquila.
Junto a Otto se encuentra el Enano*. Tiene 16 años y una cojera que lo acompaña desde la niñez.
En parte de su brazo y cuello sobresale una enorme cicatriz, producto de una quemadura. Es un “niño de la pólvora”, uno más de esos 84 millones de infantes que trabajan en labores peligrosas en el mundo y, según estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo uno de los 3 mil 709 menores de edad que fabrican cohetes, morteros, y los –¿extintos?– cachinflines en San Juan Sacatepéquez. Apenas hizo la escuela primaria, y a los 12 años ya era orgullosamente parte de los salvatruchas. “Allí todos éramos iguales, no habían jefes, teníamos que morir por la mara, nadie se hacía para atrás, teníamos conciencia de qué es una guerra. Yo conocí a los dos linchados, crecimos juntos desde los cuatro años; a uno lo agarraron delante de mí. Desde hace tiempo sabía que me estaba haciendo daño y me quería salir.
Mi única solución fue entregarme, no puedo huir toda la vida, ahora me gustaría estudiar o trabajar de mecánico”.
*nombre ficticio, persona real.
Cuando esté listo el churrasco
Hace dos semanas fue linchado otro supuesto pandillero a pocas cuadras del parque de San Juan. A decir de los lugareños, “estaba asaltando una casa junto a otros dos”, pero solo uno cayó en manos del grupo que ha decidido ajusticiar a quien resulte sospechoso de pertenecer a una pandilla. “Esta acción es mejor que se mantenga calladita, para que no se hagan mayores averiguaciones. Lamentablemente, es la única solución”, comenta una persona que supuestamente participó en el linchamiento.
En San Raymundo, el municipio que colinda con la aldea Cerro Alto, lincharon a otro presunto pandillero que momentos antes había robado un celular a una mujer. “Le prendieron fuego tres veces, y por último le pegaron un tiro en la cabeza”, dice una testigo. La Policía pasa a ser un observador más de la justicia popular, e incluso hay versiones de algunos dirigentes de estos grupos que dan cuenta de que, vía telefónica, los jefes de las sub-estaciones de la PNC han dicho: “Den parte hasta que ya lo hayan chamuscado, y nosotros nos encargamos del resto”.
PAC, versión 2007
Las noches de todo el municipio de San Juan Sacatepéquez no son las mismas desde que los pobladores de Cerro Alto hicieron frente a las pandillas. Los patrullajes nocturnos se han vuelto parte de la rutina de los varones del vecindario. “Cuando los vi por primera vez creí que eran pandilleros que iban a agredirme”, dice un vecino, que se enteró hasta que se topó con el grupo de encapuchados. “No nos consultaron, solo nos dijeron qué día nos tocaba velar hasta las 2:00 de la madrugada”, dice el sexagenario, quien los compara con las extintas Patrullas de Autodefensa Civil.
Los grupos se han definido por cuadras o sectores. “Rondamos cada noche”, dice un sanjuanero con el rostro cubierto con un gorro pasamontañas. “Es incierto lo que haremos si capturamos a un pandillero: si lo entregamos a la Policía, lo soltarán a pocas cuadras y corremos el riesgo de que se vengue. No hay otra solución que gasolina y fósforos”, confiesa sereno el encapuchado.
Para ayudar
Para conseguir programas de desintoxicación o capacitaciones, pueden comunicarse a la Asociación de Desarrollo de Cerro Alto, al teléfono: (502) 5513-9847.
elPeriódico (11 nov 07)
Cansados de los robos a plena luz del día y las extorsiones, ese domingo 9 de septiembre, día de las elecciones, unos 60 ciudadanos, padres de familia, evangélicos y representantes del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocodes) de la aldea Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez, decidieron ponerle un alto a los pandilleros. “Platicamos, llegamos a un consenso y nos comprometimos con Dios a que rescataríamos a esos muchachos, no importaba si perdíamos la vida por el bien de la aldea. Pero nunca pensamos que la gente llegaría a la situación drástica de quemarlos”, recuerda Luis Ramón Paredes, secretario general del ministerio Cristo Viene.
Antes de morir, los pandilleros Mynor Cotzojay y otro identificado únicamente como el Lechero dictaron los nombres de cada uno de los jefes de sectores y de cada integrante de su pandilla. Así, lograron capturar a los cabecillas en un trabajo de allanamiento, casa por casa, que comenzó a las 6:00 de la mañana y finalizó a las 9:00 de la noche, cuando pandilleros y padres de familia estaban convencidos de la importancia de firmar un acta de rendición. Cotzojay y el Lechero se negaron a aceptar la amnistía, y por eso fueron ajusticiados. Ese día, en la aldea se sintió el olor a quemado del infierno.
Eso fue hace dos meses y los habitantes de la aldea Cerro Alto, en San Juan Sacatepéquez, tratan de no pensar mucho en el pasado; suficientes problemas tienen que resolver ahora. En sus manos está la responsabilidad de no decepcionar a los 173 pandilleros, algunos con educación primaria, otros sin ningún tipo de instrucción, que se rindieron y entregaron simbólicamente sus armas. “Al final dieron las que ya no servían, unas cuatro o cinco armas fuertes, una escopeta hechiza y algunas municiones de calibre 45 expansivo”, recuerda un vecino.
A cambio, los pandilleros recibieron un carné que aún los acredita como jóvenes en proceso de reinserción social, comprometidos a no consumir drogas, a llevar el pelo recortado y vestirse correctamente (no gorras de lado, no pantalones flojos), a no cargar celulares y a no andar dos de ellos o más juntos. Tampoco pueden ir a la cantina como remedio alcohólico contra la abstinencia del crack.
A pesar de esta tregua, la tranquilidad no llega por arte de magia a los 17 mil habitantes repartidos en los caseríos Realguit, Los Chajones, Ajvix, Pasajoc, Cerro Alto, Patzanes I, Patzanes II y los Cux, jurisdicción de San Juan Sacatepéquez, a 37 kilómetros de la ciudad capital. Viven en tal pobreza y abandono, propia más bien de Los Cuchumatanes, que no cuentan con una escuela secundaria ni vías de acceso pavimentadas ni tampoco espacios para el deporte o la distracción, mucho menos capacitaciones o fuentes de trabajo o estudio para los casi 10 mil jóvenes y niños que solo cuentan con 17 iglesias evangélicas y 8 católicas como opción recreativa.
Paredes, del ministerio Cristo Viene, no quiere que los ex pandilleros piensen que ahora que dejaron de hacer daño a la sociedad nadie se ocupa de ellos. Le inquieta que, aunque muchos tienen la esperanza y la disposición para dejar de consumir el crack, no cuentan con ningún programa de higiene mental para desintoxicarse. Además, la tentación está a la vuelta, con sus vecinos de San Raymundo, Ciudad Quetzal o Villa Nueva, de donde llegan los distribuidores de drogas y armas.
Por eso mismo, los vecinos de Cerro Alto no descartan la posibilidad de una contraofensiva de pandilleros de otros barrios, que no se resignan a perder la clientela, así de fácil.
No es paranoia, ya que uno de los vecinos más activos en la reinserción de los jóvenes va y viene de la capital buscando programas de ayuda, y debió cambiar su número de celular por las amenazas recibidas. Su esposa le ruega que ya no siga, le dice que suficiente ha hecho por Cerro Alto, que es hora de que otros vecinos prosigan su trabajo. Él sólo responde: “Si nos unimos para algo tan malo, ahora debemos seguir unidos para rescatarlos y darles una oportunidad”.
Más de tres puntos para el futuro
Un vecino de Cerro Alto asegura que los problemas empezaron luego de la firma de la paz en Guatemala, cuando el Ejército dejó de reclutar jóvenes. “Estos ya no se escondían, y empezaron a sentir la libertad de poder hacer lo que quisieran”. Pero más que exceso de libertad, lo que parecen pedir muchos de estos jóvenes es un trabajo. Ni siquiera uno que compita con los Q200 diarios que ganaban en extorsiones, sino tan sólo uno seguro y estable, uno de los 120 mil nuevos empleos que este país necesita cada año para absorber a los jóvenes al sector productivo. Una forma de acabar con el fenómenos de las pandillas.
Para empezar el cambio, los padres de familia consideran que el Gobierno debe poner el material y la maquinaria para pavimentar las calles, y la comunidad pondría la mano de obra. También proponen que el financiamiento internacional que se consiga vaya directamente a la Asociación de Desarrollo de Cerro Alto; ya no quieren que la ayuda se diluya en diagnósticos o informes de terceros. “Los Cocodes estamos legalizados, y contamos con un terreno listo para construir un campo de fútbol, y un centro de enseñanza de oficios para capacitar en mecánica, computación, carpintería, panadería y colchonería”.
Sueños o promesas
Hasta el momento, no hay señas del serenazgo solicitado a Gobernación ni se han vuelto a ver las patrullas que reforzarían la seguridad y que solo aparecieron los primeros días.
No se supo nada de los cinco trabajos en carpintería que María Adela de Torrebiarte prometió a los ex pandilleros; tampoco se han visto los hornos y computadoras que Emilio Goubod, de Asociación Prevención del Delito (Aprede), aseguró proveer. Y los jóvenes aún esperan al psicólogo que Banrural prometió mandar para curar las adicciones.
Nadie ha escrito el proyecto de la escuela de bomberos y paramédicos con la que sueñan algunos de los jóvenes de allí, y que aseguran hace falta en la zona. Nada hay de la idea de cambiar armas por computadoras o cámaras de fotos. Todos son proyectos que deben gestionarse y para los que se necesita algo de recursos económicos, empezando con el uso de Internet, que la Asociación de Cerro Alto no puede financiar.
Hasta el momento sólo la ONG Gente Ayudando Gente, sin recursos pero con muchas ganas, se reúne todos los domingos con casi 40 jóvenes ex rivales en las pandillas para apoyarlos en pláticas no religiosas, algunos juegos y deportes, “para que no pierdan la continuidad ni el proceso”.
Habrá que ver si eso es suficiente para desafiar a la ley de la mara, ese destino de tres aristas donde solo caben el hospital, la cárcel o el cementerio, y que casi todos los pandilleros llevan no solo asumido, sino tatuado en la piel.
Dos fichados y un sueño
Otto* tiene 19 años y desde hace tres era miembro de la mara Salvatrucha. Lee y escribe sólo un poco. Hoy lo acompaña su padre, un señor poco expresivo que se lamenta porque no tuvo los recursos económicos para mandar a estudiar a sus nueve hijos. Otto es uno de los cinco que no pudieron asistir a la escuela. “¡Imagínese, Q40 por alumno! A la iglesia sí lo llevé desde chiquito, está bautizado, y cuando me daba cuenta de sus malos pasos lo corregía. Estuve contra ellos. Le decía: ahí sólo se matan, salí de ahí, mirá a tus hermanos que trabajan en casa”. Por eso, cuando Otto intentaba dejar la pandilla recurría a la iglesia. Pero luego encontraba a los amigos y, cuando sentía, ya se estaban echando el primo (mariguana y piedra). No sé qué pasaba por mi mente, que no podía dejarlo. Salíamos a todos los lugares juntos, nos ayudábamos, teníamos una comunión. Mi chava desde hace tiempo quería que la dejara. Lo que más me cuesta es no consumir mariguana y crack”.
Finalmente, ahora está trabajando con sus hermanos en una fábrica casera de cohetes o cuetes artesanales. Aún confía en que se le cumpla su mayor anhelo: tener un trabajo estable, ser un operario de maquila.
Junto a Otto se encuentra el Enano*. Tiene 16 años y una cojera que lo acompaña desde la niñez.
