Por Erlie Castillo y Carlos Ventura
Prensa Libre (08 nov 06)
San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango. Seis hombres fueron vapuleados ayer en la madrugada por un grupo de pobladores de la aldea Tojalic, que los sindicaban de pertenecer a una banda de asaltantes que opera en el sector, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Se trata de Alfredo Noé Yos, de 30 años; Selvin Marcelo Hernández Chile, 29; Luis Daniel Guarcas, 18; José Luis López, 36; Francisco García López, 36, y José Ángel Zepeda, 38.
Los tres primeros son originarios de Sacatepéquez, los otros dos de Chimaltenango y el último de Quiché, confirmaron las autoridades.
José Antonio Castellanos, de la PNC, declaró que el hecho empezó antenoche cuando los seis hombres se detuvieron en la entrada de la comunidad, porque aparentemente el taxi A-465WMS en el que se desplazaban, tuvo desperfectos mecánicos.
Refirió que los individuos se quedaron a la espera de que alguien los ayudara; sin embargo, un grupo de vecinos llegó, los revisaron y quitaron dos pistolas, por lo cual fueron acusados de pertenecer a una banda de asaltantes.
Los pobladores quemaron el taxi, y lo lanzaron al fondo de un barranco y llevaron a los hombres hasta San Martín Chile Verde, donde los ataron a postes del tendido eléctrico.
Querían quemarlos
Un vecino, quien pidió el anonimato, puntualizó que en la madrugada más de 200 pobladores llegaron al centro de la población y comenzaron a golpear a los cuatro hombres, a quienes amenazaba con linchar.
Al lugar se presentó el gobernador departamental Salvador Gómez; el auxiliar de los Derechos Humanos Rudy Castillo y jefes de la PNC, quienes luego de varias horas de diálogo lograron que los habitantes les entregaran a las seis personas, a quienes llevaron a la cárcel preventiva de Xelajú.
Iban a Coatepeque
Selvin Marcelo Hernández, piloto del taxi, señaló que tres de los capturados le pagaron Q600 para que les hiciera un viaje del parque central de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, a Coatepeque, Quetzaltenango.
En Chimaltenango abordaron los otros dos hombres y le explicaron que los cinco querían viajar ilegalmente a Estados Unidos. Aseveró que por no conocer el camino se perdió e ingresó a Tojalic.
“Desconozco por qué nos capturaron y golpearon. Yo paré en la comunidad, porque mi taxi se dañó”, citó.
Fijan plazo a la PNC
Los pobladores de San Martín Sacatepéquez fijaron un plazo de 15 días para el cierre definitivo de la subestación de la PNC, porque señalan a los agentes de no cumplir con su trabajo y estar al servicio de los delincuentes.
José Antonio Castellanos, de la PNC, señaló que dará aviso a la superioridad de la decisión de los vecinos.
08 November 2006
04 November 2006
Vecinos vapulean a asaltantes
Por Erlie Castillo
Prensa Libre (4 nov 06)
San Martín Sacatepéquez. Un grupo de vecinos capturó y vapuleó anteayer a dos hombres a quienes sindicaron de robo en una venta de celulares.
Se trata de Edwin Tasoj, de 24 años, y Werner Eduardo Morales Barrios, 34, originarios de Quetzaltenango.
Audelino Fuentes, de la Policía Nacional Civil (PNC), informó que ambos llegaron al negocio, y bajo amenazas sustrajeron los aparatos telefónicos, pero cuando huían fueron alcanzados por vecinos que intentaron lincharlos.
Agentes de la PNC que pasaban por el lugar rescataron a Tastoj y a Morales y los trasladaron al Juzgado de Paz, en donde los pobladores se aglomeraron y trataron de evitar que una autopatrulla los trasladara a la cárcel altense.
Prensa Libre (4 nov 06)
San Martín Sacatepéquez. Un grupo de vecinos capturó y vapuleó anteayer a dos hombres a quienes sindicaron de robo en una venta de celulares.
Se trata de Edwin Tasoj, de 24 años, y Werner Eduardo Morales Barrios, 34, originarios de Quetzaltenango.
Audelino Fuentes, de la Policía Nacional Civil (PNC), informó que ambos llegaron al negocio, y bajo amenazas sustrajeron los aparatos telefónicos, pero cuando huían fueron alcanzados por vecinos que intentaron lincharlos.
Agentes de la PNC que pasaban por el lugar rescataron a Tastoj y a Morales y los trasladaron al Juzgado de Paz, en donde los pobladores se aglomeraron y trataron de evitar que una autopatrulla los trasladara a la cárcel altense.
30 October 2006
Más evidencia histórica sobre castigos públicos
Por Carlos A. Mendoza
Leyendo el trabajo del historiador Brian F. Connaughton, titulado "Moral pública y contrarrevolución: Nueva normatividad socio-gubernativa en Guatemala, 1839–1854. Parte segunda", me encuentro con algunas citas interesantes que son evidencia histórica del uso de castigos públicos y violentos durante los inicios de la era republicana guatemalteca, es decir la de Rafael Carrera.
[...] “Es cierto que estos acuerdos sugieren una aceptación del regreso al uso del castigo corporal en los pueblos de indios y una política de reconocimiento expreso de las corporaciones ante el gobierno mediante la elección de representantes.” Brian F. Connaughton, p.118
[...] “El juez de 1ª instancia, Felipe Prado, reportó al gobierno desde el departamento de Sacatepéquez en febrero de 1852 que la justicia local en la mayoría de pueblos, que eran indígenas, se basaba en sus alcaldes. Estos casi no tomaban decisiones sin consultar con los principales de los pueblos. Aunque tales “funcionarios” le sorprendían a Prado por su buena disposición de escucharlo, no dejaba de “entrever cierta linea que marca una separacion absoluta entre dicha clase y las otras de que se forma la Republica, diferencia que solamente desaparecerá con el transcurso del tiempo y por medio de la ilustracion.”
Este mismo juez Felipe Prado había escrito a la Suprema Corte con fecha 2 de septiembre de 1851 expresando su convicción de que “la igualdad absoluta en materia penal es del todo imposible”, para luego pedir el restablecimiento efectivo de la pena de azotes, exentando sólo a los que pudiesen pagar una multa equivalente. En esta carta, y en otra de 1 de marzo de 1852, Prado aclaraba que su mayor preocupación era con el “estado semisalvage de la clase aborigena,” entregada a la bebida de “licores fermentados”, y en medio de la ausencia real de un sistema de cárceles a nivel de los pueblos. Era cuestión, afirmaba, de aceptar “la impunidad de los delincuentes” o reconocer el “apego y tenacidad que tienen los naturales a sus costumbres y manera de juzgar a que estan habituados.” La vuelta al sistema de azotes ya se había hecho en la práctica, pero Prado opinaba que debía ser totalmente legal, porque “las leyes deben ser inviolables; su transgresion de cualquiera manera que se efectue es un verdadero ataque al orden social especialmente en los gobiernos repúblicanos como el nuestro en los que la ley y no la voluntad del encargado de ejecutarla, es lo que debe prevalecer.”48 [L28555, Exp. 16, fols. 2 a 5.] p. 122
[...] “Se reconocía que la vivencia indígena corporativa no era susceptible aún de ser reducida a la individualidad ciudadana de los demás, aunque se introdujeran escuelas, prácticas, obras y legislación que pretendían una gubernamentalidad a escala nacional acorde con la República establecida en 1847. Esta dualidad jurídica, no menos que la dependencia militar, corporativa y religiosa, marcaba el límite infranqueable del período conservador y su política de ganar legitimidad por vía de la ley, la justicia y las obras públicas locales." p. 129
El punto de Connaughton es que los funcionarios del gobierno de Guatemala, durante la época de Carrera se dieron cuenta que era muy difícil para el Estado hacer valer la ley. La violencia provocada por numerosos levantamientos campesinos y por la pugna por el poder entre liberales y conservadores hacía necesario el reconocimiento de las costumbres indígenas y la reinstauración de los castigos corporales, heredados de la Colonia.
Leyendo el trabajo del historiador Brian F. Connaughton, titulado "Moral pública y contrarrevolución: Nueva normatividad socio-gubernativa en Guatemala, 1839–1854. Parte segunda", me encuentro con algunas citas interesantes que son evidencia histórica del uso de castigos públicos y violentos durante los inicios de la era republicana guatemalteca, es decir la de Rafael Carrera.
[...] “Es cierto que estos acuerdos sugieren una aceptación del regreso al uso del castigo corporal en los pueblos de indios y una política de reconocimiento expreso de las corporaciones ante el gobierno mediante la elección de representantes.” Brian F. Connaughton, p.118
[...] “El juez de 1ª instancia, Felipe Prado, reportó al gobierno desde el departamento de Sacatepéquez en febrero de 1852 que la justicia local en la mayoría de pueblos, que eran indígenas, se basaba en sus alcaldes. Estos casi no tomaban decisiones sin consultar con los principales de los pueblos. Aunque tales “funcionarios” le sorprendían a Prado por su buena disposición de escucharlo, no dejaba de “entrever cierta linea que marca una separacion absoluta entre dicha clase y las otras de que se forma la Republica, diferencia que solamente desaparecerá con el transcurso del tiempo y por medio de la ilustracion.”
Este mismo juez Felipe Prado había escrito a la Suprema Corte con fecha 2 de septiembre de 1851 expresando su convicción de que “la igualdad absoluta en materia penal es del todo imposible”, para luego pedir el restablecimiento efectivo de la pena de azotes, exentando sólo a los que pudiesen pagar una multa equivalente. En esta carta, y en otra de 1 de marzo de 1852, Prado aclaraba que su mayor preocupación era con el “estado semisalvage de la clase aborigena,” entregada a la bebida de “licores fermentados”, y en medio de la ausencia real de un sistema de cárceles a nivel de los pueblos. Era cuestión, afirmaba, de aceptar “la impunidad de los delincuentes” o reconocer el “apego y tenacidad que tienen los naturales a sus costumbres y manera de juzgar a que estan habituados.” La vuelta al sistema de azotes ya se había hecho en la práctica, pero Prado opinaba que debía ser totalmente legal, porque “las leyes deben ser inviolables; su transgresion de cualquiera manera que se efectue es un verdadero ataque al orden social especialmente en los gobiernos repúblicanos como el nuestro en los que la ley y no la voluntad del encargado de ejecutarla, es lo que debe prevalecer.”48 [L28555, Exp. 16, fols. 2 a 5.] p. 122
[...] “Se reconocía que la vivencia indígena corporativa no era susceptible aún de ser reducida a la individualidad ciudadana de los demás, aunque se introdujeran escuelas, prácticas, obras y legislación que pretendían una gubernamentalidad a escala nacional acorde con la República establecida en 1847. Esta dualidad jurídica, no menos que la dependencia militar, corporativa y religiosa, marcaba el límite infranqueable del período conservador y su política de ganar legitimidad por vía de la ley, la justicia y las obras públicas locales." p. 129
El punto de Connaughton es que los funcionarios del gobierno de Guatemala, durante la época de Carrera se dieron cuenta que era muy difícil para el Estado hacer valer la ley. La violencia provocada por numerosos levantamientos campesinos y por la pugna por el poder entre liberales y conservadores hacía necesario el reconocimiento de las costumbres indígenas y la reinstauración de los castigos corporales, heredados de la Colonia.
09 October 2006
Justicia maya
Por Gustavo Arturo Díaz Pérez
elPeriódico (Cartas del Lector)
Todos en Guatemala sabemos quienes son los responsables, “intelectualmente hablando”, de los desmanes que están ocurriendo en las comunidades indígenas con el pretexto de aplicar derecho ancestral. Son los “políticos intelectuales” que se han encargado de propalar la idea de que debemos resucitar el sistema jurídico imperante en las comunidades indígenas antes de la conquista española, pretenden hacer creer que se tiene derecho al mismo, y lógicamente esas ideas han dado como resultado lo que estamos viendo. Invito a que veamos hacia el futuro y nos unamos bajo el imperio de una ley general para todos, pues solamente de esa manera podremos obtener seguridad jurídica y la consecución de un verdadero estado de derecho, que tanta falta nos hace.
