Por Óscar Toledo
Prensa Libre (27 set 06)
Santa Cruz Quiché, Quiché. – Tres presuntos violadores fueron azotados por pobladores de la comunidad Xatinap V, la noche del lunes, señalados de haber querido abusar sexualmente de dos niñas.
El jueves último, vecinos de la zona 3 de Santa Cruz del Quiché habían detenido a Benjamín Torres Gámez, de 22 años, a quien ataron a un poste. Posteriormente fue entregado a la Policía Nacional Civil.
Los otros jóvenes castigados fueron Antonio Margarito Zapeta y Oswaldo Batz Tum, ambos de 18.
Según integrantes del comité de vigilancia local, los detenidos son acusados de haber violado a dos niñas, de 11 y 13 años.
Vecinos se levantan
Después que los pobladores entregaron a Torres Gámez a la Policía, ésta lo dejó en libertad el viernes, por falta de pruebas.
Molestos, volvieron a detenerlo, y lo obligaron a identificar a los otros individuos que lo habían acompañado la noche anterior (el jueves) para cometer su fechoría. Para entonces, Torres Gámez se había cortado el cabello.
Los líderes de la comunidad convocaron al comité de vigilancia de la zona 3 y a las familias de las adolescentes afectadas, para que identificasen a los tres hombres.
Posteriormente, con la declaración pública de vecinos y familiares, llevaron a cabo un juicio comunitario, cuyos integrantes terminaron por sentenciar a los tres jóvenes a recibir 20 azotes cada uno.
Este proceso tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la comunidad y duró unas tres horas.
“Que los conozcan...”
Pablo Zacarías, uno de los participantes en el tribunal comunitario, calificó de “vergüenza” que la Prensa publique fotos de vecinos cometiendo hechos contra las normas de buena conducta, y después, que éstos vayan libres como si nada hubiera pasado.
“Por eso decidimos junto a los líderes, darles el castigo que merecen para que la población se dé cuenta de que nosotros no aceptamos conductas malsanas, porque somos gente pacífica y trabajadora”, insistió Zacarías.
Justicia efectiva
Marcelina Reynoso, otra integrante del comité de vigilancia, criticó que mucha gente critique las prácticas indígenas para castigar a quienes incurren en alguna falta. Sin embargo, enfatizó: “Es mucho más efectiva que la ley estatal”.
Varios pobladores criticaron también que la Policía hubiera dejado libre a Torres Gámez sin haber investigado su culpabilidad o inocencia en el delito que se le imputa.
“Aquí los dirigentes castigaron a Torres Gámez y encontraron a los otros muchachos involucrados”, dijo Reynoso.
El castigo les fue impuesto en horas de la noche del lunes por familiares de las víctimas y líderes comunitarios.
A manos del pueblo
La “justicia indígena” ha sido aplicada en varias comunidades de occidente.
El 19 de septiembre pasado, dos hombres se salvaron de morir linchados en San Vicente Pacaya, tras intentar robar un negocio.
El 13 de agosto, doce personas se salvaron de ser linchadas en Pasajquín, aldea Pacalal (Nahualá, Sololá), señalados de haber vendido niños.
El 18 de julio, dos hombres iban a ser linchados en San Cristóbal Totonicapán, tras ser acusados de intentar violar a una niña de 9 años.
27 September 2006
25 September 2006
Critican castigos mayas
En Prensa Libre (25 set 06)
Los últimos acontecimientos en varios poblados indígenas de Guatemala, donde supuestos delincuentes han sido castigados con métodos que rebasan los parámetros establecidos por el Derecho Maya, han recibido las críticas de los conocedores de este método de resolución de conflictos, quienes explican el verdadero espíritu de la norma ancestral.
Según Cerigua, en algunos casos, como los ocurridos recientemente en Sololá, los “castigos” se han convertido en linchamientos, pues los supuestos autores de los ilícitos han sido azotados hasta la saciedad por los parientes y las autoridades comunitarias, quienes también emiten otras condenas.
El Derecho Maya se aplica para agilizar algunos procesos y evitar llegar a los tribunales oficiales, bajo la vía de la conciliación, con lo que se intenta mejorar la aplicación de la justicia y sentar las bases para un verdadero estado de Derecho, indicó la Defensoría Maya.
Este sistema tiene una estructura propia, establecida por diferentes comunidades a lo largo de los siglos; su funcionamiento se basa en un conjunto de valores, principios, normas y mecanismos de solución de conflictos, así como las autoridades apropiadas para desarrollarlas, señaló un documento de la referida entidad étnica.
El Derecho Maya aplica sanciones según el delito o falta, con lo que se busca que el sindicado reflexione y sirva como ejemplo para otros; los castigos siempre van encaminados a realizar trabajos de beneficio para la comunidad, agregó la entidad étnica.
Un ejemplo correcto de aplicación del sistema ancestral es el ocurrido en mayo de 2006 en Totonicapán, cuando varios sindicados de robar madera fueron sometidos a un juicio público, con la presencia de las autoridades comunitarias, la Policía Nacional Civil y funcionarios que velan por la conservación de la naturaleza.
Los últimos acontecimientos en varios poblados indígenas de Guatemala, donde supuestos delincuentes han sido castigados con métodos que rebasan los parámetros establecidos por el Derecho Maya, han recibido las críticas de los conocedores de este método de resolución de conflictos, quienes explican el verdadero espíritu de la norma ancestral.
Según Cerigua, en algunos casos, como los ocurridos recientemente en Sololá, los “castigos” se han convertido en linchamientos, pues los supuestos autores de los ilícitos han sido azotados hasta la saciedad por los parientes y las autoridades comunitarias, quienes también emiten otras condenas.
El Derecho Maya se aplica para agilizar algunos procesos y evitar llegar a los tribunales oficiales, bajo la vía de la conciliación, con lo que se intenta mejorar la aplicación de la justicia y sentar las bases para un verdadero estado de Derecho, indicó la Defensoría Maya.
Este sistema tiene una estructura propia, establecida por diferentes comunidades a lo largo de los siglos; su funcionamiento se basa en un conjunto de valores, principios, normas y mecanismos de solución de conflictos, así como las autoridades apropiadas para desarrollarlas, señaló un documento de la referida entidad étnica.
El Derecho Maya aplica sanciones según el delito o falta, con lo que se busca que el sindicado reflexione y sirva como ejemplo para otros; los castigos siempre van encaminados a realizar trabajos de beneficio para la comunidad, agregó la entidad étnica.
Un ejemplo correcto de aplicación del sistema ancestral es el ocurrido en mayo de 2006 en Totonicapán, cuando varios sindicados de robar madera fueron sometidos a un juicio público, con la presencia de las autoridades comunitarias, la Policía Nacional Civil y funcionarios que velan por la conservación de la naturaleza.
23 September 2006
Repertorio de castigos públicos: aprendizaje por imitación
Por Carlos Mendoza
Uno de mis argumentos sobre los linchamientos en Guatemala es que los métodos de castigo público y violento han sido incorporados al repertorio de las comunidades indígenas de Guatemala por medio del aprendizaje por imitación.
Es decir, que si bien los antecedentes del uso de la violencia extrema como forma de castigo público con determinados fines han sido introducidos por agentes externos a las comunidades indígenas (por ejemplo, la guerrilla y el ejército en tiempos del conflicto armado interno), dichas comunidades los han incorporado en su repertorio de métodos para el control social.
Al respecto, me encontré con dos ilustraciones antiguas. La primera muestra el castigo público en época colonial que los españoles aplicaban a los indígenas. Es el mismo método que ahora los indígenas aplican contra los que cometen alguna falta considerada grave en sus comunidades: latigazos y corte de pelo. Al respecto ver noticias recientes en Guatemala.
Maltrato de los españoles contra los indígenas en el territorio que hoy se conoce como Costa Rica.
Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.
La segunda ilustración presenta a los indígenas atacando a un fraile franciscano, seguramente alguien que arremetió contra sus costumbres y creencias. En este caso, parece que la comunidad quería dejar un precedente para futuros misioneros. Realmente no lo sabemos, pero especulamos algo plausible porque se trata, nuevamente, de un castigo público y extremadamente violento.
Levantamiento de los indígenas de Talamanca contra los misioneros.
Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.
Uno de mis argumentos sobre los linchamientos en Guatemala es que los métodos de castigo público y violento han sido incorporados al repertorio de las comunidades indígenas de Guatemala por medio del aprendizaje por imitación.
Es decir, que si bien los antecedentes del uso de la violencia extrema como forma de castigo público con determinados fines han sido introducidos por agentes externos a las comunidades indígenas (por ejemplo, la guerrilla y el ejército en tiempos del conflicto armado interno), dichas comunidades los han incorporado en su repertorio de métodos para el control social.
Al respecto, me encontré con dos ilustraciones antiguas. La primera muestra el castigo público en época colonial que los españoles aplicaban a los indígenas. Es el mismo método que ahora los indígenas aplican contra los que cometen alguna falta considerada grave en sus comunidades: latigazos y corte de pelo. Al respecto ver noticias recientes en Guatemala.
Maltrato de los españoles contra los indígenas en el territorio que hoy se conoce como Costa Rica.
Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.
La segunda ilustración presenta a los indígenas atacando a un fraile franciscano, seguramente alguien que arremetió contra sus costumbres y creencias. En este caso, parece que la comunidad quería dejar un precedente para futuros misioneros. Realmente no lo sabemos, pero especulamos algo plausible porque se trata, nuevamente, de un castigo público y extremadamente violento.
Levantamiento de los indígenas de Talamanca contra los misioneros.
Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.
07 September 2006
Hay más comunidades con su "ley"
Por Coralia Orantes
Prensa Libre (7 set 06)
No sólo en San Miguel Acatán, Huehuetenango, los pobladores han hecho sus propias “leyes”; la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reporta que ocurre lo mismo en ocho lugares más.
Ayer se enumeró en una nota de este diario que en San Miguel Acatán se castigan 84 “delitos”, impuestos por una junta presidida por el alcalde; éstos van desde la prohibición de caminar por la calle después de las 21 horas, hasta la proscripción de aretes para varones.
Rolando Yoc, director de Incidencia Política de la PDH, explicó que cuatro lugares de Quiché y similar número en Sololá han creado su propia “ley”.
En Sololá se cuentan Santa Catarina Ixtahuacán, Sajul, Tzucubal y Nahualá. En Quiché están Nebaj, Acul, Saquiej y Santa Cruz del Quiché.
El argumento de los habitantes es que hay impunidad y poca efectividad del sistema de justicia.
La PDH afirmó que iniciaron una investigación para determinar si existen otros municipios de ese departamento con las mismas o parecidas disposiciones.
Eliú Higueros, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que la labor urgente es hacer volver al estado de Derecho a estas comunidades.
En uno de los municipios de Quiché se prohibe enterrar a las personas que hayan muerto en el extranjero, no se acepta la presencia de la Policía y se obliga a los vecinos a realizar las rondas respectivas.
Prensa Libre (7 set 06)
No sólo en San Miguel Acatán, Huehuetenango, los pobladores han hecho sus propias “leyes”; la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reporta que ocurre lo mismo en ocho lugares más.
Ayer se enumeró en una nota de este diario que en San Miguel Acatán se castigan 84 “delitos”, impuestos por una junta presidida por el alcalde; éstos van desde la prohibición de caminar por la calle después de las 21 horas, hasta la proscripción de aretes para varones.
Rolando Yoc, director de Incidencia Política de la PDH, explicó que cuatro lugares de Quiché y similar número en Sololá han creado su propia “ley”.
En Sololá se cuentan Santa Catarina Ixtahuacán, Sajul, Tzucubal y Nahualá. En Quiché están Nebaj, Acul, Saquiej y Santa Cruz del Quiché.
El argumento de los habitantes es que hay impunidad y poca efectividad del sistema de justicia.
La PDH afirmó que iniciaron una investigación para determinar si existen otros municipios de ese departamento con las mismas o parecidas disposiciones.
Eliú Higueros, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que la labor urgente es hacer volver al estado de Derecho a estas comunidades.
En uno de los municipios de Quiché se prohibe enterrar a las personas que hayan muerto en el extranjero, no se acepta la presencia de la Policía y se obliga a los vecinos a realizar las rondas respectivas.
06 September 2006
La paradoja de San Miguel Acatán
Por Carlos A. Mendoza
Ciudad de Guatemala (6 set 06)
Como se puede observar en los artículos publicados por Prensa Libre (ver abajo), se ha desatado una polémica en torno a la tipificación de "delitos" y la imposición de ciertas penas a los supuestos infractores de la “ley local” decretada por los pobladores y autoridades municipales de San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Para entender lo que allí está sucediendo es importante ver las estadísticas de violencia homicida de este municipio. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2004, Homicidios 1986-2003. CD-ROM.), de 1986 al 2003, Acatán aparece como un lugar pacífico.