En parte de su brazo y cuello sobresale una enorme cicatriz, producto de una quemadura. Es un “niño de la pólvora”, uno más de esos 84 millones de infantes que trabajan en labores peligrosas en el mundo y, según estadísticas de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo uno de los 3 mil 709 menores de edad que fabrican cohetes, morteros, y los –¿extintos?– cachinflines en San Juan Sacatepéquez. Apenas hizo la escuela primaria, y a los 12 años ya era orgullosamente parte de los salvatruchas. “Allí todos éramos iguales, no habían jefes, teníamos que morir por la mara, nadie se hacía para atrás, teníamos conciencia de qué es una guerra. Yo conocí a los dos linchados, crecimos juntos desde los cuatro años; a uno lo agarraron delante de mí. Desde hace tiempo sabía que me estaba haciendo daño y me quería salir.
Mi única solución fue entregarme, no puedo huir toda la vida, ahora me gustaría estudiar o trabajar de mecánico”.
*nombre ficticio, persona real.
Cuando esté listo el churrasco
Hace dos semanas fue linchado otro supuesto pandillero a pocas cuadras del parque de San Juan. A decir de los lugareños, “estaba asaltando una casa junto a otros dos”, pero solo uno cayó en manos del grupo que ha decidido ajusticiar a quien resulte sospechoso de pertenecer a una pandilla. “Esta acción es mejor que se mantenga calladita, para que no se hagan mayores averiguaciones. Lamentablemente, es la única solución”, comenta una persona que supuestamente participó en el linchamiento.
En San Raymundo, el municipio que colinda con la aldea Cerro Alto, lincharon a otro presunto pandillero que momentos antes había robado un celular a una mujer. “Le prendieron fuego tres veces, y por último le pegaron un tiro en la cabeza”, dice una testigo. La Policía pasa a ser un observador más de la justicia popular, e incluso hay versiones de algunos dirigentes de estos grupos que dan cuenta de que, vía telefónica, los jefes de las sub-estaciones de la PNC han dicho: “Den parte hasta que ya lo hayan chamuscado, y nosotros nos encargamos del resto”.
PAC, versión 2007
Las noches de todo el municipio de San Juan Sacatepéquez no son las mismas desde que los pobladores de Cerro Alto hicieron frente a las pandillas. Los patrullajes nocturnos se han vuelto parte de la rutina de los varones del vecindario. “Cuando los vi por primera vez creí que eran pandilleros que iban a agredirme”, dice un vecino, que se enteró hasta que se topó con el grupo de encapuchados. “No nos consultaron, solo nos dijeron qué día nos tocaba velar hasta las 2:00 de la madrugada”, dice el sexagenario, quien los compara con las extintas Patrullas de Autodefensa Civil.
Los grupos se han definido por cuadras o sectores. “Rondamos cada noche”, dice un sanjuanero con el rostro cubierto con un gorro pasamontañas. “Es incierto lo que haremos si capturamos a un pandillero: si lo entregamos a la Policía, lo soltarán a pocas cuadras y corremos el riesgo de que se vengue. No hay otra solución que gasolina y fósforos”, confiesa sereno el encapuchado.
Para ayudar
Para conseguir programas de desintoxicación o capacitaciones, pueden comunicarse a la Asociación de Desarrollo de Cerro Alto, al teléfono: (502) 5513-9847.
07 November 2007
Linchan a cinco en dos meses
Por Gema Palencia
Prensa Libre (07 nov 07)
Los vecinos de San Juan Sacatepéquez se han hecho con el control de la seguridad en ese municipio, pero sus acciones han sobrepasado los límites, porque en solo dos meses, cinco personas han muerto linchadas por la población.
Los últimos en morir quemados fueron tres adolescentes que supuestamente se proponían cobrar una extorsión, el recién pasado 1 de noviembre, y a principios de septiembre murieron dos jóvenes en la aldea Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez.
Ante el aumento de asaltos y extorsiones, los vecinos están bien organizados y patrullan cada noche, tanto en la cabecera municipal como en varias aldeas.
El problema es que estas patrullas han decidido imponer toque de queda y prohibir la salida a los jóvenes después de 19 horas, además de la circulación de mototaxis en la noche.
Suena la alarma
Durante el día los comerciantes hacen sonar los gorgoritos cuando pandilleros llegan a extorsionarlos, y se juntan para defenderse. “A la gente no le importa que hayan linchado a los tres jóvenes. Al contrario, se han unido más a las patrullas”, relató uno de los vecinos, que no quiso revelar su identidad.
Carlos Arenas, viceministro de Apoyo Comunitario, del Ministerio de Gobernación, explicó que están en conversaciones con ellos, para que poco a poco dejen de patrullar y la Policía se haga cargo de la vigilancia.
Pero los pobladores no parecen estar dispuestos a dejar estas acciones, y piensan coordinarse mejor. Ya tienen aparatos de radiocomunicación, y van a identificar a los patrulleros y a ponerles uniforme “para que no haya abusos”, aseguran.
El comisario policial Samuel Florián aseguró que solo hay 20 agentes para ese lugar y no pueden atender a todas las aldeas.
Dijo que en el caso de Cerro Alto ya han negociado con los líderes, para que les entreguen a las personas que capturan, y en el último linchamiento no pudieron intervenir porque la población lo impidió.
Ministerio: Trabajamos con vecinos
Carlos Arenas, viceministro de Apoyo Comunitario, del Ministerio de Gobernación, explicó que trabajan con líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, en acciones de prevención del delito y para evitar que la población tome acciones reactivas.
Afirmó que también la Policía Nacional Civil está en contacto con los vecinos de este municipio, a fin de que sean los agentes quienes se hagan cargo de los patrullajes, para lo que asignarán más medios a esta localidad.
Poblador: Tenemos que protegernos
“Patrullamos porque hay demasiados mareros. Al principio había poca gente, pero se están uniendo, porque al que no patrulla, no lo ayudamos cuando necesita algo”, relató uno de los vecinos de San Juan Sacatepéquez. Salen de las 21 horas a la 1 de la mañana, y no dejan que circulen los mototaxis. “Sólo si es por emergencia, porque asaltan con ellos”, afirmó.
Ahora que controlan por la noche, aumentaron las extorsiones a comercios en la mañana. “Por eso lincharon a los tres, y la gente ayudó”, refirió.
Más que vigilancia
Excesos en patrullajes:
En la aldea Cerro Alto hay toque de queda, y los jóvenes no pueden estar en la calle después de las 19 horas. A los que encuentran, los registran y los encierran en un calabozo.
En San Juan Sacatepéquez no permiten que circulen mototaxis a partir de las 21 horas, porque los han usado para delinquir.
Si algún delincuente actúa, llaman a vecinos con gorgoritos y lo reprimen.
Prensa Libre (07 nov 07)
Los vecinos de San Juan Sacatepéquez se han hecho con el control de la seguridad en ese municipio, pero sus acciones han sobrepasado los límites, porque en solo dos meses, cinco personas han muerto linchadas por la población.
Los últimos en morir quemados fueron tres adolescentes que supuestamente se proponían cobrar una extorsión, el recién pasado 1 de noviembre, y a principios de septiembre murieron dos jóvenes en la aldea Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez.
Ante el aumento de asaltos y extorsiones, los vecinos están bien organizados y patrullan cada noche, tanto en la cabecera municipal como en varias aldeas.
El problema es que estas patrullas han decidido imponer toque de queda y prohibir la salida a los jóvenes después de 19 horas, además de la circulación de mototaxis en la noche.
Suena la alarma
Durante el día los comerciantes hacen sonar los gorgoritos cuando pandilleros llegan a extorsionarlos, y se juntan para defenderse. “A la gente no le importa que hayan linchado a los tres jóvenes. Al contrario, se han unido más a las patrullas”, relató uno de los vecinos, que no quiso revelar su identidad.
Carlos Arenas, viceministro de Apoyo Comunitario, del Ministerio de Gobernación, explicó que están en conversaciones con ellos, para que poco a poco dejen de patrullar y la Policía se haga cargo de la vigilancia.
Pero los pobladores no parecen estar dispuestos a dejar estas acciones, y piensan coordinarse mejor. Ya tienen aparatos de radiocomunicación, y van a identificar a los patrulleros y a ponerles uniforme “para que no haya abusos”, aseguran.
El comisario policial Samuel Florián aseguró que solo hay 20 agentes para ese lugar y no pueden atender a todas las aldeas.
Dijo que en el caso de Cerro Alto ya han negociado con los líderes, para que les entreguen a las personas que capturan, y en el último linchamiento no pudieron intervenir porque la población lo impidió.
Ministerio: Trabajamos con vecinos
Carlos Arenas, viceministro de Apoyo Comunitario, del Ministerio de Gobernación, explicó que trabajan con líderes comunitarios de San Juan Sacatepéquez, en acciones de prevención del delito y para evitar que la población tome acciones reactivas.
Afirmó que también la Policía Nacional Civil está en contacto con los vecinos de este municipio, a fin de que sean los agentes quienes se hagan cargo de los patrullajes, para lo que asignarán más medios a esta localidad.
Poblador: Tenemos que protegernos
“Patrullamos porque hay demasiados mareros. Al principio había poca gente, pero se están uniendo, porque al que no patrulla, no lo ayudamos cuando necesita algo”, relató uno de los vecinos de San Juan Sacatepéquez. Salen de las 21 horas a la 1 de la mañana, y no dejan que circulen los mototaxis. “Sólo si es por emergencia, porque asaltan con ellos”, afirmó.
Ahora que controlan por la noche, aumentaron las extorsiones a comercios en la mañana. “Por eso lincharon a los tres, y la gente ayudó”, refirió.
Más que vigilancia
Excesos en patrullajes:
En la aldea Cerro Alto hay toque de queda, y los jóvenes no pueden estar en la calle después de las 19 horas. A los que encuentran, los registran y los encierran en un calabozo.
En San Juan Sacatepéquez no permiten que circulen mototaxis a partir de las 21 horas, porque los han usado para delinquir.
Si algún delincuente actúa, llaman a vecinos con gorgoritos y lo reprimen.
02 November 2007
Linchan a tres supuestos mareros
Por Kenia Reyes
elPeriódico (02 nov 07)
Eran las 11:30 de ayer, cuando en los alrededores del parque de San Juan Sacatepéquez se escuchó el sonido de un silbato, que puso en alerta a los vecinos. Este provenía del segundo nivel de la vivienda de una comerciante, donde tres supuestos pandilleros llegaron a cobrar la extorsión.
“Aquí todos tienen su gorgorito para pedir auxilio. Los vecinos detuvieron a los tres muchachos, que según sabemos, eran mandados por alguien más”, dijo un vecino.
Los primos José Efraín Pirir Chitay, José Daniel Pirir Suruy, de 17 años; y Julián Pirir Baten, de 18, fueron amarrados y golpeados. Eran originarios del caserío Las Palmas, aldea Suacité, San Juan Sacatepéquez.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), los supuestos pandilleros fueron llevados a la carretera que conduce a San Raymundo, por el kilómetro 31.8, donde les rociaron gasolina y los quemaron.
El vocero de la PNC, Carlos Caljú, dijo que los policías no lograron llegar al lugar para tratar de calmar los ánimos, pues los pobladores advirtieron que, si intervenían, les pasaría lo mismo.
Los Bomberos Voluntarios se limitaron a sofocar el fuego de algunas llantas que se colocaron cerca del área donde se encontraban los cuerpos calcinados de las víctimas.
En 2006 se conocieron 33 intentos de linchamientos, donde murieron 13 personas. Durante 2007, se han registrado 29 casos, de los cuales se estima que murieron 10 personas.
“Esto es un llamado de atención serio a las autoridades encargadas de la justicia, pues no es con campañas que se evitarán estos hechos. Se debe poner a funcionar otro tipo de medidas. Estamos ante un Estado decepcionante, pues la Ley no funciona, detienen a extorsionistas y por la falta de pruebas salen de la cárcel. Creo que la población ya se cansó de eso. Esto es una situación que deberá analizar el nuevo Gobierno, pues en los últimos tres meses han resurgido estas prácticas”, dijo Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos.