Comentario de otro lector
Mónica Navarro
Señor Díaz: Aunque comparto su punto, pienso también que debemos tomar en cuenta el sentimiento general de desamparo que sentimos ante nuestro sistema jurídico, obvio es que las comunidades indígenas podrían sentirlo en mayor grado. Imagínese: en épocas anteriores, aún no teniendo la corrupción que ahora tenemos, los indígenas siempre fueron excluidos y marginados hasta cierto punto... No digamos ahora... Estoy con usted en cuanto al establecimiento de una ley general pues todos somos iguales, y deberíamos ya de dejar de decir ley indígena o ley ladina. Simplemente ley guatemalteca. Guatemaltecos somos todos, así como hijos de Dios. Empezando por este punto, haríamos muchas cosas positivas y unidos, ya veremos si no conseguimos eficientar nuestro sistema de justicia. Saludos.
elPeriódico (Cartas del Lector)
Todos en Guatemala sabemos quienes son los responsables, “intelectualmente hablando”, de los desmanes que están ocurriendo en las comunidades indígenas con el pretexto de aplicar derecho ancestral. Son los “políticos intelectuales” que se han encargado de propalar la idea de que debemos resucitar el sistema jurídico imperante en las comunidades indígenas antes de la conquista española, pretenden hacer creer que se tiene derecho al mismo, y lógicamente esas ideas han dado como resultado lo que estamos viendo. Invito a que veamos hacia el futuro y nos unamos bajo el imperio de una ley general para todos, pues solamente de esa manera podremos obtener seguridad jurídica y la consecución de un verdadero estado de derecho, que tanta falta nos hace.
Comentario de otro lector
Mónica Navarro
Señor Díaz: Aunque comparto su punto, pienso también que debemos tomar en cuenta el sentimiento general de desamparo que sentimos ante nuestro sistema jurídico, obvio es que las comunidades indígenas podrían sentirlo en mayor grado. Imagínese: en épocas anteriores, aún no teniendo la corrupción que ahora tenemos, los indígenas siempre fueron excluidos y marginados hasta cierto punto... No digamos ahora... Estoy con usted en cuanto al establecimiento de una ley general pues todos somos iguales, y deberíamos ya de dejar de decir ley indígena o ley ladina. Simplemente ley guatemalteca. Guatemaltecos somos todos, así como hijos de Dios. Empezando por este punto, haríamos muchas cosas positivas y unidos, ya veremos si no conseguimos eficientar nuestro sistema de justicia. Saludos.
05 October 2006
Linchan a dos personas
Por Julio F. Lara
Prensa Libre (5 oct 06)
Ciudad de Guatemala.- Vecinos de la colonia Bellos Horizontes, zona 21, lincharon a dos presuntos delincuentes.
Los individuos fueron identificados como Josué Velásquez, de 18 años, y José Manuel González López, de 27. Murieron en el Hospital Roosvelt, como consecuencia de golpes y quemaduras.
Los Bomberos Voluntarios informaron que el linchamiento ocurrió a las 22:50 horas del martes recién pasado.
Rodolfo Chojolán, Jefe de Operaciones de la Comisaría 14 [de la Policía Nacional Civil], expresó que tenían denuncias de que los ahora occisos asaltaban y robaban en esa colonia.
Prensa Libre (5 oct 06)
Ciudad de Guatemala.- Vecinos de la colonia Bellos Horizontes, zona 21, lincharon a dos presuntos delincuentes.
Los individuos fueron identificados como Josué Velásquez, de 18 años, y José Manuel González López, de 27. Murieron en el Hospital Roosvelt, como consecuencia de golpes y quemaduras.
Los Bomberos Voluntarios informaron que el linchamiento ocurrió a las 22:50 horas del martes recién pasado.
Rodolfo Chojolán, Jefe de Operaciones de la Comisaría 14 [de la Policía Nacional Civil], expresó que tenían denuncias de que los ahora occisos asaltaban y robaban en esa colonia.
Nahualá: el problema es que se vuelva consuetudinario, no que lo sea
Por Eduardo Mayora Alvarado
Siglo XXI (05 0ct 06)
En cierto sentido, la discusión sobre si hay o no un derecho consuetudinario indígena es estéril. Me refiero a que, por su propia esencia, el derecho consuetudinario existe cuando se da en la vida real; cuando una sociedad, una comunidad, aplica a lo largo del tiempo ciertas reglas que sus integrantes reconocen como válidas y, por ende, vinculantes para todos ellos, coercitivamente si menester fuera. Lo que cualquier observador externo pueda opinar, ante los hechos, sale sobrando.
En ese orden de ideas, los acontecimientos que acaban de presentarse en Nahualá, una vez más, sumados a otros 11 casos de características similares (el Periódico, 2/10/06), amenazan con convertirse en una práctica que, de seguir así, podría dar lugar al surgimiento de una “costumbre” contraria a los más fundamentales principios de justicia y a la dignidad humana.
Y es que no se trata solamente del hecho de que se haya castigado sin nada que semeje un juicio previo, y de manera infamante, a 18 mujeres y 5 hombres. Además, están los disturbios que se suscitaron con cauda de una persona muerta y otras tres heridas, de acuerdo con la misma nota de prensa. No hay razón que pueda justificar estos desmanes, como tampoco es aceptable que queden impunes.
La circunstancia de que en algunas de las comunidades donde se ha asistido a este tipo de sucesos, no haya jueces del Estado o que la presencia policial sea insuficiente cuando no nula, siempre ha sido una omisión condenable y grave. Pero pretender convertirla en pretexto válido para violar los más elementales derechos de tantos seres humanos es insostenible, con todo y la acusación lanzada por quienes se han erigido, sin autoridad legítima, en justicieros: el comercio de niños.
¿Qué hacer? Como siempre están las perspectivas de corto y de largo plazo. La primera exige que el Estado reaccione: debe investigarse, procesarse judicialmente y castigarse de acuerdo con la Ley, respetándose su derecho de defensa y a un juicio imparcial y público, a todos los responsables. De lo contrario estas prácticas deleznables, muy probablemente, se repetirán. De cara al largo plazo, es indispensable que el Estado de Guatemala, insisto tercamente, ordene sus prioridades: debe dotarse a la PNC y al Poder Judicial de los recursos necesarios, a costa de cualesquiera otros programas y proyectos, para que estén en capacidad de prevenir o perseguir, según fuere el caso, tanto la trata ilegal de niños –si de verdad se estuviera dando–, como también cualquier abuso brutal contra los más elementales derechos humanos de quienes podrían volver a ser víctimas de estos excesos. No basta que las leyes digan lo que digan, o que se promulguen todavía más leyes; es necesario que se apliquen con razonabilidad y sentido de justicia.
También es conveniente tener claro que, cualquiera que sea el derecho consuetudinario que se esté aplicando por no importa cual comunidad, hay ciertos presupuestos de legitimidad básicos, constitucionalmente protegidos, que no son negociables ni renunciables.
Siglo XXI (05 0ct 06)
En cierto sentido, la discusión sobre si hay o no un derecho consuetudinario indígena es estéril. Me refiero a que, por su propia esencia, el derecho consuetudinario existe cuando se da en la vida real; cuando una sociedad, una comunidad, aplica a lo largo del tiempo ciertas reglas que sus integrantes reconocen como válidas y, por ende, vinculantes para todos ellos, coercitivamente si menester fuera. Lo que cualquier observador externo pueda opinar, ante los hechos, sale sobrando.
En ese orden de ideas, los acontecimientos que acaban de presentarse en Nahualá, una vez más, sumados a otros 11 casos de características similares (el Periódico, 2/10/06), amenazan con convertirse en una práctica que, de seguir así, podría dar lugar al surgimiento de una “costumbre” contraria a los más fundamentales principios de justicia y a la dignidad humana.
Y es que no se trata solamente del hecho de que se haya castigado sin nada que semeje un juicio previo, y de manera infamante, a 18 mujeres y 5 hombres. Además, están los disturbios que se suscitaron con cauda de una persona muerta y otras tres heridas, de acuerdo con la misma nota de prensa. No hay razón que pueda justificar estos desmanes, como tampoco es aceptable que queden impunes.
La circunstancia de que en algunas de las comunidades donde se ha asistido a este tipo de sucesos, no haya jueces del Estado o que la presencia policial sea insuficiente cuando no nula, siempre ha sido una omisión condenable y grave. Pero pretender convertirla en pretexto válido para violar los más elementales derechos de tantos seres humanos es insostenible, con todo y la acusación lanzada por quienes se han erigido, sin autoridad legítima, en justicieros: el comercio de niños.
¿Qué hacer? Como siempre están las perspectivas de corto y de largo plazo. La primera exige que el Estado reaccione: debe investigarse, procesarse judicialmente y castigarse de acuerdo con la Ley, respetándose su derecho de defensa y a un juicio imparcial y público, a todos los responsables. De lo contrario estas prácticas deleznables, muy probablemente, se repetirán. De cara al largo plazo, es indispensable que el Estado de Guatemala, insisto tercamente, ordene sus prioridades: debe dotarse a la PNC y al Poder Judicial de los recursos necesarios, a costa de cualesquiera otros programas y proyectos, para que estén en capacidad de prevenir o perseguir, según fuere el caso, tanto la trata ilegal de niños –si de verdad se estuviera dando–, como también cualquier abuso brutal contra los más elementales derechos humanos de quienes podrían volver a ser víctimas de estos excesos. No basta que las leyes digan lo que digan, o que se promulguen todavía más leyes; es necesario que se apliquen con razonabilidad y sentido de justicia.
También es conveniente tener claro que, cualquiera que sea el derecho consuetudinario que se esté aplicando por no importa cual comunidad, hay ciertos presupuestos de legitimidad básicos, constitucionalmente protegidos, que no son negociables ni renunciables.
04 October 2006
¿Qué es lo "Maya"? ¿Qué es lo "Cristiano"?
Por Carlos Mendoza
Guatemala, 04 octubre 2006
Me parece que el debate sobre los castigos públicos y violentos que están ocurriendo en el área rural de Guatemala está enfocándose en algo poco relevante. Discutir si los linchamientos son o no parte del derecho tradicional indígena, o si el corte de pelo y los azotes son parte del "castigo Maya" no nos lleva a ningún lugar.
Ciertamente es importante la diferencia entre las prácticas reales y los valores ideales de cualquier comunidad, pero lo que debemos intentar comprender es por qué se da una brecha tan amplia entre lo ideal y lo real.
Como hace Sam Colop, en el artículo publicado abajo, tomemos la analogía de la Cristiandad. Los varoles ideales de los cristianos incluyen el amor al prójimo y el respeto a la vida, pero históricamente las prácticas de las sociedades cristianas dejan mucho que desear. Es más, en nombre de sus creencias y valores le han hecho la guerra a otras sociedades, como en las cruzadas (de ayer y de hoy). Para el resguardo de los mismos principios cristianos se llevó a la hoguera a miles de personas que pensaban de manera distinta o profesaban otra fe.
¿Era la Inquisición medieval una institución cristiana? Sí, lo era. Aunque sus procedimientos fueran la antítesis del mensaje evangélico. Así que me inclinaría más a aceptar que las prácticas cristianas son el verdadero ethos cristiano. Las ensañanzas de Jesús ("el moreno de Nazareth") no me ayudan a entender el comportamiento de los que se autodenomina sus seguidores.
De la misma forma, lo que digan los eruditos en Derecho Indígena no me sirve para comprender el verdadero ethos de las comunidades indígenas. ¿Qué explica esta diferencia entre las prácticas y las enseñanzas de los abuelos?
Aquí es donde entran las variables estructurales e institucionales. Sigo pensando que la ausencia del estado como-ley y como-burocracia tiene mucho que explicar. También insisto que hay características propias de las comunidades indígenas que explican porqué esos castigos públicos y violentos ocurren en dichas comunidades y no en otras.
Guatemala, 04 octubre 2006
Me parece que el debate sobre los castigos públicos y violentos que están ocurriendo en el área rural de Guatemala está enfocándose en algo poco relevante. Discutir si los linchamientos son o no parte del derecho tradicional indígena, o si el corte de pelo y los azotes son parte del "castigo Maya" no nos lleva a ningún lugar.
Ciertamente es importante la diferencia entre las prácticas reales y los valores ideales de cualquier comunidad, pero lo que debemos intentar comprender es por qué se da una brecha tan amplia entre lo ideal y lo real.
Como hace Sam Colop, en el artículo publicado abajo, tomemos la analogía de la Cristiandad. Los varoles ideales de los cristianos incluyen el amor al prójimo y el respeto a la vida, pero históricamente las prácticas de las sociedades cristianas dejan mucho que desear. Es más, en nombre de sus creencias y valores le han hecho la guerra a otras sociedades, como en las cruzadas (de ayer y de hoy). Para el resguardo de los mismos principios cristianos se llevó a la hoguera a miles de personas que pensaban de manera distinta o profesaban otra fe.
