Por Claudia Acuña
elPeriódico (23 ago 06)
El juez de paz de Coatán, Huehuetenango, José Estuardo Talavera Alfaro, permaneció retenido el lunes, junto a la secretaria del despacho y a un oficial, por el alcalde de San Miguel Acatán y un grupo de pobladores particulares que prestan seguridad a la población.
La presidenta del Organismo Judicial, Beatriz de León, informó que el funcionario judicial realizaba una exhibición personal en el lugar, cuando fue obligado a permanecer por seis horas en esa comuna.
Explicó que el juzgador llegó a constatar una denuncia formulada por el familiar de dos personas que fueron aprehendidas por los pobladores el domingo cuando presuntamente se encontraban haciendo escándalo en estado de ebriedad. “El alcalde detuvo a dos personas de forma ilegal, mismas que solo la Policía las puede efectuar”.
El alcalde de San Miguel Acatán, Pascual Tomás, informó que los miembros del consejo de seguridad local patrullaban las calles el domingo cuando encontraron a dos jóvenes ebrios. “Los muchachos le pegaron a un policía municipal y se negaron a irse a su casa”.
Aseguró que el patrón de los detenidos, Tomás Miguel, los amenazó de muerte porque indicó que no estaba de acuerdo con su labor. “Dijo que formará sus maras para eliminarlos. Después, cuando el juez vino, solo le pedimos que esperara a ver cómo se arreglaba la situación de los muchachos”.
El jefe edil comentó que los pobladores decidieron organizarse para proteger la comunidad. Existen consejos de seguridad local en las 74 aldeas de San Miguel Acatán. “Desde que ellos vigilan todo está tranquilo, no ha habido muertes”.
La vocera de la Policía Nacional Civil, Olimpia Pineda, informó que “los muchachos fueron liberados el lunes a las 23:00 horas junto con el juez, la secretaria y el oficial.
En el lugar hay una subestación policíaca, aunque no hay personal porque fue quemada en 2005, por lo que el funcionario debió ser asistido por personal de Huehuetenango.
Anomalías en San Miguel
08/08/2003: Toman de rehén a un menor
11/10/2004: Intento de linchamiento
13/12/2004: Intento de linchamiento
26/10/2005: La población destruye la estación policial
21/08/2006: Retienen al juez de Coatán
19 August 2006
¿Justicia maya?
Por Sam Colop
Prensa Libre (19 ago 06)
Ciertamente son repudiables las penas y sanciones que en los últimos días se vienen imponiendo en aldeas de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y otros lugares.
La prensa ha reportado al menos tres casos donde a los acusados y “sentenciados” de vender infantes se les ha obligado a hincarse sobre piedrín. A los varones se les ha puesto una carga de dos arrobas. A las mujeres se les ha cortado la cabellera.
Algunos medios reportan esto como parte del llamado derecho consuetudinario; otros, como ley indígena, ley comunal o juicio maya. En estos casos de barbarie, los supuestos defensores de los derechos indígenas como la misma Procuraduría de los Derechos Humanos han callado.
He sido una de las personas que ha hablado sobre el derecho maya y, a finales del mes pasado, comenté el “Proyecto de operatividad e implementación del sistema jurídico indígena”, que está siendo impulsado por la Corte Suprema de Justicia, la Usac, la Defensoría Maya y la Sepaz.
En aquel artículo decía que ese sistema de justicia “es esencialmente reparador y, si en algunos casos hay excesos, habrá que corregirlos. Al final de cuentas, la mayoría de esas prácticas no está contenida en un texto escrito en piedra”.
Los excesos reportados son inhumanos y atentan contra la dignidad de las personas, porque aun los condenados, después de haber sido citados, oídos y vencidos en juicio, también tienen dignidad y gozan de derechos humanos.
En aquel texto decía, además, que la aplicación de aquel derecho podría causar pánico porque se pensaría que los azotes, “una práctica derivada de la Colonia, y los linchamientos, una enseñanza contrainsurgente”, son parte de ese sistema; pero lo que ahora nos ocupa me parece una aberración de la justicia, y así como se persigue a los que linchan, también habría que juzgar a los que violan los derechos humanos de estas personas.
Si bien la justicia ladina no se aplica, aunque de manera mediocre, en todos los rincones del país, nada justifica violar la dignidad y los derechos de otros conciudadanos. De ahí que urge una campaña de sensibilización con los respectivos correctivos judiciales.
Por aparte, reconozco que hay cierta confusión sobre el tema del derecho maya, porque algunos le dan un enfoque teológico; otros, un enfoque antropológico; pero muy pocos, la dimensión jurídica.
Asimismo, estoy enterado de que más de algún abogado indígena defiende los azotes como parte de la justicia maya. Tal vez está incorporado ahora, pero su origen es colonial. A ver si no resultan otros también defendiendo estos actos de barbarie como parte de aquel derecho “ancestral”, pero que históricamente sólo llega a lo que ellos llaman “los abuelos” y que, para mal, termina siendo remarcado con estos ejemplos.
Prensa Libre (19 ago 06)
Ciertamente son repudiables las penas y sanciones que en los últimos días se vienen imponiendo en aldeas de Nahualá, Santa Catarina Ixtahuacán y otros lugares.
La prensa ha reportado al menos tres casos donde a los acusados y “sentenciados” de vender infantes se les ha obligado a hincarse sobre piedrín. A los varones se les ha puesto una carga de dos arrobas. A las mujeres se les ha cortado la cabellera.
Algunos medios reportan esto como parte del llamado derecho consuetudinario; otros, como ley indígena, ley comunal o juicio maya. En estos casos de barbarie, los supuestos defensores de los derechos indígenas como la misma Procuraduría de los Derechos Humanos han callado.
He sido una de las personas que ha hablado sobre el derecho maya y, a finales del mes pasado, comenté el “Proyecto de operatividad e implementación del sistema jurídico indígena”, que está siendo impulsado por la Corte Suprema de Justicia, la Usac, la Defensoría Maya y la Sepaz.
En aquel artículo decía que ese sistema de justicia “es esencialmente reparador y, si en algunos casos hay excesos, habrá que corregirlos. Al final de cuentas, la mayoría de esas prácticas no está contenida en un texto escrito en piedra”.
Los excesos reportados son inhumanos y atentan contra la dignidad de las personas, porque aun los condenados, después de haber sido citados, oídos y vencidos en juicio, también tienen dignidad y gozan de derechos humanos.
En aquel texto decía, además, que la aplicación de aquel derecho podría causar pánico porque se pensaría que los azotes, “una práctica derivada de la Colonia, y los linchamientos, una enseñanza contrainsurgente”, son parte de ese sistema; pero lo que ahora nos ocupa me parece una aberración de la justicia, y así como se persigue a los que linchan, también habría que juzgar a los que violan los derechos humanos de estas personas.
Si bien la justicia ladina no se aplica, aunque de manera mediocre, en todos los rincones del país, nada justifica violar la dignidad y los derechos de otros conciudadanos. De ahí que urge una campaña de sensibilización con los respectivos correctivos judiciales.
Por aparte, reconozco que hay cierta confusión sobre el tema del derecho maya, porque algunos le dan un enfoque teológico; otros, un enfoque antropológico; pero muy pocos, la dimensión jurídica.
Asimismo, estoy enterado de que más de algún abogado indígena defiende los azotes como parte de la justicia maya. Tal vez está incorporado ahora, pero su origen es colonial. A ver si no resultan otros también defendiendo estos actos de barbarie como parte de aquel derecho “ancestral”, pero que históricamente sólo llega a lo que ellos llaman “los abuelos” y que, para mal, termina siendo remarcado con estos ejemplos.
17 August 2006
Castigo maya
Por Adofo Méndez Vides
elPeriódico (17 ago 06)
El subdesarrollo no se queda impune, digo, y queda demostrado en el reciente acto de barbaridad indígena perpetrado en el caserío de Pasajquín, en Nahualá. No es posible que la civilización retroceda tanto, que regresemos a la edad del salvajismo, a la condena social amparados en una supuesta “moral” colectiva que castiga al individuo por sus actos privados como en los tiempos anteriores al cristianismo, a las computadoras y a los viajes interplanetarios. ¿No hemos acaso aprendido de la Historia que todo totalitarismo se basa y afirma en la ignorancia? El hombre es libre y un ser complicado, que depende de tantas cosas, y a quien no se le puede condenar por transgredir la función de animal doméstico. La edición dominical de Nuestro Diario contiene la evidencia esperpéntica de lo que puede hacer un pueblo guiado por las creencias más absurdas, sustentadas en la convicción de líderes que creen poseer la verdad única, autoungidos para castigar y avergonzar a los suyos en la plaza pública por cometer lo que se considera un acto villano. ¿Dónde están las autoridades de los derechos humanos para proteger a los indefensos?
En la foto principal del reportaje de colección se observa a cuatro mujeres arrodilladas sobre piedrín, rodeadas por la turba. Las cabelleras les fueron trasquiladas, como a locas. Una de ellas está embarazada y tiene la vista perdida. Las otras tres mujeres expresan tristeza, humillación, cólera y resentimiento. La comunidad las acusó de vender a sus hijos; es decir, dieron en adopción a la sangre de su sangre, a cambio de unos cuantos dinares. Un hombre de cara dura, sombrero ancho, camisa azul abrochada hasta el cuello, les pone las manos encima como juez designado para condenar. ¿Y qué derecho tiene ese sujeto para decir si tales mujeres actuaron bien o mal? ¡Cuidado!, porque los fundamentalismos están aflorando en cada esquina, y un día pereceremos linchados quienes creemos en las libertades del individuo. Ser bárbaros no es algo nuevo. El Ayatollah Khomeini mandó a las mujeres de Irán a cubrirse el rostro, prohibió a los hombres el uso de pantalonetas deportivas, practicó la ejecución pública a pedradas y ejecutó a quienes disentían de sus principios religiosos. Ahora nosotros estamos cobijando el mismo tipo de arbitrariedades. Sus razones habrán tenido las pobres mujeres que entregaron a sus hijos en adopción, quizá hasta les salvaron la vida al mandarlos a un mejor destino en el mundo civilizado, o quizá no, y todo es un simple negocio globalizado o una extensión del Infierno.
No es posible que en un país que tuvo fama de pacífico se permita tales arrebatos bárbaros, que brotan de la ignorancia y la enfermedad de los fundamentalismos más siniestros, y por eso es urgente la educación libre, porque una vez que la masa se acerca a la ciencia y al conocimiento, queda entendido que nada se corrige humillando a los semejantes, y que cuando se empieza a desterrar brujos se termina expulsando intelectuales y reviviendo el clima antiguo del terror.
elPeriódico (17 ago 06)
El subdesarrollo no se queda impune, digo, y queda demostrado en el reciente acto de barbaridad indígena perpetrado en el caserío de Pasajquín, en Nahualá. No es posible que la civilización retroceda tanto, que regresemos a la edad del salvajismo, a la condena social amparados en una supuesta “moral” colectiva que castiga al individuo por sus actos privados como en los tiempos anteriores al cristianismo, a las computadoras y a los viajes interplanetarios. ¿No hemos acaso aprendido de la Historia que todo totalitarismo se basa y afirma en la ignorancia? El hombre es libre y un ser complicado, que depende de tantas cosas, y a quien no se le puede condenar por transgredir la función de animal doméstico. La edición dominical de Nuestro Diario contiene la evidencia esperpéntica de lo que puede hacer un pueblo guiado por las creencias más absurdas, sustentadas en la convicción de líderes que creen poseer la verdad única, autoungidos para castigar y avergonzar a los suyos en la plaza pública por cometer lo que se considera un acto villano. ¿Dónde están las autoridades de los derechos humanos para proteger a los indefensos?
En la foto principal del reportaje de colección se observa a cuatro mujeres arrodilladas sobre piedrín, rodeadas por la turba. Las cabelleras les fueron trasquiladas, como a locas. Una de ellas está embarazada y tiene la vista perdida. Las otras tres mujeres expresan tristeza, humillación, cólera y resentimiento. La comunidad las acusó de vender a sus hijos; es decir, dieron en adopción a la sangre de su sangre, a cambio de unos cuantos dinares. Un hombre de cara dura, sombrero ancho, camisa azul abrochada hasta el cuello, les pone las manos encima como juez designado para condenar. ¿Y qué derecho tiene ese sujeto para decir si tales mujeres actuaron bien o mal? ¡Cuidado!, porque los fundamentalismos están aflorando en cada esquina, y un día pereceremos linchados quienes creemos en las libertades del individuo. Ser bárbaros no es algo nuevo. El Ayatollah Khomeini mandó a las mujeres de Irán a cubrirse el rostro, prohibió a los hombres el uso de pantalonetas deportivas, practicó la ejecución pública a pedradas y ejecutó a quienes disentían de sus principios religiosos. Ahora nosotros estamos cobijando el mismo tipo de arbitrariedades. Sus razones habrán tenido las pobres mujeres que entregaron a sus hijos en adopción, quizá hasta les salvaron la vida al mandarlos a un mejor destino en el mundo civilizado, o quizá no, y todo es un simple negocio globalizado o una extensión del Infierno.
No es posible que en un país que tuvo fama de pacífico se permita tales arrebatos bárbaros, que brotan de la ignorancia y la enfermedad de los fundamentalismos más siniestros, y por eso es urgente la educación libre, porque una vez que la masa se acerca a la ciencia y al conocimiento, queda entendido que nada se corrige humillando a los semejantes, y que cuando se empieza a desterrar brujos se termina expulsando intelectuales y reviviendo el clima antiguo del terror.