Tabla 1
San Miguel Acatán: Tasas anuales de homicidios por cada 100,000 habitantes, 1986-2003
Año Tasa
1986: 0
1987: 0
1988: 0
1989: 0
1990: 6
1991: 0
1992: 0
1993: 5
1994: 16
1995: 5
1996: 5
1997: 0
1998: 0
1999: 0
2000: 0
2001: 5
2002: 0
2003: 9
Promedio: 3
La Tabla 1 muestra las tasas de homicidio del municipio y su promedio anual. En ese mismo período, la tasa promedio anual del país fue de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, por lo que la tasa de Acatán es bastante baja (3), incluso en comparaciones internacionales. En América Latina, sólo Chile mostró una tasa igualmente baja, en el período 1990-94.
Habría que investigar qué pasó en el año 1994, cuando se presenta una tasa extraordinariamente alta para el municipio (16). Por otro lado, podría ser que a partir del 2003 se ha dado algún incremento. Aún no lo sabemos con los datos del INE. Pero lo cierto es que, históricamente, se puede considerar como un municipio donde no ha reinado la violencia. En contraste, tenemos municipios donde la violencia homicida es realmente espeluznante: San Benito, Petén (237), Cuilapa, Santa Rosa (140), San José Acatempa, Jutiapa (140).
En el ranking nacional de violencia homicida a nivel municipal que he elaborado, San Miguel Acatán ocupa el puesto 288 de 331, es decir que se encuentra entre los 50 municipios más pacíficos (o menos violentos) del país. Entonces, ¿por qué han decidido implantar esas medidas tan drásticas de control social?
En lo que respecta a violencia colectiva, es decir, linchamientos, San Miguel Acatán también aparece sin “mancha” en su record. Es uno de los municipios del Occidente del país donde la MINUGUA (2004, Registros de Casos de Linchamientos 1996-2002. CD-ROM) no encontró ningún caso de linchamiento en el período 1996-2002. Esto parece indicar que en dicho lugar no hubo casos serios de delincuencia común o crimen organizado que provocaran la reacción violenta y colectiva de la comunidad.
Es indispensable tener cifras de violencia y delincuencia del 2004 al 2006 para saber si algo grave ha estado ocurriendo en el municipio. Posiblemente se ha incrementado la delincuencia común, y dados los históricos niveles de tranquilidad en el municipio, los pobladores perciben que deben “hacer algo” al respecto. Muestran un bajo nivel de tolerancia ante la delincuencia. Eso parece muy positivo, en un país donde nos hemos acostumbrado, sin inmutarnos, a ver cadáveres todos los días en las páginas de los diarios.
Los métodos de control social de San Miguel Acatán serán condenables y su procedimiento ilegal, pero está dando una señal inequívoca: “aquí hay tolerancia cero hacia quienes violan las normas de la comunidad.” A lo mejor este es el tipo de enforcement de las normas que requiere el país, dirán los que abogan por “mano dura”. No lo sé. Pero este no es un simple caso de “tragicomedia” guatemalteca, es un caso para el estudio de los científicos sociales.
Ciudad de Guatemala (6 set 06)
Como se puede observar en los artículos publicados por Prensa Libre (ver abajo), se ha desatado una polémica en torno a la tipificación de "delitos" y la imposición de ciertas penas a los supuestos infractores de la “ley local” decretada por los pobladores y autoridades municipales de San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Para entender lo que allí está sucediendo es importante ver las estadísticas de violencia homicida de este municipio. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2004, Homicidios 1986-2003. CD-ROM.), de 1986 al 2003, Acatán aparece como un lugar pacífico.
Tabla 1
San Miguel Acatán: Tasas anuales de homicidios por cada 100,000 habitantes, 1986-2003
Año Tasa
1986: 0
1987: 0
1988: 0
1989: 0
1990: 6
1991: 0
1992: 0
1993: 5
1994: 16
1995: 5
1996: 5
1997: 0
1998: 0
1999: 0
2000: 0
2001: 5
2002: 0
2003: 9
Promedio: 3
La Tabla 1 muestra las tasas de homicidio del municipio y su promedio anual. En ese mismo período, la tasa promedio anual del país fue de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, por lo que la tasa de Acatán es bastante baja (3), incluso en comparaciones internacionales. En América Latina, sólo Chile mostró una tasa igualmente baja, en el período 1990-94.
Habría que investigar qué pasó en el año 1994, cuando se presenta una tasa extraordinariamente alta para el municipio (16). Por otro lado, podría ser que a partir del 2003 se ha dado algún incremento. Aún no lo sabemos con los datos del INE. Pero lo cierto es que, históricamente, se puede considerar como un municipio donde no ha reinado la violencia. En contraste, tenemos municipios donde la violencia homicida es realmente espeluznante: San Benito, Petén (237), Cuilapa, Santa Rosa (140), San José Acatempa, Jutiapa (140).
En el ranking nacional de violencia homicida a nivel municipal que he elaborado, San Miguel Acatán ocupa el puesto 288 de 331, es decir que se encuentra entre los 50 municipios más pacíficos (o menos violentos) del país. Entonces, ¿por qué han decidido implantar esas medidas tan drásticas de control social?
En lo que respecta a violencia colectiva, es decir, linchamientos, San Miguel Acatán también aparece sin “mancha” en su record. Es uno de los municipios del Occidente del país donde la MINUGUA (2004, Registros de Casos de Linchamientos 1996-2002. CD-ROM) no encontró ningún caso de linchamiento en el período 1996-2002. Esto parece indicar que en dicho lugar no hubo casos serios de delincuencia común o crimen organizado que provocaran la reacción violenta y colectiva de la comunidad.
Es indispensable tener cifras de violencia y delincuencia del 2004 al 2006 para saber si algo grave ha estado ocurriendo en el municipio. Posiblemente se ha incrementado la delincuencia común, y dados los históricos niveles de tranquilidad en el municipio, los pobladores perciben que deben “hacer algo” al respecto. Muestran un bajo nivel de tolerancia ante la delincuencia. Eso parece muy positivo, en un país donde nos hemos acostumbrado, sin inmutarnos, a ver cadáveres todos los días en las páginas de los diarios.
Los métodos de control social de San Miguel Acatán serán condenables y su procedimiento ilegal, pero está dando una señal inequívoca: “aquí hay tolerancia cero hacia quienes violan las normas de la comunidad.” A lo mejor este es el tipo de enforcement de las normas que requiere el país, dirán los que abogan por “mano dura”. No lo sé. Pero este no es un simple caso de “tragicomedia” guatemalteca, es un caso para el estudio de los científicos sociales.
En Acatán rigen 84 "delitos"
Por Coralia Orantes
Prensa Libre (6 set 06)
Embriagarse en días hábiles, quebrar envases en la vía pública, andar en la calle después de las 21 horas o las violaciones por la noche figuran entre las 84 prohibiciones que rigen en San Miguel Acatán, Huehuetenango, impuestas por una junta que preside el alcalde.
Con el argumento de que la población está cansada de la impunidad, la junta de seguridad local creó su propia “ley”, que lleva más de dos meses de vigencia.
Desde junio de este año, 102 vecinos y autoridades municipales firmaron un acta que creó “delitos” como alcoholismo en días hábiles, pintar casas o paredes, quebrar envases en la calle en estado de ebriedad, hombres que usan aretes, pelo largo y tatuajes, pintas en el cementerio o andar en la calle después de las 21 horas.
Pascual Tomás José, alcalde del municipio (FRG), explicó que tomaron esas medidas debido al repunte de malhechores. Aseguró que desde que crearon esas normas han disminuido los delitos. “Ya se han aplicado castigos como hacer limpieza, latigazos o hincarse en piedras o maíz”, reconoció.
El 21 de agosto último, los pobladores retuvieron durante seis horas al juez local, a fin de impedir que efectuara un recurso de exhibición personal a favor de unos detenidos. El juez fue trasladado, por amenazas de muerte.
En noviembre pasado, fue retirada la subestación policial, luego de que fue atacada por vecinos inconformes con una captura.
Lo prohibido
Irrespetar estas normas puede implicar desde latigazos hasta cárcel:
Violación de menores. Violación por la noche. Aborto. Divorcio. Falsificar billetes. Castigo a maestros que no trabajen cinco días de la semana. Calumnias. Problema de movimiento de mojones. Secuestrar, traficar droga. Drogadictos. Delincuentes. Escándalo en la vía pública. Falsificación de documentos. Generar basura. Personas abusivas. Jugar baloncesto de noche. Embriagarse en días hábiles. Incumplimiento a altas horas de la noche. Pintar casas o paredes. Venta de licor por la noche. Portar armas. Robar muertos. Escándalo en la noche. Quebrar envases en la calle y en estado de ebriedad. Usar aretes, pelo largo y tatuajes (para hombres). Robo de niños. Robo en general. Sobornos. Orinar en la calle, parque y mercado. Robar caballos, pollos, carros, siembras y otros bienes. Pintar cementerios. Brujería. Incumplimiento de edad anciana. Padres que no educan a sus hijos. Autoridades que no cumplen con su deber. Criticar a cualquier persona. Deudas. Problemas con nacimientos de agua. Venganza. Accidentes por ebriedad. Tarjetas falsas de celulares. Conducta de pandilleros. Líos de transportistas. Pleitos de vendedores. Quebrar mesas de vendedores. Desintegración familiar. Invadir propiedad privada con animales.
Población
San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Población: 21 mil 805 habitantes.
Idioma: Akateko
Producción: Los pobladores se dedican a la fabricación de faroles, balcones y lámparas.
Cultivos: Sobresalen las siembras de café, maíz, frijol, cebada, papa y legumbres.
La entrevista
Luis Fernández Molina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, considera que lo que ocurre en San Miguel Acatán es un llamado de atención a todos los actores del sistema de justicia.
¿Cómo ven la aplicación de una ley paralela en ese municipio?
Estas acciones no están autorizadas, no podemos permitir que se vayan creando bolsones de leyes que son incompatibles con el sistema de justicia. Además, son poco técnicas, exageradas y hasta de contenido casi jocoso. Aparte es el tema del derecho indígena.
¿Ustedes emprenderán alguna acción ante lo acontecido?
Por el momento no, pero si la situación se agrava, debemos tomar alguna acción. El tema es preocupante. Es una llamada de atención a todos los actores del sector justicia para tomar cartas en el asunto.
El argumento de ellos es que no hay justicia.
Es entendible, debido a la presencia muy limitada de las instituciones en el lugar, pero no justificable. Esto es inadmisible.
¿En qué otras comunidades existen similares problemas?
Básicamente estamos hablando de algunos municipios de Huehuetenango. Gracias a Dios, no ha llegado a más, pero el problema es que otras comunidades podrían imitar o tomar este patrón para aplicar su propia ley.
Prensa Libre (6 set 06)
Embriagarse en días hábiles, quebrar envases en la vía pública, andar en la calle después de las 21 horas o las violaciones por la noche figuran entre las 84 prohibiciones que rigen en San Miguel Acatán, Huehuetenango, impuestas por una junta que preside el alcalde.
Con el argumento de que la población está cansada de la impunidad, la junta de seguridad local creó su propia “ley”, que lleva más de dos meses de vigencia.
Desde junio de este año, 102 vecinos y autoridades municipales firmaron un acta que creó “delitos” como alcoholismo en días hábiles, pintar casas o paredes, quebrar envases en la calle en estado de ebriedad, hombres que usan aretes, pelo largo y tatuajes, pintas en el cementerio o andar en la calle después de las 21 horas.
Pascual Tomás José, alcalde del municipio (FRG), explicó que tomaron esas medidas debido al repunte de malhechores. Aseguró que desde que crearon esas normas han disminuido los delitos. “Ya se han aplicado castigos como hacer limpieza, latigazos o hincarse en piedras o maíz”, reconoció.
El 21 de agosto último, los pobladores retuvieron durante seis horas al juez local, a fin de impedir que efectuara un recurso de exhibición personal a favor de unos detenidos. El juez fue trasladado, por amenazas de muerte.
En noviembre pasado, fue retirada la subestación policial, luego de que fue atacada por vecinos inconformes con una captura.
Lo prohibido
Irrespetar estas normas puede implicar desde latigazos hasta cárcel:
Violación de menores. Violación por la noche. Aborto. Divorcio. Falsificar billetes. Castigo a maestros que no trabajen cinco días de la semana. Calumnias. Problema de movimiento de mojones. Secuestrar, traficar droga. Drogadictos. Delincuentes. Escándalo en la vía pública. Falsificación de documentos. Generar basura. Personas abusivas. Jugar baloncesto de noche. Embriagarse en días hábiles. Incumplimiento a altas horas de la noche. Pintar casas o paredes. Venta de licor por la noche. Portar armas. Robar muertos. Escándalo en la noche. Quebrar envases en la calle y en estado de ebriedad. Usar aretes, pelo largo y tatuajes (para hombres). Robo de niños. Robo en general. Sobornos. Orinar en la calle, parque y mercado. Robar caballos, pollos, carros, siembras y otros bienes. Pintar cementerios. Brujería. Incumplimiento de edad anciana. Padres que no educan a sus hijos. Autoridades que no cumplen con su deber. Criticar a cualquier persona. Deudas. Problemas con nacimientos de agua. Venganza. Accidentes por ebriedad. Tarjetas falsas de celulares. Conducta de pandilleros. Líos de transportistas. Pleitos de vendedores. Quebrar mesas de vendedores. Desintegración familiar. Invadir propiedad privada con animales.
Población
San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Población: 21 mil 805 habitantes.