María Suruy, madre de José Daniel y tía de las otras víctimas, señaló en la Policía a los líderes comunitarios del municipio como los responsables de las muertes.
elPeriódico (02 nov 07)
Eran las 11:30 de ayer, cuando en los alrededores del parque de San Juan Sacatepéquez se escuchó el sonido de un silbato, que puso en alerta a los vecinos. Este provenía del segundo nivel de la vivienda de una comerciante, donde tres supuestos pandilleros llegaron a cobrar la extorsión.
“Aquí todos tienen su gorgorito para pedir auxilio. Los vecinos detuvieron a los tres muchachos, que según sabemos, eran mandados por alguien más”, dijo un vecino.
Los primos José Efraín Pirir Chitay, José Daniel Pirir Suruy, de 17 años; y Julián Pirir Baten, de 18, fueron amarrados y golpeados. Eran originarios del caserío Las Palmas, aldea Suacité, San Juan Sacatepéquez.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), los supuestos pandilleros fueron llevados a la carretera que conduce a San Raymundo, por el kilómetro 31.8, donde les rociaron gasolina y los quemaron.
El vocero de la PNC, Carlos Caljú, dijo que los policías no lograron llegar al lugar para tratar de calmar los ánimos, pues los pobladores advirtieron que, si intervenían, les pasaría lo mismo.
Los Bomberos Voluntarios se limitaron a sofocar el fuego de algunas llantas que se colocaron cerca del área donde se encontraban los cuerpos calcinados de las víctimas.
En 2006 se conocieron 33 intentos de linchamientos, donde murieron 13 personas. Durante 2007, se han registrado 29 casos, de los cuales se estima que murieron 10 personas.
“Esto es un llamado de atención serio a las autoridades encargadas de la justicia, pues no es con campañas que se evitarán estos hechos. Se debe poner a funcionar otro tipo de medidas. Estamos ante un Estado decepcionante, pues la Ley no funciona, detienen a extorsionistas y por la falta de pruebas salen de la cárcel. Creo que la población ya se cansó de eso. Esto es una situación que deberá analizar el nuevo Gobierno, pues en los últimos tres meses han resurgido estas prácticas”, dijo Sergio Morales, procurador de los Derechos Humanos.
María Suruy, madre de José Daniel y tía de las otras víctimas, señaló en la Policía a los líderes comunitarios del municipio como los responsables de las muertes.
Turba lincha a tres primos
Por Julio F. Lara
Prensa Libre (02 nov 07)
Una turba de alrededor de 400 personas linchó a tres primos que supuestamente extorsionaban a dueños de tiendas.
A las 12 horas, el grupo los detuvo y los llevó hasta la finca La Viña, San Juan Sacatepéquez, donde les rociaron gasolina y los quemaron.
Los muertos fueron identificados como José Daniel Pirir Suruy, de 17 años; José Efraín Chitay, de 17, y Julio Pirir Baten, de 18.
Samuel Florián, jefe de la Comisaría 16, informó que los tres eran investigados por extorsiones a comerciantes y pilotos de autobuses en ese pueblo.
Testigos refirieron que el miércoles recién pasado, los ahora occisos llegaron a una abarrotería a extorsionar a la encargada, y le advirtieron que pasarían ayer a recoger el dinero.
Al llegar los tres, los vecinos se aglomeraron de inmediato y los detuvieron. Los llevaron hasta el parque de San Juan, donde varias personas los golpearon.
Luego los amarraron y los llevaron arrastrados hasta un área de la finca, donde siguieron golpeándolos, les rociaron gasolina y les prendieron fuego.
El comisario señaló que agentes de un autopatrulla intentaron intervenir, pero la turba les advirtió que si no se alejaban correrían la misma suerte. Inclusive, el vehículo de la Policía fue dañado por los enardecidos.
Los Bomberos Voluntarios comentaron que también intentaron mediar para evitar el crimen, pero también los amenazaron.
La Policía y los socorristas pudieron ingresar en la escena del crimen una hora después, cuando el fuego se había extinguido.
María Guillermina Suruy, madre de José Daniel, quien lloraba de forma inconsolable, se contradijo en sus declaraciones a la prensa, pues dijo que su hijo había salido del caserío Las Palmas, donde viven, y llegó al pueblo a comprarle un delantal.
Después refirió que llegaron al centro de la población a comprarle una medicina, cuando lo confundieron y lo mataron.
Añadió que su primo (no precisó quién de los dos) sí tenía peinado de pandillero y posiblemente por eso los confundieron. “Él (José Daniel) se dedicaba a trabajar de agricultura con su papá”, dijo Suruy.
Cuando llegaron los fiscales del Ministerio Público, los cuerpos aún expelían humo.
Agentes de la División de Investigaciones Criminológicas informaron que fue difícil establecer quiénes fueron los incitadores del linchamiento, pues los pobladores guardaron hermético silencio.
Otros casos
Turbas han actuado contra presuntos delincuentes.
El 10 de septiembre último, un pandillero fue linchado en la aldea Cerro Alto, de San Juan Sacatepéquez.
Seis días después, los pobladores de Cerro Alto obligaron a un grupo de pandilleros a entregar las armas que portaban y reinsertarse a la sociedad, bajo la amenaza de que los lincharían. En acto especial, los jóvenes prometieron que no cometerían fechorías.
El 6 de octubre murió Moisés Tepeu a manos de una turba, que lo señaló de robar un teléfono celular, en avenida El Carrizal, aldea Pamuac, San Raymundo.
Prensa Libre (02 nov 07)
Una turba de alrededor de 400 personas linchó a tres primos que supuestamente extorsionaban a dueños de tiendas.
A las 12 horas, el grupo los detuvo y los llevó hasta la finca La Viña, San Juan Sacatepéquez, donde les rociaron gasolina y los quemaron.
Los muertos fueron identificados como José Daniel Pirir Suruy, de 17 años; José Efraín Chitay, de 17, y Julio Pirir Baten, de 18.
Samuel Florián, jefe de la Comisaría 16, informó que los tres eran investigados por extorsiones a comerciantes y pilotos de autobuses en ese pueblo.
Testigos refirieron que el miércoles recién pasado, los ahora occisos llegaron a una abarrotería a extorsionar a la encargada, y le advirtieron que pasarían ayer a recoger el dinero.
Al llegar los tres, los vecinos se aglomeraron de inmediato y los detuvieron. Los llevaron hasta el parque de San Juan, donde varias personas los golpearon.
Luego los amarraron y los llevaron arrastrados hasta un área de la finca, donde siguieron golpeándolos, les rociaron gasolina y les prendieron fuego.
El comisario señaló que agentes de un autopatrulla intentaron intervenir, pero la turba les advirtió que si no se alejaban correrían la misma suerte. Inclusive, el vehículo de la Policía fue dañado por los enardecidos.
Los Bomberos Voluntarios comentaron que también intentaron mediar para evitar el crimen, pero también los amenazaron.
La Policía y los socorristas pudieron ingresar en la escena del crimen una hora después, cuando el fuego se había extinguido.
María Guillermina Suruy, madre de José Daniel, quien lloraba de forma inconsolable, se contradijo en sus declaraciones a la prensa, pues dijo que su hijo había salido del caserío Las Palmas, donde viven, y llegó al pueblo a comprarle un delantal.
Después refirió que llegaron al centro de la población a comprarle una medicina, cuando lo confundieron y lo mataron.
Añadió que su primo (no precisó quién de los dos) sí tenía peinado de pandillero y posiblemente por eso los confundieron. “Él (José Daniel) se dedicaba a trabajar de agricultura con su papá”, dijo Suruy.
Cuando llegaron los fiscales del Ministerio Público, los cuerpos aún expelían humo.
Agentes de la División de Investigaciones Criminológicas informaron que fue difícil establecer quiénes fueron los incitadores del linchamiento, pues los pobladores guardaron hermético silencio.
Otros casos
Turbas han actuado contra presuntos delincuentes.
El 10 de septiembre último, un pandillero fue linchado en la aldea Cerro Alto, de San Juan Sacatepéquez.
Seis días después, los pobladores de Cerro Alto obligaron a un grupo de pandilleros a entregar las armas que portaban y reinsertarse a la sociedad, bajo la amenaza de que los lincharían. En acto especial, los jóvenes prometieron que no cometerían fechorías.
El 6 de octubre murió Moisés Tepeu a manos de una turba, que lo señaló de robar un teléfono celular, en avenida El Carrizal, aldea Pamuac, San Raymundo.
24 October 2007
El linchamiento no es justicia maya
Por Lucía Escobar
elPeriódico (24 oct 07)
Ayudados por traductores, casi 200 autoridades de las etnias mam, q’anjob’al, ixil, poqoman, tz’utujil, kaqchikel, k’iche’ y q’eqchi’s participaron en un diálogo donde intercambiaron experiencias en la resolución de conflictos en sus comunidades y de su relación con las autoridades estatales. También recibieron información sobre las leyes y convenios internacionales.
Tomas Ajpop, juez comunitario de San Pedro Carchá, dijo: “Nuestras leyes tienen cientos de años y en ellas no está escrito el linchamiento, nosotros buscamos la armonía en las comunidades y no la violencia, ni los azotes, esa es una herencia de la guerra”.
Juan Camajá Pinula, representante de cuatro cofradías de Cunén, también reconoció que ha habido errores en la aplicación de justicia, pero que eso no debe desacreditar el trabajo que realizan diariamente y por el que no cobran un sueldo.
“Nuestra justicia es inmediata, gratuita y efectiva. Nosotros involucramos a los padres y familia en nuestros juicios porque buscamos la reinserción inmediata del delincuente en la sociedad”, comentó Víctor Larios, del consejo de nueve pueblos mayas de Huehuetenango.
Eddy Burgoa , abogado indígena Qullasuyu, de Bolivia, dijo que es necesario que presenten una iniciativa de ley que reconozca explícitamente la aplicación del Derecho Indígena y que deje claro la jurisdicción de la misma.
elPeriódico (24 oct 07)
Ayudados por traductores, casi 200 autoridades de las etnias mam, q’anjob’al, ixil, poqoman, tz’utujil, kaqchikel, k’iche’ y q’eqchi’s participaron en un diálogo donde intercambiaron experiencias en la resolución de conflictos en sus comunidades y de su relación con las autoridades estatales. También recibieron información sobre las leyes y convenios internacionales.
Tomas Ajpop, juez comunitario de San Pedro Carchá, dijo: “Nuestras leyes tienen cientos de años y en ellas no está escrito el linchamiento, nosotros buscamos la armonía en las comunidades y no la violencia, ni los azotes, esa es una herencia de la guerra”.
Juan Camajá Pinula, representante de cuatro cofradías de Cunén, también reconoció que ha habido errores en la aplicación de justicia, pero que eso no debe desacreditar el trabajo que realizan diariamente y por el que no cobran un sueldo.
“Nuestra justicia es inmediata, gratuita y efectiva. Nosotros involucramos a los padres y familia en nuestros juicios porque buscamos la reinserción inmediata del delincuente en la sociedad”, comentó Víctor Larios, del consejo de nueve pueblos mayas de Huehuetenango.
Eddy Burgoa , abogado indígena Qullasuyu, de Bolivia, dijo que es necesario que presenten una iniciativa de ley que reconozca explícitamente la aplicación del Derecho Indígena y que deje claro la jurisdicción de la misma.
23 September 2007
El método que persuadió a los pandilleros de Cerro Alto
Por Óscar F. Herrera
elPeriódico (23 sep 07)
El 17 de junio de 1996, Javier Cotzojay fue asesinado por desconocidos en el caserío Los Patzanes I, aldea Cerro Alto, en San Juan Sacatepéquez. Era el progenitor de Mynor Cotzojay.
En la misma fecha llegó a la escuela el nuevo profesor de primer grado. El niño que estudiaba en esa aula no mostraba cambios en su actitud después del suceso. “Mi primera impresión fue que no le había afectado la muerte de su papá, pese a que fue el mero Día del Padre”, refiere el docente.