15 August 2006
Se salvan de ser linchados en Sololá
Por Nery Morales y Fredy Rodas
Prensa Libre (13 ago 06)
Doce personas se salvaron ayer de ser linchadas por vecinos del caserío Pasajquín, aldea Pacalal (Nahualá, Sololá), pues las señalan de haber vendido siete niños de la localidad.
Los pobladores les cortaron el pelo a las mujeres y las arrodillaron sobre piedrín para que confesaran su falta. A los hombres además, les pusieron bultos sobre sus espaldas.
Las mujeres son Catarina Guarchaj, de 32 años; Manuela Siquín, de 16; Marta Siquín, de 25; María López Guarchaj, de 20; María Tambriz, de 22; Manuela Ixmat Choz, de 26, y María Siquín, de 25.
Francisco Ixquiataj, de 21; Domingo Siquín, de 19; Diego Coj Guarchaj, de 35; y José Morales, de 25, también estaban en la lista.
La turba los señala de haber vendido a siete niños por cantidades que oscilan entre los Q8 mil y los Q19 mil.
El “principal” (autoridad superior), Antonio Cotí, dijo que se les aplicó la ley maya para que lo malo desaparezca del pueblo. Agregó que vigilarán a la comunidad para evitar cualquier escándalo.
A las 15.30 horas liberaron a seis de los castigados, quienes fueron consignados a los tribunales para que aclaren su situación, dijo Leonel Cortez, de la Comisaría 33.
Prensa Libre (13 ago 06)
Doce personas se salvaron ayer de ser linchadas por vecinos del caserío Pasajquín, aldea Pacalal (Nahualá, Sololá), pues las señalan de haber vendido siete niños de la localidad.
Los pobladores les cortaron el pelo a las mujeres y las arrodillaron sobre piedrín para que confesaran su falta. A los hombres además, les pusieron bultos sobre sus espaldas.
Las mujeres son Catarina Guarchaj, de 32 años; Manuela Siquín, de 16; Marta Siquín, de 25; María López Guarchaj, de 20; María Tambriz, de 22; Manuela Ixmat Choz, de 26, y María Siquín, de 25.
Francisco Ixquiataj, de 21; Domingo Siquín, de 19; Diego Coj Guarchaj, de 35; y José Morales, de 25, también estaban en la lista.
La turba los señala de haber vendido a siete niños por cantidades que oscilan entre los Q8 mil y los Q19 mil.
El “principal” (autoridad superior), Antonio Cotí, dijo que se les aplicó la ley maya para que lo malo desaparezca del pueblo. Agregó que vigilarán a la comunidad para evitar cualquier escándalo.
A las 15.30 horas liberaron a seis de los castigados, quienes fueron consignados a los tribunales para que aclaren su situación, dijo Leonel Cortez, de la Comisaría 33.
22 July 2006
Confusión sobre el derecho indígena
Por Anders Kompass*
elPeriódico (22 jul 06)
En los últimos meses el tema del derecho indígena, directa o indirectamente, ha figurado con frecuencia en las secciones de opinión de los medios de comunicación. Aunque es indiscutiblemente positivo que exista hoy en el país la apertura para abrir esta discusión en los medios, parece existir confusión, especialmente ante la tendencia de vincular al derecho indígena con diversos tipos de castigo físico como los linchamientos o los azotes.
Pixab’ es un término k’iche’ que engloba muy bien la filosofía que respalda al derecho indígena, ya que significa “llamar la atención, dar consejos, transmitir la experiencia”. El derecho indígena es justamente eso: un sistema jurídico que pone su mayor énfasis en la prevención del crimen, en el fortalecimiento del tejido social comunitario y en la importancia de un comportamiento individual y colectivo que, como en cualquier sistema legal, debe basarse en el respeto a la autoridad, normas y principios. Y aunque el derecho indígena también contempla sanciones, estas se refieren esencialmente a llamadas de atención o, en los casos más graves, trabajo social que retribuya y repare a la comunidad por el perjuicio ocasionado. El derecho indígena no está basado en ningún tipo de violencia sino en la conciliación y la armonía.
Precisamente por esto resultan tan dañinas las opiniones en las que se asocia al derecho indígena con el castigo físico: porque contribuyen a generar un clima de rechazo hacia un sistema que debe ser visto como una oportunidad para continuar con el fortalecimiento del Estado de derecho, descongestionando el centralizado e ineficiente sistema de justicia del Estado y contribuyendo a replantear las bases de las relaciones sociales en las comunidades, al brindar armonía a través de la resolución pacífica y conciliatoria de los conflictos.
Resulta pertinente hacer varios llamados a la reflexión. El primero, a las autoridades indígenas y líderes espirituales, para que alcen la voz y participen activamente de las discusiones sobre el tema, recalcando con fuerza que ni el derecho indígena ni el sistema de justicia estatal pueden apoyar o condonar sanciones que sean violatorias de los derechos humanos. El segundo es un llamado a las comunidades indígenas para que identifiquen sus mejores prácticas, impidan que el derecho indígena sea desvirtuado, y rechacen prácticas violentas que van en contra de sus principios ancestrales.
El tercer llamado, al Estado, es para que apruebe y aplique leyes que vayan en concordancia con los convenios internacionales, como el Convenio 169, y que divulgue todas las ya existentes para mejorar el conocimiento sobre el tema. El cuarto y último llamado es a la población guatemalteca en general, para recordarle que un ser humano, sea ladino, indígena, afro descendiente o mestizo, no puede ni debe ser nunca sujeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese es un principio universal irrebatible.
*Representante de OACNUDH.
elPeriódico (22 jul 06)
En los últimos meses el tema del derecho indígena, directa o indirectamente, ha figurado con frecuencia en las secciones de opinión de los medios de comunicación. Aunque es indiscutiblemente positivo que exista hoy en el país la apertura para abrir esta discusión en los medios, parece existir confusión, especialmente ante la tendencia de vincular al derecho indígena con diversos tipos de castigo físico como los linchamientos o los azotes.
Pixab’ es un término k’iche’ que engloba muy bien la filosofía que respalda al derecho indígena, ya que significa “llamar la atención, dar consejos, transmitir la experiencia”. El derecho indígena es justamente eso: un sistema jurídico que pone su mayor énfasis en la prevención del crimen, en el fortalecimiento del tejido social comunitario y en la importancia de un comportamiento individual y colectivo que, como en cualquier sistema legal, debe basarse en el respeto a la autoridad, normas y principios. Y aunque el derecho indígena también contempla sanciones, estas se refieren esencialmente a llamadas de atención o, en los casos más graves, trabajo social que retribuya y repare a la comunidad por el perjuicio ocasionado. El derecho indígena no está basado en ningún tipo de violencia sino en la conciliación y la armonía.
Precisamente por esto resultan tan dañinas las opiniones en las que se asocia al derecho indígena con el castigo físico: porque contribuyen a generar un clima de rechazo hacia un sistema que debe ser visto como una oportunidad para continuar con el fortalecimiento del Estado de derecho, descongestionando el centralizado e ineficiente sistema de justicia del Estado y contribuyendo a replantear las bases de las relaciones sociales en las comunidades, al brindar armonía a través de la resolución pacífica y conciliatoria de los conflictos.
Resulta pertinente hacer varios llamados a la reflexión. El primero, a las autoridades indígenas y líderes espirituales, para que alcen la voz y participen activamente de las discusiones sobre el tema, recalcando con fuerza que ni el derecho indígena ni el sistema de justicia estatal pueden apoyar o condonar sanciones que sean violatorias de los derechos humanos. El segundo es un llamado a las comunidades indígenas para que identifiquen sus mejores prácticas, impidan que el derecho indígena sea desvirtuado, y rechacen prácticas violentas que van en contra de sus principios ancestrales.
El tercer llamado, al Estado, es para que apruebe y aplique leyes que vayan en concordancia con los convenios internacionales, como el Convenio 169, y que divulgue todas las ya existentes para mejorar el conocimiento sobre el tema. El cuarto y último llamado es a la población guatemalteca en general, para recordarle que un ser humano, sea ladino, indígena, afro descendiente o mestizo, no puede ni debe ser nunca sujeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Ese es un principio universal irrebatible.
*Representante de OACNUDH.
04 July 2006
Linchan a delincuente
Por Prensa Libre (04 jul 06)
La jornada de violencia que se vivió en el país durante las últimas horas dejó la cauda cinco personas muertas, entre las cuales se encuentra un linchamiento de un presunto delincuente en Jalapa.
La jornada de violencia que se vivió en el país durante las últimas horas dejó la cauda cinco personas muertas, entre las cuales se encuentra un linchamiento de un presunto delincuente en Jalapa.
07 June 2006
Derecho consuetudinario, chicotazos y linchamientos
Por Eduardo Mayora
Siglo XXI (7 jun 06)
Hace unos cuantos días escuché por unos minutos la conversación que sostenían por la radio Estuardo Zapeta y Marta Díaz-Durán sobre la cuestión del derecho consuetudinario indígena y ciertos sucesos o fenómenos, como los linchamientos y la aplicación de penas infamantes. Desgraciadamente no pude escucharlo desde su inicio ni seguirlo hasta el final, pero sí lo suficiente para que motivara estos comentarios.
El concepto de derecho consuetudinario, a decir verdad, nada tiene de nuevo en general, tampoco en Guatemala. Ocurre que desde hace relativamente poco tiempo —no más de unos 20 años, diría yo— en nuestro medio se le ha contrapuesto a lo que se podría llamar el “sistema jurídico de la República”. Se le ha contrapuesto en distintos contextos y por diferentes razones. Algunos, para poner de relieve que, a pesar del transcurso de tres siglos de colonia española y casi otros dos de República independiente, “sigue” vigente el derecho maya. Otros, para señalar un ejemplo próximo a los guatemaltecos de un sistema jurídico que pudiera semejarse más a la common law de los pueblos de habla inglesa, que a nuestra tradición más bien positivista y de derecho legislado.
En ambos casos la circunstancia de que cada vez con más frecuencia se produzcan linchamientos o la aplicación de castigos degradantes (como el de ser azotado en público), genera dudas y temores sobre el derecho consuetudinario indígena. Y qué decir de las quemas de estaciones de policía o de la destrucción de las oficinas de los ayuntamientos y de las residencias mismas de los alcaldes. Nada de esto, replican los amigos del derecho consuetudinario, tiene que ver con ese sistema. Esas son aberraciones consecuencia, más bien, del caótico sistema de justicia estatal, tan lento como impredecible. En mi opinión, ninguna de las dos posiciones sobre el derecho consuetudinario —indígena o de cualquier otro tipo — da en el clavo. Así como la legislación y los precedentes sentados por los tribunales pueden recoger —y con frecuencia recogen— reglas criticables desde diversos puntos de vista, también hay buenas y malas costumbres. Dicho de otra forma, no hay nada que garantice que el derecho consuetudinario sólo perpetuará las “buenas costumbres” o que consagrará soluciones eficientes. Si bien es cierto que la politización de la legislación es un problema bastante más común que la contaminación política de los fallos de los tribunales, también lo es que el derecho consuetudinario es bastante menos flexible y poco permeable a las innovaciones. Por definición preserva lo tradicional y, así como hay tradiciones dignas de conservarse, hay otras que no tanto.
Quizás mi punto fundamental sea que el derecho consuetudinario es, al lado del derecho jurisprudencial y del legislado, una forma más a través de la cual se manifiesta el derecho pero no “es” el derecho. Por lo regular, en los países en que se ha logrado implantar un verdadero Estado de derecho se combinan esas tres formas de producción de reglas jurídicas, jugando un rol fundamental la jurisprudencia de los tribunales. Pienso que nuestro mayor déficit está más bien por este lado.
Siglo XXI (7 jun 06)
Hace unos cuantos días escuché por unos minutos la conversación que sostenían por la radio Estuardo Zapeta y Marta Díaz-Durán sobre la cuestión del derecho consuetudinario indígena y ciertos sucesos o fenómenos, como los linchamientos y la aplicación de penas infamantes. Desgraciadamente no pude escucharlo desde su inicio ni seguirlo hasta el final, pero sí lo suficiente para que motivara estos comentarios.
El concepto de derecho consuetudinario, a decir verdad, nada tiene de nuevo en general, tampoco en Guatemala. Ocurre que desde hace relativamente poco tiempo —no más de unos 20 años, diría yo— en nuestro medio se le ha contrapuesto a lo que se podría llamar el “sistema jurídico de la República”. Se le ha contrapuesto en distintos contextos y por diferentes razones. Algunos, para poner de relieve que, a pesar del transcurso de tres siglos de colonia española y casi otros dos de República independiente, “sigue” vigente el derecho maya. Otros, para señalar un ejemplo próximo a los guatemaltecos de un sistema jurídico que pudiera semejarse más a la common law de los pueblos de habla inglesa, que a nuestra tradición más bien positivista y de derecho legislado.
En ambos casos la circunstancia de que cada vez con más frecuencia se produzcan linchamientos o la aplicación de castigos degradantes (como el de ser azotado en público), genera dudas y temores sobre el derecho consuetudinario indígena. Y qué decir de las quemas de estaciones de policía o de la destrucción de las oficinas de los ayuntamientos y de las residencias mismas de los alcaldes. Nada de esto, replican los amigos del derecho consuetudinario, tiene que ver con ese sistema. Esas son aberraciones consecuencia, más bien, del caótico sistema de justicia estatal, tan lento como impredecible. En mi opinión, ninguna de las dos posiciones sobre el derecho consuetudinario —indígena o de cualquier otro tipo — da en el clavo. Así como la legislación y los precedentes sentados por los tribunales pueden recoger —y con frecuencia recogen— reglas criticables desde diversos puntos de vista, también hay buenas y malas costumbres. Dicho de otra forma, no hay nada que garantice que el derecho consuetudinario sólo perpetuará las “buenas costumbres” o que consagrará soluciones eficientes. Si bien es cierto que la politización de la legislación es un problema bastante más común que la contaminación política de los fallos de los tribunales, también lo es que el derecho consuetudinario es bastante menos flexible y poco permeable a las innovaciones. Por definición preserva lo tradicional y, así como hay tradiciones dignas de conservarse, hay otras que no tanto.