Idioma: Akateko
Producción: Los pobladores se dedican a la fabricación de faroles, balcones y lámparas.
Cultivos: Sobresalen las siembras de café, maíz, frijol, cebada, papa y legumbres.
La entrevista
Luis Fernández Molina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, considera que lo que ocurre en San Miguel Acatán es un llamado de atención a todos los actores del sistema de justicia.
¿Cómo ven la aplicación de una ley paralela en ese municipio?
Estas acciones no están autorizadas, no podemos permitir que se vayan creando bolsones de leyes que son incompatibles con el sistema de justicia. Además, son poco técnicas, exageradas y hasta de contenido casi jocoso. Aparte es el tema del derecho indígena.
¿Ustedes emprenderán alguna acción ante lo acontecido?
Por el momento no, pero si la situación se agrava, debemos tomar alguna acción. El tema es preocupante. Es una llamada de atención a todos los actores del sector justicia para tomar cartas en el asunto.
El argumento de ellos es que no hay justicia.
Es entendible, debido a la presencia muy limitada de las instituciones en el lugar, pero no justificable. Esto es inadmisible.
¿En qué otras comunidades existen similares problemas?
Básicamente estamos hablando de algunos municipios de Huehuetenango. Gracias a Dios, no ha llegado a más, pero el problema es que otras comunidades podrían imitar o tomar este patrón para aplicar su propia ley.
Acatán: una tragedia cómica
Editorial de Prensa Libre
(6 set 06)
Como para comprobar una vez más que en Guatemala se hace realidad hasta la fantasía más absurda, el municipio de San Miguel Acatán, en Huehuetenango, se ha convertido desde hace dos meses en un reinado feudal encabezado por el alcalde Pascual Tomás José, quien para sorpresa de muy pocos pertenece al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y que decidió ante sí y de por sí establecer un toque de queda en el pueblo, con 84 prohibiciones para el ahora muy asustado vecindario.
Los castigos para los ciudadanos “culpables”, según esta nueva legislación sui géneris, incluyen corte de pelo, tareas de limpieza, recibir latigazos en público o hincarse sobre piedras o maíz.
Es prohibido usar prendas que den apariencia de pandillero, jugar de noche al baloncesto e incluso el “incumplimiento a altas horas de la noche” (¿?), quizás en alusión a asuntos del matrimonio.
El pintoresco alcalde, quien se siente orgulloso de tales absurdos, es el mismo que hace algunas semanas capturó a un juez porque este funcionario no castigó con suficiente dureza a dos personas a quienes el jefe de la comuna consideraba un peligro para la comunidad.
Lo ocurrido pone de manifiesto numerosos problemas. Uno, que el llamado “derecho consuetudinario maya” puede ser interpretado de manera irresponsable. Dos, que la autonomía municipal, una conquista indudable del andamiaje jurídico nacional, cuando se pone a la disposición de personas sin suficiente preparación, puede convertirse en la fuente de un feudo sobre el cual ninguna autoridad del país tiene jurisdicción para hacer regresar el orden.
En otras palabras, una interpretación antojadiza hecha por cualquier funcionario del país, puede dar lugar a que en todos los municipios se tomen medidas arbitrarias y oscurantistas como las hoy comentadas.
Resulta entonces urgente revisar el mencionado código, sobre todo en un momento histórico en el cual nadie parece estar dispuesto a obedecer a la autoridad, de lo que son ejemplo los partidos políticos y su burla al Tribunal Supremo Electoral.
La única manera de poner orden es que los vecinos hagan las denuncias del caso, pero en la práctica esto no se cumple por el temor a represalias, y a consecuencia de ello es necesario que el FRG lo cite para ordenarle que deje sin efecto decisiones que le causan grave daño a esa agrupación política caudillista.
Lo ocurrido en Acatán no debe ingresar simplemente en la colección de anécdotas nacionales.
Es muy serio porque está en juego la autonomía municipal, que de ser interpretada en esa forma, se convertiría en el principio del fin del Estado de Guatemala. Lo decidido por el alcalde Tomás José es un caso de estudio para las máximas autoridades jurídicas del país, las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados.
A partir de este momento, todas las instituciones jurídicas, políticas, religiosas y étnicas tienen la obligación de intervenir para explicar que los jefes edilicios no son reyezuelos medievales que pueden disponer a su antojo de la ley y de la vida de los ciudadanos, tal como está ocurriendo en Acatán, para nueva y profunda vergüenza nacional.
(6 set 06)
Como para comprobar una vez más que en Guatemala se hace realidad hasta la fantasía más absurda, el municipio de San Miguel Acatán, en Huehuetenango, se ha convertido desde hace dos meses en un reinado feudal encabezado por el alcalde Pascual Tomás José, quien para sorpresa de muy pocos pertenece al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y que decidió ante sí y de por sí establecer un toque de queda en el pueblo, con 84 prohibiciones para el ahora muy asustado vecindario.
Los castigos para los ciudadanos “culpables”, según esta nueva legislación sui géneris, incluyen corte de pelo, tareas de limpieza, recibir latigazos en público o hincarse sobre piedras o maíz.
Es prohibido usar prendas que den apariencia de pandillero, jugar de noche al baloncesto e incluso el “incumplimiento a altas horas de la noche” (¿?), quizás en alusión a asuntos del matrimonio.
El pintoresco alcalde, quien se siente orgulloso de tales absurdos, es el mismo que hace algunas semanas capturó a un juez porque este funcionario no castigó con suficiente dureza a dos personas a quienes el jefe de la comuna consideraba un peligro para la comunidad.
Lo ocurrido pone de manifiesto numerosos problemas. Uno, que el llamado “derecho consuetudinario maya” puede ser interpretado de manera irresponsable. Dos, que la autonomía municipal, una conquista indudable del andamiaje jurídico nacional, cuando se pone a la disposición de personas sin suficiente preparación, puede convertirse en la fuente de un feudo sobre el cual ninguna autoridad del país tiene jurisdicción para hacer regresar el orden.
En otras palabras, una interpretación antojadiza hecha por cualquier funcionario del país, puede dar lugar a que en todos los municipios se tomen medidas arbitrarias y oscurantistas como las hoy comentadas.
Resulta entonces urgente revisar el mencionado código, sobre todo en un momento histórico en el cual nadie parece estar dispuesto a obedecer a la autoridad, de lo que son ejemplo los partidos políticos y su burla al Tribunal Supremo Electoral.
La única manera de poner orden es que los vecinos hagan las denuncias del caso, pero en la práctica esto no se cumple por el temor a represalias, y a consecuencia de ello es necesario que el FRG lo cite para ordenarle que deje sin efecto decisiones que le causan grave daño a esa agrupación política caudillista.
Lo ocurrido en Acatán no debe ingresar simplemente en la colección de anécdotas nacionales.
Es muy serio porque está en juego la autonomía municipal, que de ser interpretada en esa forma, se convertiría en el principio del fin del Estado de Guatemala. Lo decidido por el alcalde Tomás José es un caso de estudio para las máximas autoridades jurídicas del país, las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados.
A partir de este momento, todas las instituciones jurídicas, políticas, religiosas y étnicas tienen la obligación de intervenir para explicar que los jefes edilicios no son reyezuelos medievales que pueden disponer a su antojo de la ley y de la vida de los ciudadanos, tal como está ocurriendo en Acatán, para nueva y profunda vergüenza nacional.
04 September 2006
Talibanes
Por Dina Fernández
Prensa Libre (4 set 06)
La total ausencia de un Estado de Derecho nos está convirtiendo en talibanes. Linchamos, apoyamos ejecuciones extrajudiciales y ahora hasta proclamamos nuestras leyes particulares para instaurar, a la brava, tribunales de fuero especial.
El caso de San Miguel Acatán, donde el alcalde Pascual Tomás –del FRG tenía que ser– acaba de elaborar una lista de “delitos” por los cuales cualquier persona puede caer en manos de los Comités de Seguridad del pueblo para recibir castigos que van desde “una herida en la mano” hasta quién sabe qué monstruosidad, se pasa llevando la Constitución y la mayoría de principios democráticos.
¡Dios nos libre de pasar por las montañas de Huehue y caer en manos de los acatecos!
De hecho, el juez de Paz del lugar, el licenciado José Estuardo Talavera, ya padeció las consecuencias de esta aberración.
Resulta que la comunidad decidió arrestar a dos muchachos a quienes acusaron de borrachos y de agredir a un policía municipal. Cuando se interpuso un recurso de exhibición personal a favor de los jóvenes y el juez intentó hacerlo valer, el alcalde dispuso secuestrarlo a él también.
De milagro el licenciado Talavera escapó, porque ya hemos visto casos, como en Senahú, donde la gente mata al juzgador a pedradas para cobrarle todos los males del país.
Lo más lamentable del incidente es que la Corte Suprema, pecando de blandengue o de corrección política, no se ha inmutado para defender a este juez que debe regresar a San Miguel Acatán, donde el pueblo, que ya agarró experiencia quemando una estación de Policía, lo espera con el garrote en la mano.
Esta justicia a la talibán nada tiene que ver con el derecho consuetudinario maya descrito en varios estudios. Y aunque la gente clame que se trata de “juicios mayas”, no son aceptables, pues violentan derechos elementales, como la presunción de inocencia o la necesidad de una defensa.
Basta leer la lista de “delitos” establecida en San Miguel Acatán para comprender cuán grave es el problema. Como si fuera una proclama real, el documento lleva impresos todos los sellos de la alcaldía y enumera los delitos uno tras otro, sin tipificarlos ni mucho menos especificar las penas que conllevan.
Así, quedan prohibidos: “problemas de basuras”, “los que juegan basquetbol en altas horas" (¿y si fuera futbol?), “alcoholismo en días hábiles” (para emborracharse, los feriados), “violación en altas horas” (¿y si es temprano?), “ebrio que anda quebrando envases en la calle” (grite, patalee, pero por favor no tire las botellas), “los que usan aretes, pelo largo y tatuajes” (ahora el hábito hace al marero), “quien orina en la calle, parque o mercado” (por cochinos), “el que quiebra mesas de los vendedores” (mejor busque otra cosa), “los que hacen grupos, pandilleros”, (¿alguien dijo libertad de asociación?), “desintegración familiar” (no al divorcio, ordenó el Papa), “controla carros en altas horas de la noche” (cuidadito con asomarse a la ventana), “incumplimiento en altas horas” (pilas, pues, maridos acatecos), “roba caballos, roba pollos, etcétera”, “roba muertos”, “pinta cementerios” y el favorito, “personas abusivas”.
El incumplimiento de la ley y la falta de autoridades –Policía, fiscales, juzgados– tiene desesperada a la gente, especialmente en pueblos como San Miguel Acatán, donde el Estado prácticamente no existe, ni siquiera para velar por la vida y los bienes de los guatemaltecos, que es su obligación primordial.
Urge que la Policía y la administración de justicia lleguen a todos los rincones del país y empiecen a trabajar con eficiencia, pues de lo contrario van a florecer este tipo de proclamas que de un plumazo demuelen la Constitución, con sus libertades y garantías.
Hay que actuar pronto, porque por ahora se han contentado con hincar a la gente sobre maíces y tijeretearles el pelo. Pero no tardan en organizar un pelotón de fusilamiento, y entonces sí vamos a pegar el grito en el cielo, pero será tarde para detenerlos.
Prensa Libre (4 set 06)
La total ausencia de un Estado de Derecho nos está convirtiendo en talibanes. Linchamos, apoyamos ejecuciones extrajudiciales y ahora hasta proclamamos nuestras leyes particulares para instaurar, a la brava, tribunales de fuero especial.
El caso de San Miguel Acatán, donde el alcalde Pascual Tomás –del FRG tenía que ser– acaba de elaborar una lista de “delitos” por los cuales cualquier persona puede caer en manos de los Comités de Seguridad del pueblo para recibir castigos que van desde “una herida en la mano” hasta quién sabe qué monstruosidad, se pasa llevando la Constitución y la mayoría de principios democráticos.
¡Dios nos libre de pasar por las montañas de Huehue y caer en manos de los acatecos!
De hecho, el juez de Paz del lugar, el licenciado José Estuardo Talavera, ya padeció las consecuencias de esta aberración.
Resulta que la comunidad decidió arrestar a dos muchachos a quienes acusaron de borrachos y de agredir a un policía municipal. Cuando se interpuso un recurso de exhibición personal a favor de los jóvenes y el juez intentó hacerlo valer, el alcalde dispuso secuestrarlo a él también.
De milagro el licenciado Talavera escapó, porque ya hemos visto casos, como en Senahú, donde la gente mata al juzgador a pedradas para cobrarle todos los males del país.
Lo más lamentable del incidente es que la Corte Suprema, pecando de blandengue o de corrección política, no se ha inmutado para defender a este juez que debe regresar a San Miguel Acatán, donde el pueblo, que ya agarró experiencia quemando una estación de Policía, lo espera con el garrote en la mano.
Esta justicia a la talibán nada tiene que ver con el derecho consuetudinario maya descrito en varios estudios. Y aunque la gente clame que se trata de “juicios mayas”, no son aceptables, pues violentan derechos elementales, como la presunción de inocencia o la necesidad de una defensa.