Mynor no tenía comportamientos ajenos a un niño de 8 años, no se perdía la oportunidad de salir al recreo y, al igual que sus compañeros, gritaba con alegría cuando la campana de la escuela anunciaba que la jornada diaria había finalizado.
El docente, que ahora tiene 11 años de laborar en el plantel, se sorprendió cuando oyó el anuncio en la radio: Mynor, su ex alumno, es el chico que fue linchado el 9 de septiembre en el centro de la aldea.
Recuerda que el niño cursó hasta el tercer grado en el establecimiento y después de cambiarse de casa, no volvió a saber más de él. Algunos amigos y ex compañeros del joven refieren que este adoptó comportamientos hostiles y se dedicó a delinquir fuera de la aldea, y se animan a señalar que “ya había matado gente”.
Su mirada implacable parecía que encerraba resentimientos acumulados de varios años atrás. El día de las elecciones asaltó a un comerciante y esta acción fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de los pobladores. Cuentan que varios meses atrás los hechos delictivos cometidos por delincuentes juveniles se incrementaron al punto que sucedían a plena luz del día.
Una turba lo capturó a pocos metros de la iglesia católica del lugar. Después de recibir golpes y un corte de arma blanca, gritaba confiado: “Ya los conocí y después de salir les va a tocar lo suyo. Solo tengo que pagar Q2 mil”. Las palabras enardecieron a la gente, que cambió la tunda por gasolina y fósforos.
Extorsiones a la orden
Algunos pobladores justificaban la acción, vociferando que la víctima tenía un listado de 60 tiendas de la comunidad que aguardaban ser extorsionadas. “A empresarios del transporte les pidieron Q100 mil que debían ser depositados en una cuenta bancaria en Banrural. Sin embargo, solo les depositaron Q25 mil”, refiere un vecino.
Pese a que los pobladores sabían con certeza que Mynor era uno de los líderes de la pandilla, lo veían pasar y bajaban la mirada, “por temor a represalias”.
Esa misma noche, estos acordaron patrullar la aldea con rondas realizadas por grupos de 40 hombres que recorren desde sus caseríos hasta el centro de la aldea, y viceversa.
Después del medio día. Del martes 11 de septiembre, otro pandillero asaltó a una anciana de 75 años, a quien obligó a desnudarse mientras la amenazaba con un machete en la mano. Le robó Q25.
Un grupo de patrulleros pasaba por el lugar y lo capturó. Los ánimos se caldearon de nuevo. La familia del delincuente lloraba tras la turba que lo llevaba rumbo al centro de la aldea, justo frente a la iglesia. La madre pedía ser ella la ajusticiada y el hijo se arrodillaba y clamaba perdón por sus “errores”.
En ese momento, su teléfono celular sonó y el padre respondió. Después de un tiempo de espera dijo: “Suéltenlo, porque acaban de llamar los pandilleros de Ciudad Quetzal, que ya vienen a salvarlo”. Sus palabras fueron como la chispa que empezó a encender el fuego. Los airados habitantes clamaban: “¡Quémenlo, quémenlo!”.
Un grupo de hombres con los rostros cubiertos ordenaron a un pandillero que horas atrás se había entregado, que rociara combustible al capturado si no quería correr su misma suerte. “Cuando agarró fuego, se levantó y corrió, pero por las llamas se cayó en una zanja. De ahí su familia se lo llevó”, cuenta un niño que cursa el cuarto grado de primaria, testigo del linchamiento.
Los pobladores no dejaron que el moribundo fuera llevado a ningún centro asistencial. Incluso, obligaron a una curandera del pueblo a que retirara un suero que minutos antes le había puesto, advirtiéndole que, de no hacerlo, la quemarían a ella también. Catorce horas después, el muchacho murió en su vivienda.
“Me entregué para que no me pase lo mismo”, susurró un joven en la fila mientras esperaba turno para ser fotografiado y plenamente identificado el domingo 16 de septiembre, cuando más de 200 supuestos pandilleros se rindieron ante las autoridades locales de Cerro Alto.
¿Y ahora qué?
Los pobladores buscan apoyo para introducir programas de reinserción de pandilleros, porque “no podemos dejarlos sin atención”, señala un dirigente de la aldea.
La noticia se propagó por distintos medios de prensa nacional e internacional. Instituciones no gubernamentales se acercaron a los dirigentes para ofrecerles asesoría en el asunto. “Trabajamos el tema de delincuencia juvenil en Antigua, Jocotenango, San Juan del Obispo y San Pedro Las Huertas. Propondremos realizar un diagnóstico social de estos muchachos”, indicó Juan Carlos Arrivillaga, director ejecutivo de la Asociación Gente Ayudando Gente.
“Estos jóvenes demandan de la comunidad que respondan a sus necesidades. Al no haber ninguna respuesta, esto puede terminar peor que la enfermedad”, apunta.
Narcóticos Anónimos ofreció conformar un grupo de ayuda mutua para apoyar a los adictos que delinquían para obtener drogas.
elPeriódico (23 sep 07)
El 17 de junio de 1996, Javier Cotzojay fue asesinado por desconocidos en el caserío Los Patzanes I, aldea Cerro Alto, en San Juan Sacatepéquez. Era el progenitor de Mynor Cotzojay.
En la misma fecha llegó a la escuela el nuevo profesor de primer grado. El niño que estudiaba en esa aula no mostraba cambios en su actitud después del suceso. “Mi primera impresión fue que no le había afectado la muerte de su papá, pese a que fue el mero Día del Padre”, refiere el docente.
Mynor no tenía comportamientos ajenos a un niño de 8 años, no se perdía la oportunidad de salir al recreo y, al igual que sus compañeros, gritaba con alegría cuando la campana de la escuela anunciaba que la jornada diaria había finalizado.
El docente, que ahora tiene 11 años de laborar en el plantel, se sorprendió cuando oyó el anuncio en la radio: Mynor, su ex alumno, es el chico que fue linchado el 9 de septiembre en el centro de la aldea.
Recuerda que el niño cursó hasta el tercer grado en el establecimiento y después de cambiarse de casa, no volvió a saber más de él. Algunos amigos y ex compañeros del joven refieren que este adoptó comportamientos hostiles y se dedicó a delinquir fuera de la aldea, y se animan a señalar que “ya había matado gente”.
Su mirada implacable parecía que encerraba resentimientos acumulados de varios años atrás. El día de las elecciones asaltó a un comerciante y esta acción fue la gota que derramó el vaso de la paciencia de los pobladores. Cuentan que varios meses atrás los hechos delictivos cometidos por delincuentes juveniles se incrementaron al punto que sucedían a plena luz del día.
Una turba lo capturó a pocos metros de la iglesia católica del lugar. Después de recibir golpes y un corte de arma blanca, gritaba confiado: “Ya los conocí y después de salir les va a tocar lo suyo. Solo tengo que pagar Q2 mil”. Las palabras enardecieron a la gente, que cambió la tunda por gasolina y fósforos.
Extorsiones a la orden
Algunos pobladores justificaban la acción, vociferando que la víctima tenía un listado de 60 tiendas de la comunidad que aguardaban ser extorsionadas. “A empresarios del transporte les pidieron Q100 mil que debían ser depositados en una cuenta bancaria en Banrural. Sin embargo, solo les depositaron Q25 mil”, refiere un vecino.
Pese a que los pobladores sabían con certeza que Mynor era uno de los líderes de la pandilla, lo veían pasar y bajaban la mirada, “por temor a represalias”.
Esa misma noche, estos acordaron patrullar la aldea con rondas realizadas por grupos de 40 hombres que recorren desde sus caseríos hasta el centro de la aldea, y viceversa.
Después del medio día. Del martes 11 de septiembre, otro pandillero asaltó a una anciana de 75 años, a quien obligó a desnudarse mientras la amenazaba con un machete en la mano. Le robó Q25.
Un grupo de patrulleros pasaba por el lugar y lo capturó. Los ánimos se caldearon de nuevo. La familia del delincuente lloraba tras la turba que lo llevaba rumbo al centro de la aldea, justo frente a la iglesia. La madre pedía ser ella la ajusticiada y el hijo se arrodillaba y clamaba perdón por sus “errores”.
En ese momento, su teléfono celular sonó y el padre respondió. Después de un tiempo de espera dijo: “Suéltenlo, porque acaban de llamar los pandilleros de Ciudad Quetzal, que ya vienen a salvarlo”. Sus palabras fueron como la chispa que empezó a encender el fuego. Los airados habitantes clamaban: “¡Quémenlo, quémenlo!”.
Un grupo de hombres con los rostros cubiertos ordenaron a un pandillero que horas atrás se había entregado, que rociara combustible al capturado si no quería correr su misma suerte. “Cuando agarró fuego, se levantó y corrió, pero por las llamas se cayó en una zanja. De ahí su familia se lo llevó”, cuenta un niño que cursa el cuarto grado de primaria, testigo del linchamiento.
Los pobladores no dejaron que el moribundo fuera llevado a ningún centro asistencial. Incluso, obligaron a una curandera del pueblo a que retirara un suero que minutos antes le había puesto, advirtiéndole que, de no hacerlo, la quemarían a ella también. Catorce horas después, el muchacho murió en su vivienda.
“Me entregué para que no me pase lo mismo”, susurró un joven en la fila mientras esperaba turno para ser fotografiado y plenamente identificado el domingo 16 de septiembre, cuando más de 200 supuestos pandilleros se rindieron ante las autoridades locales de Cerro Alto.
¿Y ahora qué?
Los pobladores buscan apoyo para introducir programas de reinserción de pandilleros, porque “no podemos dejarlos sin atención”, señala un dirigente de la aldea.
La noticia se propagó por distintos medios de prensa nacional e internacional. Instituciones no gubernamentales se acercaron a los dirigentes para ofrecerles asesoría en el asunto. “Trabajamos el tema de delincuencia juvenil en Antigua, Jocotenango, San Juan del Obispo y San Pedro Las Huertas. Propondremos realizar un diagnóstico social de estos muchachos”, indicó Juan Carlos Arrivillaga, director ejecutivo de la Asociación Gente Ayudando Gente.
“Estos jóvenes demandan de la comunidad que respondan a sus necesidades. Al no haber ninguna respuesta, esto puede terminar peor que la enfermedad”, apunta.
Narcóticos Anónimos ofreció conformar un grupo de ayuda mutua para apoyar a los adictos que delinquían para obtener drogas.
17 September 2007
Viven secuelas de violencia
Por César Pérez
Prensa Libre (17 sep 07)
San Martín Jilotepeque. El 16 de agosto recién pasado, los vecinos de esta localidad fueron testigos de una brutal pelea, al estilo del circo romano, en que dos hombres fueron obligados a pelear, a cambio de no ser linchados por una turba.
Un mes después de los hechos, la comunidad aún no se repone del trauma que le dejó ese acto de barbarie, aunque insiste en que es la única solución para frenar la delincuencia.
Comerciantes citaron que ha habido daños para el pueblo, pues ventas y turismo han disminuido; además del daño sicológico que sufren los niños, que viven pensando en la violencia.
Desprotegidos
El día del linchamiento, en la subestación de Policía sólo había un elemento; otros dos patrullaban en motocicleta, cuando fueron alertados de lo que ocurría en la plaza. Los motoristas se acercaron temerosos y pidieron apoyo a otras estaciones.
La subestación no tenía patrulla ni línea telefónica. En hechos como ese, varios factores coincidieron, como el que temen por su vida ante la falta de equipo y de personal.
Presa del temor
Hoy, los vecinos se han organizado en comités de seguridad, pues temen que desconocidos impulsen la violencia.
Después de las 20 horas, imponen una especie de toque de queda y cualquier persona puede ser sometida a registros e interrogatorios.