¿Era la Inquisición medieval una institución cristiana? Sí, lo era. Aunque sus procedimientos fueran la antítesis del mensaje evangélico. Así que me inclinaría más a aceptar que las prácticas cristianas son el verdadero ethos cristiano. Las ensañanzas de Jesús ("el moreno de Nazareth") no me ayudan a entender el comportamiento de los que se autodenomina sus seguidores.
De la misma forma, lo que digan los eruditos en Derecho Indígena no me sirve para comprender el verdadero ethos de las comunidades indígenas. ¿Qué explica esta diferencia entre las prácticas y las enseñanzas de los abuelos?
Aquí es donde entran las variables estructurales e institucionales. Sigo pensando que la ausencia del estado como-ley y como-burocracia tiene mucho que explicar. También insisto que hay características propias de las comunidades indígenas que explican porqué esos castigos públicos y violentos ocurren en dichas comunidades y no en otras.
No es de origen maya
Por Sam Colop
Prensa Libre (04 oct 06)
El pasado fin de semana estuve en una reunión con estudiantes universitarios mayas y uno de los puntos que se tocaron fue el asunto de los linchamientos, los latigazos y el rapado a mujeres acusadas de traficar con infantes.
El problema que ellos ven es que, en diversos espacios, esto se señala como característica del “derecho consuetudinario indígena” y más de algún catedrático de Derecho lo califica como prácticas del “derecho maya”.
Esto último se ve reforzado en algunos medios de comunicación y ciertos columnistas que identifican esa aberración jurídica como parte de aquel sistema jurídico. La intención es obvia: se trata de desprestigiar o menospreciar a un conjunto de normas escritas y practicadas por las distintas comunidades mayas.
El derecho maya seguramente no es perfecto, pero busca reparar el daño causado, y si históricamente existieron penas severas como consecuencia de venganzas o guerras, los azotes y el corte de cabello a las mujeres tienen un origen colonial. Desafortunadamente, como se replican aquellas prácticas también se repiten los linchamientos derivados de la campaña contrainsurgente.
En el Título de Totonicapán (UNAM, 1983), por ejemplo, se habla de las acciones tomadas por Kikab ante la muerte de K'otuja; pero, en ese mismo texto, se ilustra también el comportamiento por la parte “ofendida” en el caso de adulterio. El deseo de ahorcarse por parte del varón ofensor concuerda con las ideas cristianas de uno de los traductores, pero no con el texto k'iche'.
Sobre los azotes y rapaduras, veamos el siguiente ejemplo extraído de una de las memorias en el libro Nuestro pesar, nuestra aflicción (UNAM/Cirma, 1996) donde un alcalde maya y cuatro personas más que suscriben el documento se quejan de lo siguiente: “A nosotros nos castigaron cuando vinieron el oidor, licenciado Valdés de Cárcamo, Juan de Chávez, escribano, y su nahuatlato, Juan de Bobadilla. Llegaron el sábado y el domingo nos metieron en la cárcel.
Ninguno de los hombres fue a misa. El lunes él nos sacó a la calle [arrastrados por] los caballos, con que nos espantaron. Nos dieron 200 azotes en la calle. Dos veces se hizo justicia, de manera que dos veces, aquí en nuestro pueblo, nos dieron veinte azotes a cada uno de nosotros y nos raparon”.
Esto de endosar al derecho maya prácticas salvajes es como pensar que lo que caracteriza al derecho ladino guatemalteco es esencialmente la pena de muerte, que es más inhumana, cavernícola y anticristiana.
Por aparte, entre las ONG mayas existen defensorías y asociaciones que dicen promover los derechos indígenas, pero ante estos casos guardan un silencio sospechoso. Quisiera creer que es por desconocimiento y no porque son más “ladino-cristianos” que sus socios para avalar prácticas que van en contra los derechos humanos.
Prensa Libre (04 oct 06)
El pasado fin de semana estuve en una reunión con estudiantes universitarios mayas y uno de los puntos que se tocaron fue el asunto de los linchamientos, los latigazos y el rapado a mujeres acusadas de traficar con infantes.
El problema que ellos ven es que, en diversos espacios, esto se señala como característica del “derecho consuetudinario indígena” y más de algún catedrático de Derecho lo califica como prácticas del “derecho maya”.
Esto último se ve reforzado en algunos medios de comunicación y ciertos columnistas que identifican esa aberración jurídica como parte de aquel sistema jurídico. La intención es obvia: se trata de desprestigiar o menospreciar a un conjunto de normas escritas y practicadas por las distintas comunidades mayas.
El derecho maya seguramente no es perfecto, pero busca reparar el daño causado, y si históricamente existieron penas severas como consecuencia de venganzas o guerras, los azotes y el corte de cabello a las mujeres tienen un origen colonial. Desafortunadamente, como se replican aquellas prácticas también se repiten los linchamientos derivados de la campaña contrainsurgente.
En el Título de Totonicapán (UNAM, 1983), por ejemplo, se habla de las acciones tomadas por Kikab ante la muerte de K'otuja; pero, en ese mismo texto, se ilustra también el comportamiento por la parte “ofendida” en el caso de adulterio. El deseo de ahorcarse por parte del varón ofensor concuerda con las ideas cristianas de uno de los traductores, pero no con el texto k'iche'.
Sobre los azotes y rapaduras, veamos el siguiente ejemplo extraído de una de las memorias en el libro Nuestro pesar, nuestra aflicción (UNAM/Cirma, 1996) donde un alcalde maya y cuatro personas más que suscriben el documento se quejan de lo siguiente: “A nosotros nos castigaron cuando vinieron el oidor, licenciado Valdés de Cárcamo, Juan de Chávez, escribano, y su nahuatlato, Juan de Bobadilla. Llegaron el sábado y el domingo nos metieron en la cárcel.
Ninguno de los hombres fue a misa. El lunes él nos sacó a la calle [arrastrados por] los caballos, con que nos espantaron. Nos dieron 200 azotes en la calle. Dos veces se hizo justicia, de manera que dos veces, aquí en nuestro pueblo, nos dieron veinte azotes a cada uno de nosotros y nos raparon”.
Esto de endosar al derecho maya prácticas salvajes es como pensar que lo que caracteriza al derecho ladino guatemalteco es esencialmente la pena de muerte, que es más inhumana, cavernícola y anticristiana.
Por aparte, entre las ONG mayas existen defensorías y asociaciones que dicen promover los derechos indígenas, pero ante estos casos guardan un silencio sospechoso. Quisiera creer que es por desconocimiento y no porque son más “ladino-cristianos” que sus socios para avalar prácticas que van en contra los derechos humanos.
Habitantes de Pasín impiden acción legal
Por Fredy Rodas
Prensa Libre (04 oct 06)
Habitantes del caserío Pasín, aldea Xejuyup, impidieron ayer que la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades judiciales practicaran una exhibición personal a favor de Juan Perechú, quien supuestamente estaba retenido ilegalmente en dicha comunidad desde el pasado domingo.
El jefe de la Comisaría 33 de la PNC de Suchitepéquez, recordó que el domingo último un grupo de habitantes de varias aldeas llegó a la aldea Tzucubal, en busca de supuestos traficantes de niños y se produjo un enfrentamiento que dejó un muerto, 28 casas quemadas y 12 mujeres capturadas, a quienes les cortaron el pelo y azotaron.
Explicó que durante la incursión los comunitarios supuestamente secuestraron a Perechú, padre de Domingo Perechú, y principal sospechoso de la venta de menores en la región, por lo que la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Santiago Atitlán interpuso un recurso de exhibición personal.
Un contingente de 80 policías, miembros del Ejército y el juez de Paz Francisco Chay, de la aldea Guineales, jurisdicción de Santa Catarina Ixtahuacán, llegaron al caserío a practicar la diligencia.
Refirió que los comunitarios, al enterarse de las intenciones de las autoridades, hicieron sonar la campana de la escuela y alertaron a otros habitantes, quienes armados con palos y machetes, los amenazaron de muerte y les pidieron que se retiraran del caserío si no querían que hubiera derramamiento de sangre.
Con piedras y palos
Yoc puntualizó que decidieron abandonar la comunidad pacíficamente para evitar un enfrentamiento, pero fueron atacados desde los cafetales con piedras y palos.
Quedaron retenidos durante varios minutos, porque los vecinos colocaron barricadas en la entrada de la comunidad.
Afirmó que policías y soldados se internaron en las zonas boscosas para capturar a sus atacantes, pero éstos huyeron al centro de la comunidad.
Según la Policía, un líder de Pasín, quien no se identificó, confirmó que Juan Perechú estuvo retenido en el caserío, y los miembros del Comité de Seguridad exigían Q200 mil por entregarlo.
Pagaron Q20 mil
Domingo Perechú aseguró que un grupo de vecinos encapuchados lo citó antenoche en una zona motañosa. Él pagó Q20 mil en efectivo y le entregaron a su padre Juan Perechú, quien tenía lesiones.
Salvador Loarca, de la PDH de Santiago Atitlán, acotó que mediante el acta número 1-2006, el alcalde de Nahualá, Miguel Tzep, autorizó un reglamento para que los miembros de comités de seguridad de las aldeas y caseríos castiguen a los infractores de la ley y los hinquen durante una hora sobre piedrín.
Sin embargo, los líderes han optado también por azotarlos, golpearlos y cortarle el pelo a las mujeres.
Expuso que ayer sostuvieron una reunión con el gobernador Carlos Cumatz, y el alcalde Tzep para buscar una solución al conflicto.
Acordaron reunirse el próximo lunes con líderes de las comunidades de la bocacosta de Nahualá, para hacerles ver la importancia de evitar estos hechos.
Ovidio Paz, de la Auxiliatura Regional de la PDH de Sololá, puntualizó que los castigos comunales que se han impartido últimamente no están apegados al Derecho Maya, y constituyen hechos vandálicos que violan los derechos humanos de las personas.
Prensa Libre (04 oct 06)
Habitantes del caserío Pasín, aldea Xejuyup, impidieron ayer que la Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades judiciales practicaran una exhibición personal a favor de Juan Perechú, quien supuestamente estaba retenido ilegalmente en dicha comunidad desde el pasado domingo.
El jefe de la Comisaría 33 de la PNC de Suchitepéquez, recordó que el domingo último un grupo de habitantes de varias aldeas llegó a la aldea Tzucubal, en busca de supuestos traficantes de niños y se produjo un enfrentamiento que dejó un muerto, 28 casas quemadas y 12 mujeres capturadas, a quienes les cortaron el pelo y azotaron.
Explicó que durante la incursión los comunitarios supuestamente secuestraron a Perechú, padre de Domingo Perechú, y principal sospechoso de la venta de menores en la región, por lo que la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Santiago Atitlán interpuso un recurso de exhibición personal.
Un contingente de 80 policías, miembros del Ejército y el juez de Paz Francisco Chay, de la aldea Guineales, jurisdicción de Santa Catarina Ixtahuacán, llegaron al caserío a practicar la diligencia.
Refirió que los comunitarios, al enterarse de las intenciones de las autoridades, hicieron sonar la campana de la escuela y alertaron a otros habitantes, quienes armados con palos y machetes, los amenazaron de muerte y les pidieron que se retiraran del caserío si no querían que hubiera derramamiento de sangre.
Con piedras y palos
Yoc puntualizó que decidieron abandonar la comunidad pacíficamente para evitar un enfrentamiento, pero fueron atacados desde los cafetales con piedras y palos.
Quedaron retenidos durante varios minutos, porque los vecinos colocaron barricadas en la entrada de la comunidad.
Afirmó que policías y soldados se internaron en las zonas boscosas para capturar a sus atacantes, pero éstos huyeron al centro de la comunidad.
Según la Policía, un líder de Pasín, quien no se identificó, confirmó que Juan Perechú estuvo retenido en el caserío, y los miembros del Comité de Seguridad exigían Q200 mil por entregarlo.
Pagaron Q20 mil
Domingo Perechú aseguró que un grupo de vecinos encapuchados lo citó antenoche en una zona motañosa. Él pagó Q20 mil en efectivo y le entregaron a su padre Juan Perechú, quien tenía lesiones.
Salvador Loarca, de la PDH de Santiago Atitlán, acotó que mediante el acta número 1-2006, el alcalde de Nahualá, Miguel Tzep, autorizó un reglamento para que los miembros de comités de seguridad de las aldeas y caseríos castiguen a los infractores de la ley y los hinquen durante una hora sobre piedrín.
Sin embargo, los líderes han optado también por azotarlos, golpearlos y cortarle el pelo a las mujeres.
Expuso que ayer sostuvieron una reunión con el gobernador Carlos Cumatz, y el alcalde Tzep para buscar una solución al conflicto.