Basta leer la lista de “delitos” establecida en San Miguel Acatán para comprender cuán grave es el problema. Como si fuera una proclama real, el documento lleva impresos todos los sellos de la alcaldía y enumera los delitos uno tras otro, sin tipificarlos ni mucho menos especificar las penas que conllevan.
Así, quedan prohibidos: “problemas de basuras”, “los que juegan basquetbol en altas horas" (¿y si fuera futbol?), “alcoholismo en días hábiles” (para emborracharse, los feriados), “violación en altas horas” (¿y si es temprano?), “ebrio que anda quebrando envases en la calle” (grite, patalee, pero por favor no tire las botellas), “los que usan aretes, pelo largo y tatuajes” (ahora el hábito hace al marero), “quien orina en la calle, parque o mercado” (por cochinos), “el que quiebra mesas de los vendedores” (mejor busque otra cosa), “los que hacen grupos, pandilleros”, (¿alguien dijo libertad de asociación?), “desintegración familiar” (no al divorcio, ordenó el Papa), “controla carros en altas horas de la noche” (cuidadito con asomarse a la ventana), “incumplimiento en altas horas” (pilas, pues, maridos acatecos), “roba caballos, roba pollos, etcétera”, “roba muertos”, “pinta cementerios” y el favorito, “personas abusivas”.
El incumplimiento de la ley y la falta de autoridades –Policía, fiscales, juzgados– tiene desesperada a la gente, especialmente en pueblos como San Miguel Acatán, donde el Estado prácticamente no existe, ni siquiera para velar por la vida y los bienes de los guatemaltecos, que es su obligación primordial.
Urge que la Policía y la administración de justicia lleguen a todos los rincones del país y empiecen a trabajar con eficiencia, pues de lo contrario van a florecer este tipo de proclamas que de un plumazo demuelen la Constitución, con sus libertades y garantías.
Hay que actuar pronto, porque por ahora se han contentado con hincar a la gente sobre maíces y tijeretearles el pelo. Pero no tardan en organizar un pelotón de fusilamiento, y entonces sí vamos a pegar el grito en el cielo, pero será tarde para detenerlos.
23 August 2006
Juez de Coatán, Huehuetenango, permanece retenido por seis horas
Por Claudia Acuña
elPeriódico (23 ago 06)
El juez de paz de Coatán, Huehuetenango, José Estuardo Talavera Alfaro, permaneció retenido el lunes, junto a la secretaria del despacho y a un oficial, por el alcalde de San Miguel Acatán y un grupo de pobladores particulares que prestan seguridad a la población.
La presidenta del Organismo Judicial, Beatriz de León, informó que el funcionario judicial realizaba una exhibición personal en el lugar, cuando fue obligado a permanecer por seis horas en esa comuna.
Explicó que el juzgador llegó a constatar una denuncia formulada por el familiar de dos personas que fueron aprehendidas por los pobladores el domingo cuando presuntamente se encontraban haciendo escándalo en estado de ebriedad. “El alcalde detuvo a dos personas de forma ilegal, mismas que solo la Policía las puede efectuar”.
El alcalde de San Miguel Acatán, Pascual Tomás, informó que los miembros del consejo de seguridad local patrullaban las calles el domingo cuando encontraron a dos jóvenes ebrios. “Los muchachos le pegaron a un policía municipal y se negaron a irse a su casa”.
Aseguró que el patrón de los detenidos, Tomás Miguel, los amenazó de muerte porque indicó que no estaba de acuerdo con su labor. “Dijo que formará sus maras para eliminarlos. Después, cuando el juez vino, solo le pedimos que esperara a ver cómo se arreglaba la situación de los muchachos”.
El jefe edil comentó que los pobladores decidieron organizarse para proteger la comunidad. Existen consejos de seguridad local en las 74 aldeas de San Miguel Acatán. “Desde que ellos vigilan todo está tranquilo, no ha habido muertes”.
La vocera de la Policía Nacional Civil, Olimpia Pineda, informó que “los muchachos fueron liberados el lunes a las 23:00 horas junto con el juez, la secretaria y el oficial.
En el lugar hay una subestación policíaca, aunque no hay personal porque fue quemada en 2005, por lo que el funcionario debió ser asistido por personal de Huehuetenango.
Anomalías en San Miguel
08/08/2003: Toman de rehén a un menor
11/10/2004: Intento de linchamiento
13/12/2004: Intento de linchamiento
26/10/2005: La población destruye la estación policial
21/08/2006: Retienen al juez de Coatán
elPeriódico (23 ago 06)
El juez de paz de Coatán, Huehuetenango, José Estuardo Talavera Alfaro, permaneció retenido el lunes, junto a la secretaria del despacho y a un oficial, por el alcalde de San Miguel Acatán y un grupo de pobladores particulares que prestan seguridad a la población.
La presidenta del Organismo Judicial, Beatriz de León, informó que el funcionario judicial realizaba una exhibición personal en el lugar, cuando fue obligado a permanecer por seis horas en esa comuna.
Explicó que el juzgador llegó a constatar una denuncia formulada por el familiar de dos personas que fueron aprehendidas por los pobladores el domingo cuando presuntamente se encontraban haciendo escándalo en estado de ebriedad. “El alcalde detuvo a dos personas de forma ilegal, mismas que solo la Policía las puede efectuar”.
El alcalde de San Miguel Acatán, Pascual Tomás, informó que los miembros del consejo de seguridad local patrullaban las calles el domingo cuando encontraron a dos jóvenes ebrios. “Los muchachos le pegaron a un policía municipal y se negaron a irse a su casa”.
Aseguró que el patrón de los detenidos, Tomás Miguel, los amenazó de muerte porque indicó que no estaba de acuerdo con su labor. “Dijo que formará sus maras para eliminarlos. Después, cuando el juez vino, solo le pedimos que esperara a ver cómo se arreglaba la situación de los muchachos”.
El jefe edil comentó que los pobladores decidieron organizarse para proteger la comunidad. Existen consejos de seguridad local en las 74 aldeas de San Miguel Acatán. “Desde que ellos vigilan todo está tranquilo, no ha habido muertes”.
La vocera de la Policía Nacional Civil, Olimpia Pineda, informó que “los muchachos fueron liberados el lunes a las 23:00 horas junto con el juez, la secretaria y el oficial.
En el lugar hay una subestación policíaca, aunque no hay personal porque fue quemada en 2005, por lo que el funcionario debió ser asistido por personal de Huehuetenango.
Anomalías en San Miguel
08/08/2003: Toman de rehén a un menor
11/10/2004: Intento de linchamiento
13/12/2004: Intento de linchamiento
26/10/2005: La población destruye la estación policial
21/08/2006: Retienen al juez de Coatán
19 August 2006
¿Justicia maya?
Por Sam Colop
Prensa Libre (19 ago 06)
Ciertamente son repudiables las penas y sanciones que en los últimos días se vienen imponiendo en aldeas de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y otros lugares.
La prensa ha reportado al menos tres casos donde a los acusados y “sentenciados” de vender infantes se les ha obligado a hincarse sobre piedrín. A los varones se les ha puesto una carga de dos arrobas. A las mujeres se les ha cortado la cabellera.
Algunos medios reportan esto como parte del llamado derecho consuetudinario; otros, como ley indígena, ley comunal o juicio maya. En estos casos de barbarie, los supuestos defensores de los derechos indígenas como la misma Procuraduría de los Derechos Humanos han callado.
He sido una de las personas que ha hablado sobre el derecho maya y, a finales del mes pasado, comenté el “Proyecto de operatividad e implementación del sistema jurídico indígena”, que está siendo impulsado por la Corte Suprema de Justicia, la Usac, la Defensoría Maya y la Sepaz.
En aquel artículo decía que ese sistema de justicia “es esencialmente reparador y, si en algunos casos hay excesos, habrá que corregirlos. Al final de cuentas, la mayoría de esas prácticas no está contenida en un texto escrito en piedra”.
Los excesos reportados son inhumanos y atentan contra la dignidad de las personas, porque aun los condenados, después de haber sido citados, oídos y vencidos en juicio, también tienen dignidad y gozan de derechos humanos.
En aquel texto decía, además, que la aplicación de aquel derecho podría causar pánico porque se pensaría que los azotes, “una práctica derivada de la Colonia, y los linchamientos, una enseñanza contrainsurgente”, son parte de ese sistema; pero lo que ahora nos ocupa me parece una aberración de la justicia, y así como se persigue a los que linchan, también habría que juzgar a los que violan los derechos humanos de estas personas.
Si bien la justicia ladina no se aplica, aunque de manera mediocre, en todos los rincones del país, nada justifica violar la dignidad y los derechos de otros conciudadanos. De ahí que urge una campaña de sensibilización con los respectivos correctivos judiciales.
Por aparte, reconozco que hay cierta confusión sobre el tema del derecho maya, porque algunos le dan un enfoque teológico; otros, un enfoque antropológico; pero muy pocos, la dimensión jurídica.
Asimismo, estoy enterado de que más de algún abogado indígena defiende los azotes como parte de la justicia maya. Tal vez está incorporado ahora, pero su origen es colonial. A ver si no resultan otros también defendiendo estos actos de barbarie como parte de aquel derecho “ancestral”, pero que históricamente sólo llega a lo que ellos llaman “los abuelos” y que, para mal, termina siendo remarcado con estos ejemplos.
Prensa Libre (19 ago 06)
Ciertamente son repudiables las penas y sanciones que en los últimos días se vienen imponiendo en aldeas de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y otros lugares.
La prensa ha reportado al menos tres casos donde a los acusados y “sentenciados” de vender infantes se les ha obligado a hincarse sobre piedrín. A los varones se les ha puesto una carga de dos arrobas. A las mujeres se les ha cortado la cabellera.
Algunos medios reportan esto como parte del llamado derecho consuetudinario; otros, como ley indígena, ley comunal o juicio maya. En estos casos de barbarie, los supuestos defensores de los derechos indígenas como la misma Procuraduría de los Derechos Humanos han callado.
He sido una de las personas que ha hablado sobre el derecho maya y, a finales del mes pasado, comenté el “Proyecto de operatividad e implementación del sistema jurídico indígena”, que está siendo impulsado por la Corte Suprema de Justicia, la Usac, la Defensoría Maya y la Sepaz.
En aquel artículo decía que ese sistema de justicia “es esencialmente reparador y, si en algunos casos hay excesos, habrá que corregirlos. Al final de cuentas, la mayoría de esas prácticas no está contenida en un texto escrito en piedra”.
Los excesos reportados son inhumanos y atentan contra la dignidad de las personas, porque aun los condenados, después de haber sido citados, oídos y vencidos en juicio, también tienen dignidad y gozan de derechos humanos.
En aquel texto decía, además, que la aplicación de aquel derecho podría causar pánico porque se pensaría que los azotes, “una práctica derivada de la Colonia, y los linchamientos, una enseñanza contrainsurgente”, son parte de ese sistema; pero lo que ahora nos ocupa me parece una aberración de la justicia, y así como se persigue a los que linchan, también habría que juzgar a los que violan los derechos humanos de estas personas.
Si bien la justicia ladina no se aplica, aunque de manera mediocre, en todos los rincones del país, nada justifica violar la dignidad y los derechos de otros conciudadanos. De ahí que urge una campaña de sensibilización con los respectivos correctivos judiciales.
Por aparte, reconozco que hay cierta confusión sobre el tema del derecho maya, porque algunos le dan un enfoque teológico; otros, un enfoque antropológico; pero muy pocos, la dimensión jurídica.
Asimismo, estoy enterado de que más de algún abogado indígena defiende los azotes como parte de la justicia maya. Tal vez está incorporado ahora, pero su origen es colonial. A ver si no resultan otros también defendiendo estos actos de barbarie como parte de aquel derecho “ancestral”, pero que históricamente sólo llega a lo que ellos llaman “los abuelos” y que, para mal, termina siendo remarcado con estos ejemplos.
17 August 2006
Castigo maya
Por Adofo Méndez Vides
elPeriódico (17 ago 06)
El subdesarrollo no se queda impune, digo, y queda demostrado en el reciente acto de barbaridad indígena perpetrado en el caserío de Pasajquín, en Nahualá. No es posible que la civilización retroceda tanto, que regresemos a la edad del salvajismo, a la condena social amparados en una supuesta “moral” colectiva que castiga al individuo por sus actos privados como en los tiempos anteriores al cristianismo, a las computadoras y a los viajes interplanetarios. ¿No hemos acaso aprendido de la Historia que todo totalitarismo se basa y afirma en la ignorancia? El hombre es libre y un ser complicado, que depende de tantas cosas, y a quien no se le puede condenar por transgredir la función de animal doméstico. La edición dominical de Nuestro Diario contiene la evidencia esperpéntica de lo que puede hacer un pueblo guiado por las creencias más absurdas, sustentadas en la convicción de líderes que creen poseer la verdad única, autoungidos para castigar y avergonzar a los suyos en la plaza pública por cometer lo que se considera un acto villano. ¿Dónde están las autoridades de los derechos humanos para proteger a los indefensos?