El gobernador departamental, Alejandro Jarquín, dijo que a consecuencia de lo ocurrido coordinó con el alcalde y la PNC para que se repare la patrulla que está fuera de servicio. Además, el comisario Robbyn Solares insistió en que es necesario que la población colabore con la Policía.
Ingrid Sucup, del Centro de Justicia, aseguró que los linchamientos son el reflejo de la falta de confianza por parte de la población hacia las autoridades.
Postura: Mata para vivir
El jueves 16 de agosto, tres desconocidos secuestraron al concejal Armando Velasco y se dirigieron, por equivocación, hacia la aldea Xezuj, donde el funcionario fue auxiliado por los lugareños.
Allí fue detenido Edwin Leonel Chonay, de 21 años, quien fue amarrado y golpeado por una turba. Minutos después, Benito Barán, 38, fue señalado de estafa y también fue vapuleado.
Finalmente, la turba decidió que ambos debían enfrentarse a golpes hasta que uno de los dos muriera.
Chonay asfixió a Barán con la misma cuerda con que los habían atado a ambos y después lo quemó.
Tema: Pierden identidad
Nelly Gómez, sicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, expresó que quien sobrevive a un linchamiento pierde su identidad social.
Agrega que linchadores y espectadores del hecho también son afectados por las secuelas de esa violencia.
Quien participa en un hecho de esa naturaleza, ¿lo podría volver a hacer?
Con facilidad. Se convierte en persona antisocial, criminal y despiadada. Pierde los valores humanos.
¿Cómo evitar que vuelvan a participar en un linchamiento?
Lo que ocurre es que un desorden mental crea un resentimiento personal, lo cual los obliga a comportarse de forma violenta, sin importarles el daño que ocasionen a los demás.
Prensa Libre (17 sep 07)
San Martín Jilotepeque. El 16 de agosto recién pasado, los vecinos de esta localidad fueron testigos de una brutal pelea, al estilo del circo romano, en que dos hombres fueron obligados a pelear, a cambio de no ser linchados por una turba.
Un mes después de los hechos, la comunidad aún no se repone del trauma que le dejó ese acto de barbarie, aunque insiste en que es la única solución para frenar la delincuencia.
Comerciantes citaron que ha habido daños para el pueblo, pues ventas y turismo han disminuido; además del daño sicológico que sufren los niños, que viven pensando en la violencia.
Desprotegidos
El día del linchamiento, en la subestación de Policía sólo había un elemento; otros dos patrullaban en motocicleta, cuando fueron alertados de lo que ocurría en la plaza. Los motoristas se acercaron temerosos y pidieron apoyo a otras estaciones.
La subestación no tenía patrulla ni línea telefónica. En hechos como ese, varios factores coincidieron, como el que temen por su vida ante la falta de equipo y de personal.
Presa del temor
Hoy, los vecinos se han organizado en comités de seguridad, pues temen que desconocidos impulsen la violencia.
Después de las 20 horas, imponen una especie de toque de queda y cualquier persona puede ser sometida a registros e interrogatorios.
El gobernador departamental, Alejandro Jarquín, dijo que a consecuencia de lo ocurrido coordinó con el alcalde y la PNC para que se repare la patrulla que está fuera de servicio. Además, el comisario Robbyn Solares insistió en que es necesario que la población colabore con la Policía.
Ingrid Sucup, del Centro de Justicia, aseguró que los linchamientos son el reflejo de la falta de confianza por parte de la población hacia las autoridades.
Postura: Mata para vivir
El jueves 16 de agosto, tres desconocidos secuestraron al concejal Armando Velasco y se dirigieron, por equivocación, hacia la aldea Xezuj, donde el funcionario fue auxiliado por los lugareños.
Allí fue detenido Edwin Leonel Chonay, de 21 años, quien fue amarrado y golpeado por una turba. Minutos después, Benito Barán, 38, fue señalado de estafa y también fue vapuleado.
Finalmente, la turba decidió que ambos debían enfrentarse a golpes hasta que uno de los dos muriera.
Chonay asfixió a Barán con la misma cuerda con que los habían atado a ambos y después lo quemó.
Tema: Pierden identidad
Nelly Gómez, sicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima del Ministerio Público, expresó que quien sobrevive a un linchamiento pierde su identidad social.
Agrega que linchadores y espectadores del hecho también son afectados por las secuelas de esa violencia.
Quien participa en un hecho de esa naturaleza, ¿lo podría volver a hacer?
Con facilidad. Se convierte en persona antisocial, criminal y despiadada. Pierde los valores humanos.
¿Cómo evitar que vuelvan a participar en un linchamiento?
Lo que ocurre es que un desorden mental crea un resentimiento personal, lo cual los obliga a comportarse de forma violenta, sin importarles el daño que ocasionen a los demás.
16 August 2007
“Hasta que uno de los dos muera”
Por Luis Ángel Sas
elPeriódico (16 ago 07)
Dos supuestos maleantes fueron obligados por un grupo de pobladores de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, a pelear a muerte.
Todo se inició, según el alcalde del lugar, Nery Orlando Ruano, cuando tres hombres interceptaron al concejal, Armando Velásquez, cuando este salía de su casa a bordo de su vehículo. Los delincuentes le obligaron a pasar al asiento trasero y se lo llevaron en su propio carro. “Él escuchó que lo iban a matar y decidió atacar al conductor. El vehículo se encunetó y fue cuando la población se dio cuenta que lo llevaban secuestrado. Aunque escaparon dos maleantes, uno fue capturado por vecinos”, dijo Ruano.
Este fue identificado como Edwin Leonel Chonay. Después, fue llevado frente al edificio de la municipalidad. Cuando discutían qué hacer con Chonay, pasó por el lugar un hombre a quien acusaban de estafar a varios de los lugareños.
El jefe de la Policía Municipal de ese municipio, Feliciano Culajay, dijo que los pobladores también golpearon al transeúnte. “Hicieron que se pelearan, aunque ya estaban bien golpeados. Uno de ellos (Chonay) se subió sobre el otro y le puso las manos en el cuello, después le echó gasolina y alguien le alcanzó un encendedor y le prendió fuego”.
El agente policíaco José Esquivel dijo que los pobladores le pedían que lo dejaran ir (a Chonay) porque había “ganado”; sin embargo, fue detenido.
Ruano mencionó que en dicho municipio hay 9 policías, sin embargo, 3 están de descanso. Dos atienden la oficina de la Policía, 2 más realizan notificaciones y solo 2 realizan patrullaje en el lugar donde hay una población de 70 mil personas.
elPeriódico (16 ago 07)
Dos supuestos maleantes fueron obligados por un grupo de pobladores de San Martín Jilotepeque, Chimaltenango, a pelear a muerte.
Todo se inició, según el alcalde del lugar, Nery Orlando Ruano, cuando tres hombres interceptaron al concejal, Armando Velásquez, cuando este salía de su casa a bordo de su vehículo. Los delincuentes le obligaron a pasar al asiento trasero y se lo llevaron en su propio carro. “Él escuchó que lo iban a matar y decidió atacar al conductor. El vehículo se encunetó y fue cuando la población se dio cuenta que lo llevaban secuestrado. Aunque escaparon dos maleantes, uno fue capturado por vecinos”, dijo Ruano.
Este fue identificado como Edwin Leonel Chonay. Después, fue llevado frente al edificio de la municipalidad. Cuando discutían qué hacer con Chonay, pasó por el lugar un hombre a quien acusaban de estafar a varios de los lugareños.
El jefe de la Policía Municipal de ese municipio, Feliciano Culajay, dijo que los pobladores también golpearon al transeúnte. “Hicieron que se pelearan, aunque ya estaban bien golpeados. Uno de ellos (Chonay) se subió sobre el otro y le puso las manos en el cuello, después le echó gasolina y alguien le alcanzó un encendedor y le prendió fuego”.
El agente policíaco José Esquivel dijo que los pobladores le pedían que lo dejaran ir (a Chonay) porque había “ganado”; sin embargo, fue detenido.
Ruano mencionó que en dicho municipio hay 9 policías, sin embargo, 3 están de descanso. Dos atienden la oficina de la Policía, 2 más realizan notificaciones y solo 2 realizan patrullaje en el lugar donde hay una población de 70 mil personas.
06 August 2007
Vapulean a dos supuestos delincuentes
Por Eduardo Sam Chum
Prensa Libre (6 ago 07)
Los hermanos José Víctor y German Che Caal, de 18 y 22 años, respectivamente, fueron vapuleados ayer por vecinos de Chisec, Alta Verapaz, sindicados de robar y matar a un guardián.
Los vecinos denunciaron que el viernes recién pasado los dos sindicados ingresaron a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural, donde después de matar a Arnoldo Cucul Cuc, de 41 años, se llevaron ocho computadoras.
La policía efectuó varios allanamientos en busca de los victimarios, pero sin resultados. Por esa razón los pobladores decidieron hacer justicia y cuando los hallaron, los desnudaron, golpearon y obligaron a caminar por las principales calles de ese municipio.
Después de ser rescatados, la policía los trasladó al Hospital Nacional de Cobán.
Prensa Libre (6 ago 07)
Los hermanos José Víctor y German Che Caal, de 18 y 22 años, respectivamente, fueron vapuleados ayer por vecinos de Chisec, Alta Verapaz, sindicados de robar y matar a un guardián.
Los vecinos denunciaron que el viernes recién pasado los dos sindicados ingresaron a la Escuela Normal Bilingüe Intercultural, donde después de matar a Arnoldo Cucul Cuc, de 41 años, se llevaron ocho computadoras.
La policía efectuó varios allanamientos en busca de los victimarios, pero sin resultados. Por esa razón los pobladores decidieron hacer justicia y cuando los hallaron, los desnudaron, golpearon y obligaron a caminar por las principales calles de ese municipio.
Después de ser rescatados, la policía los trasladó al Hospital Nacional de Cobán.
19 July 2007
Sayaxché, ingobernable
Por Rigoberto Escobar López, Lorena Seijo y Leonardo Cereser
Prensa Libre (19 jul 07)
Después de tres días de disturbios, en Sayaxché, Petén, se vivía una tensa calma la tarde de ayer, luego de que las autoridades liberaran a cuatro pobladores detenidos, sindicados de participar en manifestaciones el martes.
A cambio, la comunidad soltó a 11 policías que tenían como rehenes desde la noche de ese mismo día.
Sayaxché es un pueblo sin ley, esta población de mayoría q’eqchi’ vive desde el lunes sin Policía ni autoridades municipales, luego de que la población linchó a personas señaladas de robo de niños, y mató a Manuel Leopoldo Saguén y vapuleó a su esposa Luz Max Mucz.
Las autoridades de la subestación local de Policía rescataron a la Luz Max, pero la población –que vive psicosis por el robo de niños– arremetió contra los seis agentes de la subestación del municipio, hasta que los uniformados y la sindicada huyeron del lugar.
La ingobernabilidad continuaba y nadie sabía del paradero del alcalde Luis Navarijo Estrada, a quien los pobladores buscan para que explique acerca de señalamientos en su contra por falsificaciones de fe de edad para dar niños en adopción.
La población permanecía paralizada el martes: ni comercios ni el ferry que une la comunidad con el resto de Petén funcionaban.
En ese momento, llegaron las fuerzas antimotines de la Policía, quienes ayer por la tarde y entrada la noche en uso de la fuerza y bombas lacrimógenas dispersaron a los habitantes.
En este enfrentamiento resultaron dos campesinos heridos de bala –fueron trasladados al hospital de Sayaxché– y cuatro capturados, identificados como Paulino Cah Ichi, Ixirio Choc Xuc, Pedro Pec Xol y Emilio Pop.
Los antimotines que llegaron a reprimir, cuando abandonaron el lugar, se apostaron en la orilla opuesta del río La Pasión.