Quizás mi punto fundamental sea que el derecho consuetudinario es, al lado del derecho jurisprudencial y del legislado, una forma más a través de la cual se manifiesta el derecho pero no “es” el derecho. Por lo regular, en los países en que se ha logrado implantar un verdadero Estado de derecho se combinan esas tres formas de producción de reglas jurídicas, jugando un rol fundamental la jurisprudencia de los tribunales. Pienso que nuestro mayor déficit está más bien por este lado.
29 May 2006
Causas de los linchamientos en Guatemala
El miércoles 3 de mayo del 2006 se presentó en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA, San Salvador) el trabajo de investigación de Carlos Mendoza, titulado: Causas de los linchamientos en Guatemala: ¿Barbarie o Justicia Popular?
Para ver presentación en MS-PowerPoint ir a la siguiente dirección de Internet:
AQUI
Dicha presentación se benefició de los comentarios dados por Elin Ranum, investigadora del IUDOP, quien trabaja el tema de las maras en Guatemala.
Para leer sus comentarios, ver el siguiente post.
Para ver presentación en MS-PowerPoint ir a la siguiente dirección de Internet:
AQUI
Dicha presentación se benefició de los comentarios dados por Elin Ranum, investigadora del IUDOP, quien trabaja el tema de las maras en Guatemala.
Para leer sus comentarios, ver el siguiente post.
Comentarios a la presentación
Por Elin Cecilie Ranum
Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP)
Comentarios a la presentación "Linchamientos: ¿Barbarie o Justicia Popular?" de Carlos A. Mendoza
Primero quisiera agradecerle a Carlos por su excelente presentación, que nos ayuda a mejor entender un fenómeno tan complejo y atemorizador que es el fenómeno de los linchamientos, y también agradecerle por invitarme a comentar su trabajo.
Con esta presentación, Carlos ha atraído nuestra atención hacia lo que quizás es el ejemplo más brutal y cruel de los problemas que enfrentar varios países latinoamericanos, muchos de ellos se encuentran en una transición de regímenes autoritarios a la democracia, y de la guerra a la paz tal como es el caso de Guatemala y El Salvador. En estos países la violencia del pasado ha sido remplazada por otro tipo de violencia que ha llegado a niveles tan extremos que ya es la mayor preocupación de los ciudadanos en estos países, y también ha llegado a tener expresiones muy extremas. La violencia se ha convertido en algo que se podría llamar una “hoguera de historia colectiva” para retomar las palabras de Eduardo Galeano. La seguridad pública, según el mismo autor, se ha convertido en una “obsesión pública”, lo cual facilita ciertas acciones y actitudes entre los ciudadanos tal como lo que hemos visto en esta presentación. Los linchamientos son un escenario de temor de la sociedad de posguerra, es el escenario de las masas que se juntan para castigar a un supuesto delincuente o amenaza a la seguridad e integridad de la comunidad, personas que en muchas ocasiones han sido inocentes... Creo al escuchar historias de violencia colectiva y de las masas que se juntan y matan a otras personas, todos nos hemos preguntado: ¿qué es lo que hace que la gente llega a estos extremos? Son historias que nos asustan. Nos asustan precisamente porque no las entendemos, no sabemos lo que hay atrás de estas historias de barbarie y de horror que con cierta frecuencia llaman nuestra atención al hojear los periódicos. Al escuchar de estos historias, quizás algunos piensan que la gente ya está harta de tanta violencia, la gente está frustrada... a lo mejor estos pensamientos no son tan equivocados, pero no explican lo que hay atrás de este fenómeno... Por esa razón, la exposición de Carlos es de mucha importancia y creo que nos ha dado a todos un mejor entendimiento de algunos factores que pueden explicar porque se llega a haber acciones tan extremas como son los linchamientos.
Carlos ha enfatizado la importancia de revisar las explicaciones anteriores y probar la importancia de otros factores para encontrar nuevas respuestas y explicaciones a los fenómenos que nos preocupa a todos. Hemos visto que si bien el legado de la guerra y las violaciones de los derechos humanos que se dio en Guatemala durante la guerra civil tiene cierta influencia en el fenómeno de linchamientos, hay otros factores que parecen ser más importantes. El legado de la guerra posiblemente hace la violencia más cruel, pero no explica su surgimiento. Se ha cuestionado la hipótesis tradicional en Guatemala, manejada principalmente por MINUGUA, agregando nuevas variables y se ha subrayado dos factores importantes: La falta de un estado de derecho y la poca presencia del estado en muchas zonas del país; e importantes características de la cultura indígena que ayudan a explicar ciertas formas de acción colectiva, que en este caso se expresa como violencia colectiva. Es una cultura con alta capacidad de organización, y donde la acción colectiva ha sido un mecanismo de supervivencia, es una cultura cuyo capital social en términos de solidaridad, sentimiento de comunidad, colectividad, organización y acción parece ser fuerte, y hemos visto como el capital social puede llegar a tener expresiones negativas...
Con base en una investigación científica donde se aplica una metodología que a mi juicio es muy valiosa a parte de ser novedosa en este tema y nuestros países. Esta metodología permite hacer un análisis cuantitativo para establecer la importancia de los diferentes variables sin perder o ignorar datos, este estudio ha sido muy enriquecedor en términos de ampliar la hipótesis tradicional sobre este fenómeno en Guatemala, agregando nuevos factores cuya importancia resulta ser mayor que los factores subrayados en estudios pasados. Esto no solamente genera un mejor entendimiento sobre el fenómeno, sino que también facilita la tarea de elaborar propuestas de políticas para prevenir estos casos.
La inseguridad y altos niveles de violencia parecen ser factores subyacentes, sin embargo no se queda de todo claro cual es el origen de la inseguridad, ni que tan afectadas por la violencia son las comunidades donde se han dado casos de linchamientos. Creo que sería interesante ver el sentimiento de inseguridad y su origen versus los de facto niveles de violencia, así como su importancia como variables. Otro punto que ojalá pueda desarrollarse un poco más en un futuro estudio son más detalles sobre los casos donde se repiten los linchamientos, cuales son los variables con mayor peso, si los linchamientos ayuden a reducir los niveles de seguridad, si las personas son más propensas a participar en linchamientos cuando ya se han dado una vez, y el impacto de difusión de los linchamientos. De igual manera hubiera sido interesante conocer más estudios de caso para enriquecer los resultados de la investigación cuantitativa, sobre todo buscando respuestas de qué tanto son los linchamientos respuestas espontáneas o qué tanto son ya acciones más planificadas y organizadas.
Este fenómeno de los linchamientos puede parecer ser ajeno a la realidad salvadoreña. Aquí tenemos violencia, pero linchamientos no tantos... No obstante, aunque el fenómeno de linchamiento no se haya manifestado en la misma manera en El Salvador, vale la punta retomar un punto importante de esta presentación: Que los ciudadanos toman la justicia por sus propias manos. La diferencia es que eso se da en una forma más discreta e invisible que en Guatemala. Y esto es una práctica muy respaldada por los salvadoreños.; la mitad de la población acepta estas acciones, y está a favor de organizar grupos vecinales armados para defenderse.
Un punto del trabajo de Carlos Mendoza que me llamó mucho la atención es la separación de la sociedad entre “ellos” y “nosotros”, o los “malos” y los “buenos”. Esto genera que la gente muchas veces piense que tienen el derecho de juzgar sobre otras personas, lo cual puede llegar a un nivel donde los “buenos” se sienten con el derecho de decidir que tipos de derechos merecen tener los “malos”, llegando al extremo de tener el derecho de quitarles la vida a los “malos”. Esta separación también puede ser usada para generar apoyo a políticas extremas o represivas de control o de seguridad, donde se acepta que se violan los derechos de los “malos” precisamente porque esto da una sensación en los “buenos” de que su seguridad incrementa.
Esto a su vez refuerza la actitud que mencioné hace poco. El hecho tomar la justicia en sus propias manos. Lo que se ve en El Salvador, no son las masas que participan en una turba o en un linchamiento, sino que se da en una forma más discreta y silenciosa donde alguien manda a matar a alguien etc. Quizás el caso más extremo aquí es el caso de las pandillas, donde los pandilleros han dejado de ser “personas” por el hecho de que se ha generado una percepción colectiva de que los pandilleros son los “malos” de la sociedad y son una amenaza a la seguridad de los demás, los “buenos”. Esto ha llevado a una situación de algo que se podría llamar “desconexión moral” donde la gente desconecta el moral y las normas cuando no sea conveniente aplicarlos. Esto se ve cuando la gente aplauda cada vez que se muere un pandillero. La gente lo aplauda, lo aprueba, y no lo denuncia. En esta manera, la gente se convierte en cómplices de los asesinatos, en cómplices del hecho de que alguien le quita la vida a alguien. No son participes en la forma que se da en el caso de los linchamientos, donde la muerte ocurre como resultado de una acción colectiva. Pero son participes en una muerte que ocurre como resultado de una aceptación colectiva de que los “malos” de la sociedad no tienen el mismo derecho a la vida como los “buenos”.
Como en Guatemala, la falta de un estado de derecho, la poca presencia del estado, la falta de acceso al sistema de justicia y la incapacidad del estado de garantizar seguridad a los ciudadanos en El Salvador son factores que ayudan a generar estos valores. La incapacidad del estado de brindar seguridad impide la construcción de una cultura política democrática, ya que refuerza actitudes autoritarias, reduce la confianza en el sistema judicial y otras instituciones del estado, reduce el apoyo a la democracia, y el respeto a los derechos individuales de los demás. Estas son valores que se ven en los salvadoreños, y que aunque no se expresen en la misma forma extrema y no generen el mismo escenario de terror como los linchamientos, son valores que ponen en peligro la gobernabilidad, dificultan el proceso de democratización del país, e impiden la construcción de la paz ciudadana.
Una lección muy importante que vale la pena retomar de esta presentación es precisamente la necesidad de fortalecer el estado, su presencia y trabajar para construir un estado de derecho, ya que esto parece ser un factor determinante por lo cual la gente llegue al extremo de decidir quien tiene el derecho de vivir o no, expresada en una forma de acción colectiva como los linchamientos, o por medio de una aceptación colectiva que se ve aquí en El Salvador también.
Para terminar, quiero felicitarle otra vez a Carlos por este trabajo. Creo que es un aporte muy importante, ya que señala graves debilidades de los países y ayuda a ilustrar algunos problemas que muchos países, no sólo Guatemala y El Salvador, tienen que enfrentar en la transición de la guerra a la paz y de regímenes autoritarios a la democracia. Muchas gracias.
Miércoles 3 de mayo del 2006.
Universidad Centroamericana (UCA) “José Simeón Cañas”
San Salvador, El Salvador.
Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP)
Comentarios a la presentación "Linchamientos: ¿Barbarie o Justicia Popular?" de Carlos A. Mendoza
Primero quisiera agradecerle a Carlos por su excelente presentación, que nos ayuda a mejor entender un fenómeno tan complejo y atemorizador que es el fenómeno de los linchamientos, y también agradecerle por invitarme a comentar su trabajo.
Con esta presentación, Carlos ha atraído nuestra atención hacia lo que quizás es el ejemplo más brutal y cruel de los problemas que enfrentar varios países latinoamericanos, muchos de ellos se encuentran en una transición de regímenes autoritarios a la democracia, y de la guerra a la paz tal como es el caso de Guatemala y El Salvador. En estos países la violencia del pasado ha sido remplazada por otro tipo de violencia que ha llegado a niveles tan extremos que ya es la mayor preocupación de los ciudadanos en estos países, y también ha llegado a tener expresiones muy extremas. La violencia se ha convertido en algo que se podría llamar una “hoguera de historia colectiva” para retomar las palabras de Eduardo Galeano. La seguridad pública, según el mismo autor, se ha convertido en una “obsesión pública”, lo cual facilita ciertas acciones y actitudes entre los ciudadanos tal como lo que hemos visto en esta presentación. Los linchamientos son un escenario de temor de la sociedad de posguerra, es el escenario de las masas que se juntan para castigar a un supuesto delincuente o amenaza a la seguridad e integridad de la comunidad, personas que en muchas ocasiones han sido inocentes... Creo al escuchar historias de violencia colectiva y de las masas que se juntan y matan a otras personas, todos nos hemos preguntado: ¿qué es lo que hace que la gente llega a estos extremos? Son historias que nos asustan. Nos asustan precisamente porque no las entendemos, no sabemos lo que hay atrás de estas historias de barbarie y de horror que con cierta frecuencia llaman nuestra atención al hojear los periódicos. Al escuchar de estos historias, quizás algunos piensan que la gente ya está harta de tanta violencia, la gente está frustrada... a lo mejor estos pensamientos no son tan equivocados, pero no explican lo que hay atrás de este fenómeno... Por esa razón, la exposición de Carlos es de mucha importancia y creo que nos ha dado a todos un mejor entendimiento de algunos factores que pueden explicar porque se llega a haber acciones tan extremas como son los linchamientos.