Acordaron reunirse el próximo lunes con líderes de las comunidades de la bocacosta de Nahualá, para hacerles ver la importancia de evitar estos hechos.
Ovidio Paz, de la Auxiliatura Regional de la PDH de Sololá, puntualizó que los castigos comunales que se han impartido últimamente no están apegados al Derecho Maya, y constituyen hechos vandálicos que violan los derechos humanos de las personas.
03 October 2006
Vecinos castigan a otras 23 personas en Nahualá
Por Kenia Reyes
elPeriódico (03 oct 06)
Ayer [lunes 02 de octubre], vecinos de la aldea Sucubal con el apoyo de seis comunidades más de Nahualá, Sololá, castigaron a 18 mujeres y 5 hombres. Esto como resultado de la búsqueda de Domingo Perechú, supuesto líder de una banda que se dedica al tráfico de niños, dio a conocer el alcalde auxiliar Diego Ixtosoh Lux.
El jefe edil respaldó lo ocurrido pues se quiere evitar el comercio de niños en el municipio, ya que “no pueden ser vendidos como animales”. El domingo 1, tras un enfrentamiento con aldeanos de ese lugar, resultó una persona muerta, tres heridos y diez a quienes les cortaron el pelo y dieron de latigazos.
Este caso se suma al listado de 12 que el Organismo Judicial (OJ) describe como la aplicación del derecho consuetudinario o castigo maya. Los acusados son sancionados con azotes, con cortes de pelo al rape, obligados a hincarse sobre una tabla con tapas de aguas gaseosas o sobre piedras con una arroba de arena en la espalda.
Según el OJ, los casos se han registrado en los departamentos de Quiché, Sololá y Totonicapán por situaciones que van desde violación hasta oler pegamento, pasando por amenazas a vecinos, robo, vestir de forma diferente o usar corte de pelo distinto.
“Los vecinos de estas aldeas refieren que por la falta de justicia se aplican estas medidas, con las que se ocasiona un vacío legal. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por falta de fondos no ha logrado una mayor cobertura en estos lugares”, refiere Guillermo Melgar, vocero de esa entidad.
Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, lamentó que esto ocurra. “Este tipo de castigos corporales divide a las comunidades. Se aplica una versión distorsionada del derecho consuetudinario, pues la justicia maya busca mantener la armonía”. Sus delegados en Suchitepéquez han recibido denuncias de este tipo.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, intentaron llegar de nuevo a Sucubal, pero no les permitieron el paso. elPeriódico intentó comunicarse con el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y el director de la PNC, Erwin Sperisen, pero no contestaron las llamadas.
Rapados y azotados
En los disturbios registrados el domingo en el caserío de Nahualá, Sololá, los acusados de vender y comprar niños fueron azotados y rapados. Esta fue al menos la quinta ocasión en la que lugareños castigan a personas de esas aldeas de este departamento, por supuestos vínculos de aldeanos con el comercio de infantes.
El reporte policíaco de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, da cuenta que ese día fueron quemadas 26 casas y 2 picops. “No pudimos llegar al lugar, ya que los vecinos tenían llantas en las orillas de la carretera y nos advirtieron que no ingresáramos hasta que ellos aplicaran su ley”, dice un oficial.
El comisario de la subestación del lugar, Muralles Flores, explicó que a la Policía sólo le queda mediar para que entreguen a los detenidos, “pero a veces eso es difícil pues no tenemos traductores”.
Reacciones: ¿Derecho consuetudinario o una práctica distinta?
Álvaro Pop, analista político.
“La primera interpretación de los hechos es la impotencia de la sociedad por proveer justicia a la población. La gente hace lo que puede hacer. No se ha terminado de darle importancia a transformar el sistema de justicia y seguridad. En este tema de Sololá, no se puede afirmar que es parte de la cosmovisión indígena, hay que ser muy cuidadoso en el análisis. Es necesario investigar para ver si estos actos tienen el sustento de la visión ancestral indígena de la justicia o si son actos motivados por la impotencia del sistema”.
Vitalino Similox, coordinador del Foro Ecuménico.
“Esta gente podrá ser muy maya, pero sus prácticas de justicia no necesariamente lo son. Hay otras desviaciones y costumbres que se han adquirido y se han a-
prendido por la fuerza y matando. El derecho maya es respeto a la vida y a la persona. El derecho indígena en su esencia siempre se basó en la prevención creando condiciones para que las personas no lleguen al enfrentamiento. Lamentablemente, se llega a cualquier explicación del derecho consuetudinario aunque este tenga sus propios mecanismos y normas”.
Norma Quixtán, secretaria de la Paz.
“Nos preocupa porque le dan una connotación diferente. Lo que tenemos que entender es que los pueblos indígenas somos personas y como tal podemos estar desinformados de lo que consideramos un valor en nuestra cultura. En las comunidades existe un Consejo de Ancianos al cual llevan cualquier caso o disputa. Ellos lo analizan en el marco de los valores, la cultura y respeto de la tradición; si hay falta y puede ser reparada, se hace por medio de un servicio social a la comunidad, pero si es más grave lo trasladan a un juzgado del sistema de justicia legal.
elPeriódico (03 oct 06)
Ayer [lunes 02 de octubre], vecinos de la aldea Sucubal con el apoyo de seis comunidades más de Nahualá, Sololá, castigaron a 18 mujeres y 5 hombres. Esto como resultado de la búsqueda de Domingo Perechú, supuesto líder de una banda que se dedica al tráfico de niños, dio a conocer el alcalde auxiliar Diego Ixtosoh Lux.
El jefe edil respaldó lo ocurrido pues se quiere evitar el comercio de niños en el municipio, ya que “no pueden ser vendidos como animales”. El domingo 1, tras un enfrentamiento con aldeanos de ese lugar, resultó una persona muerta, tres heridos y diez a quienes les cortaron el pelo y dieron de latigazos.
Este caso se suma al listado de 12 que el Organismo Judicial (OJ) describe como la aplicación del derecho consuetudinario o castigo maya. Los acusados son sancionados con azotes, con cortes de pelo al rape, obligados a hincarse sobre una tabla con tapas de aguas gaseosas o sobre piedras con una arroba de arena en la espalda.
Según el OJ, los casos se han registrado en los departamentos de Quiché, Sololá y Totonicapán por situaciones que van desde violación hasta oler pegamento, pasando por amenazas a vecinos, robo, vestir de forma diferente o usar corte de pelo distinto.
“Los vecinos de estas aldeas refieren que por la falta de justicia se aplican estas medidas, con las que se ocasiona un vacío legal. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) por falta de fondos no ha logrado una mayor cobertura en estos lugares”, refiere Guillermo Melgar, vocero de esa entidad.
Por su parte, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, lamentó que esto ocurra. “Este tipo de castigos corporales divide a las comunidades. Se aplica una versión distorsionada del derecho consuetudinario, pues la justicia maya busca mantener la armonía”. Sus delegados en Suchitepéquez han recibido denuncias de este tipo.
Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) en San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, intentaron llegar de nuevo a Sucubal, pero no les permitieron el paso. elPeriódico intentó comunicarse con el ministro de Gobernación, Carlos Vielmann, y el director de la PNC, Erwin Sperisen, pero no contestaron las llamadas.
Rapados y azotados
En los disturbios registrados el domingo en el caserío de Nahualá, Sololá, los acusados de vender y comprar niños fueron azotados y rapados. Esta fue al menos la quinta ocasión en la que lugareños castigan a personas de esas aldeas de este departamento, por supuestos vínculos de aldeanos con el comercio de infantes.
El reporte policíaco de San Pablo Jocopilas, Suchitepéquez, da cuenta que ese día fueron quemadas 26 casas y 2 picops. “No pudimos llegar al lugar, ya que los vecinos tenían llantas en las orillas de la carretera y nos advirtieron que no ingresáramos hasta que ellos aplicaran su ley”, dice un oficial.
El comisario de la subestación del lugar, Muralles Flores, explicó que a la Policía sólo le queda mediar para que entreguen a los detenidos, “pero a veces eso es difícil pues no tenemos traductores”.
Reacciones: ¿Derecho consuetudinario o una práctica distinta?
Álvaro Pop, analista político.
“La primera interpretación de los hechos es la impotencia de la sociedad por proveer justicia a la población. La gente hace lo que puede hacer. No se ha terminado de darle importancia a transformar el sistema de justicia y seguridad. En este tema de Sololá, no se puede afirmar que es parte de la cosmovisión indígena, hay que ser muy cuidadoso en el análisis. Es necesario investigar para ver si estos actos tienen el sustento de la visión ancestral indígena de la justicia o si son actos motivados por la impotencia del sistema”.
Vitalino Similox, coordinador del Foro Ecuménico.
“Esta gente podrá ser muy maya, pero sus prácticas de justicia no necesariamente lo son. Hay otras desviaciones y costumbres que se han adquirido y se han a-
prendido por la fuerza y matando. El derecho maya es respeto a la vida y a la persona. El derecho indígena en su esencia siempre se basó en la prevención creando condiciones para que las personas no lleguen al enfrentamiento. Lamentablemente, se llega a cualquier explicación del derecho consuetudinario aunque este tenga sus propios mecanismos y normas”.
Norma Quixtán, secretaria de la Paz.
“Nos preocupa porque le dan una connotación diferente. Lo que tenemos que entender es que los pueblos indígenas somos personas y como tal podemos estar desinformados de lo que consideramos un valor en nuestra cultura. En las comunidades existe un Consejo de Ancianos al cual llevan cualquier caso o disputa. Ellos lo analizan en el marco de los valores, la cultura y respeto de la tradición; si hay falta y puede ser reparada, se hace por medio de un servicio social a la comunidad, pero si es más grave lo trasladan a un juzgado del sistema de justicia legal.
02 October 2006
Disturbios: 1 muerto y 28 casas quemadas
Por Nery Morales y Fredy Rodas
Prensa Libre (02 Oct 06)
Un muerto, 12 capturados y 28 casas y cinco carros quemados fue el saldo que dejó el enfrentamiento entre los residentes de varias comunidades que invadieron la aldea Tzucubal, Santa Catarina Ixtahuacán, con el propósito de castigar a un grupo de personas acusadas de vender niños.
“En este lugar murió a machetazos Manuel Tzuy Tambriz, de 24 años; tres vecinos más fueron trasladados al hospital de Mazatenango, donde se recuperan”, informó Héctor Castellanos, comisario de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Policía afirmó que el conflicto comenzó a las 5.30 horas, cuando pobladores del caserío Patzín, Xejuyup, Pasajquín, Palacal y otras comunidades se enfrentaron a balazos y machetazos con una banda acusada de tráfico de niños, en la aldea Tzucubal.
Henry López, subdirector de Seguridad Pública de la PNC, aseveró que los aldeanos acusan a Domingo Perechú y a María Tzuy de vender niños.
“Tenemos información de que cuando a la señora Tzuy, quien es comadrona, intentaban azotarla, sus familiares salieron a defenderla”, dijo el jefe policial.
Según los vecinos, el enfrentamiento fue provocado cuando Perechú arremetió contra los inconformes y escapó con sus guardaespaldas.
Aunque la PNC declaró que un hombre fue muerto, los aldeanos señalan que hay otros tres, extremo que no se pudo comprobar.
Hasta anoche, Manuel Suy Tambriz, de 27, era el único muerto identificado y su cadáver lo encontraron con heridas de arma blanca en el cráneo y varios dedos de una mano amputados. “Los otros tres muertos fueron llevados por los mismos vecinos a sus comunidades sin ser identificados”, expresó uno los residentes del lugar.
Los bomberos Voluntarios y Municipales trasladaron heridos al hospital de Mazatenango a Juan Tzep Saquic, de 30; Manuel Mach Ixtoj, de 23; Lorenzo Mach Ajcalaj, de 50; Abraham Marroquín, de 33, y Manuel Cotí, de 23, con heridas en el pómulo izquierdo.
La Policía confirmó la captura de 12 personas, entre ellas 10 mujeres a quienes los aldeanos amarraron, cortaron el pelo y azotaron.
Los aprehendidos son Juan Sac, de 30; Teresa Ortiz, de 35; Paulina Xub Sac, de 19; Lucas Ixtoj, de 36; Domingo Soc, de 20; Manuel Tzum, de 43; Isabel Tulul, de 48; Micaela Mass, de 20; Catalina Mass, de 40; María Tzuy, de 30; Ixabela Perechú, de 18, y Catarina Marroquín, de 30.
Óscar Aguilar, portavoz de los Bomberos Voluntarios, afirmó que no pudieron permanecer en el lugar porque los residentes los obligaron a salir.