Caen policías en retén
Ayer por la mañana, la tensión y enojo continuaban y fue latente cuando los pobladores montaron barricadas y retenes en las entradas del pueblo, en ese momento fueron retenidos 11 refuerzos policiacos provenientes de la comisaría 51 de Alta Verapaz.
Los agentes –que, según informaron testigos, intentaron defenderse con disparos– fueron despojados de sus armas, y en pantalones cortos, camisetas, descalzos y engrilletados los llevaron a la orilla del río La Pasión, a la vista de policías antimotines y soldados que observaban desde la orilla de enfrente.
Esta retención obligó a buscar una negociación, en la cual los pobladores solicitaban que para liberar a los policías debían entregarles a los cuatro manifestantes capturados y además debía renunciar el alcalde.
Inicio de negociación
A las 12:30 horas, llegó al lugar el gobernador de Petén, Carlos Kuylen Morales, acompañado de miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y otros funcionarios para negociar.
Luego de varios intentos de diálogo, donde los pobladores amenazaban con retener al gobernador, la negociación se trasladó a la concha acústica; allí, la población exigía la liberación de los capturados.
Mientras tanto, en los alrededores circulaba el microbús de la Policía, pero era conducido por pobladores encapuchados, armados, que portaban las cápsulas de gases lacrimógenos, a modo de burla.
Luego de varias horas de negociación, a las 17:30 horas, la población logró su cometido y se dio el intercambio de manifestantes capturados por policías retenidos.
A pesar de esto, Sajaxché sigue sin autoridades policiales y ediles.
La bola de nieve
En el primer semestre han sido asesinadas ocho personas en linchamientos, pero este mes de julio ha habido ya seis intentos:
En seis meses, han sido linchados siete hombres y una mujer.
Ha habido otros 40 intentos de linchamiento; de éstos, en 32 las víctimas eran hombres y en ocho, mujeres.
Otras 40 personas han sido vapuleadas por turbas que las sindicaban de ser delincuentes.
En junio, se agudizó la psicosis por el caso de una niña asesinada en Camotán, Chiquimula, donde la población linchó a una mujer sindicada en el hecho.
En julio, se documentaron seis casos más, donde murieron un hondureño y un vecino de Sayaxché.
En Cunén, Quiché, nunca se había reportado la sustracción de menores; sin embargo, se conoció un caso a principios de este mes. Los vecinos detuvieron y vapulearon a un joven de 18 años, a quien una mujer le había pagado Q25 mil por llevarle un niño de entre 3 y 5 años.
Narcotráfico
La historia reciente del municipio de Sayaxché, Petén, está estrechamente vinculada al narcotráfico. La ubicación del municipio, dentro de la selva petenera, ha propiciado que los narcotraficantes utilicen los terrenos cercanos como pistas de aterrizaje.
La relación con el narcotráfico también ha originado en los vecinos cierta resistencia a establecer buenas relaciones con la Policía u otro tipo de autoridades, a las que de alguna manera también los narcotraficantes han sobornado.
En el 2003, el alcalde de Sayaxché, Guillermo de Jesús Segura de la Cruz, fue asesinado por sujetos que portaban armas AK-47, supuestamente porque formaba parte de un cartel de la droga.
Según revelaron las autoridades, Otto Herrera fue quien dio la orden de ejecutarlo. Un año después, sus hijos Ricardo de Jesús y Jonny Javier Segura Sagastume también aparecieron muertos.
El hecho de ir armados es una costumbre establecida en el área, tanto con armas de fuego como con machetes, que utilizan para tomar la justicia por su mano.
Según Henry López, director adjunto de la Policía Nacional Civil, “la mayor parte de la población se muestra favorable a las acciones del narcotráfico y evidentemente la poca presencia policial no ayuda a mantener el control”.
Según relató un vecino del lugar, hace tres días, cuando cayó una avioneta cargada de cocaína en las cercanías del municipio, dos vehículos con hombres fuertemente armados llegaron a buscar el cargamento, para entregárselo al capo de Cobán, Ottoniel Turcios el Loco.
Prensa Libre (19 jul 07)
Después de tres días de disturbios, en Sayaxché, Petén, se vivía una tensa calma la tarde de ayer, luego de que las autoridades liberaran a cuatro pobladores detenidos, sindicados de participar en manifestaciones el martes.
A cambio, la comunidad soltó a 11 policías que tenían como rehenes desde la noche de ese mismo día.
Sayaxché es un pueblo sin ley, esta población de mayoría q’eqchi’ vive desde el lunes sin Policía ni autoridades municipales, luego de que la población linchó a personas señaladas de robo de niños, y mató a Manuel Leopoldo Saguén y vapuleó a su esposa Luz Max Mucz.
Las autoridades de la subestación local de Policía rescataron a la Luz Max, pero la población –que vive psicosis por el robo de niños– arremetió contra los seis agentes de la subestación del municipio, hasta que los uniformados y la sindicada huyeron del lugar.
La ingobernabilidad continuaba y nadie sabía del paradero del alcalde Luis Navarijo Estrada, a quien los pobladores buscan para que explique acerca de señalamientos en su contra por falsificaciones de fe de edad para dar niños en adopción.
La población permanecía paralizada el martes: ni comercios ni el ferry que une la comunidad con el resto de Petén funcionaban.
En ese momento, llegaron las fuerzas antimotines de la Policía, quienes ayer por la tarde y entrada la noche en uso de la fuerza y bombas lacrimógenas dispersaron a los habitantes.
En este enfrentamiento resultaron dos campesinos heridos de bala –fueron trasladados al hospital de Sayaxché– y cuatro capturados, identificados como Paulino Cah Ichi, Ixirio Choc Xuc, Pedro Pec Xol y Emilio Pop.
Los antimotines que llegaron a reprimir, cuando abandonaron el lugar, se apostaron en la orilla opuesta del río La Pasión.
Caen policías en retén
Ayer por la mañana, la tensión y enojo continuaban y fue latente cuando los pobladores montaron barricadas y retenes en las entradas del pueblo, en ese momento fueron retenidos 11 refuerzos policiacos provenientes de la comisaría 51 de Alta Verapaz.
Los agentes –que, según informaron testigos, intentaron defenderse con disparos– fueron despojados de sus armas, y en pantalones cortos, camisetas, descalzos y engrilletados los llevaron a la orilla del río La Pasión, a la vista de policías antimotines y soldados que observaban desde la orilla de enfrente.
Esta retención obligó a buscar una negociación, en la cual los pobladores solicitaban que para liberar a los policías debían entregarles a los cuatro manifestantes capturados y además debía renunciar el alcalde.
Inicio de negociación
A las 12:30 horas, llegó al lugar el gobernador de Petén, Carlos Kuylen Morales, acompañado de miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y otros funcionarios para negociar.
Luego de varios intentos de diálogo, donde los pobladores amenazaban con retener al gobernador, la negociación se trasladó a la concha acústica; allí, la población exigía la liberación de los capturados.
Mientras tanto, en los alrededores circulaba el microbús de la Policía, pero era conducido por pobladores encapuchados, armados, que portaban las cápsulas de gases lacrimógenos, a modo de burla.
Luego de varias horas de negociación, a las 17:30 horas, la población logró su cometido y se dio el intercambio de manifestantes capturados por policías retenidos.
A pesar de esto, Sajaxché sigue sin autoridades policiales y ediles.
La bola de nieve
En el primer semestre han sido asesinadas ocho personas en linchamientos, pero este mes de julio ha habido ya seis intentos:
En seis meses, han sido linchados siete hombres y una mujer.
Ha habido otros 40 intentos de linchamiento; de éstos, en 32 las víctimas eran hombres y en ocho, mujeres.
Otras 40 personas han sido vapuleadas por turbas que las sindicaban de ser delincuentes.
En junio, se agudizó la psicosis por el caso de una niña asesinada en Camotán, Chiquimula, donde la población linchó a una mujer sindicada en el hecho.
En julio, se documentaron seis casos más, donde murieron un hondureño y un vecino de Sayaxché.
En Cunén, Quiché, nunca se había reportado la sustracción de menores; sin embargo, se conoció un caso a principios de este mes. Los vecinos detuvieron y vapulearon a un joven de 18 años, a quien una mujer le había pagado Q25 mil por llevarle un niño de entre 3 y 5 años.
Narcotráfico
La historia reciente del municipio de Sayaxché, Petén, está estrechamente vinculada al narcotráfico. La ubicación del municipio, dentro de la selva petenera, ha propiciado que los narcotraficantes utilicen los terrenos cercanos como pistas de aterrizaje.
La relación con el narcotráfico también ha originado en los vecinos cierta resistencia a establecer buenas relaciones con la Policía u otro tipo de autoridades, a las que de alguna manera también los narcotraficantes han sobornado.
En el 2003, el alcalde de Sayaxché, Guillermo de Jesús Segura de la Cruz, fue asesinado por sujetos que portaban armas AK-47, supuestamente porque formaba parte de un cartel de la droga.
Según revelaron las autoridades, Otto Herrera fue quien dio la orden de ejecutarlo. Un año después, sus hijos Ricardo de Jesús y Jonny Javier Segura Sagastume también aparecieron muertos.
El hecho de ir armados es una costumbre establecida en el área, tanto con armas de fuego como con machetes, que utilizan para tomar la justicia por su mano.
Según Henry López, director adjunto de la Policía Nacional Civil, “la mayor parte de la población se muestra favorable a las acciones del narcotráfico y evidentemente la poca presencia policial no ayuda a mantener el control”.
Según relató un vecino del lugar, hace tres días, cuando cayó una avioneta cargada de cocaína en las cercanías del municipio, dos vehículos con hombres fuertemente armados llegaron a buscar el cargamento, para entregárselo al capo de Cobán, Ottoniel Turcios el Loco.
18 July 2007
Robo de niños causa psicosis
Por Rigoberto Escobar López y Edwin Perdomo
Prensa Libre (18 jul 07)
Los casos de linchamiento y vapuleos que se han producido en los últimas semanas en Petén e Izabal han causado varias muertes y lesiones a presuntos robaniños. La psicosis que vive la población preocupa a las autoridades gubernamentales y religiosas.
En el caso de Petén, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público aseguran no tener ninguna denuncia formal sobre supuestos robos de menores.
Sin embargo, en Sayaxché, un grupo de vecinos sindicó a los esposos Manuel Leopoldo Saguén y Luz Araceli Max Mucz, de este ilícito. Saguén fue quemado vivo y su esposa fue vapuleada y entregada a la PNC.
Un caso similar ocurrió en la aldea La Comunidad, Lívingston, Izabal, en donde Luis Antonio Cuc, Mateo Rax y Martha Tiul Chocoj fueron aprehendidos por los pobladores, quienes se aglomeraron frente a la PNC para evitar que los capturados fueran sacados. Finalmente, la PNC los consignó.
El gobernador de Petén, Carlos Kuylen Morales, dijo que hay muchos rumores sobre robo de infantes, lo que origina psicosis e intolerancia. Refirió que muchas personas que llegan por primera vez a un poblado son acusadas de robaniños y agredidos.
Nelson Larios, presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas, citó que es preocupante que se cometan ilegalidades para hacer justicia.
Prensa Libre (18 jul 07)
Los casos de linchamiento y vapuleos que se han producido en los últimas semanas en Petén e Izabal han causado varias muertes y lesiones a presuntos robaniños. La psicosis que vive la población preocupa a las autoridades gubernamentales y religiosas.
En el caso de Petén, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público aseguran no tener ninguna denuncia formal sobre supuestos robos de menores.
Sin embargo, en Sayaxché, un grupo de vecinos sindicó a los esposos Manuel Leopoldo Saguén y Luz Araceli Max Mucz, de este ilícito. Saguén fue quemado vivo y su esposa fue vapuleada y entregada a la PNC.
Un caso similar ocurrió en la aldea La Comunidad, Lívingston, Izabal, en donde Luis Antonio Cuc, Mateo Rax y Martha Tiul Chocoj fueron aprehendidos por los pobladores, quienes se aglomeraron frente a la PNC para evitar que los capturados fueran sacados. Finalmente, la PNC los consignó.