Carlos ha enfatizado la importancia de revisar las explicaciones anteriores y probar la importancia de otros factores para encontrar nuevas respuestas y explicaciones a los fenómenos que nos preocupa a todos. Hemos visto que si bien el legado de la guerra y las violaciones de los derechos humanos que se dio en Guatemala durante la guerra civil tiene cierta influencia en el fenómeno de linchamientos, hay otros factores que parecen ser más importantes. El legado de la guerra posiblemente hace la violencia más cruel, pero no explica su surgimiento. Se ha cuestionado la hipótesis tradicional en Guatemala, manejada principalmente por MINUGUA, agregando nuevas variables y se ha subrayado dos factores importantes: La falta de un estado de derecho y la poca presencia del estado en muchas zonas del país; e importantes características de la cultura indígena que ayudan a explicar ciertas formas de acción colectiva, que en este caso se expresa como violencia colectiva. Es una cultura con alta capacidad de organización, y donde la acción colectiva ha sido un mecanismo de supervivencia, es una cultura cuyo capital social en términos de solidaridad, sentimiento de comunidad, colectividad, organización y acción parece ser fuerte, y hemos visto como el capital social puede llegar a tener expresiones negativas...
Con base en una investigación científica donde se aplica una metodología que a mi juicio es muy valiosa a parte de ser novedosa en este tema y nuestros países. Esta metodología permite hacer un análisis cuantitativo para establecer la importancia de los diferentes variables sin perder o ignorar datos, este estudio ha sido muy enriquecedor en términos de ampliar la hipótesis tradicional sobre este fenómeno en Guatemala, agregando nuevos factores cuya importancia resulta ser mayor que los factores subrayados en estudios pasados. Esto no solamente genera un mejor entendimiento sobre el fenómeno, sino que también facilita la tarea de elaborar propuestas de políticas para prevenir estos casos.
La inseguridad y altos niveles de violencia parecen ser factores subyacentes, sin embargo no se queda de todo claro cual es el origen de la inseguridad, ni que tan afectadas por la violencia son las comunidades donde se han dado casos de linchamientos. Creo que sería interesante ver el sentimiento de inseguridad y su origen versus los de facto niveles de violencia, así como su importancia como variables. Otro punto que ojalá pueda desarrollarse un poco más en un futuro estudio son más detalles sobre los casos donde se repiten los linchamientos, cuales son los variables con mayor peso, si los linchamientos ayuden a reducir los niveles de seguridad, si las personas son más propensas a participar en linchamientos cuando ya se han dado una vez, y el impacto de difusión de los linchamientos. De igual manera hubiera sido interesante conocer más estudios de caso para enriquecer los resultados de la investigación cuantitativa, sobre todo buscando respuestas de qué tanto son los linchamientos respuestas espontáneas o qué tanto son ya acciones más planificadas y organizadas.
Este fenómeno de los linchamientos puede parecer ser ajeno a la realidad salvadoreña. Aquí tenemos violencia, pero linchamientos no tantos... No obstante, aunque el fenómeno de linchamiento no se haya manifestado en la misma manera en El Salvador, vale la punta retomar un punto importante de esta presentación: Que los ciudadanos toman la justicia por sus propias manos. La diferencia es que eso se da en una forma más discreta e invisible que en Guatemala. Y esto es una práctica muy respaldada por los salvadoreños.; la mitad de la población acepta estas acciones, y está a favor de organizar grupos vecinales armados para defenderse.
Un punto del trabajo de Carlos Mendoza que me llamó mucho la atención es la separación de la sociedad entre “ellos” y “nosotros”, o los “malos” y los “buenos”. Esto genera que la gente muchas veces piense que tienen el derecho de juzgar sobre otras personas, lo cual puede llegar a un nivel donde los “buenos” se sienten con el derecho de decidir que tipos de derechos merecen tener los “malos”, llegando al extremo de tener el derecho de quitarles la vida a los “malos”. Esta separación también puede ser usada para generar apoyo a políticas extremas o represivas de control o de seguridad, donde se acepta que se violan los derechos de los “malos” precisamente porque esto da una sensación en los “buenos” de que su seguridad incrementa.
Esto a su vez refuerza la actitud que mencioné hace poco. El hecho tomar la justicia en sus propias manos. Lo que se ve en El Salvador, no son las masas que participan en una turba o en un linchamiento, sino que se da en una forma más discreta y silenciosa donde alguien manda a matar a alguien etc. Quizás el caso más extremo aquí es el caso de las pandillas, donde los pandilleros han dejado de ser “personas” por el hecho de que se ha generado una percepción colectiva de que los pandilleros son los “malos” de la sociedad y son una amenaza a la seguridad de los demás, los “buenos”. Esto ha llevado a una situación de algo que se podría llamar “desconexión moral” donde la gente desconecta el moral y las normas cuando no sea conveniente aplicarlos. Esto se ve cuando la gente aplauda cada vez que se muere un pandillero. La gente lo aplauda, lo aprueba, y no lo denuncia. En esta manera, la gente se convierte en cómplices de los asesinatos, en cómplices del hecho de que alguien le quita la vida a alguien. No son participes en la forma que se da en el caso de los linchamientos, donde la muerte ocurre como resultado de una acción colectiva. Pero son participes en una muerte que ocurre como resultado de una aceptación colectiva de que los “malos” de la sociedad no tienen el mismo derecho a la vida como los “buenos”.
Como en Guatemala, la falta de un estado de derecho, la poca presencia del estado, la falta de acceso al sistema de justicia y la incapacidad del estado de garantizar seguridad a los ciudadanos en El Salvador son factores que ayudan a generar estos valores. La incapacidad del estado de brindar seguridad impide la construcción de una cultura política democrática, ya que refuerza actitudes autoritarias, reduce la confianza en el sistema judicial y otras instituciones del estado, reduce el apoyo a la democracia, y el respeto a los derechos individuales de los demás. Estas son valores que se ven en los salvadoreños, y que aunque no se expresen en la misma forma extrema y no generen el mismo escenario de terror como los linchamientos, son valores que ponen en peligro la gobernabilidad, dificultan el proceso de democratización del país, e impiden la construcción de la paz ciudadana.
Una lección muy importante que vale la pena retomar de esta presentación es precisamente la necesidad de fortalecer el estado, su presencia y trabajar para construir un estado de derecho, ya que esto parece ser un factor determinante por lo cual la gente llegue al extremo de decidir quien tiene el derecho de vivir o no, expresada en una forma de acción colectiva como los linchamientos, o por medio de una aceptación colectiva que se ve aquí en El Salvador también.
Para terminar, quiero felicitarle otra vez a Carlos por este trabajo. Creo que es un aporte muy importante, ya que señala graves debilidades de los países y ayuda a ilustrar algunos problemas que muchos países, no sólo Guatemala y El Salvador, tienen que enfrentar en la transición de la guerra a la paz y de regímenes autoritarios a la democracia. Muchas gracias.
Miércoles 3 de mayo del 2006.
Universidad Centroamericana (UCA) “José Simeón Cañas”
San Salvador, El Salvador.
Linchamientos y otros tipos de violencia: panel-foro
En el IV Seminario Interuniversitario “Economía para la Política”, organizado conjuntamente por el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas (CADEP) y diez universidades participantes (llevado a cabo del 21 al 23 de marzo del 2006 en la ciudad de Guatemala), se realizó el panel-foro titulado: Políticas Públicas, ¿causa o disuasivo de la violencia y el terrorismo?
Para ver el video ir a la siguiente dirección de Internet:
http://www.newmedia.ufm.edu.gt/pagina.asp?nom=cadeppoliticaspublicasterrorismo
Para ver el video ir a la siguiente dirección de Internet:
http://www.newmedia.ufm.edu.gt/pagina.asp?nom=cadeppoliticaspublicasterrorismo
19 May 2006
Linchamientos y feminicidio
Por Margarita Carrera
Prensa Libre (19 may 06)
Lo más infame de los linchamientos es que aquellos pueblos que fueron víctimas de la guerra sucia se están convirtiendo en victimarios que creen tener el derecho de señalar, juzgar, torturar y quemar vivos a los sospechosos de cometer algún delito.
En el último linchamiento participaron casi mil personas del caserío La Vega, aldea Chiquej, Santa Apolonia, Chimaltenango.
Ahí se linchó a tres hombres acusados de ser asaltabuses. Una de las víctimas fue el agente de Policía Nacional Civil Nery Antonio Contreras, quien “estaba de descanso y salió a divertirse con dos amigos que seguro fueron confundidos”.
Días antes se había linchado a un hombre y a una mujer en Sumpango porque se creyó que eran robaniños. Me parecía que, en anteriores linchamientos, no participaban mujeres, sólo varones.
Pero este último en Sumpango, trajo abajo mi suposición.
Mujeres, acompañadas de niños, daban garrotazos a los sospechosos. Lo peor fueron los aplausos y la alegría al ver cómo morían el hombre y la mujer después de rociarlos con gasolina.
¿Hasta dónde llega el crimen y la barbarie en Guatemala? El Estado de Guatemala deberá ahora informar al Comité Contra la Tortura de la ONU la razón por la que ocurren los linchamientos; asimismo, las medidas que se adoptan que, como es fácil comprobar, hasta ahora han sido escasas y en extremo débiles.
¿Somos un “paraíso para asesinos” como nos acusa la cadena de televisión BBC? Amarga pregunta que tiene una inmediata respuesta: sí, somos un país para asesinos. ¿Y dónde están las autoridades para impedir que éstos sigan matando a diario?
Porque parece que no hay autoridades responsables, tampoco asesinos, sólo asesinados y asesinadas. Muchas veces no se logra identificar a las mujeres a quienes se ha violado y dado muerte con saña.
En un vídeo que dura 58 minutos, la BBC graba a Francisca López cuando, al ir a recoger el cuerpo de su hija de 13 años, recibe las ropas ensangrentadas que vestía (una prueba que debería guardar la Policía).
¿Pero para qué si aquí nada se investiga y nadie es culpable? Sobre las violaciones, el documental resalta que en Guatemala un violador puede evadir la cárcel si se casa con la víctima. ¡Y esta ley sigue vigente!
Y aún más vergüenza para Guatemala: en la última parte del documental, la periodista Portenier logra hablar con el presidente Óscar Berger cuando salía de un acto donde condecoró a Efraín Recinos.
Al decirle que este año Guatemala podría cerrar con más de 600 mujeres asesinadas, Berger le responde que es muy pesimista y que debiera ser más optimista. ¡Eso se llama ser un buen gobernante! Sólo le faltó decir que con el programa Guateámala todo se arreglará y tendrá un final feliz.
Prensa Libre (19 may 06)
Lo más infame de los linchamientos es que aquellos pueblos que fueron víctimas de la guerra sucia se están convirtiendo en victimarios que creen tener el derecho de señalar, juzgar, torturar y quemar vivos a los sospechosos de cometer algún delito.
En el último linchamiento participaron casi mil personas del caserío La Vega, aldea Chiquej, Santa Apolonia, Chimaltenango.
Ahí se linchó a tres hombres acusados de ser asaltabuses. Una de las víctimas fue el agente de Policía Nacional Civil Nery Antonio Contreras, quien “estaba de descanso y salió a divertirse con dos amigos que seguro fueron confundidos”.
Días antes se había linchado a un hombre y a una mujer en Sumpango porque se creyó que eran robaniños. Me parecía que, en anteriores linchamientos, no participaban mujeres, sólo varones.
Pero este último en Sumpango, trajo abajo mi suposición.
Mujeres, acompañadas de niños, daban garrotazos a los sospechosos. Lo peor fueron los aplausos y la alegría al ver cómo morían el hombre y la mujer después de rociarlos con gasolina.
¿Hasta dónde llega el crimen y la barbarie en Guatemala? El Estado de Guatemala deberá ahora informar al Comité Contra la Tortura de la ONU la razón por la que ocurren los linchamientos; asimismo, las medidas que se adoptan que, como es fácil comprobar, hasta ahora han sido escasas y en extremo débiles.
¿Somos un “paraíso para asesinos” como nos acusa la cadena de televisión BBC? Amarga pregunta que tiene una inmediata respuesta: sí, somos un país para asesinos. ¿Y dónde están las autoridades para impedir que éstos sigan matando a diario?
Porque parece que no hay autoridades responsables, tampoco asesinos, sólo asesinados y asesinadas. Muchas veces no se logra identificar a las mujeres a quienes se ha violado y dado muerte con saña.
En un vídeo que dura 58 minutos, la BBC graba a Francisca López cuando, al ir a recoger el cuerpo de su hija de 13 años, recibe las ropas ensangrentadas que vestía (una prueba que debería guardar la Policía).
¿Pero para qué si aquí nada se investiga y nadie es culpable? Sobre las violaciones, el documental resalta que en Guatemala un violador puede evadir la cárcel si se casa con la víctima. ¡Y esta ley sigue vigente!
Y aún más vergüenza para Guatemala: en la última parte del documental, la periodista Portenier logra hablar con el presidente Óscar Berger cuando salía de un acto donde condecoró a Efraín Recinos.
Al decirle que este año Guatemala podría cerrar con más de 600 mujeres asesinadas, Berger le responde que es muy pesimista y que debiera ser más optimista. ¡Eso se llama ser un buen gobernante! Sólo le faltó decir que con el programa Guateámala todo se arreglará y tendrá un final feliz.