“Tenemos controlada la situación con un contingente de 200 efectivos de la PNC, no hubo ningún enfrentamiento y no se utilizó la fuerza para ingresar”, expresó el subdirector de la PNC.
Prensa Libre (02 Oct 06)
Un muerto, 12 capturados y 28 casas y cinco carros quemados fue el saldo que dejó el enfrentamiento entre los residentes de varias comunidades que invadieron la aldea Tzucubal, Santa Catarina Ixtahuacán, con el propósito de castigar a un grupo de personas acusadas de vender niños.
“En este lugar murió a machetazos Manuel Tzuy Tambriz, de 24 años; tres vecinos más fueron trasladados al hospital de Mazatenango, donde se recuperan”, informó Héctor Castellanos, comisario de la Policía Nacional Civil (PNC).
La Policía afirmó que el conflicto comenzó a las 5.30 horas, cuando pobladores del caserío Patzín, Xejuyup, Pasajquín, Palacal y otras comunidades se enfrentaron a balazos y machetazos con una banda acusada de tráfico de niños, en la aldea Tzucubal.
Henry López, subdirector de Seguridad Pública de la PNC, aseveró que los aldeanos acusan a Domingo Perechú y a María Tzuy de vender niños.
“Tenemos información de que cuando a la señora Tzuy, quien es comadrona, intentaban azotarla, sus familiares salieron a defenderla”, dijo el jefe policial.
Según los vecinos, el enfrentamiento fue provocado cuando Perechú arremetió contra los inconformes y escapó con sus guardaespaldas.
Aunque la PNC declaró que un hombre fue muerto, los aldeanos señalan que hay otros tres, extremo que no se pudo comprobar.
Hasta anoche, Manuel Suy Tambriz, de 27, era el único muerto identificado y su cadáver lo encontraron con heridas de arma blanca en el cráneo y varios dedos de una mano amputados. “Los otros tres muertos fueron llevados por los mismos vecinos a sus comunidades sin ser identificados”, expresó uno los residentes del lugar.
Los bomberos Voluntarios y Municipales trasladaron heridos al hospital de Mazatenango a Juan Tzep Saquic, de 30; Manuel Mach Ixtoj, de 23; Lorenzo Mach Ajcalaj, de 50; Abraham Marroquín, de 33, y Manuel Cotí, de 23, con heridas en el pómulo izquierdo.
La Policía confirmó la captura de 12 personas, entre ellas 10 mujeres a quienes los aldeanos amarraron, cortaron el pelo y azotaron.
Los aprehendidos son Juan Sac, de 30; Teresa Ortiz, de 35; Paulina Xub Sac, de 19; Lucas Ixtoj, de 36; Domingo Soc, de 20; Manuel Tzum, de 43; Isabel Tulul, de 48; Micaela Mass, de 20; Catalina Mass, de 40; María Tzuy, de 30; Ixabela Perechú, de 18, y Catarina Marroquín, de 30.
Óscar Aguilar, portavoz de los Bomberos Voluntarios, afirmó que no pudieron permanecer en el lugar porque los residentes los obligaron a salir.
“Tenemos controlada la situación con un contingente de 200 efectivos de la PNC, no hubo ningún enfrentamiento y no se utilizó la fuerza para ingresar”, expresó el subdirector de la PNC.
En caserío de Nahualá castigan a diez personas
En elPeriódico (02 0ct 06)
Al menos un muerto, tres heridos y diez personas a quienes les cortaron el cabello y dieron de latigazos, así como 26 viviendas destruidas y 2 vehículos incendiados fue el saldo de un disturbio ocurrido en el caserío Sucubal, en Nahualá, Sololá.
De acuerdo con Wilfredo Marroquín, oficial de la Policía Nacional Civil, vecinos de cuatro aldeas llegaron al caserío en horas de la madrugada, en busca de supuestos traficantes de niños.
“El grupo capturó a ocho mujeres y dos hombres a quienes les aplicaron el castigo maya, los raparon y les dieron de latigazos, en tanto que tres personas huyeron”, indicó Marroquín.
El fallecido presentaba heridas con machete, y los heridos fueron trasladados al hospital de Mazatenango.
La PNC logró restablecer el orden en el lugar después de las 15:30 horas; antes, los vecinos no permitieron su ingreso.
Al menos un muerto, tres heridos y diez personas a quienes les cortaron el cabello y dieron de latigazos, así como 26 viviendas destruidas y 2 vehículos incendiados fue el saldo de un disturbio ocurrido en el caserío Sucubal, en Nahualá, Sololá.
De acuerdo con Wilfredo Marroquín, oficial de la Policía Nacional Civil, vecinos de cuatro aldeas llegaron al caserío en horas de la madrugada, en busca de supuestos traficantes de niños.
“El grupo capturó a ocho mujeres y dos hombres a quienes les aplicaron el castigo maya, los raparon y les dieron de latigazos, en tanto que tres personas huyeron”, indicó Marroquín.
El fallecido presentaba heridas con machete, y los heridos fueron trasladados al hospital de Mazatenango.
La PNC logró restablecer el orden en el lugar después de las 15:30 horas; antes, los vecinos no permitieron su ingreso.
27 September 2006
Jóvenes azotados por abuso sexual
Por Óscar Toledo
Prensa Libre (27 set 06)
Santa Cruz Quiché, Quiché. – Tres presuntos violadores fueron azotados por pobladores de la comunidad Xatinap V, la noche del lunes, señalados de haber querido abusar sexualmente de dos niñas.
El jueves último, vecinos de la zona 3 de Santa Cruz del Quiché habían detenido a Benjamín Torres Gámez, de 22 años, a quien ataron a un poste. Posteriormente fue entregado a la Policía Nacional Civil.
Los otros jóvenes castigados fueron Antonio Margarito Zapeta y Oswaldo Batz Tum, ambos de 18.
Según integrantes del comité de vigilancia local, los detenidos son acusados de haber violado a dos niñas, de 11 y 13 años.
Vecinos se levantan
Después que los pobladores entregaron a Torres Gámez a la Policía, ésta lo dejó en libertad el viernes, por falta de pruebas.
Molestos, volvieron a detenerlo, y lo obligaron a identificar a los otros individuos que lo habían acompañado la noche anterior (el jueves) para cometer su fechoría. Para entonces, Torres Gámez se había cortado el cabello.
Los líderes de la comunidad convocaron al comité de vigilancia de la zona 3 y a las familias de las adolescentes afectadas, para que identificasen a los tres hombres.
Posteriormente, con la declaración pública de vecinos y familiares, llevaron a cabo un juicio comunitario, cuyos integrantes terminaron por sentenciar a los tres jóvenes a recibir 20 azotes cada uno.
Este proceso tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la comunidad y duró unas tres horas.
“Que los conozcan...”
Pablo Zacarías, uno de los participantes en el tribunal comunitario, calificó de “vergüenza” que la Prensa publique fotos de vecinos cometiendo hechos contra las normas de buena conducta, y después, que éstos vayan libres como si nada hubiera pasado.
“Por eso decidimos junto a los líderes, darles el castigo que merecen para que la población se dé cuenta de que nosotros no aceptamos conductas malsanas, porque somos gente pacífica y trabajadora”, insistió Zacarías.
Justicia efectiva
Marcelina Reynoso, otra integrante del comité de vigilancia, criticó que mucha gente critique las prácticas indígenas para castigar a quienes incurren en alguna falta. Sin embargo, enfatizó: “Es mucho más efectiva que la ley estatal”.
Varios pobladores criticaron también que la Policía hubiera dejado libre a Torres Gámez sin haber investigado su culpabilidad o inocencia en el delito que se le imputa.
“Aquí los dirigentes castigaron a Torres Gámez y encontraron a los otros muchachos involucrados”, dijo Reynoso.
El castigo les fue impuesto en horas de la noche del lunes por familiares de las víctimas y líderes comunitarios.
A manos del pueblo
La “justicia indígena” ha sido aplicada en varias comunidades de occidente.
El 19 de septiembre pasado, dos hombres se salvaron de morir linchados en San Vicente Pacaya, tras intentar robar un negocio.
El 13 de agosto, doce personas se salvaron de ser linchadas en Pasajquín, aldea Pacalal (Nahualá, Sololá), señalados de haber vendido niños.
El 18 de julio, dos hombres iban a ser linchados en San Cristóbal Totonicapán, tras ser acusados de intentar violar a una niña de 9 años.
Prensa Libre (27 set 06)
Santa Cruz Quiché, Quiché. – Tres presuntos violadores fueron azotados por pobladores de la comunidad Xatinap V, la noche del lunes, señalados de haber querido abusar sexualmente de dos niñas.
El jueves último, vecinos de la zona 3 de Santa Cruz del Quiché habían detenido a Benjamín Torres Gámez, de 22 años, a quien ataron a un poste. Posteriormente fue entregado a la Policía Nacional Civil.
Los otros jóvenes castigados fueron Antonio Margarito Zapeta y Oswaldo Batz Tum, ambos de 18.
Según integrantes del comité de vigilancia local, los detenidos son acusados de haber violado a dos niñas, de 11 y 13 años.
Vecinos se levantan
Después que los pobladores entregaron a Torres Gámez a la Policía, ésta lo dejó en libertad el viernes, por falta de pruebas.
Molestos, volvieron a detenerlo, y lo obligaron a identificar a los otros individuos que lo habían acompañado la noche anterior (el jueves) para cometer su fechoría. Para entonces, Torres Gámez se había cortado el cabello.
Los líderes de la comunidad convocaron al comité de vigilancia de la zona 3 y a las familias de las adolescentes afectadas, para que identificasen a los tres hombres.
Posteriormente, con la declaración pública de vecinos y familiares, llevaron a cabo un juicio comunitario, cuyos integrantes terminaron por sentenciar a los tres jóvenes a recibir 20 azotes cada uno.
Este proceso tuvo lugar en el salón de usos múltiples de la comunidad y duró unas tres horas.
“Que los conozcan...”
Pablo Zacarías, uno de los participantes en el tribunal comunitario, calificó de “vergüenza” que la Prensa publique fotos de vecinos cometiendo hechos contra las normas de buena conducta, y después, que éstos vayan libres como si nada hubiera pasado.
“Por eso decidimos junto a los líderes, darles el castigo que merecen para que la población se dé cuenta de que nosotros no aceptamos conductas malsanas, porque somos gente pacífica y trabajadora”, insistió Zacarías.
Justicia efectiva
Marcelina Reynoso, otra integrante del comité de vigilancia, criticó que mucha gente critique las prácticas indígenas para castigar a quienes incurren en alguna falta. Sin embargo, enfatizó: “Es mucho más efectiva que la ley estatal”.
Varios pobladores criticaron también que la Policía hubiera dejado libre a Torres Gámez sin haber investigado su culpabilidad o inocencia en el delito que se le imputa.
“Aquí los dirigentes castigaron a Torres Gámez y encontraron a los otros muchachos involucrados”, dijo Reynoso.
El castigo les fue impuesto en horas de la noche del lunes por familiares de las víctimas y líderes comunitarios.
A manos del pueblo
La “justicia indígena” ha sido aplicada en varias comunidades de occidente.
El 19 de septiembre pasado, dos hombres se salvaron de morir linchados en San Vicente Pacaya, tras intentar robar un negocio.
El 13 de agosto, doce personas se salvaron de ser linchadas en Pasajquín, aldea Pacalal (Nahualá, Sololá), señalados de haber vendido niños.
El 18 de julio, dos hombres iban a ser linchados en San Cristóbal Totonicapán, tras ser acusados de intentar violar a una niña de 9 años.
25 September 2006
Critican castigos mayas
En Prensa Libre (25 set 06)
Los últimos acontecimientos en varios poblados indígenas de Guatemala, donde supuestos delincuentes han sido castigados con métodos que rebasan los parámetros establecidos por el Derecho Maya, han recibido las críticas de los conocedores de este método de resolución de conflictos, quienes explican el verdadero espíritu de la norma ancestral.
Según Cerigua, en algunos casos, como los ocurridos recientemente en Sololá, los “castigos” se han convertido en linchamientos, pues los supuestos autores de los ilícitos han sido azotados hasta la saciedad por los parientes y las autoridades comunitarias, quienes también emiten otras condenas.
El Derecho Maya se aplica para agilizar algunos procesos y evitar llegar a los tribunales oficiales, bajo la vía de la conciliación, con lo que se intenta mejorar la aplicación de la justicia y sentar las bases para un verdadero estado de Derecho, indicó la Defensoría Maya.