El gobernador de Petén, Carlos Kuylen Morales, dijo que hay muchos rumores sobre robo de infantes, lo que origina psicosis e intolerancia. Refirió que muchas personas que llegan por primera vez a un poblado son acusadas de robaniños y agredidos.
Nelson Larios, presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas, citó que es preocupante que se cometan ilegalidades para hacer justicia.
14 July 2007
Once intentos de linchamiento en menos de un mes
Por Luis Ángel Sas
elPeriódico (14 jul 07)
Desde que ocurrió el secuestro y la posterior muerte de la niña Alba Mishell España, de 9 años, el 15 de junio, en Camotán, Chiquimula, y el posterior linchamiento de una mujer a quien acusaban de ser la responsable de robar a la menor, han aumentado los casos vinculados a la sustracción de menores, según la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos.
Desde ese día hasta la fecha, han ocurrido 11 casos más, donde murió otra persona y 25 han sido golpeadas, entre ellas 2 extranjeros.
En algunos casos, las autoridades han determinado que las víctimas se encontraban vinculadas al tráfico de menores; sin embargo, en otras ocasiones, se trata de simples suposiciones de la población, que ha atacado a personas inocentes.
Por ejemplo, el 6 de julio pasado, pobladores de Dolores, Petén, lincharon a un hombre de origen hondureño a quien acusaban, junto a otras cinco personas, de robar niños en ese lugar. La víctima, identificada como German Noriega, de 48 años, murió lapidado en el lugar.
Cerca de ese lugar, el 4 de julio, en Flores, Petén, dos jóvenes estuvieron a punto de ser linchados.
A ellos también se les acusaba de robar niños. Las víctimas eran desconocidas en el lugar. Fueron liberadas después de que llegó un empresario a mediar. Posteriormente, se determinó que se trataba de vendedores de electrodomésticos.
En el primer caso, las autoridades demostraron que uno de los niños que acompañaba a la víctima no era su hijo, como él lo aseguró al principio. En el segundo, los sindicados no tenían nada que ver con el delito que se les imputaba.
Los turistas extranjeros tampoco escapan de las sospechas de los pobladores. El 1 de julio, en la aldea Los Pijales, Chicamán, Quiché, los aldeanos retuvieron por varias horas al ciudadano holandés Marten Bley Jensen, y al norteamericano Gregor Richard Sehwendeni. A ellos los acusaron de querer robar un niño, después de que bromearan con un menor y este corriera a denunciarlos.
Los retuvieron por varias horas. Al final, los dejaron libres, pero cuando llegaron a su vehículo, encontraron roto el vidrio delantero, les robaron dinero y una computadora.
Reacción en cadena
El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Melgar, confirma que han aumentado los casos de este tipo, desde el fenómeno de Cunén, Quiché, donde se registraron disturbios. “Lo que pasa es que tocan a la gente donde más le preocupa (los niños). Sin embargo, en Cunén, las personas que acusaban, hirieron y estuvieron a punto de linchar a una persona que no estaba en sus cabales”, dijo.
El subdirector general de Seguridad Pública, Isabel Agustín Mendoza, también confirmó que los últimos linchamientos se encuentran ligados, en su mayoría, al tema de sustracción de niños.
El Fiscal General, Juan Luis Florido, señaló sus duda con relación a quiénes se encuentran detrás de los linchamientos. “En el país, lamentablemente, hemos visto recientemente el crecimiento de los linchamientos. Sin embargo, muchos de los casos son producto de que personas inescrupulosas se aprovechan de la ignorancia de las personas y les hacen ver un panorama irreal”.
Nidia Aguilar, defensora de la Niñez, de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, señaló que las autoridades deben poner más atención en este tema, para que cese la práctica ilegal.
La alternativa
El director adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), Henry López, dijo que a principios de año se creó un unidad para que mantenga comunicación directa con las poblaciones para evitar más linchamientos. “Tratarán de crear conciencia para que no sigan con esta práctica”.
Debido a que los ajusticiamientos afectan el turismo, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) inició una serie de capacitaciones con líderes comunitarios para hacerles ver la importancia de los turistas, según informó Roxana Meyer, quien representa al Inguat en la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos en el país.
Últimos casos relacionados con robo de menores:
Chiquimula:
15 de junio
fue linchada una mujer, en Camotan, Chiquimula, por el rapto y posterior asesinato de una niña. Además, fueron vapuleadas otras dos mujeres.
Chiquimula:
17 de junio
pobladores de Jocotán intentaron linchar a una mujer a quien acusaban de traficar niños.
Jalapa:
30 de junio
José Pio, de 37 años, estuvo a punto de ser linchado por una turba que le acusaba de robarse a un niño de 10 meses.
Quiché:
1 de julio
pobladores de la aldea Chicamán, Quiché, retuvieron y amenazaron con linchar a dos extranjeros por acercarse a hablar con un niño. Las víctimas fueron Marten Bley Jensen (holandés) y Gregor Richard Sehwendeni
(estadounidense).
Quiché:
2 de julio
Un joven se libró de ser linchado en Cunén, Quiché, después de que la población lo acusaba de sustraer a dos niños. Los pobladores quemaron la subestación de la Policía y el juzgado del lugar.
Petén:
3 de julio
La Policía detuvo en Flores a cuatro personas porque supuestamente llevaban a cinco niños en un taxi. No pudieron comprobar que uno de los menores fuera su familiar. La población se enteró e intentó lincharlos.
Petén:
4 de julio
Dos jóvenes se salvaron de ser linchados, después de que la población los acusó “de buscar niños
para robar”, sin embargo, ellos se dedicaban a vender electrodomésticos.
Quiché:
5 de julio
Cerca de 200 pobladores del cantón Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, intentaron linchar a dos mujeres y dos hombres supuestamente porque preguntaban si alguien quería vender a sus niños. Al final, les cortaron el cabello,
los azotaron y los obligaron a
salir desnudos de la aldea.
Petén:
6 de julio
Fue linchado un ciudadano hondureño en Dolores, Petén. Los pobladores lo acusaron de robar niños en el lugar. La víctima fue identificada como German Noriega,
de 48 años.
Petén:
6 de julio
Trescientos vecinos de San Luis
golpearon a Ricardo Pop Co, de 29 años, porque supuestamente se dedicaba a robar niños.
Izabal:
11 de julio
Dos mujeres escaparon de un grupo de 70 personas. Se les acusaba de robar a un niña de 9 meses, fueron detenidas por la Policía.
elPeriódico (14 jul 07)
Desde que ocurrió el secuestro y la posterior muerte de la niña Alba Mishell España, de 9 años, el 15 de junio, en Camotán, Chiquimula, y el posterior linchamiento de una mujer a quien acusaban de ser la responsable de robar a la menor, han aumentado los casos vinculados a la sustracción de menores, según la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos.
Desde ese día hasta la fecha, han ocurrido 11 casos más, donde murió otra persona y 25 han sido golpeadas, entre ellas 2 extranjeros.
En algunos casos, las autoridades han determinado que las víctimas se encontraban vinculadas al tráfico de menores; sin embargo, en otras ocasiones, se trata de simples suposiciones de la población, que ha atacado a personas inocentes.
Por ejemplo, el 6 de julio pasado, pobladores de Dolores, Petén, lincharon a un hombre de origen hondureño a quien acusaban, junto a otras cinco personas, de robar niños en ese lugar. La víctima, identificada como German Noriega, de 48 años, murió lapidado en el lugar.
Cerca de ese lugar, el 4 de julio, en Flores, Petén, dos jóvenes estuvieron a punto de ser linchados.
A ellos también se les acusaba de robar niños. Las víctimas eran desconocidas en el lugar. Fueron liberadas después de que llegó un empresario a mediar. Posteriormente, se determinó que se trataba de vendedores de electrodomésticos.
En el primer caso, las autoridades demostraron que uno de los niños que acompañaba a la víctima no era su hijo, como él lo aseguró al principio. En el segundo, los sindicados no tenían nada que ver con el delito que se les imputaba.
Los turistas extranjeros tampoco escapan de las sospechas de los pobladores. El 1 de julio, en la aldea Los Pijales, Chicamán, Quiché, los aldeanos retuvieron por varias horas al ciudadano holandés Marten Bley Jensen, y al norteamericano Gregor Richard Sehwendeni. A ellos los acusaron de querer robar un niño, después de que bromearan con un menor y este corriera a denunciarlos.
Los retuvieron por varias horas. Al final, los dejaron libres, pero cuando llegaron a su vehículo, encontraron roto el vidrio delantero, les robaron dinero y una computadora.
Reacción en cadena
El vocero de la Corte Suprema de Justicia, Guillermo Melgar, confirma que han aumentado los casos de este tipo, desde el fenómeno de Cunén, Quiché, donde se registraron disturbios. “Lo que pasa es que tocan a la gente donde más le preocupa (los niños). Sin embargo, en Cunén, las personas que acusaban, hirieron y estuvieron a punto de linchar a una persona que no estaba en sus cabales”, dijo.
El subdirector general de Seguridad Pública, Isabel Agustín Mendoza, también confirmó que los últimos linchamientos se encuentran ligados, en su mayoría, al tema de sustracción de niños.
El Fiscal General, Juan Luis Florido, señaló sus duda con relación a quiénes se encuentran detrás de los linchamientos. “En el país, lamentablemente, hemos visto recientemente el crecimiento de los linchamientos. Sin embargo, muchos de los casos son producto de que personas inescrupulosas se aprovechan de la ignorancia de las personas y les hacen ver un panorama irreal”.
Nidia Aguilar, defensora de la Niñez, de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, señaló que las autoridades deben poner más atención en este tema, para que cese la práctica ilegal.
La alternativa
El director adjunto de la Policía Nacional Civil (PNC), Henry López, dijo que a principios de año se creó un unidad para que mantenga comunicación directa con las poblaciones para evitar más linchamientos. “Tratarán de crear conciencia para que no sigan con esta práctica”.
Debido a que los ajusticiamientos afectan el turismo, el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) inició una serie de capacitaciones con líderes comunitarios para hacerles ver la importancia de los turistas, según informó Roxana Meyer, quien representa al Inguat en la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos en el país.
Últimos casos relacionados con robo de menores:
Chiquimula:
15 de junio
fue linchada una mujer, en Camotan, Chiquimula, por el rapto y posterior asesinato de una niña. Además, fueron vapuleadas otras dos mujeres.
Chiquimula:
17 de junio
pobladores de Jocotán intentaron linchar a una mujer a quien acusaban de traficar niños.
Jalapa:
30 de junio
José Pio, de 37 años, estuvo a punto de ser linchado por una turba que le acusaba de robarse a un niño de 10 meses.
Quiché:
1 de julio
pobladores de la aldea Chicamán, Quiché, retuvieron y amenazaron con linchar a dos extranjeros por acercarse a hablar con un niño. Las víctimas fueron Marten Bley Jensen (holandés) y Gregor Richard Sehwendeni
(estadounidense).
Quiché:
2 de julio
Un joven se libró de ser linchado en Cunén, Quiché, después de que la población lo acusaba de sustraer a dos niños. Los pobladores quemaron la subestación de la Policía y el juzgado del lugar.
Petén:
3 de julio
La Policía detuvo en Flores a cuatro personas porque supuestamente llevaban a cinco niños en un taxi. No pudieron comprobar que uno de los menores fuera su familiar. La población se enteró e intentó lincharlos.
Petén:
4 de julio
Dos jóvenes se salvaron de ser linchados, después de que la población los acusó “de buscar niños
para robar”, sin embargo, ellos se dedicaban a vender electrodomésticos.