10 May 2006
Acto de barbarie
Por Haroldo Shetemul
Prensa Libre (10 may 06)
¿QUÉ SUCEDE CUANDO los pacíficos habitantes de una población rural se transforman en los verdugos de quienes consideran delincuentes y sin mediar juicio alguno los golpean hasta la muerte? ¿Cómo se le puede lanzar gasolina y un fósforo a un ser humano para que arda, mientras la multitud fascinada mira cómo se va el hálito de vida? En la mente de los niños que han presenciado este espeluznante espectáculo quedarán grabadas esas imágenes que muestran la falta de valor de la vida, en un país acostumbrado a resolverlo todo a balazos, golpes y fuego.
LA PROCURADURÍA de los Derechos Humanos reportó que de enero de 2005 a la fecha han ocurrido 57 linchamientos. En el más reciente, ocurrido en la aldea Chiquex, Santa Apolonia, Chimaltenango, tres infelices acusados de haber asaltado un autobús fueron victimados por la multitud, pero llama la atención la impotencia de las autoridades. Sólo cuatro agentes policiales intentaron detener a la plebe, mientras que el auxiliar del procurador, el fiscal del Ministerio Público (MP) y el juez se habían ido por temor a ser también asesinados. El director de la PNC reconoce la imposibilidad de que sus fuerzas impusieran el orden, ya que el grupo disuasor de protestas estaba en San Marcos en un desalojo.
ES LA PLENA CERTEZA de la debilidad del Estado, es la ausencia de autoridad. Y frente a la indefensión ciudadana, la respuesta de las masas es la aplicación de la supuesta justicia popular. ¿Pero será realmente justicia lo que llevan a cabo esas hordas? La antigua Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) publicó un informe sobre los linchamientos en diciembre del 2000, en el que señalaba que esa práctica socava la vigencia de los derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y al debido proceso legal. Aseguraba que los linchamientos ponen en entredicho el monopolio del Estado en el uso legítimo de la fuerza.
SEGÚN LA MINUGUA, la mayoría de linchamientos se habían producido en Quiché, Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Petén, Chimaltenango y Quetzaltenango. Afirmaba que en la mayoría de esos departamentos el conflicto armado tuvo mayor impacto y las estructuras contrainsurgentes estaban más implatadas. Además, esos lugares tienen los índices de desarrollo humano y de exclusión social más desfavorables. Señalaba que comprobó que la mayoría de linchamientos eran instigados por personas que pertenecieron a estructuras de control político y social en el conflicto, como los ex patrulleros civiles y los comisionados militares.
LO ANTERIOR SIGNIFICA que estamos ante un fenómeno social con dos vertientes: el conflicto armado dejó su marca en función de resolver los conflictos por la vía de la fuerza y la muerte, y los agentes que ejercían el poder fáctico aún pueden controlar a las multitudes en acciones violentas. Asimismo, la presunta justicia popular es un acto criminal, en el que se cometen actos tipificados en el Código Penal, como el delito de muchedumbre, asesinato, lesiones, detención ilegal, allanamiento, amenazas, daños contra bienes materiales, sedición, incitación pública, atentado, resistencia y desorden público.
NO SERÁ TAREA fácil modificar esas estructuras informales de poder incrustadas en la población. Sin embargo, mientras el Estado más se tarde en hacer presencia real y de impulsar una campaña de concienciación, la situación puede volverse más incontrolable. La Minugua señalaba la ausencia de una política estatal contra el crimen, que incluía la prevención y la intervención en situaciones de crisis, como un factor de la debilidad estatal. Además, llamaba la atención de que la PNC y el MP no efectuaban investigaciones para castigar a los responsables de los linchamientos, pero también los juzgados los dejaban libres debido a la presión de los vecinos. Por eso, insisto, en tanto el Estado continúe ausente o debilitado, será muy difícil poner fin a esa práctica salvaje.
Prensa Libre (10 may 06)
¿QUÉ SUCEDE CUANDO los pacíficos habitantes de una población rural se transforman en los verdugos de quienes consideran delincuentes y sin mediar juicio alguno los golpean hasta la muerte? ¿Cómo se le puede lanzar gasolina y un fósforo a un ser humano para que arda, mientras la multitud fascinada mira cómo se va el hálito de vida? En la mente de los niños que han presenciado este espeluznante espectáculo quedarán grabadas esas imágenes que muestran la falta de valor de la vida, en un país acostumbrado a resolverlo todo a balazos, golpes y fuego.
LA PROCURADURÍA de los Derechos Humanos reportó que de enero de 2005 a la fecha han ocurrido 57 linchamientos. En el más reciente, ocurrido en la aldea Chiquex, Santa Apolonia, Chimaltenango, tres infelices acusados de haber asaltado un autobús fueron victimados por la multitud, pero llama la atención la impotencia de las autoridades. Sólo cuatro agentes policiales intentaron detener a la plebe, mientras que el auxiliar del procurador, el fiscal del Ministerio Público (MP) y el juez se habían ido por temor a ser también asesinados. El director de la PNC reconoce la imposibilidad de que sus fuerzas impusieran el orden, ya que el grupo disuasor de protestas estaba en San Marcos en un desalojo.
ES LA PLENA CERTEZA de la debilidad del Estado, es la ausencia de autoridad. Y frente a la indefensión ciudadana, la respuesta de las masas es la aplicación de la supuesta justicia popular. ¿Pero será realmente justicia lo que llevan a cabo esas hordas? La antigua Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (Minugua) publicó un informe sobre los linchamientos en diciembre del 2000, en el que señalaba que esa práctica socava la vigencia de los derechos humanos básicos, como el derecho a la vida, a la integridad, a la libertad y al debido proceso legal. Aseguraba que los linchamientos ponen en entredicho el monopolio del Estado en el uso legítimo de la fuerza.
SEGÚN LA MINUGUA, la mayoría de linchamientos se habían producido en Quiché, Alta Verapaz, Guatemala, Huehuetenango, Sololá, San Marcos, Petén, Chimaltenango y Quetzaltenango. Afirmaba que en la mayoría de esos departamentos el conflicto armado tuvo mayor impacto y las estructuras contrainsurgentes estaban más implatadas. Además, esos lugares tienen los índices de desarrollo humano y de exclusión social más desfavorables. Señalaba que comprobó que la mayoría de linchamientos eran instigados por personas que pertenecieron a estructuras de control político y social en el conflicto, como los ex patrulleros civiles y los comisionados militares.
LO ANTERIOR SIGNIFICA que estamos ante un fenómeno social con dos vertientes: el conflicto armado dejó su marca en función de resolver los conflictos por la vía de la fuerza y la muerte, y los agentes que ejercían el poder fáctico aún pueden controlar a las multitudes en acciones violentas. Asimismo, la presunta justicia popular es un acto criminal, en el que se cometen actos tipificados en el Código Penal, como el delito de muchedumbre, asesinato, lesiones, detención ilegal, allanamiento, amenazas, daños contra bienes materiales, sedición, incitación pública, atentado, resistencia y desorden público.
NO SERÁ TAREA fácil modificar esas estructuras informales de poder incrustadas en la población. Sin embargo, mientras el Estado más se tarde en hacer presencia real y de impulsar una campaña de concienciación, la situación puede volverse más incontrolable. La Minugua señalaba la ausencia de una política estatal contra el crimen, que incluía la prevención y la intervención en situaciones de crisis, como un factor de la debilidad estatal. Además, llamaba la atención de que la PNC y el MP no efectuaban investigaciones para castigar a los responsables de los linchamientos, pero también los juzgados los dejaban libres debido a la presión de los vecinos. Por eso, insisto, en tanto el Estado continúe ausente o debilitado, será muy difícil poner fin a esa práctica salvaje.
08 May 2006
Urge una cruzada contra los linchamientos
Editorial de Prensa Libre (08 may 06)
Los guatemaltecos respetuosos de la vida humana se sintieron conmovidos al enterarse de que en la provincia, esta vez en Santa Apolonia, Chimaltenango, una turba linchó a tres personas en circunstancias que son francamente preocupantes, lo que obliga a realizar una cruzada nacional en contra de esos delitos tumultuarios, que debería ser encabezada y coordinada por las iglesias, tanto la católica como las evangélicas.
Según las informaciones de la Policía, desde 1996 han ocurrido aproximadamente unos 400 casos. Cifras oficiales señalan que en este año nueve personas han muerto en hechos similares, que han ocurrido en número de 32 en diversos lugares del territorio nacional, como Palín y Sumpango, donde sufrieron la misma suerte un hombre y una mujer a quienes los pobladores calificaron de robaniños.
Lo primero que salta a la vista es la necesidad de evitar que se repitan estos hechos. Pero es imposible que las autoridades puedan hacerlo por razones que comienzan desde la notoria escasez de agentes policiales, pero además porque aun cuando cada poblado nacional tuviera suficiente número de ellos, les sería imposible enfrentarse a turbas como los 1,500 vecinos que se arremolinaron durante la noche con el objetivo de tomarse justicia por su propia mano y de esa forma asesinaron a sus tres víctimas.
Es indudable que este crimen tumultuario fue el resultado de la desesperación de los vecinos por la multiplicidad de hechos delictivos que sufren en sus casas, camino a sus trabajos y en los autobuses extraurbanos, pero especialmente por la impunidad con que los delincuentes coronan sus hechos en todas las partes del país, hecho que este periódico ha señalado numerosas veces.
No significa esto que necesariamente hayan sido culpables de los asaltos los dos hermanos y el policía nacional que fueron quemados vivos. Sólo explica que la acción violenta tumultuaria tiene una explicación pero jamás una justificación, porque aun cuando hayan sido culpables, la forma de castigarlos es a través de la aplicación de las leyes.
Un elemento agravante del hecho es que los asesinos impidieron que bomberos y policías intentaran salvar a los tres hombres, que quedaron carbonizados.
Se debe entonces organizar un esfuerzo de convencimiento, basado en los principios religiosos, que son comunes en cuanto al respeto de la vida humana. Las iglesias tienen en este tema una oportunidad de utilizar su capacidad de influencia y de convocatoria para expresar que quienes profesan el catolicismo o cualquiera de las demás versiones de las enseñanzas cristianas, no pueden jamás justificar hechos como estos, cuyos autores se colocan muy lejos de los principios religiosos.
El esfuerzo de las iglesias debe ser apoyado por el Gobierno, a través de una masiva campaña de publicidad que se realice sobre todo, pero no exclusivamente, en los medios audiovisuales.
Es un tema de importancia nacional, más allá de las divisiones de cualquier índole, porque al no saberse en el extranjero las razones de estos hechos, los guatemaltecos quedamos como trogloditas.
Los guatemaltecos respetuosos de la vida humana se sintieron conmovidos al enterarse de que en la provincia, esta vez en Santa Apolonia, Chimaltenango, una turba linchó a tres personas en circunstancias que son francamente preocupantes, lo que obliga a realizar una cruzada nacional en contra de esos delitos tumultuarios, que debería ser encabezada y coordinada por las iglesias, tanto la católica como las evangélicas.
Según las informaciones de la Policía, desde 1996 han ocurrido aproximadamente unos 400 casos. Cifras oficiales señalan que en este año nueve personas han muerto en hechos similares, que han ocurrido en número de 32 en diversos lugares del territorio nacional, como Palín y Sumpango, donde sufrieron la misma suerte un hombre y una mujer a quienes los pobladores calificaron de robaniños.
Lo primero que salta a la vista es la necesidad de evitar que se repitan estos hechos. Pero es imposible que las autoridades puedan hacerlo por razones que comienzan desde la notoria escasez de agentes policiales, pero además porque aun cuando cada poblado nacional tuviera suficiente número de ellos, les sería imposible enfrentarse a turbas como los 1,500 vecinos que se arremolinaron durante la noche con el objetivo de tomarse justicia por su propia mano y de esa forma asesinaron a sus tres víctimas.
Es indudable que este crimen tumultuario fue el resultado de la desesperación de los vecinos por la multiplicidad de hechos delictivos que sufren en sus casas, camino a sus trabajos y en los autobuses extraurbanos, pero especialmente por la impunidad con que los delincuentes coronan sus hechos en todas las partes del país, hecho que este periódico ha señalado numerosas veces.
No significa esto que necesariamente hayan sido culpables de los asaltos los dos hermanos y el policía nacional que fueron quemados vivos. Sólo explica que la acción violenta tumultuaria tiene una explicación pero jamás una justificación, porque aun cuando hayan sido culpables, la forma de castigarlos es a través de la aplicación de las leyes.
Un elemento agravante del hecho es que los asesinos impidieron que bomberos y policías intentaran salvar a los tres hombres, que quedaron carbonizados.
Se debe entonces organizar un esfuerzo de convencimiento, basado en los principios religiosos, que son comunes en cuanto al respeto de la vida humana. Las iglesias tienen en este tema una oportunidad de utilizar su capacidad de influencia y de convocatoria para expresar que quienes profesan el catolicismo o cualquiera de las demás versiones de las enseñanzas cristianas, no pueden jamás justificar hechos como estos, cuyos autores se colocan muy lejos de los principios religiosos.
El esfuerzo de las iglesias debe ser apoyado por el Gobierno, a través de una masiva campaña de publicidad que se realice sobre todo, pero no exclusivamente, en los medios audiovisuales.
Es un tema de importancia nacional, más allá de las divisiones de cualquier índole, porque al no saberse en el extranjero las razones de estos hechos, los guatemaltecos quedamos como trogloditas.
06 May 2006
Siguen los linchamientos
Por Sam Colop
Prensa Libre (06 may 06)
Hace más de 15 días fueron dos las personas linchadas en Sumpango, Sácatepeques, y ahora fueron tres en Santa Polonia, Chimaltenango. Estos hechos, por supuesto, son repudiables desde todo punto de vista; pero también evidencian una total desconfianza en el sistema de justicia.