Este sistema tiene una estructura propia, establecida por diferentes comunidades a lo largo de los siglos; su funcionamiento se basa en un conjunto de valores, principios, normas y mecanismos de solución de conflictos, así como las autoridades apropiadas para desarrollarlas, señaló un documento de la referida entidad étnica.
El Derecho Maya aplica sanciones según el delito o falta, con lo que se busca que el sindicado reflexione y sirva como ejemplo para otros; los castigos siempre van encaminados a realizar trabajos de beneficio para la comunidad, agregó la entidad étnica.
Un ejemplo correcto de aplicación del sistema ancestral es el ocurrido en mayo de 2006 en Totonicapán, cuando varios sindicados de robar madera fueron sometidos a un juicio público, con la presencia de las autoridades comunitarias, la Policía Nacional Civil y funcionarios que velan por la conservación de la naturaleza.
Los últimos acontecimientos en varios poblados indígenas de Guatemala, donde supuestos delincuentes han sido castigados con métodos que rebasan los parámetros establecidos por el Derecho Maya, han recibido las críticas de los conocedores de este método de resolución de conflictos, quienes explican el verdadero espíritu de la norma ancestral.
Según Cerigua, en algunos casos, como los ocurridos recientemente en Sololá, los “castigos” se han convertido en linchamientos, pues los supuestos autores de los ilícitos han sido azotados hasta la saciedad por los parientes y las autoridades comunitarias, quienes también emiten otras condenas.
El Derecho Maya se aplica para agilizar algunos procesos y evitar llegar a los tribunales oficiales, bajo la vía de la conciliación, con lo que se intenta mejorar la aplicación de la justicia y sentar las bases para un verdadero estado de Derecho, indicó la Defensoría Maya.
Este sistema tiene una estructura propia, establecida por diferentes comunidades a lo largo de los siglos; su funcionamiento se basa en un conjunto de valores, principios, normas y mecanismos de solución de conflictos, así como las autoridades apropiadas para desarrollarlas, señaló un documento de la referida entidad étnica.
El Derecho Maya aplica sanciones según el delito o falta, con lo que se busca que el sindicado reflexione y sirva como ejemplo para otros; los castigos siempre van encaminados a realizar trabajos de beneficio para la comunidad, agregó la entidad étnica.
Un ejemplo correcto de aplicación del sistema ancestral es el ocurrido en mayo de 2006 en Totonicapán, cuando varios sindicados de robar madera fueron sometidos a un juicio público, con la presencia de las autoridades comunitarias, la Policía Nacional Civil y funcionarios que velan por la conservación de la naturaleza.
23 September 2006
Repertorio de castigos públicos: aprendizaje por imitación
Por Carlos Mendoza
Uno de mis argumentos sobre los linchamientos en Guatemala es que los métodos de castigo público y violento han sido incorporados al repertorio de las comunidades indígenas de Guatemala por medio del aprendizaje por imitación.
Es decir, que si bien los antecedentes del uso de la violencia extrema como forma de castigo público con determinados fines han sido introducidos por agentes externos a las comunidades indígenas (por ejemplo, la guerrilla y el ejército en tiempos del conflicto armado interno), dichas comunidades los han incorporado en su repertorio de métodos para el control social.
Al respecto, me encontré con dos ilustraciones antiguas. La primera muestra el castigo público en época colonial que los españoles aplicaban a los indígenas. Es el mismo método que ahora los indígenas aplican contra los que cometen alguna falta considerada grave en sus comunidades: latigazos y corte de pelo. Al respecto ver noticias recientes en Guatemala.
Maltrato de los españoles contra los indígenas en el territorio que hoy se conoce como Costa Rica.
Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.
La segunda ilustración presenta a los indígenas atacando a un fraile franciscano, seguramente alguien que arremetió contra sus costumbres y creencias. En este caso, parece que la comunidad quería dejar un precedente para futuros misioneros. Realmente no lo sabemos, pero especulamos algo plausible porque se trata, nuevamente, de un castigo público y extremadamente violento.
Levantamiento de los indígenas de Talamanca contra los misioneros.
Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.
Uno de mis argumentos sobre los linchamientos en Guatemala es que los métodos de castigo público y violento han sido incorporados al repertorio de las comunidades indígenas de Guatemala por medio del aprendizaje por imitación.
Es decir, que si bien los antecedentes del uso de la violencia extrema como forma de castigo público con determinados fines han sido introducidos por agentes externos a las comunidades indígenas (por ejemplo, la guerrilla y el ejército en tiempos del conflicto armado interno), dichas comunidades los han incorporado en su repertorio de métodos para el control social.
Al respecto, me encontré con dos ilustraciones antiguas. La primera muestra el castigo público en época colonial que los españoles aplicaban a los indígenas. Es el mismo método que ahora los indígenas aplican contra los que cometen alguna falta considerada grave en sus comunidades: latigazos y corte de pelo. Al respecto ver noticias recientes en Guatemala.
Maltrato de los españoles contra los indígenas en el territorio que hoy se conoce como Costa Rica.
Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.
La segunda ilustración presenta a los indígenas atacando a un fraile franciscano, seguramente alguien que arremetió contra sus costumbres y creencias. En este caso, parece que la comunidad quería dejar un precedente para futuros misioneros. Realmente no lo sabemos, pero especulamos algo plausible porque se trata, nuevamente, de un castigo público y extremadamente violento.
Levantamiento de los indígenas de Talamanca contra los misioneros.
Album de Figueroa, finales del siglo XIX, Archivo Nacional de Costa Rica.
07 September 2006
Hay más comunidades con su "ley"
Por Coralia Orantes
Prensa Libre (7 set 06)
No sólo en San Miguel Acatán, Huehuetenango, los pobladores han hecho sus propias “leyes”; la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reporta que ocurre lo mismo en ocho lugares más.
Ayer se enumeró en una nota de este diario que en San Miguel Acatán se castigan 84 “delitos”, impuestos por una junta presidida por el alcalde; éstos van desde la prohibición de caminar por la calle después de las 21 horas, hasta la proscripción de aretes para varones.
Rolando Yoc, director de Incidencia Política de la PDH, explicó que cuatro lugares de Quiché y similar número en Sololá han creado su propia “ley”.
En Sololá se cuentan Santa Catarina Ixtahuacán, Sajul, Tzucubal y Nahualá. En Quiché están Nebaj, Acul, Saquiej y Santa Cruz del Quiché.
El argumento de los habitantes es que hay impunidad y poca efectividad del sistema de justicia.
La PDH afirmó que iniciaron una investigación para determinar si existen otros municipios de ese departamento con las mismas o parecidas disposiciones.
Eliú Higueros, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que la labor urgente es hacer volver al estado de Derecho a estas comunidades.
En uno de los municipios de Quiché se prohibe enterrar a las personas que hayan muerto en el extranjero, no se acepta la presencia de la Policía y se obliga a los vecinos a realizar las rondas respectivas.
Prensa Libre (7 set 06)
No sólo en San Miguel Acatán, Huehuetenango, los pobladores han hecho sus propias “leyes”; la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) reporta que ocurre lo mismo en ocho lugares más.
Ayer se enumeró en una nota de este diario que en San Miguel Acatán se castigan 84 “delitos”, impuestos por una junta presidida por el alcalde; éstos van desde la prohibición de caminar por la calle después de las 21 horas, hasta la proscripción de aretes para varones.
Rolando Yoc, director de Incidencia Política de la PDH, explicó que cuatro lugares de Quiché y similar número en Sololá han creado su propia “ley”.
En Sololá se cuentan Santa Catarina Ixtahuacán, Sajul, Tzucubal y Nahualá. En Quiché están Nebaj, Acul, Saquiej y Santa Cruz del Quiché.
El argumento de los habitantes es que hay impunidad y poca efectividad del sistema de justicia.
La PDH afirmó que iniciaron una investigación para determinar si existen otros municipios de ese departamento con las mismas o parecidas disposiciones.
Eliú Higueros, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, manifestó que la labor urgente es hacer volver al estado de Derecho a estas comunidades.
En uno de los municipios de Quiché se prohibe enterrar a las personas que hayan muerto en el extranjero, no se acepta la presencia de la Policía y se obliga a los vecinos a realizar las rondas respectivas.
06 September 2006
La paradoja de San Miguel Acatán
Por Carlos A. Mendoza
Ciudad de Guatemala (6 set 06)
Como se puede observar en los artículos publicados por Prensa Libre (ver abajo), se ha desatado una polémica en torno a la tipificación de "delitos" y la imposición de ciertas penas a los supuestos infractores de la “ley local” decretada por los pobladores y autoridades municipales de San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Para entender lo que allí está sucediendo es importante ver las estadísticas de violencia homicida de este municipio. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2004, Homicidios 1986-2003. CD-ROM.), de 1986 al 2003, Acatán aparece como un lugar pacífico.
Tabla 1
San Miguel Acatán: Tasas anuales de homicidios por cada 100,000 habitantes, 1986-2003
Año Tasa
1986: 0
1987: 0
1988: 0
1989: 0
1990: 6
1991: 0
1992: 0
1993: 5
1994: 16
1995: 5
1996: 5
1997: 0
1998: 0
1999: 0
2000: 0
2001: 5
2002: 0
2003: 9
Promedio: 3
La Tabla 1 muestra las tasas de homicidio del municipio y su promedio anual. En ese mismo período, la tasa promedio anual del país fue de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, por lo que la tasa de Acatán es bastante baja (3), incluso en comparaciones internacionales. En América Latina, sólo Chile mostró una tasa igualmente baja, en el período 1990-94.
Habría que investigar qué pasó en el año 1994, cuando se presenta una tasa extraordinariamente alta para el municipio (16). Por otro lado, podría ser que a partir del 2003 se ha dado algún incremento. Aún no lo sabemos con los datos del INE. Pero lo cierto es que, históricamente, se puede considerar como un municipio donde no ha reinado la violencia. En contraste, tenemos municipios donde la violencia homicida es realmente espeluznante: San Benito, Petén (237), Cuilapa, Santa Rosa (140), San José Acatempa, Jutiapa (140).
En el ranking nacional de violencia homicida a nivel municipal que he elaborado, San Miguel Acatán ocupa el puesto 288 de 331, es decir que se encuentra entre los 50 municipios más pacíficos (o menos violentos) del país. Entonces, ¿por qué han decidido implantar esas medidas tan drásticas de control social?
En lo que respecta a violencia colectiva, es decir, linchamientos, San Miguel Acatán también aparece sin “mancha” en su record. Es uno de los municipios del Occidente del país donde la MINUGUA (2004, Registros de Casos de Linchamientos 1996-2002. CD-ROM) no encontró ningún caso de linchamiento en el período 1996-2002. Esto parece indicar que en dicho lugar no hubo casos serios de delincuencia común o crimen organizado que provocaran la reacción violenta y colectiva de la comunidad.
Es indispensable tener cifras de violencia y delincuencia del 2004 al 2006 para saber si algo grave ha estado ocurriendo en el municipio. Posiblemente se ha incrementado la delincuencia común, y dados los históricos niveles de tranquilidad en el municipio, los pobladores perciben que deben “hacer algo” al respecto. Muestran un bajo nivel de tolerancia ante la delincuencia. Eso parece muy positivo, en un país donde nos hemos acostumbrado, sin inmutarnos, a ver cadáveres todos los días en las páginas de los diarios.
Los métodos de control social de San Miguel Acatán serán condenables y su procedimiento ilegal, pero está dando una señal inequívoca: “aquí hay tolerancia cero hacia quienes violan las normas de la comunidad.” A lo mejor este es el tipo de enforcement de las normas que requiere el país, dirán los que abogan por “mano dura”. No lo sé. Pero este no es un simple caso de “tragicomedia” guatemalteca, es un caso para el estudio de los científicos sociales.
Ciudad de Guatemala (6 set 06)
Como se puede observar en los artículos publicados por Prensa Libre (ver abajo), se ha desatado una polémica en torno a la tipificación de "delitos" y la imposición de ciertas penas a los supuestos infractores de la “ley local” decretada por los pobladores y autoridades municipales de San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Para entender lo que allí está sucediendo es importante ver las estadísticas de violencia homicida de este municipio. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (2004, Homicidios 1986-2003. CD-ROM.), de 1986 al 2003, Acatán aparece como un lugar pacífico.