En la foto principal del reportaje de colección se observa a cuatro mujeres arrodilladas sobre piedrín, rodeadas por la turba. Las cabelleras les fueron trasquiladas, como a locas. Una de ellas está embarazada y tiene la vista perdida. Las otras tres mujeres expresan tristeza, humillación, cólera y resentimiento. La comunidad las acusó de vender a sus hijos; es decir, dieron en adopción a la sangre de su sangre, a cambio de unos cuantos dinares. Un hombre de cara dura, sombrero ancho, camisa azul abrochada hasta el cuello, les pone las manos encima como juez designado para condenar. ¿Y qué derecho tiene ese sujeto para decir si tales mujeres actuaron bien o mal? ¡Cuidado!, porque los fundamentalismos están aflorando en cada esquina, y un día pereceremos linchados quienes creemos en las libertades del individuo. Ser bárbaros no es algo nuevo. El Ayatollah Khomeini mandó a las mujeres de Irán a cubrirse el rostro, prohibió a los hombres el uso de pantalonetas deportivas, practicó la ejecución pública a pedradas y ejecutó a quienes disentían de sus principios religiosos. Ahora nosotros estamos cobijando el mismo tipo de arbitrariedades. Sus razones habrán tenido las pobres mujeres que entregaron a sus hijos en adopción, quizá hasta les salvaron la vida al mandarlos a un mejor destino en el mundo civilizado, o quizá no, y todo es un simple negocio globalizado o una extensión del Infierno.
No es posible que en un país que tuvo fama de pacífico se permita tales arrebatos bárbaros, que brotan de la ignorancia y la enfermedad de los fundamentalismos más siniestros, y por eso es urgente la educación libre, porque una vez que la masa se acerca a la ciencia y al conocimiento, queda entendido que nada se corrige humillando a los semejantes, y que cuando se empieza a desterrar brujos se termina expulsando intelectuales y reviviendo el clima antiguo del terror.
elPeriódico (17 ago 06)
El subdesarrollo no se queda impune, digo, y queda demostrado en el reciente acto de barbaridad indígena perpetrado en el caserío de Pasajquín, en Nahualá. No es posible que la civilización retroceda tanto, que regresemos a la edad del salvajismo, a la condena social amparados en una supuesta “moral” colectiva que castiga al individuo por sus actos privados como en los tiempos anteriores al cristianismo, a las computadoras y a los viajes interplanetarios. ¿No hemos acaso aprendido de la Historia que todo totalitarismo se basa y afirma en la ignorancia? El hombre es libre y un ser complicado, que depende de tantas cosas, y a quien no se le puede condenar por transgredir la función de animal doméstico. La edición dominical de Nuestro Diario contiene la evidencia esperpéntica de lo que puede hacer un pueblo guiado por las creencias más absurdas, sustentadas en la convicción de líderes que creen poseer la verdad única, autoungidos para castigar y avergonzar a los suyos en la plaza pública por cometer lo que se considera un acto villano. ¿Dónde están las autoridades de los derechos humanos para proteger a los indefensos?
En la foto principal del reportaje de colección se observa a cuatro mujeres arrodilladas sobre piedrín, rodeadas por la turba. Las cabelleras les fueron trasquiladas, como a locas. Una de ellas está embarazada y tiene la vista perdida. Las otras tres mujeres expresan tristeza, humillación, cólera y resentimiento. La comunidad las acusó de vender a sus hijos; es decir, dieron en adopción a la sangre de su sangre, a cambio de unos cuantos dinares. Un hombre de cara dura, sombrero ancho, camisa azul abrochada hasta el cuello, les pone las manos encima como juez designado para condenar. ¿Y qué derecho tiene ese sujeto para decir si tales mujeres actuaron bien o mal? ¡Cuidado!, porque los fundamentalismos están aflorando en cada esquina, y un día pereceremos linchados quienes creemos en las libertades del individuo. Ser bárbaros no es algo nuevo. El Ayatollah Khomeini mandó a las mujeres de Irán a cubrirse el rostro, prohibió a los hombres el uso de pantalonetas deportivas, practicó la ejecución pública a pedradas y ejecutó a quienes disentían de sus principios religiosos. Ahora nosotros estamos cobijando el mismo tipo de arbitrariedades. Sus razones habrán tenido las pobres mujeres que entregaron a sus hijos en adopción, quizá hasta les salvaron la vida al mandarlos a un mejor destino en el mundo civilizado, o quizá no, y todo es un simple negocio globalizado o una extensión del Infierno.
No es posible que en un país que tuvo fama de pacífico se permita tales arrebatos bárbaros, que brotan de la ignorancia y la enfermedad de los fundamentalismos más siniestros, y por eso es urgente la educación libre, porque una vez que la masa se acerca a la ciencia y al conocimiento, queda entendido que nada se corrige humillando a los semejantes, y que cuando se empieza a desterrar brujos se termina expulsando intelectuales y reviviendo el clima antiguo del terror.
15 August 2006
Se salvan de ser linchados en Sololá
Por Nery Morales y Fredy Rodas
Prensa Libre (13 ago 06)
Doce personas se salvaron ayer de ser linchadas por vecinos del caserío Pasajquín, aldea Pacalal (Nahualá, Sololá), pues las señalan de haber vendido siete niños de la localidad.
Los pobladores les cortaron el pelo a las mujeres y las arrodillaron sobre piedrín para que confesaran su falta. A los hombres además, les pusieron bultos sobre sus espaldas.
Las mujeres son Catarina Guarchaj, de 32 años; Manuela Siquín, de 16; Marta Siquín, de 25; María López Guarchaj, de 20; María Tambriz, de 22; Manuela Ixmat Choz, de 26, y María Siquín, de 25.
Francisco Ixquiataj, de 21; Domingo Siquín, de 19; Diego Coj Guarchaj, de 35; y José Morales, de 25, también estaban en la lista.
La turba los señala de haber vendido a siete niños por cantidades que oscilan entre los Q8 mil y los Q19 mil.
El “principal” (autoridad superior), Antonio Cotí, dijo que se les aplicó la ley maya para que lo malo desaparezca del pueblo. Agregó que vigilarán a la comunidad para evitar cualquier escándalo.
A las 15.30 horas liberaron a seis de los castigados, quienes fueron consignados a los tribunales para que aclaren su situación, dijo Leonel Cortez, de la Comisaría 33.
Prensa Libre (13 ago 06)
Doce personas se salvaron ayer de ser linchadas por vecinos del caserío Pasajquín, aldea Pacalal (Nahualá, Sololá), pues las señalan de haber vendido siete niños de la localidad.
Los pobladores les cortaron el pelo a las mujeres y las arrodillaron sobre piedrín para que confesaran su falta. A los hombres además, les pusieron bultos sobre sus espaldas.
Las mujeres son Catarina Guarchaj, de 32 años; Manuela Siquín, de 16; Marta Siquín, de 25; María López Guarchaj, de 20; María Tambriz, de 22; Manuela Ixmat Choz, de 26, y María Siquín, de 25.
Francisco Ixquiataj, de 21; Domingo Siquín, de 19; Diego Coj Guarchaj, de 35; y José Morales, de 25, también estaban en la lista.
La turba los señala de haber vendido a siete niños por cantidades que oscilan entre los Q8 mil y los Q19 mil.
El “principal” (autoridad superior), Antonio Cotí, dijo que se les aplicó la ley maya para que lo malo desaparezca del pueblo. Agregó que vigilarán a la comunidad para evitar cualquier escándalo.
A las 15.30 horas liberaron a seis de los castigados, quienes fueron consignados a los tribunales para que aclaren su situación, dijo Leonel Cortez, de la Comisaría 33.
22 July 2006
Confusión sobre el derecho indígena
Por Anders Kompass*
elPeriódico (22 jul 06)
En los últimos meses el tema del derecho indígena, directa o indirectamente, ha figurado con frecuencia en las secciones de opinión de los medios de comunicación. Aunque es indiscutiblemente positivo que exista hoy en el país la apertura para abrir esta discusión en los medios, parece existir confusión, especialmente ante la tendencia de vincular al derecho indígena con diversos tipos de castigo físico como los linchamientos o los azotes.
Pixab’ es un término k’iche’ que engloba muy bien la filosofía que respalda al derecho indígena, ya que significa “llamar la atención, dar consejos, transmitir la experiencia”. El derecho indígena es justamente eso: un sistema jurídico que pone su mayor énfasis en la prevención del crimen, en el fortalecimiento del tejido social comunitario y en la importancia de un comportamiento individual y colectivo que, como en cualquier sistema legal, debe basarse en el respeto a la autoridad, normas y principios. Y aunque el derecho indígena también contempla sanciones, estas se refieren esencialmente a llamadas de atención o, en los casos más graves, trabajo social que retribuya y repare a la comunidad por el perjuicio ocasionado. El derecho indígena no está basado en ningún tipo de violencia sino en la conciliación y la armonía.
Precisamente por esto resultan tan dañinas las opiniones en las que se asocia al derecho indígena con el castigo físico: porque contribuyen a generar un clima de rechazo hacia un sistema que debe ser visto como una oportunidad para continuar con el fortalecimiento del Estado de derecho, descongestionando el centralizado e ineficiente sistema de justicia del Estado y contribuyendo a replantear las bases de las relaciones sociales en las comunidades, al brindar armonía a través de la resolución pacífica y conciliatoria de los conflictos.
Resulta pertinente hacer varios llamados a la reflexión. El primero, a las autoridades indígenas y líderes espirituales, para que alcen la voz y participen activamente de las discusiones sobre el tema, recalcando con fuerza que ni el derecho indígena ni el sistema de justicia estatal pueden apoyar o condonar sanciones que sean violatorias de los derechos humanos. El segundo es un llamado a las comunidades indígenas para que identifiquen sus mejores prácticas, impidan que el derecho indígena sea desvirtuado, y rechacen prácticas violentas que van en contra de sus principios ancestrales.
El tercer llamado, al Estado, es para que apruebe y aplique leyes que vayan en concordancia con los convenios internacionales, como el Convenio 169, y que divulgue todas las ya existentes para mejorar el conocimiento sobre el tema. El cuarto y último llamado es a la población guatemalteca en general, para recordarle que un ser humano, sea ladino, indígena, afro descendiente o mestizo, no puede ni debe ser nunca sujeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese es un principio universal irrebatible.
*Representante de OACNUDH.
elPeriódico (22 jul 06)
En los últimos meses el tema del derecho indígena, directa o indirectamente, ha figurado con frecuencia en las secciones de opinión de los medios de comunicación. Aunque es indiscutiblemente positivo que exista hoy en el país la apertura para abrir esta discusión en los medios, parece existir confusión, especialmente ante la tendencia de vincular al derecho indígena con diversos tipos de castigo físico como los linchamientos o los azotes.
Pixab’ es un término k’iche’ que engloba muy bien la filosofía que respalda al derecho indígena, ya que significa “llamar la atención, dar consejos, transmitir la experiencia”. El derecho indígena es justamente eso: un sistema jurídico que pone su mayor énfasis en la prevención del crimen, en el fortalecimiento del tejido social comunitario y en la importancia de un comportamiento individual y colectivo que, como en cualquier sistema legal, debe basarse en el respeto a la autoridad, normas y principios. Y aunque el derecho indígena también contempla sanciones, estas se refieren esencialmente a llamadas de atención o, en los casos más graves, trabajo social que retribuya y repare a la comunidad por el perjuicio ocasionado. El derecho indígena no está basado en ningún tipo de violencia sino en la conciliación y la armonía.
Precisamente por esto resultan tan dañinas las opiniones en las que se asocia al derecho indígena con el castigo físico: porque contribuyen a generar un clima de rechazo hacia un sistema que debe ser visto como una oportunidad para continuar con el fortalecimiento del Estado de derecho, descongestionando el centralizado e ineficiente sistema de justicia del Estado y contribuyendo a replantear las bases de las relaciones sociales en las comunidades, al brindar armonía a través de la resolución pacífica y conciliatoria de los conflictos.
Resulta pertinente hacer varios llamados a la reflexión. El primero, a las autoridades indígenas y líderes espirituales, para que alcen la voz y participen activamente de las discusiones sobre el tema, recalcando con fuerza que ni el derecho indígena ni el sistema de justicia estatal pueden apoyar o condonar sanciones que sean violatorias de los derechos humanos. El segundo es un llamado a las comunidades indígenas para que identifiquen sus mejores prácticas, impidan que el derecho indígena sea desvirtuado, y rechacen prácticas violentas que van en contra de sus principios ancestrales.
El tercer llamado, al Estado, es para que apruebe y aplique leyes que vayan en concordancia con los convenios internacionales, como el Convenio 169, y que divulgue todas las ya existentes para mejorar el conocimiento sobre el tema. El cuarto y último llamado es a la población guatemalteca en general, para recordarle que un ser humano, sea ladino, indígena, afro descendiente o mestizo, no puede ni debe ser nunca sujeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese es un principio universal irrebatible.
*Representante de OACNUDH.
04 July 2006
Linchan a delincuente
Por Prensa Libre (04 jul 06)
La jornada de violencia que se vivió en el país durante las últimas horas dejó la cauda cinco personas muertas, entre las cuales se encuentra un linchamiento de un presunto delincuente en Jalapa.