En el caso de Santa Polonia, conforme a informaciones de prensa, la ausencia del Estado fue tal, que la PNC se concretó a tratar de convencer a los vecinos a no cometer el ilícito; pero “desde lejos”. Tanto el juez de Paz como el fiscal del MP no se hicieron presentes por temor, y los restos de los calcinados fueron recogidos por trabajadores del Juzgado de Paz.
En el caso de Sumpango, según esa misma información, los fiscales no han ingresado en el pueblo por miedo a la reacción de los habitantes, y el director de la PNC reconoce que las fuerzas de seguridad han sido rebasadas; pero no oculta que el grupo de agentes encargados para disuadir a las personas en estos casos, se encontraba efectuando un desalojo en San Marcos.
Conforme a vecinos de Tecpán, en esa ruta donde ocurrió el linchamiento, los asaltos son constantes, y en una versión de lo ocurrido, se dice que ese miércoles, pasajeros de una camioneta fueron asaltados de nuevo. Que habiendo llegado la camioneta a su destino, los hombres de la aldea ya hartos de esos actos, abordaron el mismo transporte y regresaron al lugar de los hechos donde para colmo, los supuestos mismos asaltantes quisieron robar de nuevo a otros supuestos pasajeros, llevándose la sorpresa de que éstos iban en busca de ellos.
Los medios tienen otras versiones, pero corresponde al MP determinar la veracidad de lo ocurrido. La desconfianza de la población hacia el sistema de justicia en general, se corrobora con otro hecho. Hace unos meses en aquella región, según me comentaron, dos jovencitas fueron violadas, ellas reconocieron a los agresores; se presentó la denuncia, pero en menos de una semana los señalados estaban en libertad.
Los linchamientos, coincidentemente, ocurren, en su mayoría, donde la campaña contrainsurgente durante el pasado conflicto armado, llegó a su más alto grado de salvajismo. A ello se suma el actual fracaso estatal para brindar seguridad y justicia. De esa cuenta, es inaceptable tildar -aunque no se dice explícitamente- a esas comunidades indígenas como únicas responsables de llegar a estos extremos. En la capital, como sabemos, incluso se puede terminar muerto por bocinar a tripulantes de otro vehículo.
E K’O LO JUJUN kiyoq’ apan qawinaqil rumal ri kamisanik taq ri’; necher man kichomaj taj chi pa kitinamit xukuje’ kekamisax winaq xaq che ubanik.
Prensa Libre (06 may 06)
Hace más de 15 días fueron dos las personas linchadas en Sumpango, Sácatepeques, y ahora fueron tres en Santa Polonia, Chimaltenango. Estos hechos, por supuesto, son repudiables desde todo punto de vista; pero también evidencian una total desconfianza en el sistema de justicia.
En el caso de Santa Polonia, conforme a informaciones de prensa, la ausencia del Estado fue tal, que la PNC se concretó a tratar de convencer a los vecinos a no cometer el ilícito; pero “desde lejos”. Tanto el juez de Paz como el fiscal del MP no se hicieron presentes por temor, y los restos de los calcinados fueron recogidos por trabajadores del Juzgado de Paz.
En el caso de Sumpango, según esa misma información, los fiscales no han ingresado en el pueblo por miedo a la reacción de los habitantes, y el director de la PNC reconoce que las fuerzas de seguridad han sido rebasadas; pero no oculta que el grupo de agentes encargados para disuadir a las personas en estos casos, se encontraba efectuando un desalojo en San Marcos.
Conforme a vecinos de Tecpán, en esa ruta donde ocurrió el linchamiento, los asaltos son constantes, y en una versión de lo ocurrido, se dice que ese miércoles, pasajeros de una camioneta fueron asaltados de nuevo. Que habiendo llegado la camioneta a su destino, los hombres de la aldea ya hartos de esos actos, abordaron el mismo transporte y regresaron al lugar de los hechos donde para colmo, los supuestos mismos asaltantes quisieron robar de nuevo a otros supuestos pasajeros, llevándose la sorpresa de que éstos iban en busca de ellos.
Los medios tienen otras versiones, pero corresponde al MP determinar la veracidad de lo ocurrido. La desconfianza de la población hacia el sistema de justicia en general, se corrobora con otro hecho. Hace unos meses en aquella región, según me comentaron, dos jovencitas fueron violadas, ellas reconocieron a los agresores; se presentó la denuncia, pero en menos de una semana los señalados estaban en libertad.
Los linchamientos, coincidentemente, ocurren, en su mayoría, donde la campaña contrainsurgente durante el pasado conflicto armado, llegó a su más alto grado de salvajismo. A ello se suma el actual fracaso estatal para brindar seguridad y justicia. De esa cuenta, es inaceptable tildar -aunque no se dice explícitamente- a esas comunidades indígenas como únicas responsables de llegar a estos extremos. En la capital, como sabemos, incluso se puede terminar muerto por bocinar a tripulantes de otro vehículo.
E K’O LO JUJUN kiyoq’ apan qawinaqil rumal ri kamisanik taq ri’; necher man kichomaj taj chi pa kitinamit xukuje’ kekamisax winaq xaq che ubanik.
Ineficacia de la autoridad
Por Lorena Seijo
Prensa Libre (6 may 06)
El siquiatra Rodolfo Kepfer considera que los linchamientos son una forma de manifestar la ineficiencia de la autoridad y un mensaje negativo para quienes los presencian, específicamente los niños.
¿Qué es lo que genera un linchamiento?
Primero, tiene que haber una percepción compartida de ineficacia de la autoridad y un convencimiento de que se está en tierra de nadie.
Se suele comentar que este tipo de crímenes son propios de comunidades alejadas, pero ya ha habido casos en la capital y municipios cercanos.
En Guatemala, tomar la justicia por mano propia es una tendencia general, un acto reivindicativo, de recuperación del control, la propiedad y la seguridad. Los linchadores eligen a una víctima como chivo expiatorio de todo lo que han acumulado, como ejemplificador.
¿Hay instigadores en los linchamientos o es una reacción espontánea de la masa?
Podríamos pensar que puede haber injerencias en crear ánimos de persecución, climas de expectativa y alarma, como lo que se comentaba de las iglesias y la Policía advirtiendo sobre robo de niños en Sumpango.
¿Pero es un fenómeno grupal?
Definitivamente, es un fenómeno grupal y operan, en general, inconscientemente. La característica es que no hay conciencia individual, el grupo está sin cabeza.
¿Qué se necesita para que se generen?
Lo que se necesita es un disparador. Bien sea porque el futuro linchado es un delincuente o porque así lo considera el grupo tras haberse propagado un rumor.
¿Pero los rumores pueden generarse por problemas personales previos?
Puede haber en algunos casos intereses en atribuir culpas o en dirigir el linchamiento. Recordemos que después nunca se aclaran los hechos.
¿Cómo debería actuar la Policía?
Lo lógico es rescatar a los implicados, pues ese es su trabajo. Además, debe proteger a las personas que se dejan llevar por el grupo, pero que en circunstancias normales no son violentas, de cometer una barbaridad.
¿Cuando el caso queda en la impunidad, cuál es el efecto?
Puede darse una oleada de más linchamientos, porque la impunidad justifica el hecho.
¿Se sienten culpables después los victimarios?
Sí, pero probablemente no quieran comentarlo más. Simplemente, hacen como si no hubiera ocurrido. Aunque en los observadores, sobre todo si son menores, puede generar un gran trauma.
¿Qué deberían hacer las autoridades?
Deben aplicarse medidas preventivas y solucionar las razones que generan el desgobierno.
Prensa Libre (6 may 06)
El siquiatra Rodolfo Kepfer considera que los linchamientos son una forma de manifestar la ineficiencia de la autoridad y un mensaje negativo para quienes los presencian, específicamente los niños.
¿Qué es lo que genera un linchamiento?
Primero, tiene que haber una percepción compartida de ineficacia de la autoridad y un convencimiento de que se está en tierra de nadie.
Se suele comentar que este tipo de crímenes son propios de comunidades alejadas, pero ya ha habido casos en la capital y municipios cercanos.
En Guatemala, tomar la justicia por mano propia es una tendencia general, un acto reivindicativo, de recuperación del control, la propiedad y la seguridad. Los linchadores eligen a una víctima como chivo expiatorio de todo lo que han acumulado, como ejemplificador.
¿Hay instigadores en los linchamientos o es una reacción espontánea de la masa?
Podríamos pensar que puede haber injerencias en crear ánimos de persecución, climas de expectativa y alarma, como lo que se comentaba de las iglesias y la Policía advirtiendo sobre robo de niños en Sumpango.
¿Pero es un fenómeno grupal?
Definitivamente, es un fenómeno grupal y operan, en general, inconscientemente. La característica es que no hay conciencia individual, el grupo está sin cabeza.
¿Qué se necesita para que se generen?
Lo que se necesita es un disparador. Bien sea porque el futuro linchado es un delincuente o porque así lo considera el grupo tras haberse propagado un rumor.
¿Pero los rumores pueden generarse por problemas personales previos?
Puede haber en algunos casos intereses en atribuir culpas o en dirigir el linchamiento. Recordemos que después nunca se aclaran los hechos.
¿Cómo debería actuar la Policía?
Lo lógico es rescatar a los implicados, pues ese es su trabajo. Además, debe proteger a las personas que se dejan llevar por el grupo, pero que en circunstancias normales no son violentas, de cometer una barbaridad.
¿Cuando el caso queda en la impunidad, cuál es el efecto?
Puede darse una oleada de más linchamientos, porque la impunidad justifica el hecho.
¿Se sienten culpables después los victimarios?
Sí, pero probablemente no quieran comentarlo más. Simplemente, hacen como si no hubiera ocurrido. Aunque en los observadores, sobre todo si son menores, puede generar un gran trauma.
¿Qué deberían hacer las autoridades?
Deben aplicarse medidas preventivas y solucionar las razones que generan el desgobierno.
El linchamiento no es justicia
Editorial de Prensa Libre (06 may 06)
Siete vidas humanas segadas en los últimos tres linchamientos ocurridos este año en el país exhiben los peligrosos niveles de intolerancia e irracionalidad que está alcanzando la vindicta pública.
Ante las deficiencias del sistema de seguridad y justicia, debido a lo cual el repunte de la criminalidad continúa imperturbable, las turbas se consideran investidas de la autoridad para castigar al delincuente, en un retorcimiento de los ideales de imparcialidad, equidad y respeto a la vida humana inherentes a toda sociedad civilizada y organizada.
A causa de la incapacidad del Estado para ejercer de manera apropiada el monopolio de justicia delegado por la sociedad, el miedo de las personas a la delincuencia se agiganta hasta convertirse en una patología colectiva cuyos resultados son la represión, sin mayor fundamento, de todo individuo visto como un delincuente potencial.
Ese miedo generalizado hacia el criminal y la arbitrariedad a para erradicarlo se convierten en un serio peligro para todos los guatemaltecos, porque de pronto cualquier ciudadano puede encontrarse en el lugar y en el momento equivocados, y ser víctima de la ira de la plebe, que en su arrebato no escucha ni da crédito a ningún argumento de descargo por parte del sospechoso.
El linchamiento es una infamia de contrastes, porque aquellos que se suponen honorables y justos devienen asesinos cuando lo practican , y escalan, en razón de su acto insensato y arbitrario, un nivel delictivo más grave que el de la víctima de su venganza. La responsabilidad de ese delito es dual con el Estado, porque la afrenta atribuida al supuesto delincuente, y su muerte, por lo general quedan impunes.
El Estado fomenta los linchamientos por su incapacidad de dar respuesta al temor público frente a la criminalidad. En el paroxismo por los riesgos que ello implica, el populacho vulnera el orden y asume la práctica de lo que supone es justicia, con las consecuencias nefastas que ahora se viven.
Si el Estado expresa preocupación por los linchamientos pero no hace nada por retomar su rectoría coactiva, coercitiva y punitiva, asume una postura hipócrita que agrava el criterio público de su debilidad. Esa retórica gubernamental adolece del mismo defecto de las iniciativas cosméticas y de poco valor, como el ofrecer sensibilizar respecto de aquel agravio, si no se acompaña de medidas resueltas para hacer funcionar la persecución y la sanción del delito.
Indudablemente, no es la especie de pax romana representada por la presencia policial en las calles la salida a esta crisis social, porque la subordinación al orden, de manera obligada, sólo se logra, precariamente, mientras haya vigilancia, debido a que persisten las causas sociales que originan la inseguridad. No cabe la respuesta violenta para alcanzar el ideal de justicia, tanto de parte del Estado como de particulares, porque en esos dos ámbitos su empleo es una manifestación extrema de irresponsabilidad e incompetencia.
Siete vidas humanas segadas en los últimos tres linchamientos ocurridos este año en el país exhiben los peligrosos niveles de intolerancia e irracionalidad que está alcanzando la vindicta pública.
Ante las deficiencias del sistema de seguridad y justicia, debido a lo cual el repunte de la criminalidad continúa imperturbable, las turbas se consideran investidas de la autoridad para castigar al delincuente, en un retorcimiento de los ideales de imparcialidad, equidad y respeto a la vida humana inherentes a toda sociedad civilizada y organizada.
A causa de la incapacidad del Estado para ejercer de manera apropiada el monopolio de justicia delegado por la sociedad, el miedo de las personas a la delincuencia se agiganta hasta convertirse en una patología colectiva cuyos resultados son la represión, sin mayor fundamento, de todo individuo visto como un delincuente potencial.
Ese miedo generalizado hacia el criminal y la arbitrariedad a para erradicarlo se convierten en un serio peligro para todos los guatemaltecos, porque de pronto cualquier ciudadano puede encontrarse en el lugar y en el momento equivocados, y ser víctima de la ira de la plebe, que en su arrebato no escucha ni da crédito a ningún argumento de descargo por parte del sospechoso.