Quiché:
5 de julio
Cerca de 200 pobladores del cantón Camanchaj, Chichicastenango, Quiché, intentaron linchar a dos mujeres y dos hombres supuestamente porque preguntaban si alguien quería vender a sus niños. Al final, les cortaron el cabello,
los azotaron y los obligaron a
salir desnudos de la aldea.
Petén:
6 de julio
Fue linchado un ciudadano hondureño en Dolores, Petén. Los pobladores lo acusaron de robar niños en el lugar. La víctima fue identificada como German Noriega,
de 48 años.
Petén:
6 de julio
Trescientos vecinos de San Luis
golpearon a Ricardo Pop Co, de 29 años, porque supuestamente se dedicaba a robar niños.
Izabal:
11 de julio
Dos mujeres escaparon de un grupo de 70 personas. Se les acusaba de robar a un niña de 9 meses, fueron detenidas por la Policía.
12 July 2007
Aflige el robo de niños
Por Prensa Libre (12 jul 07)
El constante robo de niños en el país mantiene en zozobra a los padres de familia y la falta de aplicación de la justicia obliga a los pobladores a la detención y vapuleo de algunos o quemar vivos a quienes se cree que son culpables.
Ana Rutilia Ical, delegada regional de la Defensoría de la Mujer Indígena, en Alta Verapaz, manifestó: “El robo de niños no es un tema nuevo en el departamento, pues desde hace dos años la entidad ha conocido buena cantidad de casos; pero nadie ha reparado en ellos”.
Agregó que esta problemática se debe a la poca colaboración de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), a pesar de que en Cobán ya funciona un Juzgado de la Niñez.
Además, la Procuraduría General de la Nación no emprende las acciones en los casos que se denuncian, por lo que las bandas organizadas aprovechan para hacer de las suyas, citó Ical.
El robo de infantes es un fenómeno social en Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y en la Zona del Polochic, donde hay féminas que se han convertido en máquinas de concebir hijos.
“En la Defensoría tenemos nombres de abogados, operadores de justicia, comadronas, lugares donde las mujeres llegan a dar la luz clandestinamente e incluso policías que están involucrados”, refirió Ical.
Después de la captura de supuestos ladrones de bebés en San Luis y disturbios del último jueves en Dolores, Petén, en donde lapidaron a un migrante hondureño, supuesto robaniños, se ha apoderado la psicosis en las poblaciones.
Retenes
Tal situación ha causado que campesinos que habitan las comunidades sobre la ruta que conduce de San Juan, Dolores, a San Valentín, San Francisco, estén instalando retenes y revisar la mayoría de vehículos para verificar si están trasladando niños robados. Se conoce que iguales medidas están asumiendo vecinos de otros municipios peteneros.
Un sujeto que oscila entre los 65 y 75 años, que aduce ser misionero evangélico, estuvo en Coatepeque, Quetzaltenango, durante dos semanas y después visitó varias comunidades para ganarse la confianza de los padres de familia y ofrecerles cierta cantidad de dinero y llevarse a Estados Unidos a algunos de sus hijos para prepararlos como misioneros.
Guillermo Guerra, del comité de seguridad de los barrios La Barreda y La Quebrada, de Camotán, Chiquimula, indicó que los pueblos viven una psicosis después de la muerte de Mishell España Díaz, de 9 años, quien fue robada cuando iba a comprar a una tienda de Camotán el recién pasado 14 de junio. El cadáver fue hallado en el camino hacia la aldea Muyurcó, el 15.
Saúl Rodríguez, del comité de seguridad de Jocotán, citó que a la gente que le han robado sus hijos no ponen la denuncia en la PNC por ignorancia; pero consideró que antes del caso de Mishell robaban uno 12 niños al mes.
Dos hombres y una mujer, sindicados de robar a dos niñas de la escuela de la aldea Choacacay, Santa Apolonia, Chimaltenango, fueron detenidos, vapuleados y sometidos a castigo maya, el 30 de enero del presente año.
Iglesia católica: Respeto a la vida
Jorge Pittalis, sacerdote de la iglesia católica de Dolores, Petén, apuntó que por la zozobra que se vive a raíz de los problemas de linchamientos a causa del robo de niños, en cada misa envía un mensaje de paz e invita a la población a una reflexión de armonía, pues lo más importante, según la carta episcopal, en la gloria de Dios es la vida del ser humano.
Agregó que estos actos reñidos con la ley se suscitan por motivos de desesperación y una falta del conocimiento real de cómo ocurren los hechos, cuya investigación debe ser responsabilidad de las autoridades correspondientes.
Pittalis subrayó que se ha desatado preocupación en la población en general, por los constantes rumores de que existe una banda de robaniños que supuestamente opera en Dolores, San Luis y Poptún, y concluyó que la Iglesia rechaza que los vecinos hagan justicia con su propia mano, sin antes agotar las instancias legales.
Cronología de hechos
La Policía Nacional Civil logró la captura de integrantes de bandas de robo de menores; autoridades comunales aplican castigo a mujeres y hombres que perpetraron el mismo ilícito, y, en otros casos, turbas de vecinos de varios municipios tomaron la justicia con su propia mano y quemaron vivos a los supuestos delincuentes.
3 de agosto 2002
Tres mujeres y un hombre fueron apresados en Jalapa.
5 de mayo 2003
Aprehenden a robaniños en Cobán.
27 de abril 2004
Hombre capturado por robo de infante en Mazatenango.
16 de agosto 2005
Castigo a mujeres por vender niños, en Sololá.
19 de abril 2006
Queman a un hombre y una mujer en Sumpango, Sac.
6 de mayo 2006
Ejército patrulla las calles de Sumpango, Sacatepéquez.
30 de enero 2007
Dos hombres fueron vapuleados en Sumpango.
27 de junio 2007
Caen cuatro hombres en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
3 de julio 2007
En Cunén, Quiché, queman subestación de la PNC.
El constante robo de niños en el país mantiene en zozobra a los padres de familia y la falta de aplicación de la justicia obliga a los pobladores a la detención y vapuleo de algunos o quemar vivos a quienes se cree que son culpables.
Ana Rutilia Ical, delegada regional de la Defensoría de la Mujer Indígena, en Alta Verapaz, manifestó: “El robo de niños no es un tema nuevo en el departamento, pues desde hace dos años la entidad ha conocido buena cantidad de casos; pero nadie ha reparado en ellos”.
Agregó que esta problemática se debe a la poca colaboración de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP), a pesar de que en Cobán ya funciona un Juzgado de la Niñez.
Además, la Procuraduría General de la Nación no emprende las acciones en los casos que se denuncian, por lo que las bandas organizadas aprovechan para hacer de las suyas, citó Ical.
El robo de infantes es un fenómeno social en Cobán, San Pedro Carchá, San Juan Chamelco y en la Zona del Polochic, donde hay féminas que se han convertido en máquinas de concebir hijos.
“En la Defensoría tenemos nombres de abogados, operadores de justicia, comadronas, lugares donde las mujeres llegan a dar la luz clandestinamente e incluso policías que están involucrados”, refirió Ical.
Después de la captura de supuestos ladrones de bebés en San Luis y disturbios del último jueves en Dolores, Petén, en donde lapidaron a un migrante hondureño, supuesto robaniños, se ha apoderado la psicosis en las poblaciones.
Retenes
Tal situación ha causado que campesinos que habitan las comunidades sobre la ruta que conduce de San Juan, Dolores, a San Valentín, San Francisco, estén instalando retenes y revisar la mayoría de vehículos para verificar si están trasladando niños robados. Se conoce que iguales medidas están asumiendo vecinos de otros municipios peteneros.
Un sujeto que oscila entre los 65 y 75 años, que aduce ser misionero evangélico, estuvo en Coatepeque, Quetzaltenango, durante dos semanas y después visitó varias comunidades para ganarse la confianza de los padres de familia y ofrecerles cierta cantidad de dinero y llevarse a Estados Unidos a algunos de sus hijos para prepararlos como misioneros.
Guillermo Guerra, del comité de seguridad de los barrios La Barreda y La Quebrada, de Camotán, Chiquimula, indicó que los pueblos viven una psicosis después de la muerte de Mishell España Díaz, de 9 años, quien fue robada cuando iba a comprar a una tienda de Camotán el recién pasado 14 de junio. El cadáver fue hallado en el camino hacia la aldea Muyurcó, el 15.
Saúl Rodríguez, del comité de seguridad de Jocotán, citó que a la gente que le han robado sus hijos no ponen la denuncia en la PNC por ignorancia; pero consideró que antes del caso de Mishell robaban uno 12 niños al mes.
Dos hombres y una mujer, sindicados de robar a dos niñas de la escuela de la aldea Choacacay, Santa Apolonia, Chimaltenango, fueron detenidos, vapuleados y sometidos a castigo maya, el 30 de enero del presente año.
Iglesia católica: Respeto a la vida
Jorge Pittalis, sacerdote de la iglesia católica de Dolores, Petén, apuntó que por la zozobra que se vive a raíz de los problemas de linchamientos a causa del robo de niños, en cada misa envía un mensaje de paz e invita a la población a una reflexión de armonía, pues lo más importante, según la carta episcopal, en la gloria de Dios es la vida del ser humano.
Agregó que estos actos reñidos con la ley se suscitan por motivos de desesperación y una falta del conocimiento real de cómo ocurren los hechos, cuya investigación debe ser responsabilidad de las autoridades correspondientes.
Pittalis subrayó que se ha desatado preocupación en la población en general, por los constantes rumores de que existe una banda de robaniños que supuestamente opera en Dolores, San Luis y Poptún, y concluyó que la Iglesia rechaza que los vecinos hagan justicia con su propia mano, sin antes agotar las instancias legales.
Cronología de hechos
La Policía Nacional Civil logró la captura de integrantes de bandas de robo de menores; autoridades comunales aplican castigo a mujeres y hombres que perpetraron el mismo ilícito, y, en otros casos, turbas de vecinos de varios municipios tomaron la justicia con su propia mano y quemaron vivos a los supuestos delincuentes.
3 de agosto 2002
Tres mujeres y un hombre fueron apresados en Jalapa.
5 de mayo 2003
Aprehenden a robaniños en Cobán.
27 de abril 2004
Hombre capturado por robo de infante en Mazatenango.
16 de agosto 2005
Castigo a mujeres por vender niños, en Sololá.
19 de abril 2006
Queman a un hombre y una mujer en Sumpango, Sac.
6 de mayo 2006
Ejército patrulla las calles de Sumpango, Sacatepéquez.
30 de enero 2007
Dos hombres fueron vapuleados en Sumpango.
27 de junio 2007
Caen cuatro hombres en San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
3 de julio 2007
En Cunén, Quiché, queman subestación de la PNC.
11 July 2007
MP contra linchamientos
Por Emisoras Unidas (11 jul 07)
Jefe del Ministerio Público pide accionar contra los responsables de cometer linchamientos en los departamentos
La información que tiene el Ministerio Público (MP), da cuenta que algunas personas inescrupulosas están utilizando el tema de la sustracción de menores o robo de los infantes para alterar a los habitantes de algunos pueblos y provocar así los linchamientos, así lo dio a conocer el jefe del MP, Juan Luis Florido quien dijo, ya se dio la orden a todas las fiscalías del país para perseguir penalmente a los incitadores de los linchamientos.
El Fiscal General también dijo que se coordinarán acciones con el Organismo Judicial para detener este flagelo.
Jefe del Ministerio Público pide accionar contra los responsables de cometer linchamientos en los departamentos
La información que tiene el Ministerio Público (MP), da cuenta que algunas personas inescrupulosas están utilizando el tema de la sustracción de menores o robo de los infantes para alterar a los habitantes de algunos pueblos y provocar así los linchamientos, así lo dio a conocer el jefe del MP, Juan Luis Florido quien dijo, ya se dio la orden a todas las fiscalías del país para perseguir penalmente a los incitadores de los linchamientos.
El Fiscal General también dijo que se coordinarán acciones con el Organismo Judicial para detener este flagelo.
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