La jornada de violencia que se vivió en el país durante las últimas horas dejó la cauda cinco personas muertas, entre las cuales se encuentra un linchamiento de un presunto delincuente en Jalapa.
07 June 2006
Derecho consuetudinario, chicotazos y linchamientos
Por Eduardo Mayora
Siglo XXI (7 jun 06)
Hace unos cuantos días escuché por unos minutos la conversación que sostenían por la radio Estuardo Zapeta y Marta Díaz-Durán sobre la cuestión del derecho consuetudinario indígena y ciertos sucesos o fenómenos, como los linchamientos y la aplicación de penas infamantes. Desgraciadamente no pude escucharlo desde su inicio ni seguirlo hasta el final, pero sí lo suficiente para que motivara estos comentarios.
El concepto de derecho consuetudinario, a decir verdad, nada tiene de nuevo en general, tampoco en Guatemala. Ocurre que desde hace relativamente poco tiempo —no más de unos 20 años, diría yo— en nuestro medio se le ha contrapuesto a lo que se podría llamar el “sistema jurídico de la República”. Se le ha contrapuesto en distintos contextos y por diferentes razones. Algunos, para poner de relieve que, a pesar del transcurso de tres siglos de colonia española y casi otros dos de República independiente, “sigue” vigente el derecho maya. Otros, para señalar un ejemplo próximo a los guatemaltecos de un sistema jurídico que pudiera semejarse más a la common law de los pueblos de habla inglesa, que a nuestra tradición más bien positivista y de derecho legislado.
En ambos casos la circunstancia de que cada vez con más frecuencia se produzcan linchamientos o la aplicación de castigos degradantes (como el de ser azotado en público), genera dudas y temores sobre el derecho consuetudinario indígena. Y qué decir de las quemas de estaciones de policía o de la destrucción de las oficinas de los ayuntamientos y de las residencias mismas de los alcaldes. Nada de esto, replican los amigos del derecho consuetudinario, tiene que ver con ese sistema. Esas son aberraciones consecuencia, más bien, del caótico sistema de justicia estatal, tan lento como impredecible. En mi opinión, ninguna de las dos posiciones sobre el derecho consuetudinario —indígena o de cualquier otro tipo — da en el clavo. Así como la legislación y los precedentes sentados por los tribunales pueden recoger —y con frecuencia recogen— reglas criticables desde diversos puntos de vista, también hay buenas y malas costumbres. Dicho de otra forma, no hay nada que garantice que el derecho consuetudinario sólo perpetuará las “buenas costumbres” o que consagrará soluciones eficientes. Si bien es cierto que la politización de la legislación es un problema bastante más común que la contaminación política de los fallos de los tribunales, también lo es que el derecho consuetudinario es bastante menos flexible y poco permeable a las innovaciones. Por definición preserva lo tradicional y, así como hay tradiciones dignas de conservarse, hay otras que no tanto.
Quizás mi punto fundamental sea que el derecho consuetudinario es, al lado del derecho jurisprudencial y del legislado, una forma más a través de la cual se manifiesta el derecho pero no “es” el derecho. Por lo regular, en los países en que se ha logrado implantar un verdadero Estado de derecho se combinan esas tres formas de producción de reglas jurídicas, jugando un rol fundamental la jurisprudencia de los tribunales. Pienso que nuestro mayor déficit está más bien por este lado.
Siglo XXI (7 jun 06)
Hace unos cuantos días escuché por unos minutos la conversación que sostenían por la radio Estuardo Zapeta y Marta Díaz-Durán sobre la cuestión del derecho consuetudinario indígena y ciertos sucesos o fenómenos, como los linchamientos y la aplicación de penas infamantes. Desgraciadamente no pude escucharlo desde su inicio ni seguirlo hasta el final, pero sí lo suficiente para que motivara estos comentarios.
El concepto de derecho consuetudinario, a decir verdad, nada tiene de nuevo en general, tampoco en Guatemala. Ocurre que desde hace relativamente poco tiempo —no más de unos 20 años, diría yo— en nuestro medio se le ha contrapuesto a lo que se podría llamar el “sistema jurídico de la República”. Se le ha contrapuesto en distintos contextos y por diferentes razones. Algunos, para poner de relieve que, a pesar del transcurso de tres siglos de colonia española y casi otros dos de República independiente, “sigue” vigente el derecho maya. Otros, para señalar un ejemplo próximo a los guatemaltecos de un sistema jurídico que pudiera semejarse más a la common law de los pueblos de habla inglesa, que a nuestra tradición más bien positivista y de derecho legislado.
En ambos casos la circunstancia de que cada vez con más frecuencia se produzcan linchamientos o la aplicación de castigos degradantes (como el de ser azotado en público), genera dudas y temores sobre el derecho consuetudinario indígena. Y qué decir de las quemas de estaciones de policía o de la destrucción de las oficinas de los ayuntamientos y de las residencias mismas de los alcaldes. Nada de esto, replican los amigos del derecho consuetudinario, tiene que ver con ese sistema. Esas son aberraciones consecuencia, más bien, del caótico sistema de justicia estatal, tan lento como impredecible. En mi opinión, ninguna de las dos posiciones sobre el derecho consuetudinario —indígena o de cualquier otro tipo — da en el clavo. Así como la legislación y los precedentes sentados por los tribunales pueden recoger —y con frecuencia recogen— reglas criticables desde diversos puntos de vista, también hay buenas y malas costumbres. Dicho de otra forma, no hay nada que garantice que el derecho consuetudinario sólo perpetuará las “buenas costumbres” o que consagrará soluciones eficientes. Si bien es cierto que la politización de la legislación es un problema bastante más común que la contaminación política de los fallos de los tribunales, también lo es que el derecho consuetudinario es bastante menos flexible y poco permeable a las innovaciones. Por definición preserva lo tradicional y, así como hay tradiciones dignas de conservarse, hay otras que no tanto.
Quizás mi punto fundamental sea que el derecho consuetudinario es, al lado del derecho jurisprudencial y del legislado, una forma más a través de la cual se manifiesta el derecho pero no “es” el derecho. Por lo regular, en los países en que se ha logrado implantar un verdadero Estado de derecho se combinan esas tres formas de producción de reglas jurídicas, jugando un rol fundamental la jurisprudencia de los tribunales. Pienso que nuestro mayor déficit está más bien por este lado.
29 May 2006
Causas de los linchamientos en Guatemala
El miércoles 3 de mayo del 2006 se presentó en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA, San Salvador) el trabajo de investigación de Carlos Mendoza, titulado: Causas de los linchamientos en Guatemala: ¿Barbarie o Justicia Popular?
Para ver presentación en MS-PowerPoint ir a la siguiente dirección de Internet:
AQUI
Dicha presentación se benefició de los comentarios dados por Elin Ranum, investigadora del IUDOP, quien trabaja el tema de las maras en Guatemala.
Para leer sus comentarios, ver el siguiente post.
Para ver presentación en MS-PowerPoint ir a la siguiente dirección de Internet:
AQUI
Dicha presentación se benefició de los comentarios dados por Elin Ranum, investigadora del IUDOP, quien trabaja el tema de las maras en Guatemala.
Para leer sus comentarios, ver el siguiente post.
Comentarios a la presentación
Por Elin Cecilie Ranum
Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP)
Comentarios a la presentación "Linchamientos: ¿Barbarie o Justicia Popular?" de Carlos A. Mendoza
Primero quisiera agradecerle a Carlos por su excelente presentación, que nos ayuda a mejor entender un fenómeno tan complejo y atemorizador que es el fenómeno de los linchamientos, y también agradecerle por invitarme a comentar su trabajo.
Con esta presentación, Carlos ha atraído nuestra atención hacia lo que quizás es el ejemplo más brutal y cruel de los problemas que enfrentar varios países latinoamericanos, muchos de ellos se encuentran en una transición de regímenes autoritarios a la democracia, y de la guerra a la paz tal como es el caso de Guatemala y El Salvador. En estos países la violencia del pasado ha sido remplazada por otro tipo de violencia que ha llegado a niveles tan extremos que ya es la mayor preocupación de los ciudadanos en estos países, y también ha llegado a tener expresiones muy extremas. La violencia se ha convertido en algo que se podría llamar una “hoguera de historia colectiva” para retomar las palabras de Eduardo Galeano. La seguridad pública, según el mismo autor, se ha convertido en una “obsesión pública”, lo cual facilita ciertas acciones y actitudes entre los ciudadanos tal como lo que hemos visto en esta presentación. Los linchamientos son un escenario de temor de la sociedad de posguerra, es el escenario de las masas que se juntan para castigar a un supuesto delincuente o amenaza a la seguridad e integridad de la comunidad, personas que en muchas ocasiones han sido inocentes... Creo al escuchar historias de violencia colectiva y de las masas que se juntan y matan a otras personas, todos nos hemos preguntado: ¿qué es lo que hace que la gente llega a estos extremos? Son historias que nos asustan. Nos asustan precisamente porque no las entendemos, no sabemos lo que hay atrás de estas historias de barbarie y de horror que con cierta frecuencia llaman nuestra atención al hojear los periódicos. Al escuchar de estos historias, quizás algunos piensan que la gente ya está harta de tanta violencia, la gente está frustrada... a lo mejor estos pensamientos no son tan equivocados, pero no explican lo que hay atrás de este fenómeno... Por esa razón, la exposición de Carlos es de mucha importancia y creo que nos ha dado a todos un mejor entendimiento de algunos factores que pueden explicar porque se llega a haber acciones tan extremas como son los linchamientos.
Carlos ha enfatizado la importancia de revisar las explicaciones anteriores y probar la importancia de otros factores para encontrar nuevas respuestas y explicaciones a los fenómenos que nos preocupa a todos. Hemos visto que si bien el legado de la guerra y las violaciones de los derechos humanos que se dio en Guatemala durante la guerra civil tiene cierta influencia en el fenómeno de linchamientos, hay otros factores que parecen ser más importantes. El legado de la guerra posiblemente hace la violencia más cruel, pero no explica su surgimiento. Se ha cuestionado la hipótesis tradicional en Guatemala, manejada principalmente por MINUGUA, agregando nuevas variables y se ha subrayado dos factores importantes: La falta de un estado de derecho y la poca presencia del estado en muchas zonas del país; e importantes características de la cultura indígena que ayudan a explicar ciertas formas de acción colectiva, que en este caso se expresa como violencia colectiva. Es una cultura con alta capacidad de organización, y donde la acción colectiva ha sido un mecanismo de supervivencia, es una cultura cuyo capital social en términos de solidaridad, sentimiento de comunidad, colectividad, organización y acción parece ser fuerte, y hemos visto como el capital social puede llegar a tener expresiones negativas...
Con base en una investigación científica donde se aplica una metodología que a mi juicio es muy valiosa a parte de ser novedosa en este tema y nuestros países. Esta metodología permite hacer un análisis cuantitativo para establecer la importancia de los diferentes variables sin perder o ignorar datos, este estudio ha sido muy enriquecedor en términos de ampliar la hipótesis tradicional sobre este fenómeno en Guatemala, agregando nuevos factores cuya importancia resulta ser mayor que los factores subrayados en estudios pasados. Esto no solamente genera un mejor entendimiento sobre el fenómeno, sino que también facilita la tarea de elaborar propuestas de políticas para prevenir estos casos.
La inseguridad y altos niveles de violencia parecen ser factores subyacentes, sin embargo no se queda de todo claro cual es el origen de la inseguridad, ni que tan afectadas por la violencia son las comunidades donde se han dado casos de linchamientos. Creo que sería interesante ver el sentimiento de inseguridad y su origen versus los de facto niveles de violencia, así como su importancia como variables. Otro punto que ojalá pueda desarrollarse un poco más en un futuro estudio son más detalles sobre los casos donde se repiten los linchamientos, cuales son los variables con mayor peso, si los linchamientos ayuden a reducir los niveles de seguridad, si las personas son más propensas a participar en linchamientos cuando ya se han dado una vez, y el impacto de difusión de los linchamientos. De igual manera hubiera sido interesante conocer más estudios de caso para enriquecer los resultados de la investigación cuantitativa, sobre todo buscando respuestas de qué tanto son los linchamientos respuestas espontáneas o qué tanto son ya acciones más planificadas y organizadas.
Este fenómeno de los linchamientos puede parecer ser ajeno a la realidad salvadoreña. Aquí tenemos violencia, pero linchamientos no tantos... No obstante, aunque el fenómeno de linchamiento no se haya manifestado en la misma manera en El Salvador, vale la punta retomar un punto importante de esta presentación: Que los ciudadanos toman la justicia por sus propias manos. La diferencia es que eso se da en una forma más discreta e invisible que en Guatemala. Y esto es una práctica muy respaldada por los salvadoreños.; la mitad de la población acepta estas acciones, y está a favor de organizar grupos vecinales armados para defenderse.
Un punto del trabajo de Carlos Mendoza que me llamó mucho la atención es la separación de la sociedad entre “ellos” y “nosotros”, o los “malos” y los “buenos”. Esto genera que la gente muchas veces piense que tienen el derecho de juzgar sobre otras personas, lo cual puede llegar a un nivel donde los “buenos” se sienten con el derecho de decidir que tipos de derechos merecen tener los “malos”, llegando al extremo de tener el derecho de quitarles la vida a los “malos”. Esta separación también puede ser usada para generar apoyo a políticas extremas o represivas de control o de seguridad, donde se acepta que se violan los derechos de los “malos” precisamente porque esto da una sensación en los “buenos” de que su seguridad incrementa.