El linchamiento es una infamia de contrastes, porque aquellos que se suponen honorables y justos devienen asesinos cuando lo practican , y escalan, en razón de su acto insensato y arbitrario, un nivel delictivo más grave que el de la víctima de su venganza. La responsabilidad de ese delito es dual con el Estado, porque la afrenta atribuida al supuesto delincuente, y su muerte, por lo general quedan impunes.
El Estado fomenta los linchamientos por su incapacidad de dar respuesta al temor público frente a la criminalidad. En el paroxismo por los riesgos que ello implica, el populacho vulnera el orden y asume la práctica de lo que supone es justicia, con las consecuencias nefastas que ahora se viven.
Si el Estado expresa preocupación por los linchamientos pero no hace nada por retomar su rectoría coactiva, coercitiva y punitiva, asume una postura hipócrita que agrava el criterio público de su debilidad. Esa retórica gubernamental adolece del mismo defecto de las iniciativas cosméticas y de poco valor, como el ofrecer sensibilizar respecto de aquel agravio, si no se acompaña de medidas resueltas para hacer funcionar la persecución y la sanción del delito.
Indudablemente, no es la especie de pax romana representada por la presencia policial en las calles la salida a esta crisis social, porque la subordinación al orden, de manera obligada, sólo se logra, precariamente, mientras haya vigilancia, debido a que persisten las causas sociales que originan la inseguridad. No cabe la respuesta violenta para alcanzar el ideal de justicia, tanto de parte del Estado como de particulares, porque en esos dos ámbitos su empleo es una manifestación extrema de irresponsabilidad e incompetencia.
Estado sensibilizará contra linchamientos
Por Coralia Orantes
Prensa Libre (06 may 06)
Una campaña de sensibilización masiva que permita explicar causas, efectos y evitar los linchamientos empezará la comisión nacional de prevención de ese hecho ilícito, integrada por instituciones del Estado.
Mientras se conocía de los hechos violentos ocurridos el miércoles recién pasado en Chiquex, Santa Apolonia, Chimaltenango, donde pobladores tomaron “justicia” por mano propia y segaron la vida de tres supuestos asaltantes, la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos se reunía con la finalidad de buscar una respuesta a estos hechos.
Después de la discusión, se concluyó que debía emprenderse una campaña de sensibilización masiva que permitiera explicar los efectos y las acciones penales que se deben seguir.
Esta comisión es presidida por el Organismo Judicial (OJ) e integrada por la Secretaría de la Paz, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Alfabetización, el Instituto Guatemalteco de Turismo y los ministerios de Gobernación y Educación.
También participan el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Defensoría Indígena.
El primer inconveniente que afronta la referida instancia es la obtención de recursos para lanzar la campaña de prevención de linchamientos. La semana próxima, ese será el punto a discutir.
También, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordaron que en el pleno del próximo miércoles evaluarán políticas específicas para juzgar y crear métodos para erradicar los linchamientos. Precisamente, la falta de justicia es la que ha salido a relucir luego del linchamiento en Chimaltenango y, días antes, en Sumpango, Sacatepéquez.
Reconoce ineficiencia
El presidente en funciones de la CSJ, Luis Fernández Molina, dijo que los linchamientos son una respuesta a la ineficiencia del sistema de justicia. “Es una fuerte llamada de atención a todos los responsables del sistema, y amerita una corrección en los procesos”, afirmó.
Desde 1999, el OJ desarrolla un plan de capacitación de líderes locales y pobladores, para evitar linchamientos.
Uno de los lugares que no se ha atendido es Sumpango, Sacatepéquez. Estadísticas de la CSJ dan cuenta de que este año ha habido 14 agresiones públicas, de las cuales 11 terminaron en linchamiento.
Los departamentos donde más se han registrado esos casos son Quiché, Alta Verapaz y Chimaltenango.
“Estos hechos ocurren por la falta de respuesta del sistema de justicia, por la inseguridad, pues la población no ha recibido solución del Ministerio Público, la Policía Nacional (PNC) y el Organismo Judicial”, opinó la activista pro justicia Helen Mack.
Ejecutivo, preocupado
El presidente Óscar Berger lamentó los linchamientos y prometió investigarlos a través de equipos de Inteligencia.
A la vez, el mandatario solicitó a las autoridades de la CSJ mejorar la aplicación de justicia.
“Es lamentable, y vamos a perseguir a aquellos que promueven y ejecutan los linchamientos, porque son hechos al margen de la ley”, advirtió Berger.
Indicó que espera que los Q15 millones que se van a invertir en juzgados móviles puedan mejorar la aplicación de justicia.
“La justicia debe ser pronta y cumplida, si no, no es justicia”, recordó el mandatario.
Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, y Edwin Sperisen, director de la PNC, coincidieron en que es un tema “muy complejo”, y que las propias autoridades deben tomar precauciones, para no arriesgar más a la población.
El problema sirve como un llamado de atención a las autoridades de la CSJ, para que agilicen los procesos y garanticen la justicia que demanda la población, comentó Vielmann, al ser consultado durante el octavo Gabinete Móvil, desarrollado ayer en Cobán, Alta Verapaz.
Causa: la delincuencia
La delincuencia es una de las razones primordiales para que se produzcan los linchamientos.
El año pasado se logró llevar a 87 personas a los tribunales, sindicadas por este tipo de hechos, de los 68 casos que se produjeron.
Durante este año se han dado 14 linchamientos.
Los saldos son 11 personas muertas y 15 heridos.
El linchamiento no está tipificado como delito, por lo que las personas son señaladas de asesinato y lesiones graves, entre otros.
El OJ ha descubierto que existen 24 causas por las cuales las personas participan en estas ejecuciones; el primer lugar lo tiene el agobio que siente la población por la delincuencia.
Hasta el momento se han realizado 845 acciones preventivas en 222 municipios de todo el país.
Los departamentos más violentos son Quiché, Alta Verapaz y Chimaltenango.
En Guatemala se han producido 655 linchamientos, según Minugua.
De éstos sólo seis casos han sido llevados a juicio.
Prensa Libre (06 may 06)
Una campaña de sensibilización masiva que permita explicar causas, efectos y evitar los linchamientos empezará la comisión nacional de prevención de ese hecho ilícito, integrada por instituciones del Estado.
Mientras se conocía de los hechos violentos ocurridos el miércoles recién pasado en Chiquex, Santa Apolonia, Chimaltenango, donde pobladores tomaron “justicia” por mano propia y segaron la vida de tres supuestos asaltantes, la Comisión Nacional para la Prevención de Linchamientos se reunía con la finalidad de buscar una respuesta a estos hechos.
Después de la discusión, se concluyó que debía emprenderse una campaña de sensibilización masiva que permitiera explicar los efectos y las acciones penales que se deben seguir.
Esta comisión es presidida por el Organismo Judicial (OJ) e integrada por la Secretaría de la Paz, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, el Consejo Nacional de Alfabetización, el Instituto Guatemalteco de Turismo y los ministerios de Gobernación y Educación.
También participan el Instituto de la Defensa Pública Penal, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Defensoría Indígena.
El primer inconveniente que afronta la referida instancia es la obtención de recursos para lanzar la campaña de prevención de linchamientos. La semana próxima, ese será el punto a discutir.
También, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordaron que en el pleno del próximo miércoles evaluarán políticas específicas para juzgar y crear métodos para erradicar los linchamientos. Precisamente, la falta de justicia es la que ha salido a relucir luego del linchamiento en Chimaltenango y, días antes, en Sumpango, Sacatepéquez.
Reconoce ineficiencia
El presidente en funciones de la CSJ, Luis Fernández Molina, dijo que los linchamientos son una respuesta a la ineficiencia del sistema de justicia. “Es una fuerte llamada de atención a todos los responsables del sistema, y amerita una corrección en los procesos”, afirmó.
Desde 1999, el OJ desarrolla un plan de capacitación de líderes locales y pobladores, para evitar linchamientos.
Uno de los lugares que no se ha atendido es Sumpango, Sacatepéquez. Estadísticas de la CSJ dan cuenta de que este año ha habido 14 agresiones públicas, de las cuales 11 terminaron en linchamiento.
Los departamentos donde más se han registrado esos casos son Quiché, Alta Verapaz y Chimaltenango.
“Estos hechos ocurren por la falta de respuesta del sistema de justicia, por la inseguridad, pues la población no ha recibido solución del Ministerio Público, la Policía Nacional (PNC) y el Organismo Judicial”, opinó la activista pro justicia Helen Mack.
Ejecutivo, preocupado
El presidente Óscar Berger lamentó los linchamientos y prometió investigarlos a través de equipos de Inteligencia.
A la vez, el mandatario solicitó a las autoridades de la CSJ mejorar la aplicación de justicia.
“Es lamentable, y vamos a perseguir a aquellos que promueven y ejecutan los linchamientos, porque son hechos al margen de la ley”, advirtió Berger.
Indicó que espera que los Q15 millones que se van a invertir en juzgados móviles puedan mejorar la aplicación de justicia.
“La justicia debe ser pronta y cumplida, si no, no es justicia”, recordó el mandatario.
Carlos Vielmann, ministro de Gobernación, y Edwin Sperisen, director de la PNC, coincidieron en que es un tema “muy complejo”, y que las propias autoridades deben tomar precauciones, para no arriesgar más a la población.
El problema sirve como un llamado de atención a las autoridades de la CSJ, para que agilicen los procesos y garanticen la justicia que demanda la población, comentó Vielmann, al ser consultado durante el octavo Gabinete Móvil, desarrollado ayer en Cobán, Alta Verapaz.
Causa: la delincuencia
La delincuencia es una de las razones primordiales para que se produzcan los linchamientos.
El año pasado se logró llevar a 87 personas a los tribunales, sindicadas por este tipo de hechos, de los 68 casos que se produjeron.
Durante este año se han dado 14 linchamientos.
Los saldos son 11 personas muertas y 15 heridos.
El linchamiento no está tipificado como delito, por lo que las personas son señaladas de asesinato y lesiones graves, entre otros.
El OJ ha descubierto que existen 24 causas por las cuales las personas participan en estas ejecuciones; el primer lugar lo tiene el agobio que siente la población por la delincuencia.
Hasta el momento se han realizado 845 acciones preventivas en 222 municipios de todo el país.
Los departamentos más violentos son Quiché, Alta Verapaz y Chimaltenango.
En Guatemala se han producido 655 linchamientos, según Minugua.
De éstos sólo seis casos han sido llevados a juicio.
A los pueblos regresa la calma
Por Leonardo Cereser
Prensa Libre (6 may 06)
En la aldea Chiquex, Chimaltenango, y en Sumpango, Sacatepéquez, nadie diría que recientemente fueron golpeados y quemados vivos supuestos delincuentes, por los pobladores. Ambos pueblos fueron recorridos ayer, y lo que se percibió fue una aparente calma.
En Chiquex, los pobladores se abstienen de hablar con desconocidos sobre los hechos ocurridos el miércoles recién pasado, cuando tres presuntos asaltantes de buses, incluyendo un agente de la Policía Nacional Civil, fueron linchados.
“No sabemos nada”, “yo no estaba en la aldea”, o “¿para qué quiere la información?”, fueron algunas de las respuestas de los habitantes.
En el campo de fútbol donde fueron linchados el agente Nery Contreras Gutiérrez y los hermanos Carlos René, de 26 años, y César Méndez Siney, 25, alias Gallina y Checha, ayer sólo se observaban las cenizas. El vehículo donde éstos se conducían también fue quemado y ya había sido retirado.
Organizados
Un pastor evangélico indicó que la población está coordinada para hacer frente a la delincuencia, lo cual incluye vapulear y dar muerte a acusados.
A escasos dos kilómetros de ese lugar, los habitantes de San José Poaquil justifican los linchamientos. Algunos celebran el que haya sido reabierta la estación de Policía en febrero recién pasado, después de varios meses de haber permanecido cerrada, luego de que una turba expulsó a los agentes por haberse resistido a entregar a presuntos delincuentes a quienes se pretendía linchar.
“Aquí se realizan rondas de vigilancia, y cuando algún encargado de sector ve algo sospechoso, suena un gorgorito y todos se ponen alerta”, dijo Manuel Tartón, alcalde.
“A mi hijo lo golpearon los de seguridad, por estar con unos amigos en la noche, y cuando denuncié a la Policía, me fueron a buscar y me amenazaron los del Comité”, se quejó la dueña de un pequeño negocio.
Sumpango: Alerta al repique de campanas
Si algo tienen los habitantes de Sumpango, Sacatepéquez, es coordinación. Allí, tal y como ocurrió el 19 de abril recién pasado, cuando fue linchada una pareja (supuestos robaniños), todos están alertas al repique de las campanas.
El sonido de éstas alerta a los habitantes de algún hecho delictivo y todos acuden al llamado.
Algunos habitantes consultados ayer dijeron sentirse desprotegidos por la falta de la subestación (los pobladores arremetieron contra la sede de la Policía Nacional Civil (PNC), que intentó evitar el linchamiento de la pareja, y luego tuvo que abandonar el pueblo).
Por las calles de Sumpango se observan operativos móviles de la PNC con el Ejército.
En el lugar donde fue quemada la pareja ya no quedan señales del linchamiento, sobre todo por tratarse de una calle donde pasan vehículos y peatones.
De momento, la investigación por el crimen no ha llevado a nadie a prisión. El Ministerio Público de Sacatepéquez evalúa el traslado del expediente a la capital, por seguridad de los trabajadores.