Tabla 1
San Miguel Acatán: Tasas anuales de homicidios por cada 100,000 habitantes, 1986-2003
Año Tasa
1986: 0
1987: 0
1988: 0
1989: 0
1990: 6
1991: 0
1992: 0
1993: 5
1994: 16
1995: 5
1996: 5
1997: 0
1998: 0
1999: 0
2000: 0
2001: 5
2002: 0
2003: 9
Promedio: 3
La Tabla 1 muestra las tasas de homicidio del municipio y su promedio anual. En ese mismo período, la tasa promedio anual del país fue de 24 homicidios por cada 100,000 habitantes, por lo que la tasa de Acatán es bastante baja (3), incluso en comparaciones internacionales. En América Latina, sólo Chile mostró una tasa igualmente baja, en el período 1990-94.
Habría que investigar qué pasó en el año 1994, cuando se presenta una tasa extraordinariamente alta para el municipio (16). Por otro lado, podría ser que a partir del 2003 se ha dado algún incremento. Aún no lo sabemos con los datos del INE. Pero lo cierto es que, históricamente, se puede considerar como un municipio donde no ha reinado la violencia. En contraste, tenemos municipios donde la violencia homicida es realmente espeluznante: San Benito, Petén (237), Cuilapa, Santa Rosa (140), San José Acatempa, Jutiapa (140).
En el ranking nacional de violencia homicida a nivel municipal que he elaborado, San Miguel Acatán ocupa el puesto 288 de 331, es decir que se encuentra entre los 50 municipios más pacíficos (o menos violentos) del país. Entonces, ¿por qué han decidido implantar esas medidas tan drásticas de control social?
En lo que respecta a violencia colectiva, es decir, linchamientos, San Miguel Acatán también aparece sin “mancha” en su record. Es uno de los municipios del Occidente del país donde la MINUGUA (2004, Registros de Casos de Linchamientos 1996-2002. CD-ROM) no encontró ningún caso de linchamiento en el período 1996-2002. Esto parece indicar que en dicho lugar no hubo casos serios de delincuencia común o crimen organizado que provocaran la reacción violenta y colectiva de la comunidad.
Es indispensable tener cifras de violencia y delincuencia del 2004 al 2006 para saber si algo grave ha estado ocurriendo en el municipio. Posiblemente se ha incrementado la delincuencia común, y dados los históricos niveles de tranquilidad en el municipio, los pobladores perciben que deben “hacer algo” al respecto. Muestran un bajo nivel de tolerancia ante la delincuencia. Eso parece muy positivo, en un país donde nos hemos acostumbrado, sin inmutarnos, a ver cadáveres todos los días en las páginas de los diarios.
Los métodos de control social de San Miguel Acatán serán condenables y su procedimiento ilegal, pero está dando una señal inequívoca: “aquí hay tolerancia cero hacia quienes violan las normas de la comunidad.” A lo mejor este es el tipo de enforcement de las normas que requiere el país, dirán los que abogan por “mano dura”. No lo sé. Pero este no es un simple caso de “tragicomedia” guatemalteca, es un caso para el estudio de los científicos sociales.
En Acatán rigen 84 "delitos"
Por Coralia Orantes
Prensa Libre (6 set 06)
Embriagarse en días hábiles, quebrar envases en la vía pública, andar en la calle después de las 21 horas o las violaciones por la noche figuran entre las 84 prohibiciones que rigen en San Miguel Acatán, Huehuetenango, impuestas por una junta que preside el alcalde.
Con el argumento de que la población está cansada de la impunidad, la junta de seguridad local creó su propia “ley”, que lleva más de dos meses de vigencia.
Desde junio de este año, 102 vecinos y autoridades municipales firmaron un acta que creó “delitos” como alcoholismo en días hábiles, pintar casas o paredes, quebrar envases en la calle en estado de ebriedad, hombres que usan aretes, pelo largo y tatuajes, pintas en el cementerio o andar en la calle después de las 21 horas.
Pascual Tomás José, alcalde del municipio (FRG), explicó que tomaron esas medidas debido al repunte de malhechores. Aseguró que desde que crearon esas normas han disminuido los delitos. “Ya se han aplicado castigos como hacer limpieza, latigazos o hincarse en piedras o maíz”, reconoció.
El 21 de agosto último, los pobladores retuvieron durante seis horas al juez local, a fin de impedir que efectuara un recurso de exhibición personal a favor de unos detenidos. El juez fue trasladado, por amenazas de muerte.
En noviembre pasado, fue retirada la subestación policial, luego de que fue atacada por vecinos inconformes con una captura.
Lo prohibido
Irrespetar estas normas puede implicar desde latigazos hasta cárcel:
Violación de menores. Violación por la noche. Aborto. Divorcio. Falsificar billetes. Castigo a maestros que no trabajen cinco días de la semana. Calumnias. Problema de movimiento de mojones. Secuestrar, traficar droga. Drogadictos. Delincuentes. Escándalo en la vía pública. Falsificación de documentos. Generar basura. Personas abusivas. Jugar baloncesto de noche. Embriagarse en días hábiles. Incumplimiento a altas horas de la noche. Pintar casas o paredes. Venta de licor por la noche. Portar armas. Robar muertos. Escándalo en la noche. Quebrar envases en la calle y en estado de ebriedad. Usar aretes, pelo largo y tatuajes (para hombres). Robo de niños. Robo en general. Sobornos. Orinar en la calle, parque y mercado. Robar caballos, pollos, carros, siembras y otros bienes. Pintar cementerios. Brujería. Incumplimiento de edad anciana. Padres que no educan a sus hijos. Autoridades que no cumplen con su deber. Criticar a cualquier persona. Deudas. Problemas con nacimientos de agua. Venganza. Accidentes por ebriedad. Tarjetas falsas de celulares. Conducta de pandilleros. Líos de transportistas. Pleitos de vendedores. Quebrar mesas de vendedores. Desintegración familiar. Invadir propiedad privada con animales.
Población
San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Población: 21 mil 805 habitantes.
Idioma: Akateko
Producción: Los pobladores se dedican a la fabricación de faroles, balcones y lámparas.
Cultivos: Sobresalen las siembras de café, maíz, frijol, cebada, papa y legumbres.
La entrevista
Luis Fernández Molina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, considera que lo que ocurre en San Miguel Acatán es un llamado de atención a todos los actores del sistema de justicia.
¿Cómo ven la aplicación de una ley paralela en ese municipio?
Estas acciones no están autorizadas, no podemos permitir que se vayan creando bolsones de leyes que son incompatibles con el sistema de justicia. Además, son poco técnicas, exageradas y hasta de contenido casi jocoso. Aparte es el tema del derecho indígena.
¿Ustedes emprenderán alguna acción ante lo acontecido?
Por el momento no, pero si la situación se agrava, debemos tomar alguna acción. El tema es preocupante. Es una llamada de atención a todos los actores del sector justicia para tomar cartas en el asunto.
El argumento de ellos es que no hay justicia.
Es entendible, debido a la presencia muy limitada de las instituciones en el lugar, pero no justificable. Esto es inadmisible.
¿En qué otras comunidades existen similares problemas?
Básicamente estamos hablando de algunos municipios de Huehuetenango. Gracias a Dios, no ha llegado a más, pero el problema es que otras comunidades podrían imitar o tomar este patrón para aplicar su propia ley.
Prensa Libre (6 set 06)
Embriagarse en días hábiles, quebrar envases en la vía pública, andar en la calle después de las 21 horas o las violaciones por la noche figuran entre las 84 prohibiciones que rigen en San Miguel Acatán, Huehuetenango, impuestas por una junta que preside el alcalde.
Con el argumento de que la población está cansada de la impunidad, la junta de seguridad local creó su propia “ley”, que lleva más de dos meses de vigencia.
Desde junio de este año, 102 vecinos y autoridades municipales firmaron un acta que creó “delitos” como alcoholismo en días hábiles, pintar casas o paredes, quebrar envases en la calle en estado de ebriedad, hombres que usan aretes, pelo largo y tatuajes, pintas en el cementerio o andar en la calle después de las 21 horas.
Pascual Tomás José, alcalde del municipio (FRG), explicó que tomaron esas medidas debido al repunte de malhechores. Aseguró que desde que crearon esas normas han disminuido los delitos. “Ya se han aplicado castigos como hacer limpieza, latigazos o hincarse en piedras o maíz”, reconoció.
El 21 de agosto último, los pobladores retuvieron durante seis horas al juez local, a fin de impedir que efectuara un recurso de exhibición personal a favor de unos detenidos. El juez fue trasladado, por amenazas de muerte.
En noviembre pasado, fue retirada la subestación policial, luego de que fue atacada por vecinos inconformes con una captura.
Lo prohibido
Irrespetar estas normas puede implicar desde latigazos hasta cárcel:
Violación de menores. Violación por la noche. Aborto. Divorcio. Falsificar billetes. Castigo a maestros que no trabajen cinco días de la semana. Calumnias. Problema de movimiento de mojones. Secuestrar, traficar droga. Drogadictos. Delincuentes. Escándalo en la vía pública. Falsificación de documentos. Generar basura. Personas abusivas. Jugar baloncesto de noche. Embriagarse en días hábiles. Incumplimiento a altas horas de la noche. Pintar casas o paredes. Venta de licor por la noche. Portar armas. Robar muertos. Escándalo en la noche. Quebrar envases en la calle y en estado de ebriedad. Usar aretes, pelo largo y tatuajes (para hombres). Robo de niños. Robo en general. Sobornos. Orinar en la calle, parque y mercado. Robar caballos, pollos, carros, siembras y otros bienes. Pintar cementerios. Brujería. Incumplimiento de edad anciana. Padres que no educan a sus hijos. Autoridades que no cumplen con su deber. Criticar a cualquier persona. Deudas. Problemas con nacimientos de agua. Venganza. Accidentes por ebriedad. Tarjetas falsas de celulares. Conducta de pandilleros. Líos de transportistas. Pleitos de vendedores. Quebrar mesas de vendedores. Desintegración familiar. Invadir propiedad privada con animales.
Población
San Miguel Acatán, Huehuetenango.
Población: 21 mil 805 habitantes.
Idioma: Akateko
Producción: Los pobladores se dedican a la fabricación de faroles, balcones y lámparas.
Cultivos: Sobresalen las siembras de café, maíz, frijol, cebada, papa y legumbres.
La entrevista
Luis Fernández Molina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, considera que lo que ocurre en San Miguel Acatán es un llamado de atención a todos los actores del sistema de justicia.
¿Cómo ven la aplicación de una ley paralela en ese municipio?
Estas acciones no están autorizadas, no podemos permitir que se vayan creando bolsones de leyes que son incompatibles con el sistema de justicia. Además, son poco técnicas, exageradas y hasta de contenido casi jocoso. Aparte es el tema del derecho indígena.
¿Ustedes emprenderán alguna acción ante lo acontecido?
Por el momento no, pero si la situación se agrava, debemos tomar alguna acción. El tema es preocupante. Es una llamada de atención a todos los actores del sector justicia para tomar cartas en el asunto.
El argumento de ellos es que no hay justicia.
Es entendible, debido a la presencia muy limitada de las instituciones en el lugar, pero no justificable. Esto es inadmisible.
¿En qué otras comunidades existen similares problemas?
Básicamente estamos hablando de algunos municipios de Huehuetenango. Gracias a Dios, no ha llegado a más, pero el problema es que otras comunidades podrían imitar o tomar este patrón para aplicar su propia ley.
Acatán: una tragedia cómica
Editorial de Prensa Libre
(6 set 06)
Como para comprobar una vez más que en Guatemala se hace realidad hasta la fantasía más absurda, el municipio de San Miguel Acatán, en Huehuetenango, se ha convertido desde hace dos meses en un reinado feudal encabezado por el alcalde Pascual Tomás José, quien para sorpresa de muy pocos pertenece al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y que decidió ante sí y de por sí establecer un toque de queda en el pueblo, con 84 prohibiciones para el ahora muy asustado vecindario.
Los castigos para los ciudadanos “culpables”, según esta nueva legislación sui géneris, incluyen corte de pelo, tareas de limpieza, recibir latigazos en público o hincarse sobre piedras o maíz.
Es prohibido usar prendas que den apariencia de pandillero, jugar de noche al baloncesto e incluso el “incumplimiento a altas horas de la noche” (¿?), quizás en alusión a asuntos del matrimonio.
El pintoresco alcalde, quien se siente orgulloso de tales absurdos, es el mismo que hace algunas semanas capturó a un juez porque este funcionario no castigó con suficiente dureza a dos personas a quienes el jefe de la comuna consideraba un peligro para la comunidad.
Lo ocurrido pone de manifiesto numerosos problemas. Uno, que el llamado “derecho consuetudinario maya” puede ser interpretado de manera irresponsable. Dos, que la autonomía municipal, una conquista indudable del andamiaje jurídico nacional, cuando se pone a la disposición de personas sin suficiente preparación, puede convertirse en la fuente de un feudo sobre el cual ninguna autoridad del país tiene jurisdicción para hacer regresar el orden.