Esto a su vez refuerza la actitud que mencioné hace poco. El hecho tomar la justicia en sus propias manos. Lo que se ve en El Salvador, no son las masas que participan en una turba o en un linchamiento, sino que se da en una forma más discreta y silenciosa donde alguien manda a matar a alguien etc. Quizás el caso más extremo aquí es el caso de las pandillas, donde los pandilleros han dejado de ser “personas” por el hecho de que se ha generado una percepción colectiva de que los pandilleros son los “malos” de la sociedad y son una amenaza a la seguridad de los demás, los “buenos”. Esto ha llevado a una situación de algo que se podría llamar “desconexión moral” donde la gente desconecta el moral y las normas cuando no sea conveniente aplicarlos. Esto se ve cuando la gente aplauda cada vez que se muere un pandillero. La gente lo aplauda, lo aprueba, y no lo denuncia. En esta manera, la gente se convierte en cómplices de los asesinatos, en cómplices del hecho de que alguien le quita la vida a alguien. No son participes en la forma que se da en el caso de los linchamientos, donde la muerte ocurre como resultado de una acción colectiva. Pero son participes en una muerte que ocurre como resultado de una aceptación colectiva de que los “malos” de la sociedad no tienen el mismo derecho a la vida como los “buenos”.
Como en Guatemala, la falta de un estado de derecho, la poca presencia del estado, la falta de acceso al sistema de justicia y la incapacidad del estado de garantizar seguridad a los ciudadanos en El Salvador son factores que ayudan a generar estos valores. La incapacidad del estado de brindar seguridad impide la construcción de una cultura política democrática, ya que refuerza actitudes autoritarias, reduce la confianza en el sistema judicial y otras instituciones del estado, reduce el apoyo a la democracia, y el respeto a los derechos individuales de los demás. Estas son valores que se ven en los salvadoreños, y que aunque no se expresen en la misma forma extrema y no generen el mismo escenario de terror como los linchamientos, son valores que ponen en peligro la gobernabilidad, dificultan el proceso de democratización del país, e impiden la construcción de la paz ciudadana.
Una lección muy importante que vale la pena retomar de esta presentación es precisamente la necesidad de fortalecer el estado, su presencia y trabajar para construir un estado de derecho, ya que esto parece ser un factor determinante por lo cual la gente llegue al extremo de decidir quien tiene el derecho de vivir o no, expresada en una forma de acción colectiva como los linchamientos, o por medio de una aceptación colectiva que se ve aquí en El Salvador también.
Para terminar, quiero felicitarle otra vez a Carlos por este trabajo. Creo que es un aporte muy importante, ya que señala graves debilidades de los países y ayuda a ilustrar algunos problemas que muchos países, no sólo Guatemala y El Salvador, tienen que enfrentar en la transición de la guerra a la paz y de regímenes autoritarios a la democracia. Muchas gracias.
Miércoles 3 de mayo del 2006.
Universidad Centroamericana (UCA) “José Simeón Cañas”
San Salvador, El Salvador.
Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP)
Comentarios a la presentación "Linchamientos: ¿Barbarie o Justicia Popular?" de Carlos A. Mendoza
Primero quisiera agradecerle a Carlos por su excelente presentación, que nos ayuda a mejor entender un fenómeno tan complejo y atemorizador que es el fenómeno de los linchamientos, y también agradecerle por invitarme a comentar su trabajo.
Con esta presentación, Carlos ha atraído nuestra atención hacia lo que quizás es el ejemplo más brutal y cruel de los problemas que enfrentar varios países latinoamericanos, muchos de ellos se encuentran en una transición de regímenes autoritarios a la democracia, y de la guerra a la paz tal como es el caso de Guatemala y El Salvador. En estos países la violencia del pasado ha sido remplazada por otro tipo de violencia que ha llegado a niveles tan extremos que ya es la mayor preocupación de los ciudadanos en estos países, y también ha llegado a tener expresiones muy extremas. La violencia se ha convertido en algo que se podría llamar una “hoguera de historia colectiva” para retomar las palabras de Eduardo Galeano. La seguridad pública, según el mismo autor, se ha convertido en una “obsesión pública”, lo cual facilita ciertas acciones y actitudes entre los ciudadanos tal como lo que hemos visto en esta presentación. Los linchamientos son un escenario de temor de la sociedad de posguerra, es el escenario de las masas que se juntan para castigar a un supuesto delincuente o amenaza a la seguridad e integridad de la comunidad, personas que en muchas ocasiones han sido inocentes... Creo al escuchar historias de violencia colectiva y de las masas que se juntan y matan a otras personas, todos nos hemos preguntado: ¿qué es lo que hace que la gente llega a estos extremos? Son historias que nos asustan. Nos asustan precisamente porque no las entendemos, no sabemos lo que hay atrás de estas historias de barbarie y de horror que con cierta frecuencia llaman nuestra atención al hojear los periódicos. Al escuchar de estos historias, quizás algunos piensan que la gente ya está harta de tanta violencia, la gente está frustrada... a lo mejor estos pensamientos no son tan equivocados, pero no explican lo que hay atrás de este fenómeno... Por esa razón, la exposición de Carlos es de mucha importancia y creo que nos ha dado a todos un mejor entendimiento de algunos factores que pueden explicar porque se llega a haber acciones tan extremas como son los linchamientos.
Carlos ha enfatizado la importancia de revisar las explicaciones anteriores y probar la importancia de otros factores para encontrar nuevas respuestas y explicaciones a los fenómenos que nos preocupa a todos. Hemos visto que si bien el legado de la guerra y las violaciones de los derechos humanos que se dio en Guatemala durante la guerra civil tiene cierta influencia en el fenómeno de linchamientos, hay otros factores que parecen ser más importantes. El legado de la guerra posiblemente hace la violencia más cruel, pero no explica su surgimiento. Se ha cuestionado la hipótesis tradicional en Guatemala, manejada principalmente por MINUGUA, agregando nuevas variables y se ha subrayado dos factores importantes: La falta de un estado de derecho y la poca presencia del estado en muchas zonas del país; e importantes características de la cultura indígena que ayudan a explicar ciertas formas de acción colectiva, que en este caso se expresa como violencia colectiva. Es una cultura con alta capacidad de organización, y donde la acción colectiva ha sido un mecanismo de supervivencia, es una cultura cuyo capital social en términos de solidaridad, sentimiento de comunidad, colectividad, organización y acción parece ser fuerte, y hemos visto como el capital social puede llegar a tener expresiones negativas...
Con base en una investigación científica donde se aplica una metodología que a mi juicio es muy valiosa a parte de ser novedosa en este tema y nuestros países. Esta metodología permite hacer un análisis cuantitativo para establecer la importancia de los diferentes variables sin perder o ignorar datos, este estudio ha sido muy enriquecedor en términos de ampliar la hipótesis tradicional sobre este fenómeno en Guatemala, agregando nuevos factores cuya importancia resulta ser mayor que los factores subrayados en estudios pasados. Esto no solamente genera un mejor entendimiento sobre el fenómeno, sino que también facilita la tarea de elaborar propuestas de políticas para prevenir estos casos.
La inseguridad y altos niveles de violencia parecen ser factores subyacentes, sin embargo no se queda de todo claro cual es el origen de la inseguridad, ni que tan afectadas por la violencia son las comunidades donde se han dado casos de linchamientos. Creo que sería interesante ver el sentimiento de inseguridad y su origen versus los de facto niveles de violencia, así como su importancia como variables. Otro punto que ojalá pueda desarrollarse un poco más en un futuro estudio son más detalles sobre los casos donde se repiten los linchamientos, cuales son los variables con mayor peso, si los linchamientos ayuden a reducir los niveles de seguridad, si las personas son más propensas a participar en linchamientos cuando ya se han dado una vez, y el impacto de difusión de los linchamientos. De igual manera hubiera sido interesante conocer más estudios de caso para enriquecer los resultados de la investigación cuantitativa, sobre todo buscando respuestas de qué tanto son los linchamientos respuestas espontáneas o qué tanto son ya acciones más planificadas y organizadas.
Este fenómeno de los linchamientos puede parecer ser ajeno a la realidad salvadoreña. Aquí tenemos violencia, pero linchamientos no tantos... No obstante, aunque el fenómeno de linchamiento no se haya manifestado en la misma manera en El Salvador, vale la punta retomar un punto importante de esta presentación: Que los ciudadanos toman la justicia por sus propias manos. La diferencia es que eso se da en una forma más discreta e invisible que en Guatemala. Y esto es una práctica muy respaldada por los salvadoreños.; la mitad de la población acepta estas acciones, y está a favor de organizar grupos vecinales armados para defenderse.
Un punto del trabajo de Carlos Mendoza que me llamó mucho la atención es la separación de la sociedad entre “ellos” y “nosotros”, o los “malos” y los “buenos”. Esto genera que la gente muchas veces piense que tienen el derecho de juzgar sobre otras personas, lo cual puede llegar a un nivel donde los “buenos” se sienten con el derecho de decidir que tipos de derechos merecen tener los “malos”, llegando al extremo de tener el derecho de quitarles la vida a los “malos”. Esta separación también puede ser usada para generar apoyo a políticas extremas o represivas de control o de seguridad, donde se acepta que se violan los derechos de los “malos” precisamente porque esto da una sensación en los “buenos” de que su seguridad incrementa.
Esto a su vez refuerza la actitud que mencioné hace poco. El hecho tomar la justicia en sus propias manos. Lo que se ve en El Salvador, no son las masas que participan en una turba o en un linchamiento, sino que se da en una forma más discreta y silenciosa donde alguien manda a matar a alguien etc. Quizás el caso más extremo aquí es el caso de las pandillas, donde los pandilleros han dejado de ser “personas” por el hecho de que se ha generado una percepción colectiva de que los pandilleros son los “malos” de la sociedad y son una amenaza a la seguridad de los demás, los “buenos”. Esto ha llevado a una situación de algo que se podría llamar “desconexión moral” donde la gente desconecta el moral y las normas cuando no sea conveniente aplicarlos. Esto se ve cuando la gente aplauda cada vez que se muere un pandillero. La gente lo aplauda, lo aprueba, y no lo denuncia. En esta manera, la gente se convierte en cómplices de los asesinatos, en cómplices del hecho de que alguien le quita la vida a alguien. No son participes en la forma que se da en el caso de los linchamientos, donde la muerte ocurre como resultado de una acción colectiva. Pero son participes en una muerte que ocurre como resultado de una aceptación colectiva de que los “malos” de la sociedad no tienen el mismo derecho a la vida como los “buenos”.
Como en Guatemala, la falta de un estado de derecho, la poca presencia del estado, la falta de acceso al sistema de justicia y la incapacidad del estado de garantizar seguridad a los ciudadanos en El Salvador son factores que ayudan a generar estos valores. La incapacidad del estado de brindar seguridad impide la construcción de una cultura política democrática, ya que refuerza actitudes autoritarias, reduce la confianza en el sistema judicial y otras instituciones del estado, reduce el apoyo a la democracia, y el respeto a los derechos individuales de los demás. Estas son valores que se ven en los salvadoreños, y que aunque no se expresen en la misma forma extrema y no generen el mismo escenario de terror como los linchamientos, son valores que ponen en peligro la gobernabilidad, dificultan el proceso de democratización del país, e impiden la construcción de la paz ciudadana.
Una lección muy importante que vale la pena retomar de esta presentación es precisamente la necesidad de fortalecer el estado, su presencia y trabajar para construir un estado de derecho, ya que esto parece ser un factor determinante por lo cual la gente llegue al extremo de decidir quien tiene el derecho de vivir o no, expresada en una forma de acción colectiva como los linchamientos, o por medio de una aceptación colectiva que se ve aquí en El Salvador también.
Para terminar, quiero felicitarle otra vez a Carlos por este trabajo. Creo que es un aporte muy importante, ya que señala graves debilidades de los países y ayuda a ilustrar algunos problemas que muchos países, no sólo Guatemala y El Salvador, tienen que enfrentar en la transición de la guerra a la paz y de regímenes autoritarios a la democracia. Muchas gracias.
Miércoles 3 de mayo del 2006.
Universidad Centroamericana (UCA) “José Simeón Cañas”
San Salvador, El Salvador.
Linchamientos y otros tipos de violencia: panel-foro
En el IV Seminario Interuniversitario “Economía para la Política”, organizado conjuntamente por el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas (CADEP) y diez universidades participantes (llevado a cabo del 21 al 23 de marzo del 2006 en la ciudad de Guatemala), se realizó el panel-foro titulado: Políticas Públicas, ¿causa o disuasivo de la violencia y el terrorismo?