Coordinación
Organizados para contrarrestar la delincuencia.
Los líderes comunitarios se reúnen periódicamente para evaluar avances y coordinar nuevas acciones, que incluyen el linchamiento de supuestos delincuentes.
Utilizan estrategias como tocar gorgoritos o repicar las campanas de la iglesia, para alertar a los pobladores de que se está cometiendo un hecho ilícito.
Prensa Libre (6 may 06)
En la aldea Chiquex, Chimaltenango, y en Sumpango, Sacatepéquez, nadie diría que recientemente fueron golpeados y quemados vivos supuestos delincuentes, por los pobladores. Ambos pueblos fueron recorridos ayer, y lo que se percibió fue una aparente calma.
En Chiquex, los pobladores se abstienen de hablar con desconocidos sobre los hechos ocurridos el miércoles recién pasado, cuando tres presuntos asaltantes de buses, incluyendo un agente de la Policía Nacional Civil, fueron linchados.
“No sabemos nada”, “yo no estaba en la aldea”, o “¿para qué quiere la información?”, fueron algunas de las respuestas de los habitantes.
En el campo de fútbol donde fueron linchados el agente Nery Contreras Gutiérrez y los hermanos Carlos René, de 26 años, y César Méndez Siney, 25, alias Gallina y Checha, ayer sólo se observaban las cenizas. El vehículo donde éstos se conducían también fue quemado y ya había sido retirado.
Organizados
Un pastor evangélico indicó que la población está coordinada para hacer frente a la delincuencia, lo cual incluye vapulear y dar muerte a acusados.
A escasos dos kilómetros de ese lugar, los habitantes de San José Poaquil justifican los linchamientos. Algunos celebran el que haya sido reabierta la estación de Policía en febrero recién pasado, después de varios meses de haber permanecido cerrada, luego de que una turba expulsó a los agentes por haberse resistido a entregar a presuntos delincuentes a quienes se pretendía linchar.
“Aquí se realizan rondas de vigilancia, y cuando algún encargado de sector ve algo sospechoso, suena un gorgorito y todos se ponen alerta”, dijo Manuel Tartón, alcalde.
“A mi hijo lo golpearon los de seguridad, por estar con unos amigos en la noche, y cuando denuncié a la Policía, me fueron a buscar y me amenazaron los del Comité”, se quejó la dueña de un pequeño negocio.
Sumpango: Alerta al repique de campanas
Si algo tienen los habitantes de Sumpango, Sacatepéquez, es coordinación. Allí, tal y como ocurrió el 19 de abril recién pasado, cuando fue linchada una pareja (supuestos robaniños), todos están alertas al repique de las campanas.
El sonido de éstas alerta a los habitantes de algún hecho delictivo y todos acuden al llamado.
Algunos habitantes consultados ayer dijeron sentirse desprotegidos por la falta de la subestación (los pobladores arremetieron contra la sede de la Policía Nacional Civil (PNC), que intentó evitar el linchamiento de la pareja, y luego tuvo que abandonar el pueblo).
Por las calles de Sumpango se observan operativos móviles de la PNC con el Ejército.
En el lugar donde fue quemada la pareja ya no quedan señales del linchamiento, sobre todo por tratarse de una calle donde pasan vehículos y peatones.
De momento, la investigación por el crimen no ha llevado a nadie a prisión. El Ministerio Público de Sacatepéquez evalúa el traslado del expediente a la capital, por seguridad de los trabajadores.
Coordinación
Organizados para contrarrestar la delincuencia.
Los líderes comunitarios se reúnen periódicamente para evaluar avances y coordinar nuevas acciones, que incluyen el linchamiento de supuestos delincuentes.
Utilizan estrategias como tocar gorgoritos o repicar las campanas de la iglesia, para alertar a los pobladores de que se está cometiendo un hecho ilícito.
05 May 2006
Estado, incapaz de evitar linchamientos en el país
Por A. Guoz, K. Reyes, y A. Sas
elPeriódico (5 may 06)
Mientras casi mil personas vapuleaban a tres supuestos delincuentes en el caserío La Vega, aldea Chiquej, Santa Apolonia, Chimaltenango, el jueves por la noche, apenas cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intentaban, desde lejos, persuadir a los vecinos para no cometer el hecho.
Las víctimas fueron rociadas con combustible para luego ser quemadas. Mientras esto sucedía, el auxiliar departamental de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Alfredo Ramos, era notificado por la PNC sobre el hecho, y advertido de que no se presentara pues podría correr la misma suerte.
El fiscal del Ministerio Público, Albert Clinton, no asistió, según fuentes de esa institución, por temor a la turba.
El juez de Paz, Rocael Girón, tampoco llegó al lugar. Sostiene que los líderes comunales le indicaron que no le garantizaban su seguridad personal. Señala que por lo menos en ocho ocasiones anteriores se logró evitar por medio del diálogo que los pobladores lincharan a presuntos delincuentes.
Los cuerpos de socorro solo pudieron ingresar al lugar después de que se consumó el acto delincuencial.
“En cuestiones de fuerza nos han rebasado”, confiesa el director de la PNC, Erwin Sperisen, en alusión a los pobladores que toman la justicia por su propia mano.
Sostiene que el jueves, los vecinos estaban armados, incluso cree que portaban armas de fuego, lo cual hubiera generado un enfrentamiento.
¿Pretenden que empecemos a disparar para salvar a dos personas?, se pregunta y cree que ante la falta de personal, los agentes hicieron lo adecuado, es decir, buscar el diálogo y retirarse cuando ya no pudieron contener a la turba.
Reitera que no hay recursos disponibles para obtener el equipo suficiente. “No hay helicópteros a disposición de esa entidad, y el grupo que es enviado para disuadir a los protestantes se encontraba realizando un desalojo en San Marcos el jueves por la noche”.
De la investigación realizada por el Ministerio Público (MP) en los dos últimos casos de linchamiento registrados en Sumpango, Sacatepéquez, y Chimaltenango, nadie da respuesta alguna. En el primero de los casos, los fiscales no han podido ingresar al lugar después del 19 de abril, debido a que no se les garantizan las condiciones de seguridad para realizar su trabajo.
Ayer, la labor de los investigadores, que consiste en levantar los cadáveres, la debieron realizar los trabajadores del Juzgado de Paz de Santa Apolonia, Chimaltenango.
En el caso de la quema de viviendas en Palín, Escuintla, el juez de Paz del lugar, por temor a represalias, se abstuvo de escuchar las declaraciones de los acusados, por lo que el expediente fuera remitido a Escuintla.
La Corte Suprema de Justicia conoce 87 casos de linchamiento. Ninguno ha sido enviado a juicio oral. “Es una llamada de atención para los tres organismos, esto no puede continuar así y en la medida en que no existan resultados judiciales se abren las puertas para que continúen estos hechos. La gente ha perdido la fe debido a los trámites engorrosos y lentitud del sistema”, sostiene el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, José Fernández.
El fiscal general, Juan Luis Florido, no contestó a las llamadas efectuadas.
Frank La Rue, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, considera que el sistema judicial está tan debilitado como las mismas fuerzas policiales.
Vitalino Similox, coordinador general del Foro Ecuménico, dice que ahora la delincuencia tiene más capacidad de movilización que el mismo Estado.
Guatemala debe explicar
Una comisión integrada por la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, entre otros, deberá informar hoy al Comité Contra la Tortura de la ONU la razón por la que suceden los linchamientos y las medidas que se adoptan. El Gobierno tendrá como argumento que se busca tomar medidas preventivas a fin de terminar con el fenómeno.
elPeriódico (5 may 06)
Mientras casi mil personas vapuleaban a tres supuestos delincuentes en el caserío La Vega, aldea Chiquej, Santa Apolonia, Chimaltenango, el jueves por la noche, apenas cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) intentaban, desde lejos, persuadir a los vecinos para no cometer el hecho.
Las víctimas fueron rociadas con combustible para luego ser quemadas. Mientras esto sucedía, el auxiliar departamental de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, Alfredo Ramos, era notificado por la PNC sobre el hecho, y advertido de que no se presentara pues podría correr la misma suerte.
El fiscal del Ministerio Público, Albert Clinton, no asistió, según fuentes de esa institución, por temor a la turba.
El juez de Paz, Rocael Girón, tampoco llegó al lugar. Sostiene que los líderes comunales le indicaron que no le garantizaban su seguridad personal. Señala que por lo menos en ocho ocasiones anteriores se logró evitar por medio del diálogo que los pobladores lincharan a presuntos delincuentes.
Los cuerpos de socorro solo pudieron ingresar al lugar después de que se consumó el acto delincuencial.
“En cuestiones de fuerza nos han rebasado”, confiesa el director de la PNC, Erwin Sperisen, en alusión a los pobladores que toman la justicia por su propia mano.
Sostiene que el jueves, los vecinos estaban armados, incluso cree que portaban armas de fuego, lo cual hubiera generado un enfrentamiento.
¿Pretenden que empecemos a disparar para salvar a dos personas?, se pregunta y cree que ante la falta de personal, los agentes hicieron lo adecuado, es decir, buscar el diálogo y retirarse cuando ya no pudieron contener a la turba.
Reitera que no hay recursos disponibles para obtener el equipo suficiente. “No hay helicópteros a disposición de esa entidad, y el grupo que es enviado para disuadir a los protestantes se encontraba realizando un desalojo en San Marcos el jueves por la noche”.
De la investigación realizada por el Ministerio Público (MP) en los dos últimos casos de linchamiento registrados en Sumpango, Sacatepéquez, y Chimaltenango, nadie da respuesta alguna. En el primero de los casos, los fiscales no han podido ingresar al lugar después del 19 de abril, debido a que no se les garantizan las condiciones de seguridad para realizar su trabajo.
Ayer, la labor de los investigadores, que consiste en levantar los cadáveres, la debieron realizar los trabajadores del Juzgado de Paz de Santa Apolonia, Chimaltenango.
En el caso de la quema de viviendas en Palín, Escuintla, el juez de Paz del lugar, por temor a represalias, se abstuvo de escuchar las declaraciones de los acusados, por lo que el expediente fuera remitido a Escuintla.
La Corte Suprema de Justicia conoce 87 casos de linchamiento. Ninguno ha sido enviado a juicio oral. “Es una llamada de atención para los tres organismos, esto no puede continuar así y en la medida en que no existan resultados judiciales se abren las puertas para que continúen estos hechos. La gente ha perdido la fe debido a los trámites engorrosos y lentitud del sistema”, sostiene el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, José Fernández.
El fiscal general, Juan Luis Florido, no contestó a las llamadas efectuadas.
Frank La Rue, presidente de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, considera que el sistema judicial está tan debilitado como las mismas fuerzas policiales.
Vitalino Similox, coordinador general del Foro Ecuménico, dice que ahora la delincuencia tiene más capacidad de movilización que el mismo Estado.
Guatemala debe explicar
Una comisión integrada por la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, entre otros, deberá informar hoy al Comité Contra la Tortura de la ONU la razón por la que suceden los linchamientos y las medidas que se adoptan. El Gobierno tendrá como argumento que se busca tomar medidas preventivas a fin de terminar con el fenómeno.
Linchamientos: comunidades responden a la crisis en el contrato social
Por Louisa Reynolds
Inforpress (5 may 06)
El 19 de Abril, dos presuntos «robaniños» fueron quemados vivos en Sumpango, Sacatepéquez. Seis días después, vecinos del municipio de Palín, Escuintla, intentaron linchar a un presunto pandillero, hecho que originó la instalación de 40 soldados en la población para controlar la situación. El 3 de Mayo tres presuntos asaltantes de buses fueron linchados y quemados en la aldea La Vega en Santa Apolonia, Chimaltenango. La práctica de la violencia comunitaria que ha surgido en los últimos 13 años en Guatemala, es uno de los indicios más claros del fracaso en la construcción de un contrato social* capaz de responder a las crecientes amenazas que enfrentan las comunidades. Entre estas amenazas es la mercantilización de la reproducción humana, la distorsión de la función estatal por medio de la corrupción generalizada, y la transmisión de valores y símbolos deshumanizantes en los medios de comunicación que contribuyen a la anomía social y los actos de violencia desesperada. Irónicamente, el mismo Estado disfuncional convierte la violencia comunitaria en una justificación para fortalecer su capacidad represiva, sin necesariamente enfrentar su propia disfunción.
Más en Inforpress Centroamericana
Inforpress (5 may 06)
El 19 de Abril, dos presuntos «robaniños» fueron quemados vivos en Sumpango, Sacatepéquez. Seis días después, vecinos del municipio de Palín, Escuintla, intentaron linchar a un presunto pandillero, hecho que originó la instalación de 40 soldados en la población para controlar la situación. El 3 de Mayo tres presuntos asaltantes de buses fueron linchados y quemados en la aldea La Vega en Santa Apolonia, Chimaltenango. La práctica de la violencia comunitaria que ha surgido en los últimos 13 años en Guatemala, es uno de los indicios más claros del fracaso en la construcción de un contrato social* capaz de responder a las crecientes amenazas que enfrentan las comunidades. Entre estas amenazas es la mercantilización de la reproducción humana, la distorsión de la función estatal por medio de la corrupción generalizada, y la transmisión de valores y símbolos deshumanizantes en los medios de comunicación que contribuyen a la anomía social y los actos de violencia desesperada. Irónicamente, el mismo Estado disfuncional convierte la violencia comunitaria en una justificación para fortalecer su capacidad represiva, sin necesariamente enfrentar su propia disfunción.
Más en Inforpress Centroamericana
Subscribe to:
Posts (Atom)