En otras palabras, una interpretación antojadiza hecha por cualquier funcionario del país, puede dar lugar a que en todos los municipios se tomen medidas arbitrarias y oscurantistas como las hoy comentadas.
Resulta entonces urgente revisar el mencionado código, sobre todo en un momento histórico en el cual nadie parece estar dispuesto a obedecer a la autoridad, de lo que son ejemplo los partidos políticos y su burla al Tribunal Supremo Electoral.
La única manera de poner orden es que los vecinos hagan las denuncias del caso, pero en la práctica esto no se cumple por el temor a represalias, y a consecuencia de ello es necesario que el FRG lo cite para ordenarle que deje sin efecto decisiones que le causan grave daño a esa agrupación política caudillista.
Lo ocurrido en Acatán no debe ingresar simplemente en la colección de anécdotas nacionales.
Es muy serio porque está en juego la autonomía municipal, que de ser interpretada en esa forma, se convertiría en el principio del fin del Estado de Guatemala. Lo decidido por el alcalde Tomás José es un caso de estudio para las máximas autoridades jurídicas del país, las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados.
A partir de este momento, todas las instituciones jurídicas, políticas, religiosas y étnicas tienen la obligación de intervenir para explicar que los jefes edilicios no son reyezuelos medievales que pueden disponer a su antojo de la ley y de la vida de los ciudadanos, tal como está ocurriendo en Acatán, para nueva y profunda vergüenza nacional.
(6 set 06)
Como para comprobar una vez más que en Guatemala se hace realidad hasta la fantasía más absurda, el municipio de San Miguel Acatán, en Huehuetenango, se ha convertido desde hace dos meses en un reinado feudal encabezado por el alcalde Pascual Tomás José, quien para sorpresa de muy pocos pertenece al Frente Republicano Guatemalteco (FRG), y que decidió ante sí y de por sí establecer un toque de queda en el pueblo, con 84 prohibiciones para el ahora muy asustado vecindario.
Los castigos para los ciudadanos “culpables”, según esta nueva legislación sui géneris, incluyen corte de pelo, tareas de limpieza, recibir latigazos en público o hincarse sobre piedras o maíz.
Es prohibido usar prendas que den apariencia de pandillero, jugar de noche al baloncesto e incluso el “incumplimiento a altas horas de la noche” (¿?), quizás en alusión a asuntos del matrimonio.
El pintoresco alcalde, quien se siente orgulloso de tales absurdos, es el mismo que hace algunas semanas capturó a un juez porque este funcionario no castigó con suficiente dureza a dos personas a quienes el jefe de la comuna consideraba un peligro para la comunidad.
Lo ocurrido pone de manifiesto numerosos problemas. Uno, que el llamado “derecho consuetudinario maya” puede ser interpretado de manera irresponsable. Dos, que la autonomía municipal, una conquista indudable del andamiaje jurídico nacional, cuando se pone a la disposición de personas sin suficiente preparación, puede convertirse en la fuente de un feudo sobre el cual ninguna autoridad del país tiene jurisdicción para hacer regresar el orden.
En otras palabras, una interpretación antojadiza hecha por cualquier funcionario del país, puede dar lugar a que en todos los municipios se tomen medidas arbitrarias y oscurantistas como las hoy comentadas.
Resulta entonces urgente revisar el mencionado código, sobre todo en un momento histórico en el cual nadie parece estar dispuesto a obedecer a la autoridad, de lo que son ejemplo los partidos políticos y su burla al Tribunal Supremo Electoral.
La única manera de poner orden es que los vecinos hagan las denuncias del caso, pero en la práctica esto no se cumple por el temor a represalias, y a consecuencia de ello es necesario que el FRG lo cite para ordenarle que deje sin efecto decisiones que le causan grave daño a esa agrupación política caudillista.
Lo ocurrido en Acatán no debe ingresar simplemente en la colección de anécdotas nacionales.
Es muy serio porque está en juego la autonomía municipal, que de ser interpretada en esa forma, se convertiría en el principio del fin del Estado de Guatemala. Lo decidido por el alcalde Tomás José es un caso de estudio para las máximas autoridades jurídicas del país, las facultades de Derecho y el Colegio de Abogados.
A partir de este momento, todas las instituciones jurídicas, políticas, religiosas y étnicas tienen la obligación de intervenir para explicar que los jefes edilicios no son reyezuelos medievales que pueden disponer a su antojo de la ley y de la vida de los ciudadanos, tal como está ocurriendo en Acatán, para nueva y profunda vergüenza nacional.
04 September 2006
Talibanes
Por Dina Fernández
Prensa Libre (4 set 06)
La total ausencia de un Estado de Derecho nos está convirtiendo en talibanes. Linchamos, apoyamos ejecuciones extrajudiciales y ahora hasta proclamamos nuestras leyes particulares para instaurar, a la brava, tribunales de fuero especial.
El caso de San Miguel Acatán, donde el alcalde Pascual Tomás –del FRG tenía que ser– acaba de elaborar una lista de “delitos” por los cuales cualquier persona puede caer en manos de los Comités de Seguridad del pueblo para recibir castigos que van desde “una herida en la mano” hasta quién sabe qué monstruosidad, se pasa llevando la Constitución y la mayoría de principios democráticos.
¡Dios nos libre de pasar por las montañas de Huehue y caer en manos de los acatecos!
De hecho, el juez de Paz del lugar, el licenciado José Estuardo Talavera, ya padeció las consecuencias de esta aberración.
Resulta que la comunidad decidió arrestar a dos muchachos a quienes acusaron de borrachos y de agredir a un policía municipal. Cuando se interpuso un recurso de exhibición personal a favor de los jóvenes y el juez intentó hacerlo valer, el alcalde dispuso secuestrarlo a él también.
De milagro el licenciado Talavera escapó, porque ya hemos visto casos, como en Senahú, donde la gente mata al juzgador a pedradas para cobrarle todos los males del país.
Lo más lamentable del incidente es que la Corte Suprema, pecando de blandengue o de corrección política, no se ha inmutado para defender a este juez que debe regresar a San Miguel Acatán, donde el pueblo, que ya agarró experiencia quemando una estación de Policía, lo espera con el garrote en la mano.
Esta justicia a la talibán nada tiene que ver con el derecho consuetudinario maya descrito en varios estudios. Y aunque la gente clame que se trata de “juicios mayas”, no son aceptables, pues violentan derechos elementales, como la presunción de inocencia o la necesidad de una defensa.
Basta leer la lista de “delitos” establecida en San Miguel Acatán para comprender cuán grave es el problema. Como si fuera una proclama real, el documento lleva impresos todos los sellos de la alcaldía y enumera los delitos uno tras otro, sin tipificarlos ni mucho menos especificar las penas que conllevan.
Así, quedan prohibidos: “problemas de basuras”, “los que juegan basquetbol en altas horas" (¿y si fuera futbol?), “alcoholismo en días hábiles” (para emborracharse, los feriados), “violación en altas horas” (¿y si es temprano?), “ebrio que anda quebrando envases en la calle” (grite, patalee, pero por favor no tire las botellas), “los que usan aretes, pelo largo y tatuajes” (ahora el hábito hace al marero), “quien orina en la calle, parque o mercado” (por cochinos), “el que quiebra mesas de los vendedores” (mejor busque otra cosa), “los que hacen grupos, pandilleros”, (¿alguien dijo libertad de asociación?), “desintegración familiar” (no al divorcio, ordenó el Papa), “controla carros en altas horas de la noche” (cuidadito con asomarse a la ventana), “incumplimiento en altas horas” (pilas, pues, maridos acatecos), “roba caballos, roba pollos, etcétera”, “roba muertos”, “pinta cementerios” y el favorito, “personas abusivas”.
El incumplimiento de la ley y la falta de autoridades –Policía, fiscales, juzgados– tiene desesperada a la gente, especialmente en pueblos como San Miguel Acatán, donde el Estado prácticamente no existe, ni siquiera para velar por la vida y los bienes de los guatemaltecos, que es su obligación primordial.
Urge que la Policía y la administración de justicia lleguen a todos los rincones del país y empiecen a trabajar con eficiencia, pues de lo contrario van a florecer este tipo de proclamas que de un plumazo demuelen la Constitución, con sus libertades y garantías.
Hay que actuar pronto, porque por ahora se han contentado con hincar a la gente sobre maíces y tijeretearles el pelo. Pero no tardan en organizar un pelotón de fusilamiento, y entonces sí vamos a pegar el grito en el cielo, pero será tarde para detenerlos.
Prensa Libre (4 set 06)
La total ausencia de un Estado de Derecho nos está convirtiendo en talibanes. Linchamos, apoyamos ejecuciones extrajudiciales y ahora hasta proclamamos nuestras leyes particulares para instaurar, a la brava, tribunales de fuero especial.
El caso de San Miguel Acatán, donde el alcalde Pascual Tomás –del FRG tenía que ser– acaba de elaborar una lista de “delitos” por los cuales cualquier persona puede caer en manos de los Comités de Seguridad del pueblo para recibir castigos que van desde “una herida en la mano” hasta quién sabe qué monstruosidad, se pasa llevando la Constitución y la mayoría de principios democráticos.
¡Dios nos libre de pasar por las montañas de Huehue y caer en manos de los acatecos!
De hecho, el juez de Paz del lugar, el licenciado José Estuardo Talavera, ya padeció las consecuencias de esta aberración.
Resulta que la comunidad decidió arrestar a dos muchachos a quienes acusaron de borrachos y de agredir a un policía municipal. Cuando se interpuso un recurso de exhibición personal a favor de los jóvenes y el juez intentó hacerlo valer, el alcalde dispuso secuestrarlo a él también.
De milagro el licenciado Talavera escapó, porque ya hemos visto casos, como en Senahú, donde la gente mata al juzgador a pedradas para cobrarle todos los males del país.
Lo más lamentable del incidente es que la Corte Suprema, pecando de blandengue o de corrección política, no se ha inmutado para defender a este juez que debe regresar a San Miguel Acatán, donde el pueblo, que ya agarró experiencia quemando una estación de Policía, lo espera con el garrote en la mano.
Esta justicia a la talibán nada tiene que ver con el derecho consuetudinario maya descrito en varios estudios. Y aunque la gente clame que se trata de “juicios mayas”, no son aceptables, pues violentan derechos elementales, como la presunción de inocencia o la necesidad de una defensa.
Basta leer la lista de “delitos” establecida en San Miguel Acatán para comprender cuán grave es el problema. Como si fuera una proclama real, el documento lleva impresos todos los sellos de la alcaldía y enumera los delitos uno tras otro, sin tipificarlos ni mucho menos especificar las penas que conllevan.
Así, quedan prohibidos: “problemas de basuras”, “los que juegan basquetbol en altas horas" (¿y si fuera futbol?), “alcoholismo en días hábiles” (para emborracharse, los feriados), “violación en altas horas” (¿y si es temprano?), “ebrio que anda quebrando envases en la calle” (grite, patalee, pero por favor no tire las botellas), “los que usan aretes, pelo largo y tatuajes” (ahora el hábito hace al marero), “quien orina en la calle, parque o mercado” (por cochinos), “el que quiebra mesas de los vendedores” (mejor busque otra cosa), “los que hacen grupos, pandilleros”, (¿alguien dijo libertad de asociación?), “desintegración familiar” (no al divorcio, ordenó el Papa), “controla carros en altas horas de la noche” (cuidadito con asomarse a la ventana), “incumplimiento en altas horas” (pilas, pues, maridos acatecos), “roba caballos, roba pollos, etcétera”, “roba muertos”, “pinta cementerios” y el favorito, “personas abusivas”.
El incumplimiento de la ley y la falta de autoridades –Policía, fiscales, juzgados– tiene desesperada a la gente, especialmente en pueblos como San Miguel Acatán, donde el Estado prácticamente no existe, ni siquiera para velar por la vida y los bienes de los guatemaltecos, que es su obligación primordial.
Urge que la Policía y la administración de justicia lleguen a todos los rincones del país y empiecen a trabajar con eficiencia, pues de lo contrario van a florecer este tipo de proclamas que de un plumazo demuelen la Constitución, con sus libertades y garantías.
Hay que actuar pronto, porque por ahora se han contentado con hincar a la gente sobre maíces y tijeretearles el pelo. Pero no tardan en organizar un pelotón de fusilamiento, y entonces sí vamos a pegar el grito en el cielo, pero será tarde para detenerlos.
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