Para ver el video ir a la siguiente dirección de Internet:
http://www.newmedia.ufm.edu.gt/pagina.asp?nom=cadeppoliticaspublicasterrorismo
Para ver el video ir a la siguiente dirección de Internet:
http://www.newmedia.ufm.edu.gt/pagina.asp?nom=cadeppoliticaspublicasterrorismo
19 May 2006
Linchamientos y feminicidio
Por Margarita Carrera
Prensa Libre (19 may 06)
Lo más infame de los linchamientos es que aquellos pueblos que fueron víctimas de la guerra sucia se están convirtiendo en victimarios que creen tener el derecho de señalar, juzgar, torturar y quemar vivos a los sospechosos de cometer algún delito.
En el último linchamiento participaron casi mil personas del caserío La Vega, aldea Chiquej, Santa Apolonia, Chimaltenango.
Ahí se linchó a tres hombres acusados de ser asaltabuses. Una de las víctimas fue el agente de Policía Nacional Civil Nery Antonio Contreras, quien “estaba de descanso y salió a divertirse con dos amigos que seguro fueron confundidos”.
Días antes se había linchado a un hombre y a una mujer en Sumpango porque se creyó que eran robaniños. Me parecía que, en anteriores linchamientos, no participaban mujeres, sólo varones.
Pero este último en Sumpango, trajo abajo mi suposición.
Mujeres, acompañadas de niños, daban garrotazos a los sospechosos. Lo peor fueron los aplausos y la alegría al ver cómo morían el hombre y la mujer después de rociarlos con gasolina.
¿Hasta dónde llega el crimen y la barbarie en Guatemala? El Estado de Guatemala deberá ahora informar al Comité Contra la Tortura de la ONU la razón por la que ocurren los linchamientos; asimismo, las medidas que se adoptan que, como es fácil comprobar, hasta ahora han sido escasas y en extremo débiles.
¿Somos un “paraíso para asesinos” como nos acusa la cadena de televisión BBC? Amarga pregunta que tiene una inmediata respuesta: sí, somos un país para asesinos. ¿Y dónde están las autoridades para impedir que éstos sigan matando a diario?
Porque parece que no hay autoridades responsables, tampoco asesinos, sólo asesinados y asesinadas. Muchas veces no se logra identificar a las mujeres a quienes se ha violado y dado muerte con saña.
En un vídeo que dura 58 minutos, la BBC graba a Francisca López cuando, al ir a recoger el cuerpo de su hija de 13 años, recibe las ropas ensangrentadas que vestía (una prueba que debería guardar la Policía).
¿Pero para qué si aquí nada se investiga y nadie es culpable? Sobre las violaciones, el documental resalta que en Guatemala un violador puede evadir la cárcel si se casa con la víctima. ¡Y esta ley sigue vigente!
Y aún más vergüenza para Guatemala: en la última parte del documental, la periodista Portenier logra hablar con el presidente Óscar Berger cuando salía de un acto donde condecoró a Efraín Recinos.
Al decirle que este año Guatemala podría cerrar con más de 600 mujeres asesinadas, Berger le responde que es muy pesimista y que debiera ser más optimista. ¡Eso se llama ser un buen gobernante! Sólo le faltó decir que con el programa Guateámala todo se arreglará y tendrá un final feliz.
Prensa Libre (19 may 06)
Lo más infame de los linchamientos es que aquellos pueblos que fueron víctimas de la guerra sucia se están convirtiendo en victimarios que creen tener el derecho de señalar, juzgar, torturar y quemar vivos a los sospechosos de cometer algún delito.
En el último linchamiento participaron casi mil personas del caserío La Vega, aldea Chiquej, Santa Apolonia, Chimaltenango.
Ahí se linchó a tres hombres acusados de ser asaltabuses. Una de las víctimas fue el agente de Policía Nacional Civil Nery Antonio Contreras, quien “estaba de descanso y salió a divertirse con dos amigos que seguro fueron confundidos”.
Días antes se había linchado a un hombre y a una mujer en Sumpango porque se creyó que eran robaniños. Me parecía que, en anteriores linchamientos, no participaban mujeres, sólo varones.
Pero este último en Sumpango, trajo abajo mi suposición.
Mujeres, acompañadas de niños, daban garrotazos a los sospechosos. Lo peor fueron los aplausos y la alegría al ver cómo morían el hombre y la mujer después de rociarlos con gasolina.
¿Hasta dónde llega el crimen y la barbarie en Guatemala? El Estado de Guatemala deberá ahora informar al Comité Contra la Tortura de la ONU la razón por la que ocurren los linchamientos; asimismo, las medidas que se adoptan que, como es fácil comprobar, hasta ahora han sido escasas y en extremo débiles.
¿Somos un “paraíso para asesinos” como nos acusa la cadena de televisión BBC? Amarga pregunta que tiene una inmediata respuesta: sí, somos un país para asesinos. ¿Y dónde están las autoridades para impedir que éstos sigan matando a diario?
Porque parece que no hay autoridades responsables, tampoco asesinos, sólo asesinados y asesinadas. Muchas veces no se logra identificar a las mujeres a quienes se ha violado y dado muerte con saña.
En un vídeo que dura 58 minutos, la BBC graba a Francisca López cuando, al ir a recoger el cuerpo de su hija de 13 años, recibe las ropas ensangrentadas que vestía (una prueba que debería guardar la Policía).
¿Pero para qué si aquí nada se investiga y nadie es culpable? Sobre las violaciones, el documental resalta que en Guatemala un violador puede evadir la cárcel si se casa con la víctima. ¡Y esta ley sigue vigente!
Y aún más vergüenza para Guatemala: en la última parte del documental, la periodista Portenier logra hablar con el presidente Óscar Berger cuando salía de un acto donde condecoró a Efraín Recinos.
Al decirle que este año Guatemala podría cerrar con más de 600 mujeres asesinadas, Berger le responde que es muy pesimista y que debiera ser más optimista. ¡Eso se llama ser un buen gobernante! Sólo le faltó decir que con el programa Guateámala todo se arreglará y tendrá un final feliz.
10 May 2006
Acto de barbarie
Por Haroldo Shetemul
Prensa Libre (10 may 06)
¿QUÉ SUCEDE CUANDO los pacíficos habitantes de una población rural se transforman en los verdugos de quienes consideran delincuentes y sin mediar juicio alguno los golpean hasta la muerte? ¿Cómo se le puede lanzar gasolina y un fósforo a un ser humano para que arda, mientras la multitud fascinada mira cómo se va el hálito de vida? En la mente de los niños que han presenciado este espeluznante espectáculo quedarán grabadas esas imágenes que muestran la falta de valor de la vida, en un país acostumbrado a resolverlo todo a balazos, golpes y fuego.
LA PROCURADURÍA de los Derechos Humanos reportó que de enero de 2005 a la fecha han ocurrido 57 linchamientos. En el más reciente, ocurrido en la aldea Chiquex, Santa Apolonia, Chimaltenango, tres infelices acusados de haber asaltado un autobús fueron victimados por la multitud, pero llama la atención la impotencia de las autoridades. Sólo cuatro agentes policiales intentaron detener a la plebe, mientras que el auxiliar del procurador, el fiscal del Ministerio Público (MP) y el juez se habían ido por temor a ser también asesinados. El director de la PNC reconoce la imposibilidad de que sus fuerzas impusieran el orden, ya que el grupo disuasor de protestas estaba en San Marcos en un desalojo.
ES LA PLENA CERTEZA de la debilidad del Estado, es la ausencia de autoridad. Y frente a la indefensión ciudadana, la respuesta de las masas es la aplicación de la supuesta justicia popular. ¿Pero será realmente justicia lo que llevan a cabo esas hordas? La antigua Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) publicó un informe sobre los linchamientos en diciembre del 2000, en el que señalaba que esa práctica socava la vigencia de los derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y al debido proceso legal. Aseguraba que los linchamientos ponen en entredicho el monopolio del Estado en el uso legítimo de la fuerza.
SEGÚN LA MINUGUA, la mayoría de linchamientos se habían producido en Quiché, Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Petén, Chimaltenango y Quetzaltenango. Afirmaba que en la mayoría de esos departamentos el conflicto armado tuvo mayor impacto y las estructuras contrainsurgentes estaban más implatadas. Además, esos lugares tienen los índices de desarrollo humano y de exclusión social más desfavorables. Señalaba que comprobó que la mayoría de linchamientos eran instigados por personas que pertenecieron a estructuras de control político y social en el conflicto, como los ex patrulleros civiles y los comisionados militares.
LO ANTERIOR SIGNIFICA que estamos ante un fenómeno social con dos vertientes: el conflicto armado dejó su marca en función de resolver los conflictos por la vía de la fuerza y la muerte, y los agentes que ejercían el poder fáctico aún pueden controlar a las multitudes en acciones violentas. Asimismo, la presunta justicia popular es un acto criminal, en el que se cometen actos tipificados en el Código Penal, como el delito de muchedumbre, asesinato, lesiones, detención ilegal, allanamiento, amenazas, daños contra bienes materiales, sedición, incitación pública, atentado, resistencia y desorden público.
NO SERÁ TAREA fácil modificar esas estructuras informales de poder incrustadas en la población. Sin embargo, mientras el Estado más se tarde en hacer presencia real y de impulsar una campaña de concienciación, la situación puede volverse más incontrolable. La Minugua señalaba la ausencia de una política estatal contra el crimen, que incluía la prevención y la intervención en situaciones de crisis, como un factor de la debilidad estatal. Además, llamaba la atención de que la PNC y el MP no efectuaban investigaciones para castigar a los responsables de los linchamientos, pero también los juzgados los dejaban libres debido a la presión de los vecinos. Por eso, insisto, en tanto el Estado continúe ausente o debilitado, será muy difícil poner fin a esa práctica salvaje.
Prensa Libre (10 may 06)
¿QUÉ SUCEDE CUANDO los pacíficos habitantes de una población rural se transforman en los verdugos de quienes consideran delincuentes y sin mediar juicio alguno los golpean hasta la muerte? ¿Cómo se le puede lanzar gasolina y un fósforo a un ser humano para que arda, mientras la multitud fascinada mira cómo se va el hálito de vida? En la mente de los niños que han presenciado este espeluznante espectáculo quedarán grabadas esas imágenes que muestran la falta de valor de la vida, en un país acostumbrado a resolverlo todo a balazos, golpes y fuego.
LA PROCURADURÍA de los Derechos Humanos reportó que de enero de 2005 a la fecha han ocurrido 57 linchamientos. En el más reciente, ocurrido en la aldea Chiquex, Santa Apolonia, Chimaltenango, tres infelices acusados de haber asaltado un autobús fueron victimados por la multitud, pero llama la atención la impotencia de las autoridades. Sólo cuatro agentes policiales intentaron detener a la plebe, mientras que el auxiliar del procurador, el fiscal del Ministerio Público (MP) y el juez se habían ido por temor a ser también asesinados. El director de la PNC reconoce la imposibilidad de que sus fuerzas impusieran el orden, ya que el grupo disuasor de protestas estaba en San Marcos en un desalojo.
ES LA PLENA CERTEZA de la debilidad del Estado, es la ausencia de autoridad. Y frente a la indefensión ciudadana, la respuesta de las masas es la aplicación de la supuesta justicia popular. ¿Pero será realmente justicia lo que llevan a cabo esas hordas? La antigua Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) publicó un informe sobre los linchamientos en diciembre del 2000, en el que señalaba que esa práctica socava la vigencia de los derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y al debido proceso legal. Aseguraba que los linchamientos ponen en entredicho el monopolio del Estado en el uso legítimo de la fuerza.
SEGÚN LA MINUGUA, la mayoría de linchamientos se habían producido en Quiché, Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Petén, Chimaltenango y Quetzaltenango. Afirmaba que en la mayoría de esos departamentos el conflicto armado tuvo mayor impacto y las estructuras contrainsurgentes estaban más implatadas. Además, esos lugares tienen los índices de desarrollo humano y de exclusión social más desfavorables. Señalaba que comprobó que la mayoría de linchamientos eran instigados por personas que pertenecieron a estructuras de control político y social en el conflicto, como los ex patrulleros civiles y los comisionados militares.
LO ANTERIOR SIGNIFICA que estamos ante un fenómeno social con dos vertientes: el conflicto armado dejó su marca en función de resolver los conflictos por la vía de la fuerza y la muerte, y los agentes que ejercían el poder fáctico aún pueden controlar a las multitudes en acciones violentas. Asimismo, la presunta justicia popular es un acto criminal, en el que se cometen actos tipificados en el Código Penal, como el delito de muchedumbre, asesinato, lesiones, detención ilegal, allanamiento, amenazas, daños contra bienes materiales, sedición, incitación pública, atentado, resistencia y desorden público.
NO SERÁ TAREA fácil modificar esas estructuras informales de poder incrustadas en la población. Sin embargo, mientras el Estado más se tarde en hacer presencia real y de impulsar una campaña de concienciación, la situación puede volverse más incontrolable. La Minugua señalaba la ausencia de una política estatal contra el crimen, que incluía la prevención y la intervención en situaciones de crisis, como un factor de la debilidad estatal. Además, llamaba la atención de que la PNC y el MP no efectuaban investigaciones para castigar a los responsables de los linchamientos, pero también los juzgados los dejaban libres debido a la presión de los vecinos. Por eso, insisto, en tanto el Estado continúe ausente o debilitado, será muy difícil poner fin a esa práctica salvaje.
Subscribe to:
Posts (Atom)